Monitor de Latinoamérica
La pésima gestión de recursos naturales pone en aprietos al presidente
Evo Morales se inmola a 'lo bonzo'
La derogación del alza del 83% en los combustibles, primera gran derrota del mandatario izquierdista
La eliminación de 12 años de subvención a los carburantes generó inmediatamente un movimiento de especulación que desató una fuerte escalada en cadena de los productos básicos en un país muy pobre y de frágiles economías familiares. Y abrió la espita a un movimiento de repulsa liderado no por la oposición, sino por los principales aliados y más leales seguidores del presidente izquierdista. Incluso la poderosa Central Obrera Boliviana (COB), próxima al partido MAS de Morales se vio atrapada entre su apoyo al presidente y la defensa de los trabajadores.
Detrás de tanto patinazo se esconde una realidad dolorosa para Morales: el fracaso de la seudonacionalización de los hidrocarburos que llevó a cabo hace cuatro años bajo los auspicios de su gran aliado y mentor exterior, el líder venezolano Hugo Chávez, una decisión que desmotivó la inversión de las multinacionales y redujo la producción de gas y petróleo hasta tal nivel que el gran comprador de hidrocarburos bolivianos, Brasil, comienza a desconfiar de las entregas pactadas. Por si fuera poco, a la baja producción y la escasa inversión se suman unos datos inquietantes: las reservas de gas y crudo del país, sobre todo las probadas, podrían no ser tan grandes como se vaticinaba hace sólo unos años.
Superado por los acontecimientos (tras ser probablemente mal aconsejado por sus ministros) Morales decidía derogar a final de año el decreto de incremento de los combustibles de hasta el 83%, en una decisión que los analistas consideran ya su primera gran derrota política en cinco años de poder. Multitudinarias manifestaciones en La Paz y en El Alto (bastión social de Morales) hicieron dar marcha atrás al mandatario y han sumido a su Gobierno en una crisis de confianza que tiene difícil cura. Evo Morales pasó en dos días de una negativa cerrada a la anulación del gasolinazo (que su Gobierno llama nivelación) a la reversión de la medida. En el mismo lugar y con la misma convicción donde el miércoles pasado dijo que la medida era necesaria y que no la cambiaría, el viernes derogaba el Decreto 748 con el argumento de que "manda obedeciendo" y "escucha al pueblo".
Cronología del despropósito
Si en la semana del 20 al 25 se extendía en Bolivia el rumor del gasolinazo, negado por el Gobierno, el día 26 se lanzaba el decreto sin que Morales diera la cara; el día 29 el presidente asumía la responsabilidad del decreto y señalaba que no retrocedería y el día 31, tras las violentas movilizaciones del jueves 30, Morales anunciaba la derogación de la subida de combustibles. Si primero defendió el decreto con el argumento económico de que la subvención de los hidrocarburos es insostenible para Hacienda, a las 48 horas firmaba la marcha atrás con un argumento político, que la medida es necesaria y correcta pero inoportuna, ya que la población no está preparada para ese ajuste.
Y las contradicciones y despropósitos políticos no quedan ahí: para añadir más confusión, el 1 de enero, un día después de anular la subida, el Gobierno abría la posibilidad a volver a decretar en el futuro otro gasolinazo, al insistir en que la subvención a la importación y consumo de carburantes es insostenible y habrá que eliminarla en el futuro. Eso sí, se hará sin fecha y consultando a los movimientos sociales y los sindicatos, según el vicepresidente, García Linera.
El argumento del Gobierno para decretar la subida de carburantes fue que la subvención a los hidrocarburos es cada vez más alta y que en 2011 puede llegar a 500 millones de dólares, ya que Bolivia tendrá que importar diésel y gasolina por 1.000 millones de dólares. Según el Gobierno los 380 millones de dólares que cuesta hoy la subvención petrolera desangra al Tesoro, especialmente porque 150 millones de dólares en gasolina se van de contrabando a países vecinos. Bolivia tiene un consumo de 35.000 barriles diarios de crudo, y en 2010 sólo ha producido 4.500 barriles diarios.
Lo que falta se importa y se vende a precio subvencionado: el Gobierno ha reconocido que Bolivia está comprando 18.000 metros cúbicos de nafta a Chile, además de adquirir gasoil venezolano para cubrir la mitad de su demanda interna y recibir 40 toneladas diarias de gas licuado de Argentina. La producción de crudo en Bolivia ha bajado un 50% en los últimos cinco años. Y se ha producido también una brutal caída en la producción interna de gas, debido tanto a la falta de inversiones como a la reducción de los precios en el mercado internacional. Las razones del por qué un país que posee teóricamente ingentes reservas de gas y no pocas de petróleo ha llegado a tener que comprar hidrocarburos fuera hay que buscarla en la desastrosa política nacionalista y estatista del presidente.
Los críticos juzgan que si la subvención a los hidrocarburos es dañina y la medida es "necesaria" no viene a cuento anularla y exigen ya al mandatario izquierdista que diga la verdad sobre la situación económica del país, que se reforme la política gasista y petrolera y que admita que la necesidad de importar energía y la pobre perforación en los pozos bolivianos demuestra el fracaso de la nacionalización de los hidrocarburos que emprendió hace cuatro años y que ha disuadido la inversión. La Prensa boliviana coincide en destacar que la credibilidad del Gobierno se ha visto afectada duramente por el gasolinazo y que lo sucedido puede provocar cambios en la política petrolera.
Bolivia reformó su ley de hidrocarburos en 2004, después del estallido social que acabó con el Gobierno Sánchez de Lozada. El Estado, que hasta entonces se quedaba con una ínfima parte de los ingresos, pasó a recaudar casi la mitad de las ganancias. En 2006, Morales nacionalizó el sector. El Estado pasó a percibir el 82% de las ganancias y el sector privado, el 18%. Con la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en manos estatales, los ingresos públicos subieron y dejaron más de 2.000 millones de dólares anuales al Estado.
Pero la política de nacionalización de los recursos naturales de Morales desalentó las inversiones de capital privado y los nuevos gestores estatales no desarrollaron nuevas exploraciones de gas y petróleo. La detención del presidente de YPFB, Santos Ramírez por cargos de corrupción sumió a la compañía en una crisis de la que todavía no se ha repuesto. Además, la reciente renegociación a la baja de los contratos de suministro de gas con Brasil ha contribuido a empeorar aún más la situación.
Según señalaba hace unos días el experto Francesco Zaratti en el diario La Nación, la política energética de Morales "ha exasperado las relaciones con las empresas, ya que se firmaron contratos inviables en cuanto a sostenibilidad de la industria. Es esa pérdida de confianza entre Estado y empresas la que ha causado el estado deplorable del sector de los hidrocarburos". El Gobierno izquierdista se defiende ante las críticas de la oposición, que reclama una redefinición de la política energética y hace unos días, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, se quejó de que el problema no era del Gobierno, sino de las empresas privadas, que "incumplen las inversiones acordadas".
Pero los críticos con Morales no comparten esa opinión. Aunque juzgan que el Gobierno hizo bien en no expulsar a las empresas petroleras al nacionalizar el sector, lo que hubiera sido un desastre para el país, señalan que la vía emprendida ha generado contratos inviables. En el caso de la reducción de envío de gas a Brasil, se considera que el gigante suramericano está aprovechando los resquicios del contrato de gas con Bolivia para disminuir sus compras al mínimo. Brasil busca la seguridad energética nacional a través de una diversificación de fuentes y de proveedores, especialmente cuando el único proveedor, Bolivia no es fiable.
Lo cierto es que la estatal YPFB no logró alcanzar los objetivos de la nacionalización, pese a que tenía un colchón financiero inicial de 1.000 millones de dólares y que la nacionalización fue una mera operación para aumentar los ingresos del Estado. Y no es menos cierto que Bolivia carece de medios para explotar sus hidrocarburos y que sólo las grandes firmas son capaces de extraer el oro negro y el gas del subsuelo. Algunos expertos, como Álvaro Ríos, auguran ya una crisis energética en Bolivia en 2015 por el fracaso de la nacionalización si no se cambia de rumbo. Indican que las causas para el Decreto 748, ahora derogado, obedecen a aspectos vinculados a la mala gestión, como falta de inversión privada, ausencia de ingresos para el Tesoro y creación de empresas estatales. Y, tras señalar que la subvención no es sostenible para el país, recomiendan políticas claras para llamar la inversión.
Pero de momento, y aunque no sabe de dónde sacará los recursos, el Gobierno ha decidido mantener la subvención a los carburantes, al mismo tiempo que dice que buscará incentivos para las inversiones de las petroleras extranjeras. Acuciado por la crisis y ante la proximidad de las elecciones, Morales ha prometido revitalizar el deteriorado sector energético con la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos si logra la reelección. Y ha anunciado ya un plan para industrializar este segmento con una inversión de 11.000 millones de dólares hasta 2026. Pero los expertos como Zaratti juzgan que las intenciones del Gobierno chocarán con la realidad: se trata de una tarea compleja por los capitales involucrados, la tecnología requerida y la lejanía de los mercados y sólo puede llevarse a cabo con asociaciones estratégicas con empresas privadas, cuando la política izquierdista de Morales no transita precisamente por ese camino. Por ahora, porque los analistas creen que Morales se verá obligado a dar un giro a su política económica tras admitir el fracaso en las inversiones petroleras.
De hecho, en su última intervención, el presidente admitió que "si Bolivia quiere inversiones en petróleo, es obligado que los inversores tengan beneficios". Tras reconocer que el principal problema del abastecimiento de carburantes es la falta de incentivos para las inversiones petroleras, señaló que la única forma de incentivar la producción es diseñar mecanismos que premien al que produce petróleo. Así las cosas, Morales y los dirigentes de YPFB se reunirán la próxima semana con el fin de buscar financiación para crear un fondo de incentivo a las empresas petroleras que exploren e inviertan en el país.
Más problemas a la vista
Derogado por ahora el gasolinazo, la situación dista de estar tranquila en Bolivia, donde la población aguarda medidas para paliar la subida de los precios del transporte y, especialmente, para atajar la escalada de la cesta de la compra, por lo que la conflictividad social puede estallar de nuevo en cualquier momento. La anulación de la subida de los carburantes revoca también el aumento del 20% del salario mínimo nacional decretado para compensar elgasolinazo en sectores como la educación, la salud, la Policía y el Ejército. Y maestros, trabajadores sanitarios y mineros ya han anunciado que pedirán un aumento salarial superior al 20% para combatir una inflación que ya escalaba antes de que el el gasolinazo disparara en plena campaña navideña las tarifas del transporte y los productos básicos. Y es que, aunque los precios han comenzado a decrecer tras la anulación del gasolinazo, será difícil que recuperen el nivel previo a la medida.
Maestros, trabajadores sanitarios, policías y mineros señalan que antes de la anulación del Decreto, el incremento del 20% en sus salarios ya les parecía insuficiente. Y exigen que el aumento salarial se ajuste a los precios de los productos de la canasta familiar. Reclaman alzas salariales de entre el 30% y el 70% y argumentan que aunque la especulación ha cedido tras anularse el decreto, las tarifas del transporte urbano se han duplicado y se han disprado los precios del pan, las carnes, el arroz y el azúcar.
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