la agencia española EFE ha realizado un buen trabajo al confirmar que sombras de fracaso exhibe la política de evo en hidrocarburos. va de mal en peor

El caso de corrupción en la estatal YPFB, que dirige la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia y aporta al Estado sus mayores ingresos, ha ensombrecido la gestión de Evo Morales y el futuro económico de un país que vive prácticamente de la venta de gas natural. Desde 2006, el presidente Morales ha intentado convertir a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el "buque insignia" de su modelo económico estatal y en el motor de la lucha contra la pobreza, pero la empresa vive hoy una gravísima crisis. YPFB está intervenida desde el lunes por autoridades del Gobierno y fiscales y sometida a una investigación del Senado, tras el relevo de su presidente Santos Ramírez que ha sido reemplazado por Carlos Villegas, el sexto responsable de la petrolera en tres años. Ramírez se encuentra en medio de una tormenta política desatada cuando el empresario boliviano Jorge O"Connor, con cuya compañía firmó en 2008 un contrato por 86 millones de dólares, fue asesinado por unos asaltantes que le robaron 450.000 dólares procedentes de las arcas de YPFB. En el momento del crimen, O"Connor entraba con ese dinero a una casa de La Paz propiedad supuestamente de la familia de Jovanna Navía, esposa de Santos Ramírez y diputada suplente del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS). Según sospecha la oposición, este empresario iba a pagar una comisión ilegal por el contrato adjudicado a su compañía. Pese a un inicial escepticismo frente a las denuncias, Morales decidió destituir a Ramírez para aclarar el destino del dinero. La relación personal y política de Morales con Ramírez ha sido estrecha, tanto, que incluso lo invitó a vivir en la residencia presidencial cuando llegó al Gobierno en 2006 y hace un mes apadrinó su matrimonio con Navía. Ramírez fue fundador del MAS y uno de sus más altos dirigentes. También presidió el Senado en 2006 y, por tanto, en ese momento era segundo en la línea de sucesión presidencial después del vicepresidente Álvaro García. Su destitución ha sido un gesto de Morales que los analistas valoran, si bien también hay escepticismo sobre si las sanciones finalmente se aplicarán en todos los niveles. A diferencia de otros casos en los que Morales se ha sentido presionado por los medios y ha reaccionado a la defensiva, esta vez no ha atacado a periodistas ni rechazado las denuncias sobre un escándalo que acapara desde hace días las portadas de la prensa. El "escándalo YPFB" ha logrado incluso eclipsar la aprobación de la nueva Constitución de Bolivia, sometida a referendo el 25 de enero. El analista Carlos Cordero señaló a Efe que este caso puede ser "un primer indicio de que la corrupción en altas esferas del Estado está cerca del Presidente", quien antes había admitido corrupción solo en niveles bajos de su administración. Además, advirtió que Morales afronta una gran preocupación porque YPFB es estratégica en sus planes: en 2008 las ventas de gas le dieron a Bolivia 3.432 millones de dólares, igual a un tercio del PIB y la mitad de las exportaciones totales. "Es donde más dinero existe hoy y la política de revitalización de YPFB es clave para el Gobierno", sostuvo Cordero al explicar que los planes de industrialización y la nacionalización del gas han demostrado ser políticamente rentables para el Ejecutivo. Otro analista, Roberto Laserna, sitúa el problema en la falta de institucionalidad y control que han dejado vulnerable a YPFB, a la que comparó con un "arca abierta" para la tentación. Según Laserna, las entidades reguladoras han sido desprestigiadas por el Gobierno de Morales, que modificó el sistema de licitaciones para facilitar la contratación directa de empresas, lo que lleva a un "momento de extrema debilidad institucional". A su juicio, esa carencia de seguridad lleva incluso a cuestionar si la empresa de O"Connor es legal y si está en condiciones de construir la planta petrolera que se adjudicó por los 86 millones. Ahora, el nuevo presidente de YPFB afronta el reto de recuperar la credibilidad del Gobierno, volver transparente y eficiente a la empresa, manejar petroleras nacionalizadas y cumplir con la venta de gas a Argentina y Brasil. La designación de Villegas, según dijo a Efe una fuente del sector petrolero, se ve con relativa "tranquilidad" porque fue ministro del área y "no comenzará de cero". Que YPFB cumpla con sus desafíos no solo es vital para la empresa sino para el país, afirmó Villegas ayer al comenzar la intervención de la petrolera. Ha ratificado que la empresa invertirá este año 1.000 millones de dólares, suma inédita en la vida de la compañía, pero a la que Morales apuesta para fomentar el crecimiento del país. Sin embargo, cuando se conoció esta cifra, el analista Carlos Miranda se preguntó qué pensaba hacer YPFB para gastar una media de tres millones diarios en 2009, si en 2008 solo invirtió el 45 por ciento de su presupuesto de 7 millones. EFE