En Bolivia no se cumple “adecuada e imparcialmente” con el debido proceso, la presunción de inocencia, “mucho menos” con el derecho constitucional del acceso a un justo juicio, de modo que satisfaga la sed de justicia de todo boliviano y boliviana, concluye el informe del Defensor del Pueblo.

El informe de la gestión 2010 presentado ayer por el Defensor del Pueblo incluye además en la lista de derechos vulnerados el de la integridad, la obligación de custodia y el derecho a la búsqueda de la verdad.

“Estos derechos a lo largo del año 2010 han sido desconocidos por organismos policiales responsables de garantizar la seguridad ciudadana”, señala el documento, al agregar que aún existen prácticas policiales y militares que derivan en tortura.

Asimismo, menciona que el Estado no ha cumplido con su obligación de proteger y garantizar el derecho a la vida e integridad de las personas privadas de libertad.

Como “casos emblemáticos” de estas vulneraciones menciona, entre algunos, lo sucedido en Caranavi en mayo de 2010, donde murieron dos jóvenes; el caso Uncía, donde fallecieron cuatro policías; la muerte de David Olorio en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto; y la muerte por no recibir atención médica oportuna del peruano Carlos Alberto Junco Cáceres, recluido en Chonchocoro.

“Es en virtud a un debido proceso que se consagra un conjunto de derechos y garantías mínimas a objeto de que se pueda acceder a la justicia y, en su caso, defenderse adecuadamente y en igualdad de condiciones”, señala el documento en las conclusiones.

Agrega que “no siempre” se asegura el derecho a la defensa, reconocido tanto en la Constitución Política del Estado como en la normativa internacional, que implica diversos aspectos como, por ejemplo, acceder a documentos, pruebas y resoluciones que provengan del tribunal, con una antelación suficiente para preparar la defensa, ser informado con anticipación de las actuaciones judiciales, poder participar en ellas y poder impugnar determinaciones contrarias a sus intereses.

En relación al derecho a la integridad, el Defensor observó la vulneración del artículo 15 de la Constitución Política del Estado, que establece que “toda persona tiene derecho a la integridad física, psicológica y sexual y en virtud de ella nadie puede ser torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes y humillantes, con hechos que al ser violentados se constituyen en delitos de lesa humanidad.

Acusa a funcionarios policiales de incurrir “recurrentemente” en la vulneración del derecho a la integridad física y psicológica durante el desarrollo de sus actividades, sin tomar en cuenta que es un derecho humano fundamental y absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida y el resguardo de la persona.

Igualmente, se ha verificado que aún persisten prácticas en los cuarteles que vulneran el derecho a la integridad y que derivan en tortura, por tanto caen en el ámbito de la comisión de un delito que debe ser sancionado en el marco de la justicia ordinaria y no bajo tuición de tribunales militares especiales.

Respecto a la obligación de custodia, se observa que en varios casos la Policía no ha garantizado debidamente la dignidad de las personas privadas de libertad en las mismas condiciones aplicables a las personas libres, por cuanto gozan de todos los derechos reconocidos en la Constitución y la normativa internacional de los derechos humanos.

“En varios casos, el Estado ha incumplido su obligación ineludible de proteger y garantizar el derecho a la vida y a la integridad de las personas privadas de libertad, al no procurarles condiciones mínimas compatibles con su dignidad mientras permanecen en los centros de detención”, expresa el documento presentado ayer en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.

Archivos militares

Con relación al derecho a la búsqueda de la verdad, el informe del Defensor del Pueblo señala que el Estado está incumpliendo con su obligación de garantizar el derecho a la búsqueda de la verdad, en directa relación con más de 150 desapariciones forzosas en Gobiernos dictatoriales, cuyos casos aún se encuentran sin una investigación adecuada.

La desclasificación de archivos del período dictatorial de Bolivia figura entre los casos emblemáticos en el informe, debido a que una vez más las Fuerzas Armadas han eludido el cumplimiento de un auto supremo por el que la Corte Suprema de Justicia ordena desclasificar esos archovos.

LOS MÁS DENUNCIADOS

• El informe del Defensor Pueblo identificó los 15 derechos humanos más vulnerados y las 15 entidades a nivel nacional más denunciadas por la población en 2010.

• El derecho ciudadano a exigir responsabilidad sobre los actos de la administración pública fue el más vulnerado, con 847 quejas, seguido por el derecho en el trabajo con 875.

• Las denuncias contra la Policía suman 458, la mayoría contra el Comando General de la Policía, seguida del comando policial de La Paz, Cochabamba y Beni.

• El Servicio Departamental de Educación de La Paz es la entidad más denunciada, con 299 casos, seguido de las alcaldías de El Alto con 189 y de La Paz con 169.