imperdible artículo de Carlos Mesa publicado en FP y que estudia la elección de un indígena que nada hizo para parecerse al Gran Mandela

La elección de un indígena aymara como presidente de Bolivia fue una cuestión de justicia histórica. La visión de un porvenir diferente se antojó posible, pero el proyecto constitucional de Evo Morales hace tambalearse los fundamentos democráticos de la República.

En enero de 2006, a pocos días de su toma de posesión, Evo Morales encandiló a Europa con su jersey a rayas. El presidente electo de Bolivia se paseó por varias capitales rompiendo protocolos con una imagen que sedujo a todos. Después de tres años y medio de Gobierno y en los umbrales de un nuevo proceso electoral, viste sofisticadas chaquetas con motivos indígenas y camisas con bordados de reminiscencia prehispánica. El primer presidente indí gena de Bolivia es, qué duda cabe, una figura continental y, con jersey o con chaqueta, todavía fascina a una parte significativa de la comunidad internacional.

Estandartes del indigenismo: el presidente boliviano, Evo Morales, y el ecuatoriano, Rafael Correa, en una fiesta popular.

Todas las encuestas de preferencia de voto para las próximas elecciones presidenciales, de diciembre de 2009, le otorgan entre el 42% y el 48%, frente a un esmirriado 11%-15% de su primer oponente. Aunque la campaña no ha comenzado aún y es evidente que las cifras cambiarán, acortándose las distancias, es difícil encontrar a un solo boliviano que no crea que Morales será reelegido para un segundo mandato consecutivo. El último presidente que logró la reelección consecutiva, hace ya 45 años, Víctor Paz Estenssoro, fue derrocado a los tres meses de su posesión. No parece que éste vaya a ser el caso, pero no es un dato desdeñable en un Estado políticamente volátil.

¿Pero qué hay detrás de la imagen del boliviano más mediático de la historia?

Morales marca un antes y un después en el destino del país, pues su figura cierra la página del largo y doloroso camino a la inclusión de algo más de la mitad de los habitantes, que tienen origen indígena, quienes sufrieron hasta 1952 condiciones de semiesclavitud simplemente inenarrables. Pero contra lo que se cree con frecuencia, su presidencia marcó la culminación de un camino histórico, no su comienzo. Baste recordar que el presidente Andrés Santa Cruz Calahumana (1829-1839), uno de los padres de la nación, era hijo de una cacique aymara.

La Revolución de 1952, protagonizada precisamente por Paz Estenssoro en el primero de su cuatro gobiernos, llevó adelante tres medidas cruciales para los indígenas quechuas y aymaras: el voto universal, la reforma agraria que les devolvió la tierra que les había sido expoliada sobre todo entre 1880 y 1920, y un código educativo que universalizó la educación primaria y extendió la educación al área rural del país. En 1993, el primer Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (quizá la figura más execrada de la política boliviana de hoy) realizó la segunda generación de medidas a favor de la inclusión. Reconoció mediante una reforma parcial de la Constitución que Bolivia es un país pluricultu­ral y multilingüe. Creó más de trescientos municipios con jurisdicción territorial, que cubrieron la totalidad del país, con autonomía, elección directa de alcaldes y presupuesto propio, otorgado por el presupuesto nacional de manera automática de acuerdo a su densidad demográfica, lo que permitió la existencia de municipios indígenas (más de cien) y mancomunidades de municipios indígenas. Aprobó la ley de educación intercultural y bilingüe que está en plena vigencia y modificó la reforma agraria de 1953, reconociendo las tierras de comunidad en el altiplano, imponiendo impuestos a los latifundios de las tierras bajas, estableciendo la función económica y social de la tierra y otorgando a los pueblos del Amazonas y del Chaco tierras comunitarias de origen en extensiones que varían entre 5.000 y 500.000 hectáreas, según el caso. En las elecciones de 2002, en las que Morales obtuvo el segundo lugar, el Parlamento integraba ya a más de un 30% de representación indígena.

Cuando en 2003, tras la grave crisis política y el trágico saldo de casi setenta muertos que obligó a la renuncia de Sánchez de Lozada tras un año y algo más de su segunda y dramática Administración, logramos desde el Gobierno una nueva reforma parcial de la Constitución que incluyó la Asamblea Constituyente, el Referendo y la apertura para participar en elecciones a agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, propusimos un Estado de autonomías y la elección directa de prefectos (gobernadores) en los nueve departamentos que tiene el país.

¿POR QUÉ MORALES?

Nacido en un humilde y remoto pueblo aymara cercano a la frontera con Chile, Morales logró casi el 54% de los votos en las elecciones de 2005 porque, reciclado de dirigente sindical de las regiones de producción de coca ilegal a campeón de las reivindicaciones indígenas, devino en símbolo de una parte esencial del país. Pero, además, llegó en el momento justo, con el discurso adecuado. Desde 2003, Bolivia estaba ávida de cambios y cansada de lo que hasta ese momento había sido una democracia (reconquistada en 1982) controlada por tres partidos tradicionales. Sus votantes se identificaron casi carnalmente con él, por razón de piel, frustrados por un proceso agotado y miope para comprender las demandas sociales y, sobre todo, porque, a pesar de los importantes esfuerzos de varios gobiernos por resolver brechas profundas, los niveles de pobreza y los indicadores sociales básicos seguían siendo los peores de Suramérica. Es inútil decir que, en un cuarto de siglo, Bolivia redujo más de veinte puntos su porcentaje
de pobreza y mejoró temas de saneamiento básico y salud. Las demandas y la realidad no pueden cubrirse con cifras macroeconómicas positivas o con modestos avances sociales. La desigualdad entre ricos y pobres sigue siendo una de las más altas del hemisferio.

			La nueva Constitución establece categorías ciudadanas, lo que contradice la Declaración universal de los Derechos Humanos, que dice que todos nacemos iguales

Morales fue por eso coronado, un día antes de su investidura oficial, en Tiahuanacu, el centro prehispánico y preincaico más importante de Bolivia, arropado por la esperanza de millones de indígenas que por fin se miraban en el espejo del poder conquistado por uno de ellos. El nuevo presidente llegó con todos los astros alineados, la más alta votación de los últimos cuarenta años, el apoyo pleno y embelesado de la comunidad internacional, la mayor bonanza económica del país en un siglo (si no más) gracias a precios internacionales de materias primas que rompie ron todos los récords imaginables y, por encima de todo, una legitimidad que le permitía saldar una deuda histórica no sólo de modo simbólico, sino realmente. No lo hizo. En el momento crucial de definir la ruta de su Gobierno optó por un “nosotros” equivocado. Desde el primer día su “nosotros” era el del presidente de los indígenas, no el del presidente de los bolivianos. Una posición comprensible al principio se volvió recurrente a lo largo de su gestión. El mandatario, en vez de tender manos y proponer la construcción común de la nación entre indígenas, mestizos y blancos, prefirió cavar trincheras.

SU GOBIERNO, SU PROYECTO

Pero si algo está claro hoy es que, más allá de sus discursos interminables, la repetición de dos o tres ideas recurrentes y su estilo agresivo y adjetivado que lo llevó a la expulsión del embajador de Estados Unidos, a tensiones con Brasil, a una casi ruptura de relaciones con Perú y a un alineamiento militante con Hugo Chávez, Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS) tienen un proyecto muy profundo de transformación y de cambio en el que se mezclan demasiados ingredientes que pueden estallar en las manos del gobernante, en las de sus partidarios y en las de todos los bolivianos.

Largo sería contar los tristes avatares de la Asamblea Constituyente elegida e instalada en 2006, que en un año y tres meses de trabajo ¡no discutió ni aprobó un solo artículo del proyecto constitucional! Baste decir que terminó en medio de las balas, con un saldo de tres muertos y 150 heridos, con los oficialistas reunidos en un cuartel en las afueras de Sucre, la capital de Bolivia. Aprobada en detalle en Oruro, corregida y “adaptada” en un curioso e ilegal acuerdo del Congreso, fue aprobada en referéndum en 2009 por el 62% de los bolivianos.

Descontentos: protestas contra las políticas de Evo Morales frente a la sede de la organización de Estados americanos en Washington.

El proyecto-país, expresado inequívocamente en la nueva Carta Magna de Morales (la decimosexta desde 1826), es la destrucción de la República como forma de gobierno y como propuesta histórico-conceptual traducida en la tradición republicana, que se basa no sólo en la sepa ración de poderes y el equilibrio y contrapeso de éstos, sino en la idea central de igualdad apoyada en la ciudadanía. Tradición que después de Estados Unidos y Francia tuvo su mayor apogeo en la concepción independentista de las naciones hispanoamericanas a principios del siglo XIX. A cambio, Bolivia se ha convertido en un Estado plurinacional, cuyo eje son 36 naciones indígenas. La mayor, en un país de 10 millones de habitantes, la quechua, con dos millones y medio de personas, y la menor, la pakawara, con un total de 25 habitantes. La nueva Constitución consagra todos los derechos alcanzados por los indígenas antes de 2006, al hacerlos explícitos (pues ya estaban reconocidos en la Constitución derogada) con un capítulo dedicado a las naciones indígenas (el 4°) y la mención de éstas en sus 411 artículos más de un centenar de veces.

La Carta Magna establece una categorización ciudadana que rompe la esencia del artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según el cual todos los seres humanos nacemos iguales. El texto establece categorías ciudadanas diferenciadas por origen, lengua y color de piel. Sólo reconoce como naciones con el denominativo de “indígena originario campesino” (art. 3) a aquellas establecidas antes de “la invasión colonial española” (art. 30). El 47,7% de la población, no indígena, recibe el calificativo de “comunidades interculturales” (art. 3), estableciendo que, fuera del ámbito estrictamente urbano, los no indígenas están limitados en el ejercicio de algunos de los derechos que la propia Constitución reconoce, particularmente en lo referido al tema de recursos naturales. Es clave en este contexto la idea de que las naciones precoloniales, además de su dominio ancestral sobre sus territorios, tienen derecho a la “libre determinación, autonomía y autogobierno” (art. 2) y, lo más importante, tienen derecho a la “gestión territorial indígena autónoma y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos renovables existentes en su territorio” (art. 30, 17). Para ocupar cualquier cargo público es obligatorio hablar castellano y una lengua nativa (el 67% de los bolivianos es monolingüe). Paradójicamente, el presidente Morales sólo habla castellano (de ahí una disposición transitoria por la que no se aplicará tal obligación hasta la siguiente elección, después de diciembre).

El texto incluye una innovación sin precedentes al reconocer en igualdad la justicia indígena, basada en usos y costumbres (no escrita y referida a 36 culturas diferentes), con el mismo rango que la justicia republicana (art. 179), con la diferencia de que la indígena es inapelable y de única instancia. No está claro aún cuál será el ámbito de jurisdicción de ambos sistemas. Establece también que las máximas autoridades del poder judicial (Tribunal Constitucional y Corte Suprema) se eligen por voto directo y deben tener obligatoriamente un porcentaje de representación indígena. Destruye la idea de irretroactividad de la ley, marcando la posibilidad, por ejemplo en delitos de corrupción, de juzgar un hecho de hoy con una ley aprobada dentro de un año.

La construcción de un Estado de autonomías, que dio lugar al equívoco internacional de que cuatro de los nueve departamentos buscaban separarse de Bolivia, enfrentó al país, dado que Morales se opuso a las autonomías cuando fueron votadas. Hoy las apoya tras la evidencia de que la tendencia mayoritaria es seguir el camino de las cuatro que la aprobaron en referéndum. Pero para curarse en salud debilita el poder de los gobiernos departamentales. La Constitución reconoce cinco niveles autonómicos: departamental, regional, provincial, municipal e indígena. Este último, aplicable en municipios, mancomunidades municipales o en tierras comunitarias de origen. Esta superposición geográfica, jurídica y política puede llevar a una colisión muy arriesgada y compleja en el momento de su aplicación. En esa misma línea, reconoce como “símbolos del Estado”, por tanto en iguales condiciones, dos banderas (art. 6): la tricolor –rojo, amarillo y verde–, creada el 17 de agosto de 1825, 11 días después de la declaración de independencia, y la wiphala, bandera multicolor que representa exclusivamente a quechuas y aymaras. De ese modo, el símbolo de una parcialidad (dos de las 36 naciones indígenas) cobra rango de símbolo de todos, lo que vendría a ser comparable, por ejemplo, a que la bandera del País Vasco fuera reconocida como símbolo del Reino de España en igualdad de condiciones que la bandera nacional española, lo que –como ocurre ahora en Bolivia– haría obligatorio en Andalucía que se izaran los dos pabellones, el español y el del País Vasco, por no mencionar el caso único de un Estado con dos banderas.

			La respuesta al proyecto de hegemonía ‘masista’ debe ser el republicanismo democrático, la inclusión, el Estado moderno, descentralizado y de autonomías

Dada la preeminencia de la cultura aymara y la influencia histórica de este pueblo que fue conquistado –antes de la llegada de los españoles– de manera violenta por el imperio incaico, está claro que el Gobierno de Morales busca una hegemonía aymara en la totalidad del territorio boliviano, absorbiendo al quechua que, en realidad, es parte de una mayoría aymara quechuizada por el sistema de aculturación impuesto por los incas y reafirmado por la Corona española. Aymaras y quechuas representan el 90,6% de la población indígena, las otras 34 naciones son apenas el 9,4%. Ambos pueblos, aymara y quechua, son el 48,3% de los bolivianos. La política del Gobierno es la de migraciones de comunidades andinas planificadas a corto plazo hacia el Norte, Este y Sur (regiones amazónica y chaqueña, que ocupan el 67% del total del territorio de Bolivia), continuando un proceso que comenzó con la Revolución de 1952 pero que Morales acelera de manera consciente. Éste es el elemento verdaderamente nuclear de lo que representa este proyecto histórico. A él se suma una política económica estatista, de economía planificada y de grandes restricciones a la inversión privada, sobre la idea endógena de desarrollo en un país con mínimo ahorro interno y bajísima presión tributaria.

La desastrosa política de hidrocarburos (Bolivia tiene importantes reservas de gas natural) de los últimos tres años casi ha sacado al país del juego energético regional. Ya no es un centro estratégico de distribución de gas. La congelación de las inversiones, la alta corrupción en la empresa estatal de petróleo (su anterior presidente y número dos del MAS está preso, acusado de haber recibido un soborno de casi medio millón de dólares por un contrato), la pseudonacionalización –que no tocó a una sola de las empresas transnacionales instaladas en Bolivia, pero que generó serias dudas sobre la seguridad jurídica del país– hicieron inviable hasta hoy un gigantesco contrato de exportación a Argentina. Perú está en plena construcción de una planta de transformación para exportar su gas al Pacífico, Brasil ha encontrado gigantescas reservas de este producto, Chile importa su gas de otras fuentes y, por si fuera poco, el principal aliado de Morales, Venezuela, desarrolla un megaproyecto de abastecimiento al Cono Sur. El referéndum sobre hidrocarburos (2004) y la nueva ley (2005), realizados antes de la llegada de Morales al Gobierno, el decreto de incremento de impuestos en 2006 y los espectaculares precios internacionales triplicaron las exportaciones de Bolivia y multiplicaron por cinco las reservas internacionales, garantizando un crecimiento medio del 4,5% del PIB y un superávit en los últimos tres años. A pesar de la caída de precios, el Ejecutivo aún tiene un margen de juego de crecimiento moderado en 2009 y 2010, pero su mayor problema es la negligencia, la falta de capacidad de gestión y de ejecución presupuestaria.

En suma, la combinación ideológica es la de un Estado con preeminencia indígena en su concepción y estructura, estatista a ultranza y fuertemente centralista en medio de la paradoja de un ensayo de construcción autonómica. No es otra cosa que la búsqueda de una utopía que quiere construirse mirando al futuro con el espejo retrovisor.

Pero la fuerza simbólica de Morales es todavía muy grande, más que suficiente para apuntalar una muy probable victoria en diciembre.

¿Y LA OPOSICIÓN?

Expropiación: la nacionalización de los hidrocarburos ha sido uno de los caballos de batalla de Evo Morales desde que asumió el poder.

La oposición jugó casi siempre a favor de este proyecto en una sociedad sometida a tensiones extremadamente grandes. A pesar de que Morales tardó tres años en imponer su proyecto de Constitución, por la acción de entrabamiento permanente de los opositores, el mayor problema de quienes se enfrentaron al Gobierno fue la incomprensión de lo que éste representaba. Más allá de cualquier consideración, Bolivia vive un momento de cambios profundos; el pasado no volverá y quienes se anclaron en la idea de recuperarlo para seguir con sus privilegios, como parte de élites que medraron sistemáticamente del Estado y de núcleos de poder con rasgos inequívocos de corrupción, tomaron un camino suicida. La respuesta al proyecto de hegemonía masista debiera ser la de preservar el republicanismo democrático, pero sobre la premisa inexcusable del cambio que contempla la inclusión y el respeto a la otredad, junto a un Estado moderno, descentralizado y de autonomías. Santa Cruz, la región más poderosa del país y con fuerte gravitación de contrapeso a La Paz (donde se encuentra la sede del Gobierno boliviano) y al escenario andino, tuvo un liderazgo que careció de visión nacional, que buscó exclusivamente salvar su propio proyecto y el de la región. La demanda autonómica, que obtuvo gran legitimidad en varias regiones, pecaba de un ideario conservador y fragmentario. Como si en Brasil las élites paulistas apostaran por resolver y liderar los temas de São Paulo y no a jugar el rol que por peso natural le toca a escala nacional.

Las acciones e iniciativas de Morales han dejado a la oposición anonadada. La derecha es incapaz de entender de qué va la cosa, y los sectores progresistas y adscritos a la necesidad de grandes transformaciones hasta ahora no ofrecen la posibilidad de arrebatarle al presidente, desde la democracia, la bandera del cambio. Porque no se puede olvidar que Morales avasalló a la Asamblea Constituyente y al Poder Judicial, y controló por las buenas o las malas el Legislativo, vulnerando elementos esenciales del funcionamiento democrático. Pero la oposición desde las regiones y desde el principal partido contrario al MAS, Podemos, del ex presidente Jorge Quiroga, intentó desestabilizar con modos no democráticos al Ejecutivo. Fue una acción inaceptable desde los puntos de vista ético y práctico. Pretendieron derrotar en su terreno al campeón de los bloqueos de carreteras, paros nacionales y cercos de ciudades. Una oposición desquiciada, que entre septiembre y octubre de 2008 tomó violentamente instituciones del Estado, impidió al presidente aterrizar en varios aeropuertos del país e incendió pequeños conductos de gas. El resultado fue una derrota en toda regla, aunque el saldo para el país fue una cincuentena de muertos, producto de la acción opositora y de la represión gubernamental.

El gran objetivo de la oposición para el próximo diciembre es lograr un candidato de unidad capaz de enfrentarse al presidente. Morales está apoyado por un voto emocional y de consigna en gran parte del área rural, y con un respaldo superior al 65% en el área urbana de la zona andina. Difícil desafío, que en un primer momento abre una baraja con más de una docena de precandidatos, cuyo único elemento en común es oponerse a Morales. Con un discurso como ese no parece que se apunte alto, aunque el Gobierno ha polarizado al país de tal manera que al menos un 30% votaría por cualquier candidato que sacara cabeza con alguna opción frente al oficialismo. Pero parece muy difícil combinar los elementos indispensables para salvar al país de un camino hacia el autoritarismo. Debería ser una candidatura para la coyuntura, basada en la hipótesis de lograr un segundo lugar que bloquee los dos tercios de Morales en la nueva Asamblea Legislativa; pero lo más importante es reconstruir un sistema de partidos devastado, sin el que es imposible hablar de democracia. Una democracia que celebre la inclusión y destierre el racismo increíblemente exacerbado en los últimos cuatro años, pero que a la vez devuelva el sentido de unidad que hoy está en cuestión, no por el riesgo de división, sino por las profundas heridas, resentimientos y prejuicios entre campo y ciudad, entre indígenas y no indígenas y entre Occidente y Oriente.

MORALES NO ES MANDELA

El error histórico de Morales es que no quiso ser Mandela, porque no entendió la tarea que le tocaba o porque, fiel a su lógica de dirigente sindical cocalero (el incremento exponencial de cultivos de coca y de producción de cocaína se ha convertido en un serio problema y puede erosionar las relaciones exteriores del Gobierno), creyó que la única manera de lograr el cambio era con la derrota total y definitiva del enemigo. Uno de los muchos peligros de ese razonamiento es meter en la bolsa de los adversarios a quienes son parte de una comunidad que en 2006 creyó que el presidente los representaba y que hoy sienten que los excluye.

Afirmarse negando y suponer que por negar lo negado desaparece es, simplemente, una ilusión. La historia, le guste o no a Evo Morales, tuvo un periodo prehispánico, colonial y republicano, y es de ella en su totalidad, de su brazo indígena y de su brazo occidental, de la que son hijos los 10 millones de bolivianos, no de sus retazos.

Salida democrática no violenta es la que aplaude La Nación para salir de la crisis en Honduras

La crisis institucional que paraliza a Honduras desde hace ya tres meses tiene una posible salida democrática natural, no traumática. Consiste en asegurar que el próximo 29 de noviembre se realicen las elecciones nacionales previstas en un calendario definido hace más de un año. A través de ellas, sería el pueblo hondureño el que decidiría libremente su futuro.

Sin irresponsables llamados a la insurrección ni inaceptables empujones foráneos a los que se plegó el gobierno argentino ni forcejeos militares ni más violaciones constitucionales por parte de algunos de los actores centrales de ambos bandos del conflicto, las elecciones representan una inmejorable posibilidad cierta de crear un clima favorable para la reconciliación.

Hay algunas señales que sugieren que esta alternativa, que siempre estuvo a la vista, pueda ser la alternativa que finalmente impulse y apoye la comunidad internacional, directamente interesada en encontrar una solución a la crisis, ahora en la agenda del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por impulso de Brasil.

La primera señal es el reconocimiento tardío, pero oportuno del mediador Oscar Arias , presidente de Costa Rica, de que aislar a Honduras no ayuda. Eso ha radicalizado ciertas actitudes. En línea con esta visión, los embajadores de la Unión Europea están retornando a Tegicugalpa, así como los diputados que apoyan a Manuel Zelaya están retornando a sus bancas en el Congreso. Eso devuelve una cuota de normalidad, acaso la moneda más escasa en Honduras.

La segunda señal provino de la Organización de los Estados Americanos (OEA): no logró el lunes el consenso para aniquilar como algunos pretendían, incluida la Argentina, la alternativa natural de salida, la de las elecciones. No tuvo consenso para decidir que no se reconocerán las elecciones que puedan realizarse. Esto supone trabajar aceleradamente para asegurar en forma adecuada la neutralidad del proceso y que nadie lo perturbe. Cabe recordar que hace casi un año se llevaron a cabo las elecciones internas en los distintos partidos políticos y que contaron con la supervisión de la propia OEA. Si esto se ha logrado, no es imposible que los candidatos presidenciales, que han mostrado hasta ahora una ponderable cordura, pudieran avalar, todos, la alternativa de las urnas.

El presidente Zelaya podría entonces ser repuesto en su cargo, aunque para renunciar después y posibilitar la conformación de un gobierno interino de unidad que, con la participación de los organismos multilaterales, garantice la trasparencia electoral. Esto supondría un acto de grandeza por parte de Zelaya, que debería renunciar a sus controvertidos, e inconstitucionales, apetitos de reelección. Está claro que la enorme desconfianza que él provoca y la injerencia de Hugo Chávez parecen imposibilitar que sea él quien maneje el Poder Ejecutivo durante el proceso electoral. Esto supone, a su vez, el inevitable paso al costado de Roberto Micheletti, para lo cual debería haber una amnistía general y garantías de la vigencia de las libertades y las prerrogativas constitucionales.

Para Honduras, ésta es la oportunidad más clara para salir de la crisis. Para los líderes involucrados, esto supone deponer o postergar sus ambiciones personales en beneficio del país. Es lo menos que deberían hacer desde que flota sobre ellos nada menos que la responsabilidad de haberlo llevado al borde del abismo.

La Nación puesta en línea de oposición al peronismo de los Kirchner en el poder, editorializa. Es más fácil destruir que Construir.

La ciencia económica ha trabajado intensamente para determinar cuáles son las medidas que contribuyen al crecimiento y cuáles lo impiden o hacen que los países retrocedan en su nivel de vida. Pero los economistas también avanzaron en otro campo que se ha denominado la economía y las instituciones. En esa área del saber han advertido cuáles son las condiciones institucionales que conducen a los países al crecimiento. La economía ya no se conforma con decir por qué los controles de precios son perjudiciales o por qué la emisión monetaria crea inflación, sino que ahora vuelca sus esfuerzos en definir el contexto institucional necesario para que las medidas produzcan mayor bienestar en la población.

Desde que Néstor Kirchner asumió el poder, recorrió el camino exactamente inverso al que grandes pensadores de la economía han propuesto como el más apto. La evidencia empírica lo ha confirmado, como lo muestran Irlanda, Chile, España y varios países de Europa central, entre otros.

En el campo económico, Kirchner no vaciló en destruir el poder adquisitivo de la moneda. Contrariando el artículo tercero de la Carta Orgánica del Banco Central, que establece que "es misión primaria y fundamental del Banco Central de la República Argentina preservar el valor de la moneda", no se vaciló en emitir pesos depreciando su poder de compra para sostener el denominado tipo de cambio competitivo, que finalmente dejó de serlo por efecto de la inflación.

El proceso inflacionario desatado por esta política derivó, primero, en los controles de precios, para luego acentuar la represión sobre el sistema económico, al recurrir a prohibiciones y cupos de exportación e incrementos en los impuestos a las exportaciones, y, finalmente, ante el fracaso de esas medidas, se optó por intervenir el Indec y destruir la confiabilidad de sus estadísticas, como si con esa medida la gente no advirtiera el alza en el costo de vida, el desabastecimiento de productos o los problemas de ocupación, pobreza e indigencia que padece.

Los casos más notables de destrucción económica son los de la industria láctea, la ganadería y el gas. Antes de que Kirchner llegara al gobierno, la Argentina exportaba productos lácteos, carnes y gas. Con sus políticas, estos tres sectores han quedado diezmados. De exportar gas pasamos a importarlo y, encima, el Gobierno ha rubricado un decreto por el cual se cobra un impuesto para financiar la importación de gas licuado mientras se mantiene en estado de desaparición la industria gasífera. En lo que hace a la ganadería, de continuar este rumbo, luego de perder mercados, la Argentina tendrá que importar carne si la población no reduce su consumo.

También destruyó el reducido mercado de capitales que todavía quedaba en la Argentina al confiscar los ahorros de los trabajadores que aportaban al sistema de capitalización privado. Ese sistema, con las correcciones que podía necesitar, permitía canalizar ahorro de largo plazo hacia el financiamiento del consumo y de la inversión.

Los métodos utilizados para controlar los precios, que lindan con el abuso del poder público, la confiscación de ahorros y el enfrentamiento con el campo para apropiarse de su renta son sólo algunos ejemplos de una larga lista de cómo el kirchnerismo fue minando la actividad económica y la seguridad jurídica.

Justamente, este avance sobre la propiedad privada mediante diferentes mecanismos ha producido una fuga de capitales de 43.000 millones de dólares, que equivalen al total de los depósitos del sector privado en el sistema financiero. La inseguridad jurídica provocada por tanto intervencionismo, el desprecio por los derechos de propiedad y la violación del derecho consagrado en la Constitución nacional de ejercer toda industria lícita fue la otra parte de la destrucción de la institucionalidad.

Desde el 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner y, ahora, su esposa, Cristina Fernández, jamás se concentraron en formular políticas públicas de largo plazo, eficientes y previsibles para construir condiciones de crecimiento sustentables. Por el contrario, todo se ha limitado a simples tácticas de corto plazo sin importar los efectos perjudiciales de largo plazo que pudieran tener. Estas tácticas se limitan a crear enemigos imaginarios o inventados por el matrimonio para acaparar más poder o salvar el escaso que le queda. Lo único previsible de Kirchner es su imprevisibilidad.

El veto de Cristina Fernández a la suspensión del pago de derechos de exportación para algunos partidos de la provincia de Buenos Aires que han sufrido una sequía histórica, la estatización de las transmisiones por televisión de los partidos de fútbol y el forzado proyecto de control de medios audiovisuales en nada contribuyen al progreso económico, pero confirman que, luego de la derrota electoral del 28 de junio, el poder remanente que le queda al matrimonio será utilizado para seguir destruyendo en vez de construir.

los organismos de represión como la DINA de Pinochet y la UTARC de Morales por ser antidemocráticos e inconstitucionales serán juzgados severamente!!!

Paralelismo entre UTARC y DINA

Mauricio Aira

Los gobiernos autoritarios tienden a la autoprotección desechando los instrumentos legales que el Estado les asigna. Resulta una constante la presencia de policías de élite, grupos de seguridad más o menos encubiertos que actúan a la sombra, enmascarados o cara pintados para no descubrir su verdadera identidad. Los ejemplos a lo largo de la historia son numerosos, aunque hoy deseamos referirnos a dos de ellos UTARC en Bolivia y la DINA en Chile, ésta última resultó siendo doblemente condenada por la Corte Suprema por los delitos de secuestro y homicidio de opositores al régimen militar, entre los oficiales condenados figura el torturador de la actual presidenta Michelle Bachelet.

Los altos magistrados chilenos condenaron al exjefe de la DINA Manuel Contreras, brazo derecho del general Pinochet, la mano armada que ejecutó todas las sentencias dictatoriales a partir de la Caravana de la Muerte, según lo hemos descrito a nuestros lectores en artículos precedentes. Conocida la historia de los primeros crímenes de Pinochet que fueron cometidos con una doble finalidad. Sentar la mano a sus opositores sumiéndolos en el terror y la delación y para comprometer de por vida a los oficiales del ejército en las responsabilidades de gobierno.

La existencia patética de los primeros muertos sin figura de juicio, ni culpabilidad probada. Había que esconder las pruebas, ninguna evidencia debía salir a luz y por ello se creó la DINA tenebroso aparato policial destinado a encubrir los crímenes en cadena, sin importar costo alguno humano ni material como veremos más adelante. Del embrollo resultó que el dictador no tuvo paz ni sosiego hasta el final de sus días, su conciencia no lo dejó tranquilo y dedicó su tiempo y los medios del Estado para cubrirse de un halo protector, no obstante ¡oh, Providencia Divina! Salieron a luz con lujo de detalles sus crímenes y el asalto a la economía nacional al punto que nadie en la historia de Chile había saqueado tanto al Tesoro como lo hizo Augusto Pinochet en todo su gobierno. Los desfalcos fueron de tal magnitud que su familia afronta un centenar de juicios y la amenaza de libertad para algunos de sus descendientes está a las puertas de la Justicia.

Marcelo Moren Brito el oficial que torturó a la entonces dirigente socialista Michelle Bachelet guarda prisión y junto a él más de un centenar de otros oficiales asignados a la DINA, junto a su jefe Contreras que llegó a tener 50 mil soplones a sueldos para mantener a raya a los opositores que se atrevían a cuestionar la dictadura que ante los ojos del mundo, aparecía como “un gobierno de restauración de las libertades democráticas y para preservar al mundo del comunismo”.

El lector se preguntará qué tiene que ver la DINA con la UTARC? Le respuesta es que existen historias paralelas impresionantes. No se crea que la primera condena judicial llevó a prisión a Contreras por una masa de crímenes, fue por el homicidio calificado de Lumi Videla esposa de otro asesinado Sergio Pérez (todavía desaparecido) y por el secuestro ordenado por Contreras el jefe indiscutible de la DINA que respondía directamente a Pinochet al que reportaba varias veces al día. El ministro Rada es el equivalente a Contreras, cuando la Justicia investigue, juzgue y condene los crímenes en Bolivia, las violaciones a los derechos humanos, no juzgará al capitancito Walter Antezana a quién se pretende mostrar como responsable de las tropelías de UTARC, sino a sus jefes Rada y Morales autores intelectuales y verdaderos responsables legales de las muertes que pasan de 60, de los secuestros, las órdenes de prisión, los extrañamientos de cientos de ciudadanos y de daños y torturas a opositores.

Continuemos la glosa de lo que hizo la DINA y acto seguido de los pecados de UTARC. Cuando la Suprema condenó por segunda vez a Contreras por varios casos de DDHH señaló el homicidio de Lumi Videla tomado como emblemático por la crueldad con que actuaron los represores, Lumi profesora de 28 años, dirigente del MIR murió el 3 de noviembre de 1974 en una sesión de tortura en un cuartel de la DINA. Los agentes arrojaron el cadáver al patio de la embajada de Italia para culpar a los solicitantes de asilo de haber cometido “un homicidio entre marxistas” y hubo quién lo creyó, ¡claro que sí!, tenían de su parte casi toda la prensa y el pueblo estaba presa del terror.

Contreras tras las rejas acusado de la muerte de centenares de personas y de atentados terroristas en Argentina, Italia y los EEUU, declaró que en determinado momento contaba con 50 mil informantes a quienes el Estado retribuía. Fueron necesarios 10 y más años de acción judicial para lograr las condenas que afectan hoy en día a 800 agentes civiles y uniformados bajo el mando del jefe de la DINA. La más reciente actuación del juez Victor Montiglio en contra de 120 agentes en su mayoría ex policías imputados de ser coautores de secuestros y traslado de prisioneros políticos afectó también a Manuel Contreras que cumple condenas por 300 años. Las tres mil desapariciones a manos de unos 650 violadores de los DDHH están siendo esclarecidas y el mismo juez Montiglio ha expresado “estamos cerca del final del túnel de la impunidad”

Un comando especial de la Policía Boliviana, grupo Delta de la Unidad Táctica de Apoyo y Reacción (UTARC) tomó por asalto el hotel de las Américas en Santa Cruz donde mató el 16 de abril pasado a tres miembros de un grupo innominado y detuvo a otros dos. El fiscal a cargo de las investigaciones Marcelo Sosa, dijo que los muertos y detenidos “formaban una célula terrorista al servicio de la Secesión de Santa Cruz. Planeaban nada menos que asesinar al Presidente Morales, al vice García Linera e incluso al prefecto del departamento opositor Rubén Costas”.

Los tres acribillados por UTARC fueron el boliviano – húngaro – croata Eduardo Rosa Flores, el irlandés Martín Dwyer, y el rumano Arpád Magyarosi. Fueron detenidos el húngaro Elod Toasó y el boliviano croata Mario Tadic (ambos guardan detención sin juicio en el panóptico de San Pedro, La Paz) Evo morales desde Cumaná, Venezuela donde se realizaba la Cumbre de Alternativa Bolivariana para las América (ALBA) se atribuyó haber dado la orden para la operación poco antes de salir de viaje. El “mea culpa” tuvo por testigos a Raúl Castro de Cuba y Hugo Chávez de Venezuela. En conferencia de prensa horas más tarde el vice García Linera calificó al grupo de “célula terrorista al servicio de la ultra derecha internacional”. A su vez Alfredo Rada jefe civil de la Policía desde Rio de Janeiro declaró que el grupo se había declarado culpable del atentado contra Saúl Avalos vice ministro de Autonomías ocurrido semanas antes al hecho que nos ocupa.

El grupo de cara pintados sumaba de éste modo otra actuación violenta a su haber, después de La Calancha, 11 de enero en Cochabamba, masacre en El Porvenir en Pando y que concluiría con el atentado a los periodistas de un canal de TV que fueron chocados por los vehículos de UTARC, ametrallados, tendidos enmanillados en tierra y la cámara destruida con las pruebas testificales de haber raptado al ciudadano Nelson Vaca Gutiérrez quién declaró después haber sido ferozmente torturado por un alto funcionario del Gobierno.

Los periodistas no se quedaron callados después de la enésima arremetida del ente policial, hicieron llegar reclamaciones a todo nivel e inclusive fueron recibidos por el Presidente Morales ante quién exigieron se ponga en claro quién ordenó los actos violentos, quiénes los cometieron y que sean investigados y castigados. Como respuesta a tan firme determinación de los gremios de los comunicadores, el Gobierno vía Rada y del jefe policial Victor Hugo Escóbar resolvieron disolver la UTARC. De nuevo aparece la acción paralela con la DINA de Chile. Dice bien la crónica del diario La Prensa de La Paz, “metamorfosis es lo sucedido” desapareció la sigla, pero la responsabilidad jurídico legal sigue en manos de los mismos personajes en éste orden: Presidente, Ministro, Comandante Policial, añade la denuncia que los oficiales de UTARC han sido acomodados en otras secciones de la misma institución para rehuir la responsabilidad civil.

Los trabajos sucios que se encomendaron a la UTARC no desaparecerán con haber borrado la sigla de los organismos represores, sino que a la par que la DINA, sus acciones ilegales, criminales, antidemocráticas y contrarias a la Ley quedarán para siempre jamás, ya el juez chileno aseveró “33 largos años le llevó a la Justicia desenmarañar la trama que está llegando a su fin, con 800 acusados, varias decenas ya purgando sus penas”. Pueda ser que en Bolivia la indagación y la condena tarden algunos años, pero no puede caber duda alguna sobre la fuerza de la Ley y la Justicia que más pronto que tarde, por acción no tan solo de los tribunales nacionales dejarán sentir su peso, sino por la solidaridad internacional. A la par que el Juez Garzón que tuvo el acierto y la inteligencia de retener a Pinochet en Londres, Evo Morales, Alfredo Rada, Victor Hugo Escóbar podrán ser detenidos, mañana, pasado mañana o cualquier otro día en Buenos Aires, Rio, o Santiago por acción de los Justicia Global para la cual los delitos de lesa humanidad carecen de fronteras y de atajos o de inmunidad, sino que llega a todos y en todas partes.

En la conclusión una anécdota en la forma cómo le fue referida al cronista por el convicto Faustino Rico Toro quién ejerció en aquel momento siendo capitán de ejército, como ayudante de órdenes del General Ovando . “En aquel momento, cuando gobernaba Bolivia, René Barrientos Ortuño y ejercía de Comandante en Jefe de las FFAA, el general Alfredo Ovando, recibimos la orden de éste último de reglar nuestra artillería pesada, la del gran Cuarte de Miraflores hacia una determinada vivienda en la que conversarían ambos generales sobre el proyecto del primero de crear una unidad de tarea constituida por soldados a paga (mercenarios) al servicio del Presidente”.

El constitucionalista Ovando se oponía firmemente a tal iniciativa que significaba desvirtuar el rol de las FFAA y aceptar tropas irregulares comandadas desde el Palacio de Gobierno. El debate entre ambos estaba llegando al agotamiento y “la firmeza de Ovando era tal, que nos ordenó que si hasta determinada hora, no estaba de regreso al cuartel, disparásemos los cañones a sabiendas del riesgo que muerte que significaba para el propio Comandante en Jefe”. Hasta aquí el relato. La moraleja: un ejército constitucional jamás podrá aceptar la existencia de grupos irregulares para ejecutar “las operaciones encubiertas de ningún gobierno”. El General Ovando de estar actuando hoy en día en lugar del comandante actual hace rato que habría disparado cañonazos mortales contra la residencia presidencial de San Jorge. De vuelta al “reality show” el principal inculpado reconocido por los periodistas como el ejecutor del último atropello mediático capitán Walter Andrade llamado también “rambo” o “el loco” habría desaparecido del escenario. Sus jefes inmediatos “no saben dónde está”, además se le van descubriendo cargos y acusaciones que contribuirán a que “pague las bodas del pato” como otro “chivo expiatorio” mientras los peces gordos “se campean a sus anchas”, como “inocentes palomas”. La DINA desapareció por obra de su creador Pinochet, pero sus crímenes se están purgando. La UTARC despareció por obra de Evo Morales, pero sus crímenes no podrán quedar impunes y más temprano que tarde tendrá que rendir cuenta de ellos a la comunidad boliviana y al consenso internacional. Todo en aras del imperio de la Ley y la Moral Pública.

sabrosa e imperdible la historia del Cerro Rico que contendría tanto mineral de plata como todo el que salió de sus entrañas y alimento la Iberia

El Cerro Rico de Potosí, la montaña situada en el occidente de Bolivia que fue el soporte de la colonia española en América, todavía contiene tanta plata como la que se ha explotado de forma frenética y sin parar durante 464 años.

Hablar de una riqueza semejante aún por extraer después de casi cinco siglos parece una hipérbole propia de una ciudad de leyenda como Potosí, donde sus escritores y pintores de la época colonial describían al Cerro como un regalo de Dios para los hombres.

Sin embargo no es una exageración porque ingenieros bolivianos que estudian cómo equilibrar la explotación con la preservación de la forma cónica de la montaña, establecieron que el Cerro posee casi 1.220 millones de toneladas de minerales, principalmente de plata.

"Hay tanta plata como la que ya ha salido", dijo a Efe Corsino Morales, ingeniero del Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas de Potosí, que destaca la cifra del tamaño de la riqueza calculada en la superficie y en el interior de la magnifica mina.

La explotación del Cerro comenzó en 1545, durante la colonia española. Desde entonces no se detuvo nunca y actualmente unos diez mil mineros entran a diario al subsuelo para abrir socavones con dinamita y extraer al menos 2.000 toneladas diarias de tierra con minerales.

La cima del famoso Cerro tiene una altitud de 4.702 metros sobre el nivel del mar, setecientos por encima de la capital potosina que en su momento trascendió en la historia universal como un sinónimo de abundancia de plata sin medida.

Gabriel Arancibia, gerente en Potosí de la estatal Corporación Minera de Bolivia, habló con Efe en la cima del Cerro, donde ilustró con sencillez el fenómeno geológico que supone la montaña al señalar que hasta la roca en la que está sentado durante la entrevista contiene plata y otros minerales.

Si se hace la prueba de golpear dos rocas de esa zona, efectivamente el sonido es metálico. La cúspide es el lugar más rico del gigantesco yacimiento pero la explotación en ese sector está prohibida para evitar que el Cerro quede descabezado y pierda la forma cónica que aún puede divisarse a la distancia, desde la capital potosina.

Los ingenieros bolivianos entrevistados han establecido que hay hundimientos y fracturas en algunos sectores que deben someterse a una preservación, si bien han asegurado que no hay peligro de desplome como temen dirigentes regionales y expertos en patrimonio.

Y es que la mina es una gigantesca roca solida que podría sufrir un derrumbe sólo si hay un terremoto, aunque tiene perforaciones y galerías que en línea se extenderían a lo largo de 90 kilómetros, según una reciente medición que investigó el deterioro de la estructura de la mina.

Morales, quien coordinó ese estudio, cree que esta cifra puede subir a 160 kilómetros, que es la distancia existente entre Potosí y la vecina Sucre; aunque Arancibia cree posible más de 500 kilómetros de cuevas y galerías, tanto como la ruta entre La Paz y Potosí.

Semejante perforación interna y los intensos trabajos que se hacen en la superficie del Cerro han alertado a los dirigentes cívicos de Potosí y a los protectores de patrimonio por el riesgo de que la montaña sufra un derrumbe, pese a las explicaciones técnicas que insisten en que de momento no hay grave peligro.

Uno de los defensores de la preservación de la montaña es el director de la Casa Nacional de Moneda de Potosí, Rubén Ruiz, quien recuerda que los cronistas coloniales señalaron en su momento que la cúspide del cerro estaba sobre los 5.183 metros sobre el mar cuando se comenzó la explotación de plata.

Es decir, desde entonces el Cerro Rico puede haber perdido 481 metros de altura, si se toman en cuenta esas referencias históricas; en tanto que otros datos del Ministerio de Minería citan una rebaja de 17 centímetros entre mediados de 1990 y la presente década.

Sea como sea, según Ruiz, los habitantes de Potosí no conciben su ciudad sin ese emblema de riqueza que es la montaña y que hizo posible el sosten de la colonia española en América y cuya plata alimentó el comercio mundial durante la revolución industrial, al punto de tener una importancia similar al del dólar estadounidense.

Paradójicamente, la plata que salió de Potosí al mundo no cambió sustancialmente la vida de la mayoría de los habitantes de esta región donde es visible la pobreza, pero donde el turismo también puede ayudar a aliviarla si la montaña se mantiene como un atractivo mundial.(Los Tiempos Digital tex. e imagen)