la crónica de OPINION bien merece sitio de honor. repiten Raúl Prada y Alejandro Almaraz puntuaciones sobre el "vacío ético" por la amoralidad de SEEM (fraude económico violación)

El exviceministro de Tierras, Alejandro Almaraz dijo que el gobierno del presidente Evo Morales tiene un “vacío ético” en el reactivado conflicto del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure); en tanto, el exviceministro de Planificación Estratégica del Estado, Raúl Prada, sostuvo que el Órgano Ejecutivo se desespera para revertir una “doble derrota”.

Ambas exautoridades señalaron a Erbol que se observa una falta de estrategia e improvisación en la resolución de los conflictos, entre ellas la reciente marcha de un grupo de indígenas del CONISUR hacia la ciudad de La Paz.

"Creo que constatamos de manera reiterada el vacío ético en que cayó el gobierno. La amoralidad de Morales. Eso se puede advertir desde que se decidió violar un derecho constitucional a la consulta previa, no sólo aprobando el proyecto de construcción de la carretera, sino contratando su construcción (de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos) en condiciones fraudulentas con un sobreprecio ilícito”, afirmó Almaraz.

El exfuncionario del Ministerio de Desarrollo Rural argumentó su afirmación, identificando las faltas éticas que cometió el Primer Mandatario, a partir del mismo instante en que se aprueba la construcción de la ruta que tendría que unir los departamentos de Cochabamba y Beni.

Explicó –por ejemplo– la conducta que asumió Morales Ayma durante la marcha de agosto de 2011, que fue reprimida por la Policía en la localidad beniana de Yucumo.

Desesperado por la doble derrota

El exviceministro de Planificación Estratégica del Estado, Raúl Prada, sostuvo que el gobierno está desesperado por revertir una doble derrota: primero con el gasolinazo (diciembre de 2010), que provocó un levantamiento popular que obligó al gabinete de Morales a abrogar la medida; y luego, el apoyo que logró del pueblo paceño la marcha indígena en defensa del TIPNIS, que derivó en la aprobación de la Ley Corta en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Se advierte una falta total de estrategia y una improvisación alarmante en relación a la orientación de las políticas y la resolución de conflictos, yo veo que lo que están tratando de hacer es sacar consecuencias de la forma en cómo han abordado la política, reduciéndola a campañas electorales y estas, a su vez, a manipulaciones y teatros políticos.  Una de las consecuencias de estos montajes tiene que ver con la manipulación de la gente, es decir, dividir a sectores, dividir a los indígenas, a sus dirigentes. Lo que hace (el gobierno) es recurrir a una artimaña que no ha resultado en ninguno de los casos, porque los conflictos tienen otras lógicas que no pueden ser controladas y dominadas por la astucia artera de la manipulación”, enfatizó.

Espera activa de OAS

Almaraz, por otra parte, se refirió a la empresa brasileña OAS contratada por el gobierno de Morales para construir el polémico tramo carretero que vinculará Cochabamba con Beni, de quien dijo que se encuentra en una espera activa y no se descarta que esté financiando la movilización del Consejo Indígena del Sur (CONISUR).

“Recordemos que en la VIII marcha (de la CIDOB) movilizó a los colonizadores que bloqueaban en Yucumo y no sería raro que este financiando la movilización de CONISUR”, enfatizó.

Mientras que Prada recordó que no es casual que la empresa OAS, junto a la oligarquía cruceña, organizada en la CAINCO, haya auspiciado el encuentro entre el presidente Evo Morales y el exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Es Castro un superhombre? Porqué tiene que eternizarse en el poder? Atenido a la fuerza bruta de las armas hace que Cuba soporte 50 años de subordinación. Inaceptable. (Marcelo Ostria)

Los países que surgieron de las guerras de la independencia, sin excepción, adoptaron desde su inicio el sistema republicano que se caracteriza por elecciones periódicas, libres y transparentes de sus gobernantes y por el respeto a las libertades y derechos de los ciudadanos que deben ser protegidos por una administración idónea y transparente de la justicia. No hubo legalización de dinastías, propias de los regímenes monárquicos.

Es verdad, hubo largas dictaduras, pero nunca se abandonó el ideal de la república democrática en la que rija la alternancia en el poder, puesto que no hay mayorías ni minorías permanentes. Siempre se consideró una anomalía política la continuidad indefinida de los caudillos en el poder.

En la mayoría de los países americanos, las constituciones prohibían la reelección inmediata de los presidentes. Esto, por supuesto, no se aplicó en las dictaduras, como la de Cuba, en la que, desde 1959, no hubo término ni limitación para el caudillo, quien solo se retiró del gobierno aquejado por una enfermedad, dejando el poder en manos de un heredero: su hermano.

Con este ejemplo, el presidente de Venezuela, forzó la modificación constitucional de su país para el intento de perpetuación en el gobierno; lo que fue, hasta ahora, conseguido con métodos poco democráticos, como fue asegurar una mayoría congresal, aun perdiendo en la votación popular.

A esto siguió la reforma constitucional ecuatoriana, que también apunta a la continuidad de Rafael Correa como presidente, y la reciente reelección forzada e ilegal del nicaragüense Ortega.

En Bolivia se apunta a lo mismo. Se sabe de esfuerzos por convencer de que el actual es el primer período del presidente y que, por ello, estaría habilitado para intentar un nuevo mandato en 2014, que lo mantendría en el poder por más de una docena de años.

En la Argentina hubo un precedente: la imposición de la candidatura a la vicepresidencia –ciertamente de segura elección– de la segunda esposa del presidente Juan Domingo Perón, lo que repitió luego Néstor Kirchner, a quien su muerte le impidió “suceder a su sucesora”: su esposa Cristina Fernández.

Ahora, la señora, que tuvo un resonante triunfo para su reelección, ya tiene partidarios que están en la tarea de estudiar reformas constitucionales que aseguren la posibilidad de postular a la presidente por un tercer período –o más–que, sumado a los dos desempeñados por su fallecido esposo, se llegaría al record de cinco mandatos continuos del kirchnerismo.

El diario La Nación de Buenos Aires (28.01.2012), registra la declaración del diputado oficialista José María Díaz Bancalari “que admitió hoy que ‘hay muchos que están trabajando en una reforma de la Constitución’ lo que ‘habilitaría la reelección indefinida, pero advirtió que ‘primero hay que ver qué opina la presidenta Cristina Kirchner’”. Francamente, hacer depender de la opinión de la interesada el cambio de un precepto constitucional, linda en la sumisión política.

Otra crónica de mismo diario: “El clamor por habilitar otro mandato de Cristina Kirchner por medio de una modificación de la Constitución Nacional emergió anteayer en una cumbre de intendentes bonaerenses y legisladores convocada por el ex ministro de Economía (el actual Vicepresidente), en el restaurante marplatense La Bita. La propuesta surgió de La Cámpora, la agrupación juvenil que conduce el hijo de la Presidenta y que no deja de ganar espacio en la nueva etapa”.

El kirchnerismo ya tiene heredero, para consolidar la dinastía: Máximo Kirchner.

Ley MQSC, "no es retroactiva. mejor lo es en cierto casos" articulista de LT analiza las contradicciones en el caso Santos Ramírez. muy acertado!

Con todo esto los corruptos están de fiesta, porque se confirma que la Ley Nº 4 no es retroactiva; y por tanto, lo que es bueno para Santos es bueno para todos ellos. Esto sí que es irretroactividad para los que estudian la nueva justicia y las flamantes leyes en este país

25 de enero de 2009. Domingo. Una grey de azules personajes concurrieron a aprobar en masa la nueva Constitución Política del Estado (CPE), entre ellos Santos Ramírez; también para ratificar el Artículo 123 que ahora ordena: “La ley sólo dispone para lo venidero y no debe tener efecto retroactivo, excepto ... en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado ...”

27 de enero de 2009. Martes. Se materializaba el asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach Taborga, ocurrido en el zaguán de la casa número 601, de tres pisos, sobre la avenida Tejada Sorzano de la ciudad de La Paz, detonando el primer “mega escándalo” de corrupción masista y el primer hecho de sangre que remojó la nueva CPE.

7 de febrero de 2009. Sábado. Se promulgó la nueva Carta Magna y el entonces viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, convertido en un pedagogo del constitucionalismo azul decía que: “La nueva Constitución, primero, tiene un carácter retroactivo en su aplicación, segundo señala que los crímenes que atenten al patrimonio público son de carácter imprescriptible”. Se suponía que Santos Ramírez ya estaba condenado por su propio entorno.

1º de abril de 2010. Jueves. El mejor amigo de Santos, Evo Morales, promulgó la Ley Nº 4 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas denominada Marcelo Quiroga Santa Cruz, de aplicación retroactiva para los delitos de corrupción, por lo menos para los de enriquecimiento ilícito. Los estudiosos del Derecho tildaron a esta ley de inconstitucional.

El día jueves de esta semana. Luego de un tortuoso proceso penal Santos Ramírez fue condenado a 12 años de cárcel, por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, incumplimiento de contrato, asociación delictuosa, uso indebido de influencias, conducta antieconómica, cohecho activo y pasivo, pero extrañamente no le juzgaron por los delitos de enriquecimiento ilícito.

Hoy. Todos estamos aún perplejos con la declaración de la Ministra de Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, que indica que la sentencia contra el exmasista Ramírez ha sido justa porque los delitos fueron cometidos antes de la promulgación de la Ley Nº 4, “de lo contrario pudo haber recibido una condena mayor”, con el advertido que sólo se recuperaron 9.445.800 dólares de los 16.500.000 dólares pagados por Ramírez a esa red corrupta integrada por la empresa Catler Uniservice y otros sujetos.

Mañana. Alguien nos tiene que aclarar ¿Quién se enriqueció con los 7 millones faltantes? ¿Acaso la ministra Nardi no acusó a Santos Ramírez por el delito de enriquecimiento ilícito? ¿Qué tipo de retroactividad discriminatoria usa el Gobierno y sus jueces para sancionar a los masistas que cometen delitos de corrupción? ¿Cuán “mayor” debió haber sido la condena para Ramírez si se le hubiera aplicado retroactivamente la Ley Nº 4? ¿Qué dice Sacha sobre la retroactividad de la ley? Con todo esto los corruptos están de fiesta, porque se confirma que la Ley Nº 4 no es retroactiva; y por tanto, lo que es bueno para Santos es bueno para todos ellos. Esto sí que es irretroactividad para los que estudian la nueva justicia y las flamantes leyes en este país.

El autor es abogado tributarista
fojascero@gmail.com

MÀS de lo mismo, le parece a José Gramunt lo del discurso, lo del gabinete aunque con un ligero cambio a positivo que está por verse si será verdad. trabajar juntos evitando discriminar.

Sin duda que el Sr. Presidente mantiene una reconocida capacidad de sorprendernos. En la víspera del tercer aniversario de la Constitución de la Calancha, Don Evo Morales nos sorprendió con unas palabras dignas de un patriarca y no de un jefe sindical, como nos tenía acostumbrados. Me explico. Todos creíamos que el sábado pasado se iba a repetir en las históricas ruinas de Tiahuanacu la ceremonia seudo-religioso-política de la consagración de Don Evo Morales como guía espiritual de todos los pueblos originarios. Pues no señor: la fiesta consistió en la inauguración de una cancha deportiva alfombrada con césped sintético. Con todo, los amautas aimaras sacrificaron una llama cuya sangre regó la tierra y soplaron olorosas humaredas al viento. Por cierto, las ruinas tiahuanacotas se encuentran en estado lamentable, abandonadas y cubiertas de moho. Vergüenza para quienes dicen ser los salvadores de los valores ancestrales.

Pues también en aquel escenario tan diverso, el Sr. Presidente sorprendió con un discurso totalmente opuesto a las soflamas proindigenistas recalcitrantes que suele endilgar cada vez que se deja llevar por su oratoria populista. Por primera vez se le oyó hablar de la necesidad de “evitar los actos de discriminación”, y de que “es posible trabajar conjuntamente entre indígenas y ‘blancos’”. ¡Sorprendente! ¿Es que Don Evo Morales Ayma ha descubierto que la paz es más valiosa que la guerra; que la fraternidad vale más que la confrontación? Preferiría que fuera así. Y que dure. Que la conversión a la gran fraternidad sea definitiva. Que no tengamos que volver a escuchar más arengas hostiles y odiadoras.

¿O se tratará tan sólo de una maniobra táctica para recuperar la confianza ciudadana perdida en los últimos años de mandato presidencial, como opinan algunos observadores, que no creen en las frágiles promesas del político? Pronto lo sabremos.

Vengamos ahora al mensaje presidencial del pasado domingo, fecha que Don Evo ha elegido para exaltar la fundación del Estado plurinacional, socialista y otros etcéteras. Se ha dicho que el discurso fue muy largo, retrospectivo, y no propositivo (como se dice ahora). Se ganó la silbatina de una multitud que apenas llenaba la Plaza Murillo, bajo el tórrido sol del Altiplano, sin haber almorzado y que esperaba ver el desfile militar. La verdad es que el informe del Sr. Presidente era la copia hablada de los papeles que cada ministerio le pasó. No podía ser una pieza oratoria de un Demóstenes, de un Cicerón o de un Tamayo.

Lo que importa ahora, cuando Evo Morales ha cumplido seis años en el sillón presidencial es saber cómo va a seguir gobernando el país. El interrogante fue despejado cuando el Jefe del Estado recompuso el gabinete ministerial. No habrá novedad. Con el retorno de Juan Ramón Quintana al ministerio de la Presidencia ¿se impondrá la conciliación frente al encono y la malquerencia, de las que dio pruebas suficientes en sus diversos puestos de mando? Habría que preguntárselo a Leopoldo Fernández, encarcelado sin sentencia, hace tres años y cuatro meses.

Juan León Cornejo hace ver que alguno con diábolico esfuerzo busca llegar a SEEM a "un callejón sin salida" o tratarse sólo de ineptitud e incapacidad

Cuesta creer que el Gobierno encuentre tantas piedras en su camino sólo por su propia incapacidad. Y sin embargo, no hay más opción que atribuir esos problemas a un nivel poco común de ineptitud, a menos que exista interés premeditado o sabotaje interno de no se sabe quién ni para qué. Parece descabellado, pese a nuestra historia de intrigas palaciegas y traiciones. Suponer también, con buena voluntad, que el desbarajuste se debe a un plan perfecto de ingeniería política de alto vuelo con final feliz sería ingenuidad perruna y cuncunija. El asunto es que el desbarajuste adquirió dimensión de grosería en los últimos meses. Del impacto negativo para los planes de gobernabilidad y reelección tendrían que preocuparse el Gobierno y el Presidente. A ellos compete el tema. Lo que importa al resto es más importante y trascedente que los proyectos coyunturales. Es el costo para todos de tanto desatino, y no sólo económico. ¿Cuánto le costará al país, por ejemplo, salir del callejón en que lo metió el “gasolinazo”? Se decretó un aumento sin análisis previo de consecuencias y se derogó por el susto que provocó una reacción natural. Se pudo hacer todo en forma gradual pero se hizo todo de manera radical y la medicina para “el cáncer económico” tardará pues debe transitar un camino cuesta arriba. El tema TIPNIS es lapidario. Por imponer un proyecto incomprensible se ignoró leyes (la consulta previa), y se atropelló derechos en casa ajena. Se insulta la inteligencia al calificar “inconstitucional” una ley que promulgó el Presidente. Pero organizar otra marcha para anular todo es ya estupidez política total por el apoyo que recibió la protesta indígena. ¿Habrá plan alternativo para el papelón político en camino? Se supone que se evaluó el costo de cambiar esa ley, si se puede. O el de fracasar, porque por angas o mangas, tendrá costo político. Lo que interesa a todos, además de preservar valores y principios, es cuánto le cuestan al país marchas y contramarchas. Es el perjuicio para esa gente y el proceso de cambio que provocó suponer que se le podía meter nomás. Eso ocurre con la protesta de los discapacitados. El Gobierno perdió ya, atienda o no su demanda. Pero pierden también el país y el proceso porque pese al sacrificio de esa gente, no se mide a todos con el mismo rasero. Se les da a unos con preferencia sin que importen costo político o económico. Las preferencias son odiosas y crean precedente. Se entiende así lo que pasa en La Asunta, en los Yungas, tan lejos del Chapare. Como los costos políticos perjudican sólo a los gobiernos, allá ellos con su problema. El nuestro es que nadie asume el costo de los daños que provocan la ineptitud e ineficiencia de gestión porque los fracasos son siempre huérfanos y todos miran al costado con cara de “yo no fui”, como en Yucumo o Yapacaní.