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martes, 29 de septiembre de 2009

La Nación puesta en línea de oposición al peronismo de los Kirchner en el poder, editorializa. Es más fácil destruir que Construir.

La ciencia económica ha trabajado intensamente para determinar cuáles son las medidas que contribuyen al crecimiento y cuáles lo impiden o hacen que los países retrocedan en su nivel de vida. Pero los economistas también avanzaron en otro campo que se ha denominado la economía y las instituciones. En esa área del saber han advertido cuáles son las condiciones institucionales que conducen a los países al crecimiento. La economía ya no se conforma con decir por qué los controles de precios son perjudiciales o por qué la emisión monetaria crea inflación, sino que ahora vuelca sus esfuerzos en definir el contexto institucional necesario para que las medidas produzcan mayor bienestar en la población.

Desde que Néstor Kirchner asumió el poder, recorrió el camino exactamente inverso al que grandes pensadores de la economía han propuesto como el más apto. La evidencia empírica lo ha confirmado, como lo muestran Irlanda, Chile, España y varios países de Europa central, entre otros.

En el campo económico, Kirchner no vaciló en destruir el poder adquisitivo de la moneda. Contrariando el artículo tercero de la Carta Orgánica del Banco Central, que establece que "es misión primaria y fundamental del Banco Central de la República Argentina preservar el valor de la moneda", no se vaciló en emitir pesos depreciando su poder de compra para sostener el denominado tipo de cambio competitivo, que finalmente dejó de serlo por efecto de la inflación.

El proceso inflacionario desatado por esta política derivó, primero, en los controles de precios, para luego acentuar la represión sobre el sistema económico, al recurrir a prohibiciones y cupos de exportación e incrementos en los impuestos a las exportaciones, y, finalmente, ante el fracaso de esas medidas, se optó por intervenir el Indec y destruir la confiabilidad de sus estadísticas, como si con esa medida la gente no advirtiera el alza en el costo de vida, el desabastecimiento de productos o los problemas de ocupación, pobreza e indigencia que padece.

Los casos más notables de destrucción económica son los de la industria láctea, la ganadería y el gas. Antes de que Kirchner llegara al gobierno, la Argentina exportaba productos lácteos, carnes y gas. Con sus políticas, estos tres sectores han quedado diezmados. De exportar gas pasamos a importarlo y, encima, el Gobierno ha rubricado un decreto por el cual se cobra un impuesto para financiar la importación de gas licuado mientras se mantiene en estado de desaparición la industria gasífera. En lo que hace a la ganadería, de continuar este rumbo, luego de perder mercados, la Argentina tendrá que importar carne si la población no reduce su consumo.

También destruyó el reducido mercado de capitales que todavía quedaba en la Argentina al confiscar los ahorros de los trabajadores que aportaban al sistema de capitalización privado. Ese sistema, con las correcciones que podía necesitar, permitía canalizar ahorro de largo plazo hacia el financiamiento del consumo y de la inversión.

Los métodos utilizados para controlar los precios, que lindan con el abuso del poder público, la confiscación de ahorros y el enfrentamiento con el campo para apropiarse de su renta son sólo algunos ejemplos de una larga lista de cómo el kirchnerismo fue minando la actividad económica y la seguridad jurídica.

Justamente, este avance sobre la propiedad privada mediante diferentes mecanismos ha producido una fuga de capitales de 43.000 millones de dólares, que equivalen al total de los depósitos del sector privado en el sistema financiero. La inseguridad jurídica provocada por tanto intervencionismo, el desprecio por los derechos de propiedad y la violación del derecho consagrado en la Constitución nacional de ejercer toda industria lícita fue la otra parte de la destrucción de la institucionalidad.

Desde el 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner y, ahora, su esposa, Cristina Fernández, jamás se concentraron en formular políticas públicas de largo plazo, eficientes y previsibles para construir condiciones de crecimiento sustentables. Por el contrario, todo se ha limitado a simples tácticas de corto plazo sin importar los efectos perjudiciales de largo plazo que pudieran tener. Estas tácticas se limitan a crear enemigos imaginarios o inventados por el matrimonio para acaparar más poder o salvar el escaso que le queda. Lo único previsible de Kirchner es su imprevisibilidad.

El veto de Cristina Fernández a la suspensión del pago de derechos de exportación para algunos partidos de la provincia de Buenos Aires que han sufrido una sequía histórica, la estatización de las transmisiones por televisión de los partidos de fútbol y el forzado proyecto de control de medios audiovisuales en nada contribuyen al progreso económico, pero confirman que, luego de la derrota electoral del 28 de junio, el poder remanente que le queda al matrimonio será utilizado para seguir destruyendo en vez de construir.


domingo, 20 de septiembre de 2009

los organismos de represión como la DINA de Pinochet y la UTARC de Morales por ser antidemocráticos e inconstitucionales serán juzgados severamente!!!


Paralelismo entre UTARC y DINA

Mauricio Aira

Los gobiernos autoritarios tienden a la autoprotección desechando los instrumentos legales que el Estado les asigna. Resulta una constante la presencia de policías de élite, grupos de seguridad más o menos encubiertos que actúan a la sombra, enmascarados o cara pintados para no descubrir su verdadera identidad. Los ejemplos a lo largo de la historia son numerosos, aunque hoy deseamos referirnos a dos de ellos UTARC en Bolivia y la DINA en Chile, ésta última resultó siendo doblemente condenada por la Corte Suprema por los delitos de secuestro y homicidio de opositores al régimen militar, entre los oficiales condenados figura el torturador de la actual presidenta Michelle Bachelet.

Los altos magistrados chilenos condenaron al exjefe de la DINA Manuel Contreras, brazo derecho del general Pinochet, la mano armada que ejecutó todas las sentencias dictatoriales a partir de la Caravana de la Muerte, según lo hemos descrito a nuestros lectores en artículos precedentes. Conocida la historia de los primeros crímenes de Pinochet que fueron cometidos con una doble finalidad. Sentar la mano a sus opositores sumiéndolos en el terror y la delación y para comprometer de por vida a los oficiales del ejército en las responsabilidades de gobierno.

La existencia patética de los primeros muertos sin figura de juicio, ni culpabilidad probada. Había que esconder las pruebas, ninguna evidencia debía salir a luz y por ello se creó la DINA tenebroso aparato policial destinado a encubrir los crímenes en cadena, sin importar costo alguno humano ni material como veremos más adelante. Del embrollo resultó que el dictador no tuvo paz ni sosiego hasta el final de sus días, su conciencia no lo dejó tranquilo y dedicó su tiempo y los medios del Estado para cubrirse de un halo protector, no obstante ¡oh, Providencia Divina! Salieron a luz con lujo de detalles sus crímenes y el asalto a la economía nacional al punto que nadie en la historia de Chile había saqueado tanto al Tesoro como lo hizo Augusto Pinochet en todo su gobierno. Los desfalcos fueron de tal magnitud que su familia afronta un centenar de juicios y la amenaza de libertad para algunos de sus descendientes está a las puertas de la Justicia.

Marcelo Moren Brito el oficial que torturó a la entonces dirigente socialista Michelle Bachelet guarda prisión y junto a él más de un centenar de otros oficiales asignados a la DINA, junto a su jefe Contreras que llegó a tener 50 mil soplones a sueldos para mantener a raya a los opositores que se atrevían a cuestionar la dictadura que ante los ojos del mundo, aparecía como “un gobierno de restauración de las libertades democráticas y para preservar al mundo del comunismo”.

El lector se preguntará qué tiene que ver la DINA con la UTARC? Le respuesta es que existen historias paralelas impresionantes. No se crea que la primera condena judicial llevó a prisión a Contreras por una masa de crímenes, fue por el homicidio calificado de Lumi Videla esposa de otro asesinado Sergio Pérez (todavía desaparecido) y por el secuestro ordenado por Contreras el jefe indiscutible de la DINA que respondía directamente a Pinochet al que reportaba varias veces al día. El ministro Rada es el equivalente a Contreras, cuando la Justicia investigue, juzgue y condene los crímenes en Bolivia, las violaciones a los derechos humanos, no juzgará al capitancito Walter Antezana a quién se pretende mostrar como responsable de las tropelías de UTARC, sino a sus jefes Rada y Morales autores intelectuales y verdaderos responsables legales de las muertes que pasan de 60, de los secuestros, las órdenes de prisión, los extrañamientos de cientos de ciudadanos y de daños y torturas a opositores.

Continuemos la glosa de lo que hizo la DINA y acto seguido de los pecados de UTARC. Cuando la Suprema condenó por segunda vez a Contreras por varios casos de DDHH señaló el homicidio de Lumi Videla tomado como emblemático por la crueldad con que actuaron los represores, Lumi profesora de 28 años, dirigente del MIR murió el 3 de noviembre de 1974 en una sesión de tortura en un cuartel de la DINA. Los agentes arrojaron el cadáver al patio de la embajada de Italia para culpar a los solicitantes de asilo de haber cometido “un homicidio entre marxistas” y hubo quién lo creyó, ¡claro que sí!, tenían de su parte casi toda la prensa y el pueblo estaba presa del terror.

Contreras tras las rejas acusado de la muerte de centenares de personas y de atentados terroristas en Argentina, Italia y los EEUU, declaró que en determinado momento contaba con 50 mil informantes a quienes el Estado retribuía. Fueron necesarios 10 y más años de acción judicial para lograr las condenas que afectan hoy en día a 800 agentes civiles y uniformados bajo el mando del jefe de la DINA. La más reciente actuación del juez Victor Montiglio en contra de 120 agentes en su mayoría ex policías imputados de ser coautores de secuestros y traslado de prisioneros políticos afectó también a Manuel Contreras que cumple condenas por 300 años. Las tres mil desapariciones a manos de unos 650 violadores de los DDHH están siendo esclarecidas y el mismo juez Montiglio ha expresado “estamos cerca del final del túnel de la impunidad”

Un comando especial de la Policía Boliviana, grupo Delta de la Unidad Táctica de Apoyo y Reacción (UTARC) tomó por asalto el hotel de las Américas en Santa Cruz donde mató el 16 de abril pasado a tres miembros de un grupo innominado y detuvo a otros dos. El fiscal a cargo de las investigaciones Marcelo Sosa, dijo que los muertos y detenidos “formaban una célula terrorista al servicio de la Secesión de Santa Cruz. Planeaban nada menos que asesinar al Presidente Morales, al vice García Linera e incluso al prefecto del departamento opositor Rubén Costas”.

Los tres acribillados por UTARC fueron el boliviano – húngaro – croata Eduardo Rosa Flores, el irlandés Martín Dwyer, y el rumano Arpád Magyarosi. Fueron detenidos el húngaro Elod Toasó y el boliviano croata Mario Tadic (ambos guardan detención sin juicio en el panóptico de San Pedro, La Paz) Evo morales desde Cumaná, Venezuela donde se realizaba la Cumbre de Alternativa Bolivariana para las América (ALBA) se atribuyó haber dado la orden para la operación poco antes de salir de viaje. El “mea culpa” tuvo por testigos a Raúl Castro de Cuba y Hugo Chávez de Venezuela. En conferencia de prensa horas más tarde el vice García Linera calificó al grupo de “célula terrorista al servicio de la ultra derecha internacional”. A su vez Alfredo Rada jefe civil de la Policía desde Rio de Janeiro declaró que el grupo se había declarado culpable del atentado contra Saúl Avalos vice ministro de Autonomías ocurrido semanas antes al hecho que nos ocupa.

El grupo de cara pintados sumaba de éste modo otra actuación violenta a su haber, después de La Calancha, 11 de enero en Cochabamba, masacre en El Porvenir en Pando y que concluiría con el atentado a los periodistas de un canal de TV que fueron chocados por los vehículos de UTARC, ametrallados, tendidos enmanillados en tierra y la cámara destruida con las pruebas testificales de haber raptado al ciudadano Nelson Vaca Gutiérrez quién declaró después haber sido ferozmente torturado por un alto funcionario del Gobierno.

Los periodistas no se quedaron callados después de la enésima arremetida del ente policial, hicieron llegar reclamaciones a todo nivel e inclusive fueron recibidos por el Presidente Morales ante quién exigieron se ponga en claro quién ordenó los actos violentos, quiénes los cometieron y que sean investigados y castigados. Como respuesta a tan firme determinación de los gremios de los comunicadores, el Gobierno vía Rada y del jefe policial Victor Hugo Escóbar resolvieron disolver la UTARC. De nuevo aparece la acción paralela con la DINA de Chile. Dice bien la crónica del diario La Prensa de La Paz, “metamorfosis es lo sucedido” desapareció la sigla, pero la responsabilidad jurídico legal sigue en manos de los mismos personajes en éste orden: Presidente, Ministro, Comandante Policial, añade la denuncia que los oficiales de UTARC han sido acomodados en otras secciones de la misma institución para rehuir la responsabilidad civil.

Los trabajos sucios que se encomendaron a la UTARC no desaparecerán con haber borrado la sigla de los organismos represores, sino que a la par que la DINA, sus acciones ilegales, criminales, antidemocráticas y contrarias a la Ley quedarán para siempre jamás, ya el juez chileno aseveró “33 largos años le llevó a la Justicia desenmarañar la trama que está llegando a su fin, con 800 acusados, varias decenas ya purgando sus penas”. Pueda ser que en Bolivia la indagación y la condena tarden algunos años, pero no puede caber duda alguna sobre la fuerza de la Ley y la Justicia que más pronto que tarde, por acción no tan solo de los tribunales nacionales dejarán sentir su peso, sino por la solidaridad internacional. A la par que el Juez Garzón que tuvo el acierto y la inteligencia de retener a Pinochet en Londres, Evo Morales, Alfredo Rada, Victor Hugo Escóbar podrán ser detenidos, mañana, pasado mañana o cualquier otro día en Buenos Aires, Rio, o Santiago por acción de los Justicia Global para la cual los delitos de lesa humanidad carecen de fronteras y de atajos o de inmunidad, sino que llega a todos y en todas partes.

En la conclusión una anécdota en la forma cómo le fue referida al cronista por el convicto Faustino Rico Toro quién ejerció en aquel momento siendo capitán de ejército, como ayudante de órdenes del General Ovando . “En aquel momento, cuando gobernaba Bolivia, René Barrientos Ortuño y ejercía de Comandante en Jefe de las FFAA, el general Alfredo Ovando, recibimos la orden de éste último de reglar nuestra artillería pesada, la del gran Cuarte de Miraflores hacia una determinada vivienda en la que conversarían ambos generales sobre el proyecto del primero de crear una unidad de tarea constituida por soldados a paga (mercenarios) al servicio del Presidente”.

El constitucionalista Ovando se oponía firmemente a tal iniciativa que significaba desvirtuar el rol de las FFAA y aceptar tropas irregulares comandadas desde el Palacio de Gobierno. El debate entre ambos estaba llegando al agotamiento y “la firmeza de Ovando era tal, que nos ordenó que si hasta determinada hora, no estaba de regreso al cuartel, disparásemos los cañones a sabiendas del riesgo que muerte que significaba para el propio Comandante en Jefe”. Hasta aquí el relato. La moraleja: un ejército constitucional jamás podrá aceptar la existencia de grupos irregulares para ejecutar “las operaciones encubiertas de ningún gobierno”. El General Ovando de estar actuando hoy en día en lugar del comandante actual hace rato que habría disparado cañonazos mortales contra la residencia presidencial de San Jorge. De vuelta al “reality show” el principal inculpado reconocido por los periodistas como el ejecutor del último atropello mediático capitán Walter Andrade llamado también “rambo” o “el loco” habría desaparecido del escenario. Sus jefes inmediatos “no saben dónde está”, además se le van descubriendo cargos y acusaciones que contribuirán a que “pague las bodas del pato” como otro “chivo expiatorio” mientras los peces gordos “se campean a sus anchas”, como “inocentes palomas”. La DINA desapareció por obra de su creador Pinochet, pero sus crímenes se están purgando. La UTARC despareció por obra de Evo Morales, pero sus crímenes no podrán quedar impunes y más temprano que tarde tendrá que rendir cuenta de ellos a la comunidad boliviana y al consenso internacional. Todo en aras del imperio de la Ley y la Moral Pública.

viernes, 18 de septiembre de 2009

sabrosa e imperdible la historia del Cerro Rico que contendría tanto mineral de plata como todo el que salió de sus entrañas y alimento la Iberia


El Cerro Rico de Potosí, la montaña situada en el occidente de Bolivia que fue el soporte de la colonia española en América, todavía contiene tanta plata como la que se ha explotado de forma frenética y sin parar durante 464 años.

Hablar de una riqueza semejante aún por extraer después de casi cinco siglos parece una hipérbole propia de una ciudad de leyenda como Potosí, donde sus escritores y pintores de la época colonial describían al Cerro como un regalo de Dios para los hombres.

Sin embargo no es una exageración porque ingenieros bolivianos que estudian cómo equilibrar la explotación con la preservación de la forma cónica de la montaña, establecieron que el Cerro posee casi 1.220 millones de toneladas de minerales, principalmente de plata.

"Hay tanta plata como la que ya ha salido", dijo a Efe Corsino Morales, ingeniero del Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas de Potosí, que destaca la cifra del tamaño de la riqueza calculada en la superficie y en el interior de la magnifica mina.

La explotación del Cerro comenzó en 1545, durante la colonia española. Desde entonces no se detuvo nunca y actualmente unos diez mil mineros entran a diario al subsuelo para abrir socavones con dinamita y extraer al menos 2.000 toneladas diarias de tierra con minerales.

La cima del famoso Cerro tiene una altitud de 4.702 metros sobre el nivel del mar, setecientos por encima de la capital potosina que en su momento trascendió en la historia universal como un sinónimo de abundancia de plata sin medida.

Gabriel Arancibia, gerente en Potosí de la estatal Corporación Minera de Bolivia, habló con Efe en la cima del Cerro, donde ilustró con sencillez el fenómeno geológico que supone la montaña al señalar que hasta la roca en la que está sentado durante la entrevista contiene plata y otros minerales.

Si se hace la prueba de golpear dos rocas de esa zona, efectivamente el sonido es metálico. La cúspide es el lugar más rico del gigantesco yacimiento pero la explotación en ese sector está prohibida para evitar que el Cerro quede descabezado y pierda la forma cónica que aún puede divisarse a la distancia, desde la capital potosina.

Los ingenieros bolivianos entrevistados han establecido que hay hundimientos y fracturas en algunos sectores que deben someterse a una preservación, si bien han asegurado que no hay peligro de desplome como temen dirigentes regionales y expertos en patrimonio.

Y es que la mina es una gigantesca roca solida que podría sufrir un derrumbe sólo si hay un terremoto, aunque tiene perforaciones y galerías que en línea se extenderían a lo largo de 90 kilómetros, según una reciente medición que investigó el deterioro de la estructura de la mina.

Morales, quien coordinó ese estudio, cree que esta cifra puede subir a 160 kilómetros, que es la distancia existente entre Potosí y la vecina Sucre; aunque Arancibia cree posible más de 500 kilómetros de cuevas y galerías, tanto como la ruta entre La Paz y Potosí.

Semejante perforación interna y los intensos trabajos que se hacen en la superficie del Cerro han alertado a los dirigentes cívicos de Potosí y a los protectores de patrimonio por el riesgo de que la montaña sufra un derrumbe, pese a las explicaciones técnicas que insisten en que de momento no hay grave peligro.

Uno de los defensores de la preservación de la montaña es el director de la Casa Nacional de Moneda de Potosí, Rubén Ruiz, quien recuerda que los cronistas coloniales señalaron en su momento que la cúspide del cerro estaba sobre los 5.183 metros sobre el mar cuando se comenzó la explotación de plata.

Es decir, desde entonces el Cerro Rico puede haber perdido 481 metros de altura, si se toman en cuenta esas referencias históricas; en tanto que otros datos del Ministerio de Minería citan una rebaja de 17 centímetros entre mediados de 1990 y la presente década.

Sea como sea, según Ruiz, los habitantes de Potosí no conciben su ciudad sin ese emblema de riqueza que es la montaña y que hizo posible el sosten de la colonia española en América y cuya plata alimentó el comercio mundial durante la revolución industrial, al punto de tener una importancia similar al del dólar estadounidense.

Paradójicamente, la plata que salió de Potosí al mundo no cambió sustancialmente la vida de la mayoría de los habitantes de esta región donde es visible la pobreza, pero donde el turismo también puede ayudar a aliviarla si la montaña se mantiene como un atractivo mundial.(Los Tiempos Digital tex. e imagen)

lunes, 14 de septiembre de 2009

presos por delitos políticos. La Nación se refiere a la Argentina, aunque también en Bolivia en plena democracia tenemos presos políticos por E.M.

La agresión guerrillera que padecieron América latina y Africa en los años 70 como resultado de la política de expansión violenta del comunismo soviético fue repelida, primero, por diversas fuerzas civiles de opuesta ideología y, luego, por las fuerzas armadas de cada uno de los países agredidos. En todos ellos se dictaron leyes de amnistía.
Con el regreso de la democracia, nuestro país fue el único que exploró una forma de juzgamiento que permitiera sancionar a los mandos de las organizaciones terroristas y a las cúpulas militares que las combatieron con métodos ilegales; así se trazaron niveles de responsabilidad en la búsqueda de afianzar la Justicia. La empresa, con todo, no pudo consumarse exitosamente y, a la larga, revivió enfrentamientos innecesarios.
Se formó la Conadep, se juzgó y condenó a los titulares de todas las juntas militares que comandaron las FF.AA. y se condenó también a otros miembros de las fuerzas de seguridad y policiales. El Congreso de la Nación sancionó luego dos leyes de pacificación, llamadas de punto final y obediencia debida, que fueron reconocidas en todo el país y hasta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como leyes de amnistía.
Más tarde, durante la presidencia de Carlos Menem, se dictaron indultos tanto a militares como a guerrilleros. Algunos de estos últimos beneficiarios volvieron a atacar cuarteles del Ejército y a asesinar en plena vigencia de la democracia, como en los sucesos de La Tablada.
El esfuerzo de pacificación pareció logrado entonces. Sin embargo, los fallos de la Corte Suprema de Justicia, en los autos Arancibia Clavel y Simon, dictados en la primera época del gobierno kirchnerista, desconocieron las leyes de amnistía sancionadas años antes por el Congreso democrático, sin ningún clamor popular adverso. Desconocieron también los indultos y aplicaron normas internacionales no vigentes en la época de los hechos. Se violaron así principios universales del derecho penal, como el de legalidad, la prohibición de la retroactividad de la ley más gravosa y el instituto de la prescripción.
Se sentó, pues, un precedente que en el futuro puede volverse, con la misma arbitrariedad, en dirección contraria y afectar en todos los terrenos a quienes, usufructuando en un momento dado mayorías circunstanciales de poder, sueñan el sueño imposible de que las situaciones políticas dominantes a favor de una facción serán para toda la vida.
Con la revisión de actos soberanos de los otros poderes, se extrajeron del Congreso y del Poder Ejecutivo los instrumentos que la Constitución Nacional ha conferido para afianzar la paz interior. Todo ha sido gestado en medio de un clima de fuerte presión sobre los jueces y de iguales sospechas de injerencia política en el campo judicial. Así se ha logrado que la persecución por los años de violencia terrorista se haya centrado sólo sobre militares y policías que combatieron la agresión subversiva y, de un tiempo a esta parte, también sobre civiles que cumplieron en aquellos años tareas de gobierno.
Hay unos 500 detenidos, en muchos casos con seis y siete años en esa situación, por presuntos delitos ocurridos hace más de treinta años y sobre los cuales no pesa condena. Entre ellos, personas de más de 80 años de edad, pertenecientes a una categoría carcelaria que, según estadísticas, registra a estas alturas 54 prisioneros muertos en tales condiciones.
Así las cosas, no debe extrañar que se hable de la existencia de presos por delitos políticos en la Argentina, todos ellos imputados de haber actuado en la esfera de acción del terrorismo de Estado con el que se enfrentó al otro terrorismo, el de extrema izquierda. Este último, en cambio, por dos veces ha sido privilegiado por leyes de amnistía.
Es necesario actuar a tiempo a fin de que una ley de reconciliación nacional deje atrás, con un compromiso colectivo, un período siniestro desde todo punto de vista para el país.
De lo contrario, en un extremo o en el otro, se habrá perdido en equidad y en seguridad jurídica, y se habrá ganado en grave desvalorización del Estado de Derecho y de la grandeza espiritual de la Nación.
Reconozcamos que el presidente Alfonsín se atrevió a juzgar a las juntas militares contra la opinión de un peronismo que avalaba en la campaña de 1983 la autoamnistía dictada para sí por los militares antes de dejar el poder. Esa autoamnistía fue condenada en su momento por este diario. También el Congreso de la Nación entendió en aquellos años 80 correctamente cuál debía ser el curso de los acontecimientos para cerrar un ciclo nefasto del país. Pero lo que resolvieron fue borrado más tarde de un plumazo por legisladores y jueces, dejando tan delicada cuestión en los términos aquí planteados.

jueves, 10 de septiembre de 2009

la pérdida de popularidad de Obama va en caída vertiginosa, el análisis a cargo de IAR noticias en dos notas


La popularidad de Obama (igual que la economía imperial) ya ingresó en recesión: En sólo siete meses de gestión su imagen presidencial bajó casi 22 puntos porcentuales desde que asumiera en la Casa Blanca.

Los halcones republicanos, sus rivales y detractores internos, no podían perderse el festín y ya lanzaron una profecía: "De ahora en adelante, el público y los mercados lo juzgarán por sus resultados. Ahora se puede decir con propiedad: es la economía de Barack Obama", señala este martesThe Wall Street Journal, el vocero del lobby financiero conservador que apoyó a John MacCain en la última elección.

Pero el Journal, no sangra por la herida sino que se basa en números: Una última encuesta de la firma Zogby Internacional revelada este martes indica que la gestión de Barack Obama sólo cuenta hoy con un 48% de aprobación entre los estadounidenses.

Los números son muy elocuentes si se tiene en cuenta que Obama alcanzó a registrar casi un 70% de popularidad en los primeros días de su asunción como presidente de EEUU.

Esta es la cifra más baja que el presidente de origen afroamericano alcanza desde que asumió las riendas de la Casa Blanca hace sólo siete meses, el 20 de enero de este año.

Pero lo que más llama la atención a los encuestadores es que la caída de la imagen del presidente imperial, que ya lleva varios meses, se registra en las filas de sus más fieles seguidores:afroamericanos, jóvenes y demócratas en general.

Según la medición de Zogby, su popularidad entre los miembros del Partido Demócrata bajó del 88 por ciento que registraba en julio 24 al 75 por ciento en la más reciente muestra, que se tomó entre el 28 y el 31 de agosto. En los jóvenes de 18 a 29 años el desplome fue aún más pronunciado: de 59 por ciento al 41 por ciento.

En el caso de los afroamericanos, bajó del 83 por ciento al 74 por ciento. De acuerdo con la medición, el 48 por ciento de la población desaprueba su gestión, que ya completa siete meses.

Diferentes encuestas de opinión sobre la popularidad de Obama, realizadas en EEUU durante estos últimos días, muestran un persistente descenso en los primeros ocho meses de mandato. Los resultados de Gallup (y los de Zogby Interactive) son los únicos que señalan que cuenta ahora con menos del 50% de aprobación popular.

Obama viene precipitándose en una pronunciada caída desde que ingresó a la Casa Blanca con un espectacular apoyo del 70% de la opinión pública.

En abril los sondeos le adjudicaron un 67%, luego en julio 63% y las recientes encuestas de CNN, ABC, otras conocidas cadenas, le adjudican una media situada en un 50%.

El 20 de agosto la agencia Gallup y el diario USA Today, publicaron una medición indicando que un 57% de la población estadounidense opina que el plan de salvataje de empresas y bancos y de reactivación de la economía emprendido por Obama y su administración ha fracasado.

Solamente los presidentes Gerald Ford, Ronald Reagan y Bill Clintonvieron caer su prestigio entre el electorado a tan bajo nivel durante sus primeros meses en la Casa Blanca.

En casi 70 años -los que tiene las encuestas como método fidedigno para medir la gestión de un presidente- ninguno entre los 12 que han ocupado la Casa Blanca había registrado un nivel tan bajo a estas alturas de su mandato.

Entre ellos George W. Bush (51%), George Bush padre (70%), Ronald Reagan (52%), Jimmy Carter (54%), Gerald Ford (50%), Richard Nixon (58%), Lyndon B. Johnson (70%), John F. Kennedy (76%), Dwight Eisenhower (60%), Harry Truman (82%).

La excepción es Bill Clinton (1993-2001), que llegó a tener un 37% a cinco meses de posesionarse (junio del 93) pero luego repuntó un poco en agosto con un 44 por ciento.

viernes, 4 de septiembre de 2009

increíble franqueza y valentía y patriotismo de Carlos Valverde en esta denuncia que bien debe pervivir como documento histórico en defensa de DDHH

¿Cuál es la diferencia entre este Gobierno y la dictadura de Bánzer?

4 de Septiembre de 2009 a las 11:01 por Zeus

Carlos Valverde: “Si queríamos más pruebas de que ya no vivimos en un estado de derecho, veamos lo que pasó con el equipo de prensa de la red Unitel. Los policías están actuando como delincuentes. Cuando se aliaba Manfred Reyes Villa y Leopoldo Fernández la gente del Gobierno hizo mención a la dictadura de Hugo Bánzer Suarez. Yo pregunto ¿Cuál es la diferencia entre este Gobierno y la dictadura de Banzer?”.

“Debería haber una diferencia porque éste es un Gobierno democrático que surgió por el voto de la gente. No hay garantías constitucionales en este país. Una vez más este librito de la (CPE) es una mierda. Al estilo de las mafias secuestran gente, balean a los periodistas. ¿Qué tiene que esconder señor Gobierno? Le pregunto a usted señor Evo Morales, porque todos los que tiene a su lado son perros”.

“Por eso le pregunto al dueño de los perros, no me referiré a ningún otro, porque todos los demás son perros del Presidente. Presidente ¿A dónde nos está llevando y que mierda quiere? Vaya a quejarse a Unasur, pero muestre lo que usted también hace. Muestre la libertad de prensa comprada por usted”.

“La idea de libertad de prensa es que uno pueda hacer su trabajo. El Gobierno manda a sus perros a todo lado. Manda al perro mayor Quintana a Cobija a morder. A la Calancha tiene que ir el perro menor Rada. A Santa Cruz, va el perro menor Sacha Llorenti ¿Qué mierda es lo que quieren? Están aprovechando la democracia que el pueblo les dio. Eran la respuesta del momento. Hoy son la pena del momento. El país lo están cagando ustedes. Este es un Gobierno totalitario. Hay una puta constitución que no sirve para mierda”.

Noticias de TV: Carlos Valverde, Sin Letra, Chica.