El ministro de Gobierno, Carlos Romero, censuró ayer la actuación de algunos fiscales que indagan la red de extorsión y corrupción que operaba desde los dos ministerios, debido a que ampliaron investigaciones contra los denunciantes de la organización.
Romero calificó de absolutamente inaudita la amenaza a los denunciantes y exigió al Fiscal General del Estado que dé garantías a quienes denuncien por haber sido extorsionados.
El ministro de Gobierno exigió al Ministerio Público que otorgue garantías jurídicas a las personas que denunciaron ser víctimas en el caso de la red de extorsión y corrupción, al ratificar su preocupación porque denunciantes le hicieron conocer que algunos fiscales estaban tomando acciones en su contra.
La autoridad aseguró que el Ministerio de Gobierno garantiza la seguridad de los denunciantes, por lo que el Ministerio Público debe hacer lo mismo respecto a la situación jurídica de esas personas.
La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, a través de un comunicado y también declaraciones a la prensa en días pasados, manifestó que los fiscales debían iniciar acciones no sólo contra los extorsionadores, sino también contra quienes se dicen víctimas, porque aceptaron la extorsión para obtener un beneficio o favorecerse con alguna decisión.
Estas declaraciones, consideradas como una amenaza para quienes están denunciando la acción de la red de corrupción desbaratada la semana pasada, se contrapone a la apertura y el llamado realizado por el titular de Gobierno, para que todos las personas víctimas de la red hagan conocer sus denuncias para así desarticular totalmente la red.
A la fecha superarían 40 las denuncias presentadas de extorsión, amedrentamiento y otras acciones irregulares, en las que están implicados Rivero, Rodas, Gómez y otros funcionarios públicos del Ejecutivo, los tribunales de justicia y el Ministerio Público.
El reclamo de ayer y los cuestionamientos a la actuación de los fiscales que investigan el caso no es el primero. En días pasados, Romero expresó su preocupación por la “inadecuada tipificación” del delito por el que fueron acusados los dos principales líderes de la red: Fernando Rivero Tardío y Dennis Rodas Limachi.
“Nosotros hemos observado la tipificación porque se trata de una organización criminal, la hemos presentado así desde un principio es una red, es una estructura no son unos amigos que casualmente se encuentran en un sitio, es una organización criminal y el Ministerio Público debe calificarla como tal”, dijo.
Según datos oficiales, la red de corrupción y extorsión que operaba en La Paz y Santa Cruz fue desbaratada tras las declaraciones de Ostreicher, empresario estadounidense, que denunció la pérdida de bienes que ascenderían a 15 millones de dólares en cargas de arroz, maquinaria y ganado, monetizados ilegalmente por la Dirección de Bienes Incautados de Montero.
Detenido
El juez Juan José Subieta ordenó ayer la detención preventiva en el penal de Palmasola del exfiscal del Distrito de Santa Cruz Isabelino Gómez, por hallar indicios de culpabilidad en el caso de extorsión al ciudadano estadounidense Ostreicher, preso hace 18 meses por presunto enriquecimiento ilícito.
La audiencia del exfiscal Gómez duró cuatro horas, donde alegó inocencia y pidió pruebas de que hubiera obtenido beneficio económico en la presunta extorsión a Ostreicher.
El juez Subieta determinó el traslado del exfiscal Gómez al penal de Palmasola, donde ya están los abogados Fernando Rivera Tardio y Dennis Rodas Limachi que eran apoderados legales del Ministerio de Gobierno. Además de Gustavo Wagner Céspedes que era hombre de confianza de Rivera.
También está preso por el “caso Ostreicher” José Manuel Antezana, director de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia.
Sobre el exfiscal de Distrito ya existe una orden de detención emitida el miércoles por la juez Valeria Salas por indicios de extorsión a Crescencio Pinto, recluido en la cárcel por el delito de violación.
Congresista estadounidense
El presidente del subcomité de Derechos Humanos del Congreso de los Estados Unidos, Christopher Smith, acompañado del encargado de Negocios de la Embajada Norteamericana, Larry Memmot, visitaron ayer a Jacob Ostreicher para revisar su actual situación jurídica y su posible liberación en los siguientes días.
Smith aseguró que pedirá de manera respetuosa la liberación de Ostreicher, pues varias investigaciones demostraron que nunca tuvo vínculos con el narcotráfico y que más bien fue víctima de una red de extorsionadores.
“Ya he estado trabajando por varios meses en el caso de Jacob Ostreicher, hemos hecho un montón de investigación en su caso y hemos llegado a la conclusión de que es inocente y que su ingreso a la prisión de Palmasola no solamente debe terminar, y con todo respeto le pedimos al Gobierno de Bolivia que lo liberen para que vuelva con su esposa”, dijo Smith.
El congresista norteamericano está preocupado por la salud de Ostreicher y también por la situación legal de su compatriota, porque la legislación boliviana señala que ya debía estar libre.
Involucrados
El estadounidense Jacob Ostreicher, recluido en Santa Cruz por supuesto lavado de dinero, ayer reveló nuevos detalles e involucró a otros fiscales en la extorsión que habría sufrido por la presunta red liderada por los dos exasesores del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera y Dennis Rodas, el exfiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, ahora recluidos en el penal de Palmasola.
Ostreicher dijo que otras personas más deberían estar en la cárcel. “Por qué no está el fiscal Roberto Achá en la cárcel, por qué no está en la cárcel la fiscal Janet Velarde Luna, el juez Orellana, el juez Simón Rodríguez, en estos momentos él dice yo sabía que esta persona es inocente y que por miedo a Rivera y Rodas, Gómez. Cómo es posible que el juez, el mismo juez que sabe que soy inocente que me puso a mí en la cárcel, no esté en la cárcel”, manifestó ayer el estadounidense.
Agente encubierto
El vicepresidente Álvaro García Linera propuso ayer poner en marcha una unidad de agentes encubiertos para que puedan descubrir casos de corrupción al interior de los diferentes ministerios del Estado. Planteó la medida ante la red de extorsión que operaba desde dos ministerios.
La Ley Contra la Corrupción permite el funcionamiento de estos agentes encubiertos, pero a la fecha, dijo, no existe una unidad especializada en esta área en el Ministerio de Transparencia. “Lo que hay que hacer es potenciar más transparencia, el tema de los agentes encubiertos que están permitidos para temas de corrupción... este es un buen momento para que pueda crear una unidad de estos agentes que puedan moverse en los ministerios en la búsqueda de estos indicios de mal manejo de la cosa pública”.
INTERPELACIÓN
El Movimiento Sin Miedo (MSM) presentó ayer una solicitud de interpelación para los ministros de Transparencia, Nardi Suxo, de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y de Gobierno, Carlos Romero, para conocer de su trabajo y grado de responsabilidad en el caso de la red de extorsión conformada por funcionarios del Ejecutivo y descubierta hace una semana. No descartó un juicio contra las autoridades.
“El MSM decidió interpelar en el Legislativo a los tres ministros porque considera que son responsables directos o indirectos, por negligencia, incumplimiento de deberes; o complicidad y encubrimiento; o en su caso autoría, de la conformación y funcionamiento de una red delictiva de extorsión descubierta hace 10 días en el seno mismo del Gobierno”, sostuvo la diputada Marcela Revollo.
Cumbre judicial
El Consejo de la Magistratura, con el apoyo del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental, impulsa la Primer Cumbre Judicial, con el fin de identificar la agenda de este poder del Estado, con la participación de las autoridades y la sociedad civil.
La lucha contra la corrupción es uno de los temas que se ha identificado como entre los más importantes y que serán abordados en la Cumbre que se realizará en la ciudad de La Paz, entre el 10 y 11 de diciembre próximos.
“De este encuentro esperamos obtener importantes conclusiones que nos puedan servir para generar una agenda para los próximas gestiones, para mejorar la justicia con la participacion de la sociedad”, manifestó la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani.
Para desprestigiar a su gobierno
Evo dice que hay gente externa en red extorsión
El presidente Evo Morales aseguró que en la red de extorsionadores hay “alguna gente externa, con otro mandato, infiltrada para hacer quedar mal y desprestigiar al Gobierno”. Dijo tener información confirmada al respecto.
Sostuvo además que hay funcionarios públicos que utilizan su nombre para extorsionar y que incluso fingen llamadas al Presidente.
El Primer Mandatario realizó ayer estas declaraciones luego de posesionar al nuevo comandante nacional de la Policía, Jorge Alberto Aracena.
Señaló que la persona “de afuera” infiltrada en la red de extorsionadores, integrada por más de una decena de funcionarios de Gobierno, jueces y fiscales; buscan, además, hacer “campaña sucia contra el presidente (Evo Morales), el Gobierno y el proceso de cambio”.
Señaló que si bien antes los funcionarios públicos cometían actos de corrupción en las diferentes carteras de Estado o instituciones públicas, ahora “se organizan desde ahí para extorsionar, chantajear y usar a fiscales y jueces”.
En esa línea, remarcó que su Gobierno combatirá la corrupción “sea grande o mediana”. “Todos los ministros tienen la obligación de denunciar ante el Ministerio Público o el Ministerio de Transparencia para que (el funcionario extorsionador o corrupto) sea procesado”.
Otras de las advertencias que realizó el jefe de Estado es que: “Ninguna persona, ni funcionario (público) puede usar el nombre de Evo Morales” o ministros para hacer gestión o extorsionar. Dijo tener conocimiento que hay trabajadores del Gobierno que fingen hacer llamadas al Presidente cuando están en “pleno acto de extorsión”.
Citó como ejemplo a un funcionario público, de sexo masculino, que procedió de esa forma para sacar a su víctima entre 10 y 20 mil dólares. “Ese hombre ahora está en la cárcel”. A decir de Morales, esta información fue obtenida por un reporte del excomandante de las Fuerzas Armadas, Tito Gandarillas.
A finales de noviembre fue destapada una red de corrupción y extorsión conformada por funcionarios de Gobierno, de Dircabi, jueces y fiscales.
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