Nardy Suxo escamotea a Romero.
se muestra favorable a los corruptos
salió a contraponer acciones de Romero para documentar corrupción de funcionarios. Suxo dice que enjuiciarán a los denunciantes. las denuncias en contra de Suxo menudean.
El abogado del exprefecto de Pando Leopoldo Fernández, Alberto Morales, acusó ayer a la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de ser la cabeza de la estructura de presión y abuso de poder instaurado en el sistema judicial, que utiliza a fiscales y jueces contra opositores, como el caso de la exautoridad recluida en el penal de San Pedro desde 2008.
Según el jurista, esta estructura fue aprovechada por abogados que trabajaban en los ministerios del Gobierno y en fiscalías para crear la red de corrupción que se beneficiaba usando la extorsión como mecanismo.
Ante las sindicaciones contra Suxo, que en los últimos días se volcaron hacia ella, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero no descartó que la Ministra sea convocada.
El martes pasado, el ex hombre fuerte del Gobierno que está preso desde 2009, Santos Ramírez, ex presidente de YPFB, ex senador del Movimiento al Socialismo (MAS) pidió “45 minutos para desenmascarar a la ministra (Nardi) Suxo” y la acusó de extorsión.
Por otro lado, la jueza Valeria Salas dispuso ayer la detención preventiva del exfiscal de Distrito de Santa Cruz Isabelino Gómez en el penal de Palmasola por la denuncia de extorsión a un recluso. Además, el juez cambió su decisión y envió a la cárcel a los exasesores jurídicos del Ministerio de Gobierno, Dennis Rodas y Fernando Rivero.
Además, Santos Ramírez aseguró que el exasesor jurídico del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera, sindicado de ser el líder de la red, no es el único ni principal responsable de este caso, porque alguien superior a él tuvo que ordenarlo para ir y actuar contra algún denunciado o acusado, presionando a fiscales y jueces.
La ministra Suxo, en contradicción a lo dispuesto por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, que impulsa las investigaciones, pidió la investigación y acciones legales no sólo contra los extorsionadores, sino también contra los extorsionados porque penalmente también son responsables del ilícito.
Al respecto, Romero manifestó que no participará de ninguna “polémica mediática” con su colega de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción sobre la recepción de denuncias de extorsión.
Dijo que está preocupado en que se esclarezca el accionar de la llamada red de corrupción y extorsión que operó durante cinco años en mandos intermedios de los ministerios de la Presidencia y de Gobierno.
“No quiero entrar en polémicas mediáticas porque puede desviar la búsqueda de la verdad. No voy a entrar en una polémica con la Ministra, entiendo que el comunicado (de Transparencia Institucional) hizo referencia al cohecho activo y cohecho pasivo”, dijo.
Romero reiteró que el Ministerio de Gobierno seguirá recibiendo denuncias sobre extorsión que serán procesadas y presentadas a instancias de la justicia.
El magistrado del Tribunal Constitucional Gualberto Cusi considera que dentro de las investigaciones que se siguen sobre el presunto caso de extorsión detectado dentro de los ministerios de Gobierno y de la Presidencia, no se lograrán avances significativos, porque no se afectarán entre miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Y eso quiere decir de que no va a haber nada”, remarcó el magistrado, porque está seguro de que los denunciados seguramente “saldrán angelitos inocentes”. El polémico magistrado manifestó que “cómo podemos pensar que entre ellos, es decir los componentes del mismo Gobierno, entre ellos se (van a) acusar, es absurdo pues”.
Para Cusi, una vez que el proceso avance “a partir de esa institución, dirán pues que no hay pruebas, que no hay evidencias”. En ese sentido, dijo: “Yo por eso tengo mi preocupación, porque era que sea la única oportunidad, (…) de saber cómo está el tema de la justicia”.
Cusi aseguró que si alguno termina con sentencia en la cárcel, con seguridad éste será un funcionario de un mando medio, “como siempre los del inferior son los criminales, delincuentes y los que están arriba son los santitos”.
Investigan a Marcos Farfán
Santa Cruz | El Deber
El Ministerio de Gobierno investiga una denuncia de dos empresarios brasileños, que dicen haber sido víctimas del robo de madera valuada en más de 3 millones de dólares. Los extranjeros acusan del hecho a un socio que tenían y señalan que este sujeto actuó supuestamente en complicidad con el exviceministro de Régimen Interior Marcos Farfán, el exdirector de esa unidad Boris Villegas y el abogado del Ministerio de Gobierno Dennis Roda, este último preso en el penal de Palmasola sindicado de ser parte de una supuesta red de extorsionadores que tiene vínculos con el Gobierno, el Órgano Judicial y la Policía.
La semana pasada, el viceministro Jorge Pérez informó de que la supuesta red de extorsión se involucró en el robo de madera de exportación, valuada en más de 3 millones de dólares.
Farfán, en contacto telefónico, aseguró que nunca conoció el caso. “No ensuciaría mi carrera ni por tres pesos ni por mil millones de dólares. Esta denuncia tiene un fin político”, dijo.
MÁS EVIDENCIAS
• Sobre el exdirector Boris Villegas, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseveró que varias personas lo han implicado en las denuncias, pero estableció que su citación y eventual imputación depende de las autoridades judiciales. Además, manifestó que él lo echó del Ministerio porque supuestamente estaba “investigando entre comillas” un caso en contra del viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez.
• Suman fiscales a comisión. El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, hizo conocer que se reforzará con dos fiscales más la comisión que investiga la presunta red de corrupción y extorsión que supuestamente operaba desde los ministerios de Gobierno y de la Presidencia.
• El senador Eugenio Rojas restó validez a las declaraciones de Ramírez. “No podemos confiar en la gente que está en la cárcel”.
Culpan por fracaso de batidas a red
El director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Juego, Mario Cazón, denunció que los asesores jurídicos del Ministerio de Gobierno, ahora implicados en una red de extorsión, son los responsables del fracaso de los operativos a las casas de juego ilegales realizados en tres departamentos del país.
Cazón dijo que se reunió con Fernando Rivera en mayo, días previos a los operativos, para coordinar y dar parte del cronograma, y desde ese entonces sospechosamente las redadas resultaron un fracaso.
“Yo me reuní en una ocasión con el director jurídico del Ministerio de Gobierno (Fernando Rivera) donde se le entregó una lista de las salas de juego que iban a ser intervenidas, eso ocurrió en mayo y resulta que a partir de esas fechas nuestros operativos han estado con resultados no satisfactorios, encontramos salas cerradas, totalmente vacías”, señaló.
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