Desde el pasado 27 de noviembre, fecha en que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informaba sobre la desarticulación de la red de extorsión y corrupción que operaba desde el Ministerio de Gobierno, de la Presidencia junto con jueces, fiscales, y funcionarios de la Dirección de Administración y Control de Bienes Incautados (Dircabi), están entre rejas 12 funcionarios y fiscales.
Jacob Ostreicher denunció que una banda de abogados y funcionarios judiciales le pidieron 50 mil dólares a cambio de su libertad, manipulando y revirtiendo un fallo judicial que le había concedido libertad y vendiendo más de 50 mil toneladas del arroz que le fue decomisado. La llegada de un conocido actor abrió las puertas de la investigación. Los pormenores de este triste asunto han sido informados con detalle por la prensa nacional y por la internacional donde tiene repercusiones.
Se trata de uno de los casos de corrupción más relevantes de los últimos años, porque ha logrado penetrar estructuras del Ejecutivo y en el cual las investigaciones que se desarrollan arrojarán mayores elementos, para finalmente conocer el grado de responsabilidades y establecer hasta dónde los tentáculos de esta red abarcaron. Hace pocos días se registró otro hecho sorprendente que puede dar lugar a colegir los alcances de la red: el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Ariel Rocha, es acusado de formar parte del grupo de corruptos y extorsionadores y hasta ahora se encuentra prófugo.
Pero más allá de todo este escenario, los bolivianos, es decir todo el país, deberíamos ingresar en una etapa de reflexión a partir de dichos acontecimientos. De parte del Gobierno un análisis interno autocrítico respecto a la lucha contra la corrupción, es decir, si todos los propósitos enunciados tienen sentido dentro de un marco general de políticas, si es que se han cumplido o finalmente señalar cuáles son los grandes problemas que se presentan al interior del Gobierno para luchar contra la corrupción. Son los altos niveles los que deben encaminar con serenidad pero con consecuencia en su discurso de compromiso con el pueblo boliviano, un examen político y partidario.
Los avances sociales, políticos y económicos que se dan en una gestión gubernamental, como que los hay en la actual, muchas veces quedan ensombrecidos o pierden su verdadero efecto de servicio al pueblo frente a la corrupción. Es cierto que la corrupción es una realidad mundial, pero su nivel de tolerancia o de combate es muestra de la madurez política de un país.
Lo acontecido puede arrojarnos al abismo de la desesperanza, aunque en realidad debería servir, si pensamos patrióticamente, como dicen pensar todos, oficialistas y opositores, instituciones, gremios, sindicatos y otras organizaciones, de plantearnos como gente y como país, un desafío para reformar lo que está mal, para reconvertir lo que no funciona, para reestructurar lo que es decadente. Es que luchar contra la corrupción tiene un significado mucho más amplio que el circunscrito al término político. En los países desarrollados hay corrupción, pero se la combate con leyes, con gobernantes y con instituciones, pero también con cantidad y calidad de producción y empleo.
Que los responsables de la corrupción expíen sus penas donde corresponde, que los inocentes se rediman, y que los gobernantes y el pueblo asuman nuevos retos.
Jacob Ostreicher denunció que una banda de abogados y funcionarios judiciales le pidieron 50 mil dólares a cambio de su libertad, manipulando y revirtiendo un fallo judicial que le había concedido libertad y vendiendo más de 50 mil toneladas del arroz que le fue decomisado. La llegada de un conocido actor abrió las puertas de la investigación. Los pormenores de este triste asunto han sido informados con detalle por la prensa nacional y por la internacional donde tiene repercusiones.
Se trata de uno de los casos de corrupción más relevantes de los últimos años, porque ha logrado penetrar estructuras del Ejecutivo y en el cual las investigaciones que se desarrollan arrojarán mayores elementos, para finalmente conocer el grado de responsabilidades y establecer hasta dónde los tentáculos de esta red abarcaron. Hace pocos días se registró otro hecho sorprendente que puede dar lugar a colegir los alcances de la red: el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Ariel Rocha, es acusado de formar parte del grupo de corruptos y extorsionadores y hasta ahora se encuentra prófugo.
Pero más allá de todo este escenario, los bolivianos, es decir todo el país, deberíamos ingresar en una etapa de reflexión a partir de dichos acontecimientos. De parte del Gobierno un análisis interno autocrítico respecto a la lucha contra la corrupción, es decir, si todos los propósitos enunciados tienen sentido dentro de un marco general de políticas, si es que se han cumplido o finalmente señalar cuáles son los grandes problemas que se presentan al interior del Gobierno para luchar contra la corrupción. Son los altos niveles los que deben encaminar con serenidad pero con consecuencia en su discurso de compromiso con el pueblo boliviano, un examen político y partidario.
Los avances sociales, políticos y económicos que se dan en una gestión gubernamental, como que los hay en la actual, muchas veces quedan ensombrecidos o pierden su verdadero efecto de servicio al pueblo frente a la corrupción. Es cierto que la corrupción es una realidad mundial, pero su nivel de tolerancia o de combate es muestra de la madurez política de un país.
Lo acontecido puede arrojarnos al abismo de la desesperanza, aunque en realidad debería servir, si pensamos patrióticamente, como dicen pensar todos, oficialistas y opositores, instituciones, gremios, sindicatos y otras organizaciones, de plantearnos como gente y como país, un desafío para reformar lo que está mal, para reconvertir lo que no funciona, para reestructurar lo que es decadente. Es que luchar contra la corrupción tiene un significado mucho más amplio que el circunscrito al término político. En los países desarrollados hay corrupción, pero se la combate con leyes, con gobernantes y con instituciones, pero también con cantidad y calidad de producción y empleo.
Que los responsables de la corrupción expíen sus penas donde corresponde, que los inocentes se rediman, y que los gobernantes y el pueblo asuman nuevos retos.
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