Muy pocos seguidores de los Kirchner se atreven a hablar libremente, pues temen quedar en falta frente a los dogmas ocasionales que instala repentinamente el matrimonio gobernante. Por eso mismo, cuando alguno de los más cercanos al círculo del poder sale a sostener en público una posición determinada, puede interpretarse que es parte de un libreto que ha sido cuidadosamente comunicado y previamente autorizado.
No hay opiniones, no hay criterios personales, no hay individualidades. Todas y cada una de las declaraciones de los allegados al kirchnerismo reflejan el pensamiento único del centro inequívoco del poder.
Esa importancia tienen las recientes manifestaciones del diputado oficialista Carlos Kunkel respecto de lo que denomina nuestro "lamentable servicio de Justicia". Con críticas al incumplimiento de los horarios de labores por parte de los jueces, a la edad avanzada de algunos de ellos (lo que luce como un disparo contra el ministro Carlos Fayt de la Corte Suprema, un no alineado, por cierto) y al recurrente tema de la excepción de pago del impuesto a las ganancias, el diputado kirchnerista se suma al continuado ataque que sufren la independencia y la imparcialidad de nuestro Poder Judicial desde las entrañas mismas del oficialismo.
En realidad, como si fuera un anticipable carrusel en el que van apareciendo sucesivamente los cinco o seis voceros oficiosos de siempre que usa el gobierno nacional, las nuevas declaraciones del legislador del Frente para la Victoria, que se suman a las recientes admoniciones del ministro de Justicia, procuran mantener viva la intensidad del aberrante asedio al que se continúa sometiendo a la justicia argentina.
Desde las descomedidas palabras que la Presidenta le dirigió a la jueza Sarmiento en los inicios del presente año, hasta su afirmación en la Asamblea Legislativa del 1º de marzo, cuando aseguró que los jueces tenían tarifadas las excarcelaciones, y su deplorable incursión en la vida privada de la jueza Rodríguez Vidal, además de las alusiones a la pretendida existencia de un "partido judicial", todo muestra un expreso designio de intimidar y desprestigiar a uno de los poderes del Estado, aquel que constituye, nada menos, la garantía de la existencia misma del sistema republicano.
Precisamente en estos días, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Ricardo Recondo, denunció la sistemática presión que el Gobierno ejerce sobre el Poder Judicial, al que se pretende aniquilar -dijo- de la misma forma que se intenta silenciar a la prensa. Los paralelos son claros y las razones similares: la conquista de la suma del poder público.
Ahora bien, ante una ciudadanía que parece curada de espanto frente a las continuas arbitrariedades del matrimonio gobernante, no debe esperarse necesariamente que surjan apoyos espontáneos a la labor de la Justicia. Más bien, puede observarse un cierto cansancio o indiferencia ciudadana, quizá resignación frente a una permanente acción gubernamental de desgaste y hasta disolución de las instituciones.
Así como el Poder Legislativo procura, con grandes dificultades, convertirse en un dique para el indisimulado autoritarismo con que se maneja el kirchnerismo, de la misma manera deberá ser el propio Poder Judicial el que asuma en plenitud la defensa de sus trascendentes potestades constitucionales. Y así como ha pedido públicamente mesura a los máximos responsables de la conducción política del Estado, debe reconcentrar sus mejores esfuerzos para que la administración de justicia se perfeccione día tras día en el ejercicio de sus facultades.
El desempeño de funciones judiciales implica una enorme responsabilidad social e institucional y, al mismo tiempo, el desarrollo de una noble vocación esencial para la vigencia de la vida republicana.
Por esto los jueces deben constituirse en ejemplo vivo de conducta austera, trabajando lejos de la vanagloria de las fotos, las candilejas y las cámaras de televisión, y aceptar que las lamentables presiones y las amenazas oficiales hoy son parte del costo de querer hacer justicia en un país cuyo gobierno parece experto en el arte de violar la ley.
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