Más de la mitad de las comunidades y pueblos involucrados en actividades del narcotráfico están en Cochabamba. De 600 detectados por la fuerza antidroga, 330 funcionan en la “Llajta”. Preocupante por cuanto la protección de la ilegalidad se estaría dando no sólo a nivel individual, sino organizacional y con la aquiescencia, muchas veces, de las autoridades del lugar. Quien conoció el Chapare allá por los 80 recordará que más de un campesino empezó a involucrarse con narcotraficantes. Nada bueno, además del dinero, les trajo aquella relación y de ello incluso los médicos pueden dar testimonio porque pescadores o agricultores que habían sido responsables con sus familias en el pasado comenzaron a beber en grandes cantidades y consumir droga, lo que dio lugar a que llegaran al extremo de atacar, incluso machete en mano, a sus propios hijos. Pero tal parece que en los últimos años los tentáculos del narcotráfico han logrado avanzar y penetrar en el corazón mismo de por lo menos 600 comunidades: su organización, basada en normas que se creía menos permeables. Sin embargo, cuando se trataba de dinero y necesidades, los comunarios no pudieron decir “no”. El momento de dar explicaciones del porqué de estos afanes negros, los protectores de los campesinos indican que esto se debe a la ingenuidad de estos últimos. ¿Será así? Extrañamente, cuando quien habita en una comunidad traspasa las fronteras de la legalidad en cualquier ámbito, quienes lo defienden tienden a mostrar esa actitud como propia de algún nivel de ingenuidad. Habría que preguntarse hasta qué punto andamos idealizando lo que hoy ocurre en el área rural como si allá habitaran santos que caen en el pecado sólo por obra de Satán que se vistió de cordero. No hay que olvidar que, en todo caso, las comunidades ya han sido hace muchos años penetradas por una serie de influencias de todo tipo, desde aquellas religiosas fanáticas que les quisieron hacer creer que sus bailes, vestimenta y cantos son obra del demonio hasta las que llegaron de la mano de los partidos y los políticos que, además de prometer cielo y tierra, trataron de “enseñar” cómo se debía mirar el mundo. Por tanto, los santos no existen ni allá (en el campo) ni aquí (en las ciudades). Lo que sí hay son negociadores ilícitos (narcotraficantes) con un gran poder de convencimiento y dinero que de manera preocupante siguen avanzando y tentando a quienes, de forma evidente, tienen en el área rural una gran cantidad de necesidades de las que nadie se preocupó nunca.
De su parte Los Tiempos ha editorializado al día siguiente de conocerse la muy grave denuncia:
El hecho de que más de 600 pueblos o comunidades rurales estén involucrados en el tráfico de cocaína, tanto en el oriente como en el occidente del país, según publicación de nuestro colega el diario "La Prensa" de La Paz, sobre la base de investigaciones propias y cifras proporcionadas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, pone al descubierto el acelerado crecimiento de este negocio ilícito desde el año 2006 a la fecha, fruto a su vez del incremento de los cultivos de la hoja, situación que puede generarle serios contratiempos al gobierno del Movimiento al Socialismo, surgido precisamente del sector de los productores de coca, además de empañar la ya bastante golpeada reputación de Bolivia y los bolivianos en el seno de la comunidad internacional. De acuerdo con la versión periodística de referencia, el titular de la FELCN sostuvo que se están realizando tareas para "concienciar" a dichas poblaciones sobre la ley antidroga, luego de haberse presentado casos en los que las comunidades campesinas e indígenas, o incluso sus autoridades, se involucraron directa o indirectamente en la elaboración de cocaína o tienen información sobre el narcotráfico, pero no hacen denuncias ante las instancias correspondientes. El fenómeno se registra a lo largo y ancho del territorio, en vista de que en Potosí hubo casos en los que las familias o autoridades trasladaron droga a la frontera con Chile para intercambiarla por vehículos con los traficantes, revelando que el tráfico de la droga se está relacionando con el contrabando de vehículos. Peor aun, en los últimos dos años se detectaron 330 pueblos involucrados en Cochabamba, la mitad situada en la zona cocalera del Chapare, mientras que en el departamento de Santa Cruz hubo 119 casos, y en el de La Paz y El Alto, otros 82, entre los más importantes. Al respecto, el dirigente aymara Elías Quellca dijo que esas comunidades son "extorsionadas" o "amenazadas" por los traficantes, en tanto que el líder indígena Adolfo Chávez señaló que hay "ingenuidad" y hace falta que las poblaciones sean instruidas por la policía. Por su parte, el máximo dirigente de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos apuntó que "hay de todo, buenos y malos campesinos, y buenos y malos dirigentes que se dejan azuzar por los narcotraficantes para brindarles protección". Como fuere, el problema no sólo existe, sino que se expande en una magnitud que debiera inquietar a las autoridades nacionales, salvo que prefieran permanecer en la pasividad por compromisos de carácter político, porque de seguirse en este tren, no tardará el momento en que el régimen en su conjunto sea tildado de traficante internacional del alcaloide que se obtiene de la maceración y tratamiento de la coca, extremo que hasta desencadenaría vetos u otro tipo de medidas en el resto del planeta, que al par de afectarle en su condición de gobierno electo, significaría un duro revés para la República y sus habitantes. En este sentido, más vale prevenir por tarde que pareciera que lamentar, como dice el adagio popular.
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