aldeas rurales. más de 600 involucradas con la droga en los últimos años

(reproducimos el extenso artículo de La Prensa publicado en su suplemento Domingo.06.04.08)

Viernes 11 de enero de 2008. El viento frío mañanero calaba los huesos en el municipio de Chayanta, en el norte potosino. A más de 190 kilómetros de la capital, los integrantes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) de Potosí, bajo el mando del teniente Juan Carlos Machicado, avanzaban hacia su objetivo: el ayllu Luzareta. Los datos de Inteligencia indicaban que allí se producía cocaína para destinarla a Chile. El ingreso de los agentes provocó el caos en la comarca de más de 100 habitantes: los varones los recibieron con pedradas y huyeron a los cerros, dejando solos a sus mujeres y niños.
“Lo hallado sobrepasó nuestras expectativas”. Dos fábricas modernas al estilo colombiano —sin pozas de maceración y con recipientes donde se mezclan la coca triturada y sustancias controladas—, y dos kilos de pasta base de cocaína fueron incinerados por los uniformados. Además, en algunas viviendas rústicas se descubrieron 50 taques (2.500 libras) de coca molida empacados en yutes; 40 kilos de cal; 80 litros de gasolina y 60 litros de diésel. Las pesquisas desembocaron en la detención de los presuntos dueños de las factorías, dos autoridades de la comunidad, uno de ellos con el cargo originario de “jilanko”.
Los luzarateños escondidos comenzaron a bajar de los montes con el pasar de las horas y confesaron que sus dirigentes los habían inducido a participar en el negocio ilícito y no hablar de lo que pasaba en el ayllu a la Policía ni las localidades circundantes. Todo ello a cambio de la reconstrucción de la iglesia y conexiones de agua potable, puesto que en la zona este servicio es un “lujo” inexistente. Pero los descubrimientos de la Fuerza Especial en el área no acabaron ahí: a cinco kilómetros de Luzareta, en el poblado de Queñuani, los investigadores situaron tres pozas de maceración de la hoja sagrada.
El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, René Sanabria, dice que la complicidad de los luzarateños será determinada por las investigaciones del Ministerio Público. No obstante —establece—, hay casos similares en que los narcotraficantes han hallado en las comarcas a las aliadas perfectas para su actividad ilegal, donde los habitantes o dirigentes locales los encubren por el desconocimiento de las sanciones en el rubro (Ley 1008), las promesas de obras comunales, coimas o por estar bajo amenaza.
Según las estadísticas nacionales proveídas por la FELCN a la revista, entre 2006 y 2007, más de 600 comunidades fueron la “tapadera” empleada por los delincuentes para instalar más de 20 mil pozas de maceración y fábricas de estupefacientes. Cochabamba lidera las cifras con 330 pueblos involucrados, 166 de ellos pertenecientes a la provincia Chapare; le siguen Santa Cruz con 119 (Yapacaní concentró 31 de los casos); La Paz y El Alto con 82 villorios, 21 de éstos eran de la provincia Aroma; la provincia fronteriza de Yacuiba, en Tarija, con 26 aldeas... (más información en la infografía de estas páginas).
Los números no toman en cuenta a los Yungas (La Paz) y el Chapare (Cochabamba), regiones donde se presentaron en el último par de años 6.287 casos de este tipo (171 y 6.116, respectivamente), con la destrucción de 17 mil pozas y factorías de producción de droga en las cuales estuvieron inmiscuidos provincias, cantones, comunidades, áreas verdes protegidas y de colonización, sindicatos cocaleros e inmuebles cercanos a las carreteras. A la par, la Fuerza Especial ha determinado que el “encubrimiento rural” hacia el narcotráfico va de la mano, específicamente, de otro delito: el contrabando.
Transacciones en la frontera
El circuito que alimenta al narcotráfico en el campo funciona de la siguiente forma. Los “emisarios” de mafias colombianas y peruanas que arriban a Bolivia y los acopiadores locales —principalmente del oriente— de pasta base se contactan con familias urbanas o rurales y/o autoridades campesinas e indígenas para cumplir los pedidos internacionales de cientos de kilos de cocaína de los “capos” del extranjero, para alimentar los mercados de Asia, Estados Unidos y Europa. Estos personajes incluso pueden proveer a los clanes de los insumos, tecnología y el capital inicial para equipar la fábrica procesadora.
De acuerdo con los datos de la FELCN, cada parentela invierte entre 500 y 600 dólares por kilo de cocaína elaborado, el cual luego es ofertado en unos 1.200 dólares, o sea, las ganancias duplican lo gastado. “Estos grupos de dos o tres miembros, generalmente, son conformados por individuos que ya han sido juzgados por la Ley 1008 y que se apoyan en sus consanguíneos para volver a sus andanzas”. Para acatar las solicitudes de sus “contratistas”, las familias se unen entre sí y/o pactan con dirigentes de comarcas —los que pueden también ser parte del clan— para garantizar en éstas la instalación de factorías.
“También hay otras áreas rurales potosinas próximas a Chile que caen en lo mismo”, sentencia Sanabria al retomar lo sucedido en Luzareta y Queñuani. No especifica lugares, pero afirma que en otras zonas hay una participación directa o indirecta de los pobladores en la elaboración de pasta base de cocaína, especialmente por la falta de conocimiento de la Ley 1008. “Hay corregidores o jilakatas —contratados por familias— que los azuzan y les ofrecen ingresos extras y mejoras en la infraestructura de las localidades. A cambio, les exigen protección y que no pasen la información a los agentes de la Fuerza Especial”.
Este rubro intercambia la mercadería en la frontera. Sanabria revela que los dirigentes o parentelas rurales involucrados llevan la droga hasta los límites con Chile y la permutan por dinero o hasta por productos de contrabando, especialmente vehículos “chutos” (sin papeles de internación o robados en otros países). Por ejemplo: el kilo de pasta base se cotiza en Bolivia hasta en 1.200 dólares (2.500 dólares en Chile) y un coche último modelo “chuto” que traspasa el territorio chileno cuesta, en promedio, 5.000 dólares, entonces se trocan cinco kilos del narcótico por un automóvil del mismo precio.
“La relación narcotráfico y contrabando es muy estrecha en esta zona”. Este procedimiento, sostiene el jefe regional de la FELCN de El Alto, mayor Alfredo Villca, se reproduce en los linderos chilenos con el departamento de Oruro. “De esta forma se ‘lava’ el dinero de la droga, para legalizarlo con los coches ilegales internados a Bolivia. Se ha presentado ello en comarcas fronterizas, como Pisiga: recuerdo que cuando íbamos a patrullar por ese sector, veíamos garajes hasta con tres y cuatro vehículos nuevos estacionados. Y al poco rato la gente nos interceptaba y nos vigilaba hasta que emprendíamos retirada”.
En el occidente, subraya Villca, el narcotraficante generalmente se aprovecha de la ingenuidad del campesino para instalar una fábrica de cocaína en su aldea o posibilitar su protección. Mientras aclara la inexistencia de “zonas rojas rurales” en La Paz y El Alto, el jefe regional asegura que la alianza entre comunidades, narcotráfico y contrabando en ambos departamentos se centra en los confines con Perú, como Desaguadero, Puerto Acosta y Escoma, por donde transita la droga peruana que arriba a tierra alteña para buscar los puertos de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, con destino a las mafias de Asia, Estados Unidos y Europa.
Para la FELCN, Escoma es el caso más llamativo en el perímetro limítrofe. Una localidad donde la mayoría de sus integrantes —informa la Aduana— obtiene ingresos del tráfico ilícito de garrafas de gas licuado de petróleo, gasolina y diésel por alertar a los contrabandistas del merodeo de uniformados o personas extrañas, valiéndose de la imitación del ulular de los búhos, de silbidos y la bulla de petardos. La comarca y los policías están en discordia, sobre todo tras los enfrentamientos de noviembre del año pasado, cuando el fuego cruzado con traficantes armados dejó cuatro soldados heridos dentro del Plan Ciclón.
Villca dice que los agentes antinarcóticos tuvieron iguales encontronazos en Escoma. “Han habido hasta heridos porque los contrabandistas son usados por los ‘narcos’”. La jefa regional de la FELCN de La Paz, Rosa Lema, resume que, en las aldeas fronterizas con el Perú, los narcotraficantes manejan a su antojo a los lugareños relacionados con la internación y salida de mercadería ilegal. “Los confunden diciendo que somos del Control Operativo Aduanero para que los defiendan, o los instan a un alzamiento informando que somos delincuentes disfrazados de policías. Basta que uno grite para que la gente se levante”.
“Los ‘narcos’ —subraya Villca— se aprovechan de los contrabandistas que manejan estas comarcas igual con prebendas a la población o la entrega de obras. Inclusive pagan a líderes para que subleven a la mayoría de los habitantes para cuando lleguen los uniformados. El contrabandista es inducido por el narcotraficante, y a veces un delincuente opera en los dos campos”. Según información de la Aduana, las localidades fronterizas comprometidas con el contrabando son Charaña, Desaguadero, Puerto Acosta, Escoma, Chaguaya, Achacachi (La Paz); Pisiga, Todos Santos, Sabaya y Challapata (Oruro) y Yacuiba (Tarija).
La pista de aterrizaje ayorea
En las tierras bajas también se presentan otros ejemplos. En Trinidad y Guayaramerín, Beni, el acopio de coca proveniente de los Yungas y el Chapare para la elaboración de pasta base es moneda corriente, sobre todo con miras al mercado brasileño y la posterior partida a Europa. Las áreas rurales son también preponderantes para el desarrollo de esta actividad. Un reportaje publicado por La Prensa el 16 de marzo de este año, reveló que en Guayaramerín diez clanes dominan este negocio, los cuales tienen grupos armados de choque que hasta amedrentan a jueces y fiscales locales.
El comandante de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural, Julio Cruz, explicó que estas cofradías trasladan por el río Mamoré entre cinco y diez kilos de cocaína por viaje, y hay campesinos contratados para evitar las incautaciones de la repartición policial: el año pasado hubo una marcha de protesta para evitar el decomiso de una moto rellena de pasta base, y buscó la quema de autos oficiales y dejó un oficial herido. Un sitio para los negociados es llamado “Guayaraguazú”, donde los agentes tienen vedado el ingreso y por donde —tal como sucede en el occidente— la droga es cambiada por autos robados o “chutos” en la frontera.
En el oriente se dio un caso de esta índole guardado hoy en los archivos de la FELCN. En septiembre de 2007, a 200 kilómetros al este de Santa Cruz, en la localidad de Puesto Paz, se descubrió que la comunidad ayorea instalada en la zona encubría una pista de aterrizaje donde debía aterrizar una avioneta brasileña para cargar casi 300 kilos de cocaína que habían sido transportados por dos vehículos. Los efectivos esperaban ocultos en las cercanías del lugar el momento de la transacción hasta que fueron descubiertos, con lo cual se inició una balacera con los narcotraficantes, lo que derivó en la huida del aeroplano.
Los delincuentes dejaron sus coches y partieron con destino al monte, cuando, para sorpresa de los agentes, más de un centenar de ayoreos apareció en el sitio, de manera sospechosa, armados con machetes, palos y rifles. Esto hizo retroceder a los policías, mientras los originarios se apoderaron de los automóviles con la droga, producto que fue escondido en sus hogares. La tensión se apoderó de la zona y los miembros de la FELCN solicitaron refuerzos: éstos llegaron por tierra y en helicópteros. Los indígenas hasta pidieron una retribución económica por la devolución de los autos.
Sanabria recuerda que a Puesto Paz arribaron negociadores que hablaban la lengua nativa de los ayoreos y que gracias a ello se pudo solucionar el problema mediante el diálogo y la persuasión. “Eso sí, hubo algunos dirigentes comprometidos con este hecho ilícito, no sin dejar de lado a quienes actuaron un poco por desconocimiento de la normativa de sustancias controladas (Ley 1008), pero en otros casos hubo el interés de obtener algún beneficio de los ‘narcos’. La pista de aterrizaje era de conocimiento de ellos y daban protección a los traficantes de droga a cambio de montos económicos y de víveres”.
No obstante, en territorio cruceño, las comarcas involucradas con la fabricación de cocaína guardan relación, sobre todo, con los laboratorios de reciclaje y cristalización, donde se obtiene la droga de mayor pureza: el clorhidrato. Entre 2006 y 2007, los datos proporcionados a Domingo por la FELCN establecen que de los 16 laboratorios destruidos en dicho periodo, 13 fueron hallados en ese departamento y estaban asentados en 11 comunidades rurales diferentes. Los tres restantes fueron encontrados en Cochabamba, La Paz y Tarija. Este año, el único centro de estas características se situó en suelo cochabambino.
En los últimos dos años, la mayoría de las pozas de maceración y fábricas de pasta base ubicadas en Santa Cruz estaba en Yapacaní, 49 en total (de un global de 379 casos), localidad caracterizada por el asentamiento de colonizadores del occidente, muchos de ellos ex cocaleros. Otra aldea con las mismas características es San Julián, donde se han presentado más de una veintena de descubrimientos similares. Y en este negocio ilegal igual estuvo involucrada la colonia menonita de Santa Rita, donde en 2006 se hallaron tres pozas y dos factorías en predios supuestamente dedicados a la agricultura.
¿Qué falta hacer ante este panorama? Sanabria, Lema y Villca anuncian que se iniciará una labor de concienciación a las poblaciones rurales, ante todo fronterizas, acerca de las sanciones de la Ley 1008 en el caso de participación y encubrimiento en la elaboración de estupefacientes, y los peligros y daños que ocasiona el narcotráfico. “La fiscal irá a explicar y decirles lo que pueden perder si actúan como cómplices, porque pueden perder sus casas si se les encuentra droga en sus propiedades”. El planteamiento incluye el empleo de personas que hablen la lengua nativa de los campesinos e indígenas.
Los líderes del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Elías Quellca; de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Isaac Ávalos, y de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), Adolfo Chávez, apoyan la propuesta de la FELCN. Sanabria concluye con que, generalmente, las comunidades que encubren a los narcotraficantes son engañadas porque “al final de todo, éstos no cumplen con sus promesas de obras y pagos”. Así acontece con una táctica preferida por los “narcos” en los últimos tiempos para garantizar su seguridad y, principalmente, la impunidad de su negocio.
Elías Quellca (Conamaq)
“Hay que tomar en cuenta que nuestros hermanos indígenas son extorsionados o amenazados para ayudar a los traficantes de cocaína. Mi institución les inculca que no se metan en estos hechos ilegales, pero también hay autoridades originarias que se prestan a los intereses de los narcotraficantes y nos hacen quedar mal a todos nosotros”.
Adolfo Chávez (CIDOB)
“Hemos rechazado el engaño de los narcotraficantes a los indígenas para éstos que los encubran, como pasó con los ayoreos, a cambio de darles trabajo en potreros. Hay ingenuidad en los originarios y buscamos un convenio con la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico para instruirles sobre los males del narcotráfico”.
Isaac Ávalos (CSUTCB)
“Hay de todo, buenos y malos campesinos, y buenos y malos dirigentes que se dejan azuzar por los narcotraficantes para brindarles protección. Desde nuestra organización instamos constantemente a los compañeros campesinos a que no se dejen engañar por el dinero ofrecido y la astucia de las mafias del narcotráfico para comprarlos”.
“Concienciaremos a los pueblos”
El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, René Sanabria, sostiene que en los últimos meses se ha presentado el fenómeno del trueque de productos de contrabando y vehículos robados o “chutos” por droga en la frontera con Chile.
—¿Cómo evalúa el encubrimiento de áreas rurales del país a las tareas del narcotráfico?
—Nuestro personal, en cumplimiento de su misión, lleva operativos en todo el territorio urbano y rural. En este último campo hemos tenido recientemente problemas en el norte de Potosí y anteriormente con los ayoreos de Santa Cruz. En el primero hemos podido advertir que los pobladores están participando de manera directa o indirecta en la elaboración de la cocaína y, en algunos casos, tienen la información de la actividad ilícita y no la denuncian. En este caso hemos tenido que lamentar el desconocimiento de la Ley 1008, lo que pasa en otras áreas próximas a la frontera con Chile.
—¿Cuáles son los planes para revertir esta situación?
—Estamos trabajando para llegar a estas comunidades en pos de concienciarlas y que tomen conocimiento de lo que estipula la ley en cuanto a la elaboración, tráfico, tenencia y consumo de drogas ilícitas en la nación. Considero que hasta fin de año arribaremos a las comarcas más alejadas.
—¿Las áreas rurales involucradas con el narcotráfico están relacionadas con clanes de la droga?
—En el caso de Potosí, inicialmente están las familias. Posteriormente éstas o la autoridad comunal relacionada con el narcotráfico trasladan la droga hasta la frontera con Chile. Se contactan con narcotraficantes chilenos para realizar el trueque por un vehículo robado o moneda en efectivo.
—O sea, hay una relación con el contrabando…
—En algunos casos la droga es intercambiada por productos de contrabando o autos “chutos”. En los últimos meses se está presentando este fenómeno. Es un mecanismo típico en occidente. El año pasado, en noviembre, cerca del Salar de Uyuni, en Potosí, tuvimos la muerte de un ciudadano por un enfrentamiento con una banda que operaba de esta forma.
—¿Cómo anda el control a la producción ilícita de coca y fabricación de droga en el Chapare tras el ascenso al poder del Movimiento Al Socialismo?
—En cuanto al cumplimiento de la misión policial, se han reforzado los operativos como en cualquier otro año. Incluso en el último informe de las Naciones Unidas se valoró la capacidad operativa de nuestra Policía.
—El narcotráfico cambia de patrón constantemente...
—Si nosotros saturamos con operativos en la parte sur, el tráfico en esa zona se va a otra región. Es algo de nunca acabar, porque el narcotráfico cambia constantemente de estrategia. Por eso tenemos ahora unidades versátiles, que pueden estar hoy en Oruro y mañana en Santa Cruz. Con 1.600 hombres no es fácil cubrir todo el territorio, pero volcamos estas limitaciones con el esfuerzo de los policías antinarcóticos.