El Ministerio de Justicia (no el de Culturas, ni el Viceministerio de Descolonización) nos ha hecho saber que hay en el país por lo menos 15 pueblos indígenas en peligro de extinción. En otras palabras ¡El 40 por ciento de las denominadas naciones indígenas originario campesinas del Estado Plurinacional de Bolivia corren el riesgo de desaparecer!
La concepción estatal del MAS estuvo desde el principio apoyada en la construcción de un imaginario indígena andino, más que eso, en un núcleo duro aymara. Fue una opción ideológica y sobre todo una decisión de recomponer la lectura de nuestro pasado a partir de una historia reinventada sobre los parámetros de la “aymaridad”. Esa decisión incorporó, por ejemplo, a Tiahuanacu como el referente primigenio de ese pasado, cuando es evidente que no existe vinculación directa entre tiahuanacotas y aymaras. Cada vez queda más claro que el pasado aymara debe establecerse en su presencia en lo que hoy es Bolivia aproximadamente en el 1100 después de Cristo (siglo XI de nuestra era). A pesar de ello, el Estado ha construido la idea de que el pasado aymara se remonta a más de 5.000 años.
Conclusión, las raíces de este proyecto son andinas y el andinocentrismo domina la relación Estado-mundo indígena.
La profunda fractura que se produjo tras las dos marchas del Tipnis subrayó aún más la compleja y contradictoria relación entre un Estado que reivindica como ningún otra la pluralidad indígena, pero que de hecho se ha enfrentado a una de las cosmovisiones más profundas de esos pueblos referidas a la protección de la naturaleza que, dicho sea de paso, es una de las premisas básicas del Suma Qamaña.
Hoy la cuestión trasciende la circunstancia, el momento y los desencuentros concretos, tiene que ver con la existencia misma de esa pluralidad que, salvo los Urus, no por acaso está amenazada en las tierras bajas del Amazonas y el Chaco.
La profunda fractura que se produjo tras las dos marchas del Tipnis subrayó aún más la compleja y contradictoria relación entre un Estado que reivindica como ningún otra la pluralidad indígena, pero que de hecho se ha enfrentado a una de las cosmovisiones más profundas de esos pueblos referidas a la protección de la naturaleza que, dicho sea de paso, es una de las premisas básicas del Suma Qamaña.
Hoy la cuestión trasciende la circunstancia, el momento y los desencuentros concretos, tiene que ver con la existencia misma de esa pluralidad que, salvo los Urus, no por acaso está amenazada en las tierras bajas del Amazonas y el Chaco.
El Ministerio de Justicia categoriza de tres formas a los pueblos indígenas en riesgo de extinción. Aquellos que están integrados al conjunto del país: Yaminahuas, Machineris, Araonas, Morés, Tapietes, Chimanes, Sirionós, Baures, Guarasugwes, Cavineños, Yukis y Urus. Los que viven en aislamiento voluntario: Ayoreos, Pacahuaras y Esse Ejas. Los no contactados: Toromonas, parte de los Ayoreos y parte de los Yukis.
¿Qué es lo que se está haciendo desde el Estado para garantizar el presente y el futuro de estos pueblos? La información que se ha hecho conocer es la oficial del Estado Plurinacional, pero genera algunas dudas, baste mencionar que ya se cuestionó si realmente hay algún sobreviviente del pueblo Toromona. Las últimas referencias de contactos con esta cultura son de principios del siglo XX. ¿Viven realmente los ayoreos en aislamiento voluntario? Otro de los temas en cuestión es el referido a la fiabilidad de los datos existentes.
Suponemos que cuando conozcamos los resultados del Censo despejaremos esas dudas, pero ese registro tiene problemas. Primero, la pregunta sobre los indígenas tiene que ver con la autoidentificación. Segundo, si asumimos que una parte de las comunidades en riesgo viven en aislamiento voluntario o no han sido contactadas, el Censo no nos dará datos fidedignos y creíbles sobre la realidad que el país enfrenta en este tema. Algunas investigaciones antropológicas de mediados de la década pasada nos daban cifras realmente preocupantes, consignan 25 personas sobrevivientes (sí, 25, no 250, ni 2.500) del pueblo Pacahuara, 31 Guarasugwes, 63 Tapietes… de los 36 pueblos reconocidos por la Constitución, 10 tienen menos de 500 personas cada uno. Estamos hablando de una realidad dramática que exige inmediatamente acciones concretas.
No es un tema fácil, pues tiene que ver con un arduo debate sobre los derechos de esos pueblos. Desde quienes creen que no se debe intervenir para nada en sus vidas, respetando su decisión de aislamiento si la hay, hasta quienes creen que si el Estado no interviene y los defiende del avasallamiento cultural, social y económico, no tendrán salvación. El problema es que el tiempo se acorta y si la discusión continúa, cuando sea resuelta y se decida un camino a seguir, varios de esos pueblos habrán desaparecido para siempre, como de hecho se puede prever por simples razones biológicas en comunidades con menos de 100 personas, la mayor parte de ellas ancianas.
Es tiempo de que el Vivir Bien sea verdad para los más desprotegidos, para quienes el Estado boliviano ha sido siempre una entelequia inexistente, como no sea para propiciar su discriminación o su exterminio por diversos métodos.
No hay ironía peor que aquella que construye un imaginario en los papeles que termina siendo una ficción en la vida real. Al paso que vamos las cacareadas 36 naciones que conforman la rica pluralidad de Bolivia se verán reducidas a la mitad. Por eso no cabe más la retórica y la demagogia. El gobierno tiene que ponerse ahora mismo manos a la obra. Salvar a estos pueblos es un imperativo categórico, hoy más que nunca. La nueva denominación del país lo demanda.
El autor fue Presidente de la República
http://carlosdmesa.com/
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