juicio medido y certero de El Deber cuando califica de "emblemático el caso Fernández" referido al gobernador electo de Pando que transcurre 36 meses y un día sin juicio ni sentencia recluído en injustas circunstancias

No se perciben señales indicativas  de que a Leopoldo Fernández, en la ciudad de La Paz, el juez a cargo del proceso  penal que se le sigue por los luctuosos sucesos de  Porvenir, respecto a su pedido de libertad provisional, se la conceda, en cumplimiento estricto de la ley, la cual consagra este beneficio a todos los enjuiciados sobre los que no recaiga sentencia alguna luego de cumplir tres años de prisión, como es el caso del exprefecto de Pando.

Si en todo el citado tramo temporal no se le dictó sentencia es porque, obviamente, no pudo acumularse en contra suya la suficiente  carga probatoria que fundamentara la larga condena que anticipaban contra el ‘cacique’ pandino algunas autoridades de Gobierno.  Es que lo de Porvenir fue un enfrentamiento cuya mecha encendió el propio régimen masista al enviar allí una columna de campesinos a la que interceptaron sectores de oposición ligados a Leopoldo Fernández.  No fue ‘genocidio’, sino enfrentamiento con resultado de muertos y heridos, hechos sobre los cuales ambas partes se reparten las respectivas responsabilidades penales.
Encañonados por el recurso de libertad provisional, jurídicamente válido, los oficialistas acelerada y diligentemente han montando contra Fernández otro proceso para salir del paso y mantenerlo entre rejas. Lo hicieron basándose en una sindicación de supuesto “incumplimiento de deberes” en torno a  un convenio interinstitucional para la construcción de embarcaderos en una vía fluvial de Pando, obra que no habría sido ejecutada durante su gestión prefectural.
Es altamente probable, en consecuencia, que el juez de la causa, cuya imparcialidad está en duda, como la de casi todos los de su gremio,  rechace el pedido de Fernández, le abra nueva causa y disponga su retorno de Chonchocoro al penal de San Pedro.
Estamos ante un emblemático caso de algo que lamenta el país desde hace tiempo: la judicatura se politiza y su labor deriva a pura represión contra los opositores al Gobierno de Evo Morales. 
¿Qué  lectura puede hacerse del caso Fernández, a quien se le niega sistemática y burdamente el  derecho a un juicio justo, al debido proceso? Pues una de tipo  premonitorio para todos los opositores al actual régimen: lo mismo se hará contra ellos y, por cierto, a plazo más o menos mediato, cuyo descuento empezará con las elecciones de octubre para la inédita designación  de magistrados judiciales por el voto popular, entre  otros. Tras estos ya próximos comicios, el Gobierno nacional dispondrá de una bien estructurada batería jurídico-institucional para aplastar con la represión judicial a sus adversarios de todos los pelajes.