en episodios que rayan en la xenofobia, empresarios brasileños que en la década de los años 80 decidieron asentarse en Santa Cruz para el desarrollo de la hoy próspera industria soyera boliviana han sido acosados a lo largo de estos años de revolución plurinacional con temas de titulación y tomas de sus propiedades por los denominados “sin tierra” que les gusta asentarse allá donde se realizaron inversiones y no en tierras donde tendrían que poner su fuerza de trabajo y dinero.

Iván Arias pone el acento en las depauperadas relaciones con el coloso Brasil

¿El senador Roger Pinto es causante del bajón o estancamiento de las relaciones entre Bolivia y Brasil? ¿Es la solicitud y aceptación de asilo político a este alto dignatario nacional lo que le ha puesto barreras a un mayor y profundo acercamiento con la potencia vecina y activo miembro de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica)?

La respuesta es ¡no! Es decir, lo del asilo del senador es la cereza sobre una torta de relaciones que el Gobierno boliviano vino dañando en los últimos años con entereza y firmeza. Lejos de establecer una relación de amigos, el Gobierno boliviano ha optado por la indiferencia y la enemistad, como si de un enemigo a derrotar se tratara.

El decidido apoyo de Lula (quién lo podría dudar) a Evo Morales desde el principio de su mandato fue interpretado por los mandamases de la plaza Murillo como carta blanca para hacer lo que se les ocurra. Y así lo hicieron empezando con la tan cada vez menos real nacionalización de los campos de gas que tuvo como principal afectado a Petrobras. Con acusaciones de estafa y con militares armados como para la guerra el Gobierno boliviano tomó las instalaciones de la empresa brasileña en el sur de Bolivia dejando en el ridículo a la entonces ministra brasileña de minas y energía Dilma Rousseff.

Esta afrenta fue minimizada por Planalto y tomada como parte del infantilismo de izquierda con la esperanza de que los gobernantes bolivianos supieran ubicarse en el nuevo contexto internacional que ya no está para los populismos bolivarianos que, si bien en el corto plazo generan mucha popularidad, a la larga hacen de los países y sus gentes pobres y más pobres.

En ese intento el Gobierno brasileño ofreció al expectante régimen masista poner a su disposición lo mejor de su experiencia en desarrollo económico y lucha contra la pobreza. La asistencia técnica para sacar a Bolivia del estancamiento fue ofrecida por el coloso carioca a través de Embrapa (incubadora de empresas rurales), replicar el programa hambre cero, ofrecimientos de hacer de YPFB una empresa estatal moderna y eficiente y, entre otras cosas, la canalización de créditos para obras de infraestructura. Ninguna de estas ofertas fue bien recibida por los revolucionarios bolivianos y más bien se dieron a la tarea de espantar a las empresas brasileñas que apostaron por trabajar en Bolivia: Queiros Galvao y OAS son testigos de la desconsideración que las exhibió ante el mundo empresarial como corruptas e ineficientes.

Por otro lado, en episodios que rayan en la xenofobia, empresarios brasileños que en la década de los años 80 decidieron asentarse en Santa Cruz para el desarrollo de la hoy próspera industria soyera boliviana han sido acosados a lo largo de estos años de revolución plurinacional con temas de titulación y tomas de sus propiedades por los denominados “sin tierra” que les gusta asentarse allá donde se realizaron inversiones y no en tierras donde tendrían que poner su fuerza de trabajo y dinero.

A esta acción se suman las extorsiones que hacen autoridades de migración y universitarias, a los más de 15.000 estudiantes cariocas que se trasladan a los centros de educación superior bolivianos para seguir sus estudios superiores. Mientras en Brasil se ha legalizado la permanencia de más de 300 mil bolivianos que estaban en situación ilegal, el Gobierno boliviano no ha retribuido con el mismo gesto a migrantes brasileños en tierras bolivianas.

Por supuesto el tema del narcotráfico crispa y tensa las relaciones. El pasado mes de agosto Rousseff lanzó la Operación Ágata con el objetivo de combatir el narcotráfico y la delincuencia en las zonas fronterizas con Bolivia. El ministro de Defensa brasileño, Celso Amorim, señaló en una entrevista con Infobae América, que “los objetivos son varios: narcotráfico, contrabando, minería ilegal en la Amazonia (…)”. Se estima que 1% de la población brasileña, de 191 millones de habitantes, consume cocaína o crack. El 90% de la droga ingresa por Bolivia y Perú y el restante 10% por Colombia, mientras Paraguay cubre el 80% de la demanda de marihuana, según la Policía Federal.

Teniendo un vecino tan poderoso, influyente, comprensivo y de paso, siendo nuestro mayor cliente comercial, no se entienden las razones que han llevado al régimen boliviano a desperdiciar la mano carioca y preferir la mano bolivariana. Como muestra de que no hubiera intenciones de corregir los desaciertos, y más allá de la veracidad o no de las acusaciones, la ratificación de la candidata a la Gobernación de Beni deja este mensaje: “me importa un bledo lo que digan, yo hago lo que quiero. ¡No me importas!”.