El fin de año se festeja. A veces sin ajustar bien el balance, si positivo o negativo. Aunque no es una norma, es recomendable abrir los ojos antes de cerrar el año. El 2010 se recordará especialmente por el tono agitado de la vida cotidiana a consecuencia de la propuesta de leyes que una tras otra ha lanzado el Gobierno proponiendo reformas que buscan implementar los mandatos de la nueva CPE. Como consecuencia se reforzó el proceso antiautonomista. Los Estatutos aprobados por inmensa mayoría de votos en los departamentos orientales terminaron siendo silenciados, desde dentro y desde fuera. La autonomía no se nota. El centralismo ha recobrado posiciones y terminó consolidando poder. El discurso oficial ha machacado con la autonomía diseñada por los que votaron “no” a la autonomía.
Aumentó la acción represora contra la oposición de parte del ala dura del Gobierno. Se ha utilizando una bien cuidada red de influencias sobre el aparato judicial para en la práctica arrasar con los avances, las instituciones y las principales figuras impulsoras de la propuesta autonómica y los disidentes políticos. Nada se ha podido conseguir para un juicio justo, imparcial, que respete el debido proceso y la presunción de inocencia del encarcelado ya por dos años Gobernador de Pando. Sin misericordia y a paso de caballería han sido acusados, imputados formalmente, destituidos y correteados buscando su autoexilio o la muerte civil casi todas las principales cabezas de la oposición o de los que, hay que subrayarlo, simplemente no comulgaron con los discursos oficiales. Todo ha sido diseñado para tal fin. Se acusa igual por haber gastado que por haber ahorrado fondos públicos; por hacer o por dejar hacer. La retroactividad de la ley es arma eficaz. Se lo juzga por sus actos, o por los de subordinados o, por último, de algún pariente cercano.
El tono de los personeros del Gobierno, hasta de simples funcionarios, ha sido cada vez más hiriente. La agresividad ha sido la característica, con la ofensa, aunque sea fuera de contexto. Los discursos han sonado a sentencia, adelantando conclusiones, lo que debería ser investigación, acumulación de pruebas y valoración por jueces competentes en cada caso. La guillotina para los presuntos sospechosos de un delito ha sido marca registrada. La defensa a ultranza de este modo de operar aprovechando la labia de varios funcionarios de alto rango ha tratado de transmitir, y en parte lo han conseguido, que este proceder saltándose normas y reglamentos es adecuado para los momentos revolucionarios que transita el país. Se termina el año con la sensación casi insoportable de que se han perdido las garantías constitucionales.
¿Se pasó de la raya el Gobierno? Cuando el río suena, piedras trae. Buena parte de la ciudadanía ha protestado, casi siempre pacíficamente. En lo más remoto del altiplano y en los llanos. Organismos internacionales en relación con los Derechos Humanos, promoción y conservación de la democracia, connotados comentaristas a través de importantes medios de comunicación, independiente de partidos o de ser políticos de derechas y de izquierdas, han hecho reiteradas llamadas de atención sobre el proceso en marcha en el Estado Plurinacional. Si muchas voces y disimiles han denunciado esto y lo otro, la respuesta correcta no puede ser siempre la negación. Estas actitudes terminan convirtiendo la intolerancia en algo habitual, porque no se puede negar todo indefinidamente. Los entredichos con la gente de prensa y la Iglesia católica han sido lo más demostrativo.
Este año el Gobierno se ha visto empujado a reconocer el grave aumento de la actividad ilegal del narcotráfico. Los cocales han aumentado nuevamente, a pesar de los esfuerzos de erradicación; el avasallamiento de reservas forestales y parques nacionales para el sembradío ilícito de plantas de coca ha sido un detonante a la conciencia nacional; la interdicción marca cifras récords incautando toneladas de droga, aunque todo el mundo acepta que esas cifras no sean más que la punta del iceberg. La violencia delata la presencia de actividades ilegales además del factor pobreza y desempleo. Fuera de nuestras fronteras han sido aprehendidos ciudadanos bolivianos y bolivianas con cientos de kilos de droga, en una red cada vez más extensa que alcanza a Latinoamérica, África y Europa. Hay una corresponsabilidad de la comunidad internacional en el complejo problema del tráfico de drogas ilícitas, pero su reclamo no es suficiente para liberarnos de la parte que nos corresponde. Cuando el mismo presidente Morales ha hecho mención pública a la gravedad del problema es que se ha salido o se está por salir de control. En este tema, sin duda, la mayoría del país apoya al Gobierno en una lucha frontal y eficaz contra la lacra del narcotráfico.
Se mantiene alta la circulación monetaria. Hay plata y se gasta. Pero no hay inversiones importantes, y ya el gobierno las reclama a las empresas públicas y a las privadas, especialmente las extranjeras en los rubros sensibles. Son cinco años de la actual gestión y se mantiene la tendencia a los altos ingresos por buenos precios externos, pero la producción disminuye tanto en hidrocarburos como minería, agroindustria y manufacturas. Son demasiados rubros y dispares como para no buscar una razón unificadora. El intervencionismo del Estado en áreas ya competitivas ha desincentivado mantener inversiones. Importar para controlar precios o jactarse de “precios justos” está llevando por el camino conocido: desaparición del aparato productivo con las gravísimas consecuencias de desempleo, desincentivo empresarial, alimentar una mentalidad rentista y finalmente el descalabro. El ejemplo reciente de Cuba es para tenerlo muy en cuenta, ahora y en los años venideros: “O rectificamos o, nos hundimos” (Raúl Castro, después de 50 años de sacrificio del pueblo cubano al estatismo marxista). Lo peor sería no abrir los ojos. (De la página de editoriales de El Deber. SC, Bolivia)
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