Las recurrentes tensiones políticas que resultan de una complicada situación en un país, siempre preocupan a toda la ciudadanía y, de la manera cómo se las maneja, un gobierno muestra su naturaleza, es decir si tiene apego a las leyes y respeta los derechos ciudadanos o, por el contrario, arremete sin freno, sólo para imponer lo que considera soluciones a los problemas y, muchas veces, para conjurar peligros –reales o imaginarios– para su estabilidad.
Este puede ser el origen de lo está sucediendo en el país. Sería tan grande la preocupación del régimen, que el llamado “proceso de cambio” luce como desbocado, con sus dirigentes acelerados ante “fantasmas” que estarían acechando en su contra.
Se conocía la intención de arremeter contra las autoridades electas opositoras: gobernadores y alcaldes municipales. Éstas eran vistas como el último obstáculo para el predominio total en el país. Sin embargo, parecía también que, en algunos sectores de la ciudadanía, hubo idea de que del régimen no llegaría al extremo de desconocer a esas autoridades opositoras, ya que, con este atropello, desnudaría más aún una política de negación de los derechos individuales y de conculcación de las libertades democráticas, comprometiendo la estabilidad institucional.
Para intentar una dudosa justificación a esa política sectaria orientada a prevalecer y ocupar todo el poder –como lo reclaman sectores del oficialismo–, se multiplicaron los juicios contra esas autoridades porque todos –cosa curiosa; los oficialistas son los únicos intachables, como si no fueran todos de la misma extracción de una sociedad con tantos ejemplos de corrupción– supuestamente son culpables de delitos terribles durante sus funciones.
Pero se va más allá: todo candidato opositor, por el delito de haberse presentado en elecciones enfrentando al oficialismo, también es considerado enemigo y, por supuesto, un caso para ser enjuiciado.
La búsqueda de errores o delitos en los que ejercieron la función pública, ya no tiene límites. Son palos a diestra y siniestra, caiga quien caiga, si no se es partidario del partido de gobierno.
En esto de la proliferación de juicios, hay un caso que no tiene ninguna explicación. No se trata de un personaje que esté buscando el poder; que no tiene una base partidaria, lo que lo hace más vulnerable, pero le da mayor fuerza moral, la que a veces sólo es un consuelo cuando prevalece la injusticia. Eduardo Rodríguez Veltzé es, como él mismo dijo, es un juez que cumplió con un deber constitucional: asumir la presidencia de la República en circunstancias muy peligrosas para la paz ciudadana. Apagó incendios y convocó a elecciones transparentes, sin candidato oficial. Mostró su esencia democrática y su apego a la ley. Entregó el poder a quien triunfó en los comicios: el candidato del Movimiento al Socialismo, MAS. Pero esto que enaltece a Rodríguez Veltzé se vio como un peligro, pues él podía erigirse como un líder político, lo que no sucedió por su propia decisión. Por eso, se le armaron procesos, los que se multiplican para dar más circo a los sectarios.
¿A donde se quiere llegar? Por supuesto que a los objetivos de una agenda que no es puramente nacional. Un venezolano, acaba de afirmar, en respuesta a una pregunta, que el gobierno de Bolivia está en la página veinte de la agenda que lleva Hugo Chávez, mientras éste ya ha llegado a la página cien.
Y cuando las medidas son por consigna –en este caso consigna “bolivariana”– la agenda es inalterable. Ahora, se está apretando el acelerador para el llamado “cambio”.
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