La Policía ha sido considerada desde hace muchos años como una de las instituciones más corruptas del Estado, y la decisión impulsada por el Gobierno para combatir esa lacra que empaña a la que debía ser un ejemplo de transparencia y honestidad es buena.
La depuración de corruptos se ha iniciado en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico inmediatamente después de los salvajes acontecimientos de Santa Cruz, en los que un grupo de colombianos, apoyado por policías y ex policías nacionales, acribilló a balazos a seis personas, tres serbios y tres bolivianos, en un operativo calificado por las autoridades como un ajuste de cuentas del narcotráfico.
El tratar de depurar de corruptos a la institución del orden es una buena noticia, como las muchas similares que se han dado a lo largo de la historia policial, pero cuyas acciones no han logrado el objetivo deseado.
El problema de la Policía es estructural y la corrupción está enquistada en todos los niveles de esa institución en cuyas manos se encuentra, paradójicamente, la custodia y protección de los ciudadanos para evitar que sean blanco de la delincuencia que campea impune en calles, plazas y avenidas de las ciudades del país.
No hay muchos motivos para creer que a partir sólo de este proceso depurador, la Policía Boliviana se convierta en una institución virtuosa si antes no se adoptan drásticas medidas que pasen por una verdadera concienciación ética y moral de los formadores y estudiantes para policías. Quizás ni así se lograría el imperio de la honestidad en esa institución, cuya gran parte de sus integrantes aumenta su bienestar con dineros de coimas de una población que tampoco encuentra mayores problemas en sobornar para ser disculpada de violaciones a normas como las de tránsito, y de ahí para arriba.
Cultivar una cultura de honestidad será sin lugar a dudas una tarea titánica que deberá estar precedida por el ejemplar comportamiento de autoridades de alta jerarquía no sólo en la Policía, sino también de los otros órganos del Estado, quienes tendrán que practicar principios morales que las inhiban de crear compromisos de silencio con funcionarios de las fuerzas del orden, jefes o subalternos, para no perder autoridad moral alguna.
Tampoco deberán dejar sin procesos a quienes, usando uniformes, han agredido, atemorizado y violado los derechos humanos de ciudadanos bolivianos, incluso llegando a disparar sus armas de fuego como sucedió contra periodistas de Unitel o PAT, en septiembre y noviembre de 2009, sin que los responsables —que se supone están identificados— sufran sanción alguna.
Mientras este tipo de situaciones no sean aclaradas y sus autores continúen sin castigo alguno, tampoco será posible alcanzar la utópica esperanza de contar con una Policía impecable, respetable y creíble y, lo que es más, que goce de la confianza de la sociedad.
A pesar de ello, cualquier acción que se haga para reducir la corrupción policial y de otras instituciones será siempre bienvenida.
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