mientras en Bolivia peleamos por un 5% magro, en Chile, gobierno de derecha, neoliberal y oligarca, si se quiere se asegura un ingreso ético y social

Bitar, Cristina
Arrebatándoles otra bandera

El Gobierno estudia un proyecto que permitirá asegurar a todos los chilenos un ingreso ético familiar que, según la información de los medios de comunicación, sería de 240 mil pesos, el cual sería anunciado en el primer mensaje presidencial del próximo 21 de mayo. Esta idea significa un salto gigantesco hacia el desarrollo y colocaría al gobierno de la Coalición por el Cambio en la vanguardia de la protección social a nivel internacional, con un liderazgo evidente en nuestro subcontinente latinoamericano.

Tradicionalmente la centroderecha ha sido vista como un sector político partidario del libre mercado y que está muy lejos de la izquierda en lo que se refiere a políticas sociales. Más aun, la caricatura los muestra comopartidarios del “chorreo” y contrarios a todo lo que vaya más allá delsimple incremento de los niveles de ingresos que trae aparejado el crecimiento económico. Por lo mismo, desde siempre ha sido tachada por sus adversarios como un grupo insensible a los temas sociales.

Este ingreso ético significa un cambio de paradigma de consecuencias políticas impredecibles y muestra, una vez más, la decisión delPresidente Sebastián Piñera de arrebatarle las banderas a la izquierda. El paquete de financiamiento de la reconstrucción ya demostró que para este gobierno los temas tributarios no son tabú y que ve los impuestoscomo un simple instrumento de política económica y no como una cuestión de principios. De hecho, la decisión de financiar en parte la reconstrucción con un alza de tributos ha llevado a la izquierda a un cuestionamiento severo, pues ellos no fueron capaces de tomar medidascomo las que sí está tomando este gobierno de centroderecha.

Ahora avanza más allá y se mete al corazón de lo que fue el sello de la Presidenta Bachelet, esto es, la red de protección social. No hay duda de que destinar, como ha trascendido, 2 mil millones de dólares a asegurar un ingreso mínimo familiar, situándolo en el orden de los 500 dólares, saca definitivamente este tema del patrimonio de la izquierda y lo convierte en una prioridad de Estado, que la centroderecha asume con el mismo énfasis, pero incluso con la pretensión de hacerlo con mayor eficiencia y eficacia que las que en su momento tuvo la Concertación.

Las últimas elecciones presidenciales, incluida la más reciente en que finalmente la Concertación fue derrotada, significaron siempre para la UDI y Renovación Nacional la dificultad de tener que enfrentar verdaderas campañas del terror social. Se dijo, en su momento, de Lavín y luego del propio Sebastián Piñera, que un triunfo de ellos ponía en grave riesgo la protección social y los derechos de los trabajadores. Se anunciaron cosas tan descabelladas como el fin de subsidios, de la educación pública, de la salud pública y de los derechos laborales más básicos. Esos vaticinios fueron siempre un escollo duro para la oposición de entonces, pues se sembraba al menos la duda, y mucha gente para la cual el apoyo del Estado es vital prefería seguir el camino seguro antes que arriesgarse con esa derecha tachada de insensible.

El cambio es demasiado profundo para anticipar sus consecuencias, pero lo que durante años fue una disputa que se jugaba —por decirlo de una manera gráfica— en una cancha inclinada por el pasado y los prejuicios sociales, a partir de este gobierno y gracias a sus primeras políticas, se convierte de ahora en adelante en una disputa en que ya no caben las caricaturas y en que la Concertación necesitará “mojar la camiseta” bastante más de lo que hizo hasta ahora. Con esto, más que ganar la Coalición por el Cambio, ganan el país y los más pobres.