La contundencia de ciertos hechos permite afirmar que en nuestro país no sólo existen asesinos a sueldo y que su actividad se ha incrementado y perfeccionado, sino que en los últimos tiempos se ha llegado al extremo de contratar a sicarios extranjeros.
En el negocio del tráfico y la venta de droga, aunque no solamente en este rubro, se suele contratar a esos profesionales de la muerte. Hay asesinatos cuyas modalidades de ejecución producen una calculada y voluntaria difusión del hecho para que el ajusticiamiento opere también como un mensaje mafioso que los instigadores o autores intelectuales quieren transmitir a otras personas.
Hay, además, ejecuciones realizadas de tal manera que a los más avezados investigadores les queda la duda de si se trató de un homicidio a secas o, por ejemplo, de un homicidio en ocasión de robo. La ambigüedad de la interpretación ha sido calculada por los homicidas.
En julio de 2008 dos narcotraficantes colombianos fueron fusilados en el supermercado Unicenter. Una de las hipótesis en danza es que habrían participado integrantes de la barra brava de Boca. En febrero de 2009 fue asesinado el colombiano Juan Galvis Ramírez en el marco de enfrentamientos internos dentro de las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo paramilitar vinculado con el narcotráfico.
En cuanto al crimen del neurocirujano Claudio Urbina, asesinado cuando llegaba a su casa en Boulogne, también habría sido ejecutado por profesionales, pero los policías sospechan que la intención de los sicarios fue ocasionarle un susto y luego algo salió mal. Parten de la base de que le dispararon con un fusil automático liviano (FAL), un arma de guerra que no suelen emplear los sicarios.
La desgraciada profesionalización del crimen y la contratación de sicarios seguramente obedece, entre otros factores, al incremento del delito en general -y de sus ganancias- y a la paralela ineficiencia policial. Por otra parte, la gran desventaja que entrañan los asesinatos por encargo realizados por profesionales es que, si han sido bien ejecutados, se encuentran entre los delitos más difíciles de probar y de castigar.
Como, afortunadamente, la Argentina no cuenta todavía con muchos sicarios capacitados, los delincuentes suelen buscarlos en el exterior. Por lo tanto, una vez que estos asesinos llevan a cabo su cometido, regresan a sus países de origen tornando aún más difícil el esclarecimiento del hecho.
En Colombia, México y Perú el crimen organizado ha formado desde hace tiempo a estos matones profesionales. Y, aunque es ilegal, en Internet suelen aparecer páginas que promocionan los servicios de esos asesinos.
Lo cierto es que en la Argentina el crimen organizado recurre cada vez con mayor frecuencia a esos servicios que, como ya dijimos, prácticamente conllevan una garantía de impunidad.
Sin embargo, esta peligrosa característica no debe ser argumento para que los investigadores policiales se resignen. Lamentablemente, el combate contra el delito en general muestra el fracaso no tanto de la policía sino de las políticas de seguridad. Delitos mucho menos complejos que los cometidos por sicarios quedan impunes.
Por lo tanto, es preciso trazar políticas serias y coherentes de lucha contra el delito en todas sus gamas, porque de esa manera se estaría combatiendo a quienes, para continuar con sus acciones ilegales, echan mano de los sicarios.
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