En Somalia se vivió una situación similar a la que ahora vive Bolivia. La droga, el contrabando y las guerras internas terminaron con ese Estado en 1991: desde entonces allí sólo existe un territorio sin leyes donde reina el narcotráfico y donde se refugian piratas que controlan el océano Índico.
Los síntomas eran parecidos. La diferencia entre los dos casos es que en Somalia nadie planificó la destrucción del Estado: el hecho se dio como resultado de situaciones descontroladas.
En Bolivia, en cambio, las bases del caos están contenidas en un documento que fue preparado con mucho detalle por expertos extranjeros y nacionales, en ese orden. El documento se llama Constitución Política del Estado (CPE).
Lo que acaba de ocurrir en Uncía tiene su respaldo –o su inspiración– en el art. 30 de ese documento, donde dice que los pueblos originarios tienen derecho “a la libre determinación y territorialidad”.
Es decir que si los cinco ayllus de la zona han decidido declarar zona libre de las leyes del ‘Estado kara’ a su territorio, no han cometido delito. Tampoco pueden ser observados por aplicar la justicia comunitaria para ajusticiar a cuatro policías (art. 190), pues la justicia ordinaria no tiene facultades para intervenir (en Ecuador, en cambio, un juez del sistema indígena acaba de ser suspendido por la justicia ordinaria, a la que aquella está sometida).
Es probable que los redactores de la CPE no hayan pensado provocar lo que ahora se da y que sólo hayan pretendido borrar la huella del colonialismo retrocediendo el reloj de la historia. Pero lo que han conseguido es que en Bolivia se presente ahora una situación similar a la que se daba en la península ibérica antes de la llegada de los romanos, hace 2.000 años, cuando la tribu no había sido absorbida aún por el Estado.
Lo que han conseguido estos señores es generar esta situación de disolución del Estado, dando la razón a quienes estaban pronosticando que en Sudamérica iba a cambiar el mapa, en una especie de cataclismo político, consecuencia de la desaparición de un país.
La charlatanería de los ideólogos con mentalidades precolombinas ha llevado las cosas demasiado lejos. El Estado boliviano está diluyéndose. Cuando eso ocurre –se ha visto en Somalia– los únicos que se benefician son los capos de las mafias que controlan las drogas, el contrabando y el terror.
Ante semejante panorama de aflojamiento de las leyes y las normas, no tiene nada de raro que, en este momento, el Ejército boliviano esté bloqueando un puente en La Paz al mismo tiempo que el narcotráfico provoca muertes en las fronteras con Brasil y Chile.
La alarma hace que en esos dos países se produzcan expresiones de inquietud ante el descontrol que se da en territorio boliviano. El Gobierno chileno analiza la idea de instalar un cerco electrónico en la frontera y el candidato opositor brasileño José Serra dice que el Gobierno boliviano es cómplice del narcotráfico que abastece de cocaína a las 200 favelas de Brasil.
Bolivia se ha convertido en un problema para la región, como Somalia para África.
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