En estos días hemos asistido a tres episodios que vienen a demostrar hasta qué extremos impensados llega la ofensiva de la fracción gobernante sobre la independencia del Poder Judicial.
El primero de ellos sucedió cuando la Corte Suprema resolvió en dos casos distintos el principio de la libertad sindical como una garantía básica de los trabajadores, en consonancia con los criterios imperantes en la mayoría de los países del mundo y los tratados internacionales que rigen la cuestión.
Ya hemos saludado desde estas páginas en otras ocasiones la actitud que viene manteniendo nuestro más alto tribunal, cuya independencia de criterio respecto del Poder Ejecutivo debe ser valorada y apoyada. En este caso, los fallos comentados han impactado fuertemente los intereses del poder sindical, cuya cabeza visible es el titular de la CGT oficial, Hugo Moyano, principal aliado del Gobierno en una relación de mutuos favores y concesiones.
A partir de entonces, el titular del gremio judicial, Julio Piumato, alineado férreamente con Moyano, se ha dedicado, con el apoyo tácito del Gobierno, a promover una campaña de hostigamiento contra la Corte Suprema con diversos reclamos de dudoso fundamento, que suenan más a pretextos o escarmiento ante el disgusto por la decisión tomada.
El segundo episodio que comentamos llena de vergüenza a las instituciones republicanas. Nos referimos a cuanto viene sucediendo con el concurso para ocupar vacantes en la justicia federal, cuya validez no se explica ante las groseras irregularidades con que viene viciado.
Nada más basta mencionar que uno de los candidatos había solicitado un fallo similar al caso que se le iba a tomar en el examen, lo cual crea una gravísima sospecha sobre una anterior filtración de los temas y sobre el beneficio que ello le reportó. El otro candidato, haciendo gala de una memoria tan perfecta que se aleja de la realidad, aparentemente había retenido 43 citas jurisprudenciales. Párrafo aparte merece lo poco que ello nos dice sobre su idoneidad técnica, ya que estas supuestas virtudes de los aspirantes en el mejor de los casos demuestran que uno tendría buena suerte y el otro, una fenomenal memoria.
Los representantes del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, contando con la inexplicable pasividad del magistrado Bunge Campos y del representante del Colegio Público de Abogados, Santiago Montaña, no sólo no les dieron importancia alguna a tamañas irregularidades y omitieron toda investigación al respecto, sino que además están presionando fuertemente para que el concurso se resuelva en favor de los magistrados bajo sospecha.
Por último, aparece el bochornoso episodio en el que un comisario, invocando órdenes del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, desconoció la autoridad del juez laboral José Sudera al impedirle el acceso al magistrado a la sede gremial de la Asociación Argentina de Aeronavegantes. Sudera intentaba cumplir un fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional del Trabajo que ordenaba poner en funciones a la comisión directiva del gremio, de la lista opositora.
Los policías a cargo de hacer cumplir la orden judicial no apoyaron al juez y le sugirieron que llamara al jefe de Gabinete. Finalmente, el magistrado tuvo que partir sin lograr su objetivo.
Causa estupor que el jefe de Gabinete haya admitido tranquilamente que él había dado esa orden e invocado pretextos que no vale la pena considerar si es que se tienen presentes los mecanismos del sistema republicano de gobierno.
Los jueces imparten justicia y sus fallos están para ser acatados, máxime por quien está investido de tan alta autoridad pública. Su desafío a la independencia del Poder Judicial resulta inaceptable y agudiza aún más el grado de deterioro institucional que día tras día va experimentando nuestro país.
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