China no tiene ningún respeto por la libertad de expresión. Ahora teme a la palabra "democracia" según La Nación de Baires

El milagro económico de China no ha sido acompañado todavía por la democratización del país. Por ello, es obvio, el pueblo chino no goza de las libertades esenciales, comprendidas en los derechos humanos. Vive sofocado por un régimen político dictatorial en el cual el Partido Comunista Chino no admite más que su propio discurso y su propia visión de la realidad.

China es hoy el país que más ahorro atesora. Sus reservas en moneda extranjera alcanzan este mes los 2,3 billones de dólares. Por ello, cada año invierte varios millones en los Estados Unidos y Europa. Esa sensación de pujanza contrasta con la política doméstica, que mella la confianza en el país como inversor soberano. Eso debería corregirse.

La publicación y, más aún, la extendida difusión de la llamada "Carta 08", en diciembre del año pasado, alarmó a las autoridades. Se trata de una pieza suscripta originalmente por varios centenares de intelectuales locales, endosada por más de 10.000 firmas, cuyo contenido, considerado explosivo, habla sin rodeos de la necesidad de aplicar reformas políticas urgentes que conduzcan a la democracia.

Uno de sus más prominentes autores, Liu Xiaobo, acaba de ser condenado a 11 años de prisión por "incitar a la subversión del poder (absoluto) del Estado". Esto significa que en China animarse a predicar la democracia es considerado un delito peligroso que se condena con inusual dureza.

Además de la condena, Xiaobo ha perdido sus derechos políticos por un período adicional de dos años. Es un escritor y ex profesor universitario de la Universidad Normal de Pekín, de 54 años. Fue detenido hace más de seis meses. En su momento se caracterizó por ser uno de los dirigentes más activos en la organización de las protestas estudiantiles que tuvieron como escenario la plaza Tiananmen, en 1989, liquidadas con una tremenda masacre que nunca fue aclarada.

En ese momento Xiaobo pasó 20 meses en prisión. Eso parece haber templado su coraje en la búsqueda de la libertad con la convicción de que la democracia es mucho más que cifras y estadísticas; es una forma de vida sin miedo, donde se escucha, se tolera, se respeta y se gobierna por consenso.

La severa sentencia que acaba de condenarlo por sus ideas se difundió en coincidencia con las celebraciones navideñas, aparentemente con la esperanza de que pase más o menos inadvertida para la comunidad internacional.

Merece el más duro repudio. Es evidente que en China la palabra es considerada un instrumento criminal. Difundir ideas y opiniones disidentes se convierte así en una actividad delictiva. Esto no sólo es un atropello manifiesto a la libertad de pensar y opinar de sus ciudadanos, sino una afrenta a la dignidad humana.

se investiga el enriquecimiento ilícito de la pareja Kirchner y La Nación se sorprende del sobreseimiento del proceso por Juez venal. Sucederá aquí ?

El sobreseimiento dictado por el juez Norberto Oyarbide en la causa del enriquecimiento del matrimonio Kirchner no encuentra explicación posible frente a las evidencias existentes. La comparación de las declaraciones patrimoniales presentadas ante la Oficina Anticorrupción en los dos últimos años, y la exposición de los ingresos y rentas del matrimonio no necesitaban más que una aritmética elemental para demostrar la ilicitud del enriquecimiento.

La fundamentación del fallo sólo en el informe de los peritos parece haber considerado excluyentemente la justificación contable sin apreciar en absoluto el concepto de ilicitud que prescribe la ley. Según el diccionario, ilícito significa "no permitido legal ni moralmente", o sea que comprende tanto el plano legal como el moral. En nuestro caso, la legislación argentina ha incorporado ambos conceptos en la ley de ética en la función pública y ha hecho así judiciables los comportamientos carentes de la necesaria ética en el desempeño de un cargo público.

Las faltas del matrimonio Kirchner encuadran sin duda en los actos comprendidos en los artículos 2º y 13º de esa ley. Hay tres temas en la declaración jurada presidencial que encierran transgresiones punibles. El alquiler de los hoteles de El Calafate a un importante contratista de obra pública nacional no sólo expone una incompatibilidad para el cargo, sino que por sus montos absurdamente altos e injustificados hace suponer como mínimo el uso de compulsión, sea por conveniencia o por temor.

Otro tema es el de los intereses ganados por depósitos bancarios a plazo fijo en pesos y en dólares. En este caso la aritmética requerida es el cociente entre dos cifras: rentas recibidas y montos depositados. Esto basta para verificar que las tasas exceden más que holgadamente las vigentes en ese tiempo. El hecho de que sea el Banco de Santa Cruz el que retribuyó al matrimonio con esas tasas extraordinarias ameritaba una mayor atención del juez sobre esta cuestión.

El tercer tema es el de la venta de un terreno por un monto de 6.300.000 pesos, cuando dos años atrás se había pagado por él sólo 132.079 pesos en una compra personal y directa al municipio de Calafate. Surge una renta extraordinaria que supone el uso de una posición de poder para acceder a una propiedad fiscal a precios inferiores a los de mercado. Nuevamente, se trata de actos incompatibles con la ley de ética que el juez necesariamente debería haber contemplado.

La rapidez con que se dictó el sobreseimiento convalida las presunciones que corrieron en todos los ámbitos políticos y periodísticos basados en los actos y el comportamiento mediático del juez Oyarbide. Se suponía que la sentencia debía producirse antes de fin de año para prevenir que el cambio en la integración del Parlamento pudiera producir modificaciones en el Consejo de la Magistratura y que el Poder Ejecutivo perdiera el mecanismo de presión que ha utilizado hasta ahora.

Oyarbide sobreabundó en sus contactos con los medios e intentó crear una imagen de independencia y hasta de enfrentamiento con el poder, posiblemente para acumular un crédito que facilitara su situación al dar a conocer el sobreseimiento del matrimonio presidencial. El peritaje realizado por miembros del cuerpo de peritos de la Corte, pero no en nombre de dicho tribunal, se expuso con algún equívoco para darle más sustento. La incorporación como perito de parte del propio contador que elaboró la declaración patrimonial cuestionada significó otra grave transgresión de reglas.

Las presunciones se cumplieron ante la estupefacción de la ciudadanía. Debe esperarse ahora la apelación por parte del fiscal y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas para que se revise esta sentencia en la segunda instancia. En esa etapa deberá solicitarse mayor documentación y considerarse el marco ético y de compatibilidades para retomar el camino de administrar justicia.r

"Dividir para Reinar" llama LN de BA, a la promoción de los Kirchner para obtener el dominio desenfrenado del poder. No ocurre acaso lo mismo con Evo?

Una de las características distintivas de la manera de hacer política de los Kirchner es la de tratar siempre de dividir. No sólo a quienes sean adversarios, sino a cualquier actor cuyo peso relativo pueda hacer sombra. Apuntan a dividir, aun a riesgo de lastimar el plexo social, lo que es más grave todavía.

Dividir es lo contrario de consensuar. Es lo opuesto de incluir, concordar o unir. Y hasta de confiar. Es alejar, separar, enfrentar, apartar, antagonizar, desintegrar. Es atomizar todo en bandos irreconciliables. Es expulsar el disenso del debate de las cuestiones públicas. Peor aún, es aniquilar la capacidad de ceder y rectificar y, por lo tanto, de enmendar equivocaciones. Va, pues, a contramano de algo tan esencial para poder gobernar en un ambiente de concordia y paz. Así estamos en todos los órdenes de la vida nacional sometidos a la influencia del poder presidencial.

La intención de dividir es táctica y estratégica. Ha sido norma estos seis años. Se la ha aplicado desde ese poder presidencial con mayor o menor éxito según hayan sido las circunstancias cambiantes.

En el período declinante posterior a las elecciones nacionales del 28 de junio del corriente año se lo ha hecho de una manera desaforada en todos los órdenes. No sólo respecto de los partidos políticos, sin excluir a los sectores disidentes de la conducción oficial del Partido Justicialista. También en relación con la Iglesia, con varios países amigos, con dirigentes empresarios y sindicales, con los medios de comunicación y con los periodistas a título individual, con sectores empresariales y hasta del mundo de la cultura, en cuyas últimas estribaciones una minoría obsecuente hace notar su falta de limitación y pudor valiéndose sin vergüenza de instrumentos del Estado que deberían estar al servicio de todos y no de la parcialidad que los usufructúa en su mezquino provecho.

El triste objetivo es conservar o acrecentar el poder al costo que fuere. Hasta de hacer que la palabra ceda su espacio a las vías de hecho. Así han proliferado enfrentamientos de todo tipo que hoy crispan y escinden la nacionalidad.

De alguna manera ese proceder se nutre en la "cultura de los bandos", en la cual una facción, de espaldas a la amistad cívica o social que engrandece, se atribuye la representación exclusiva de lo que el país quiere y necesita. Para ello se mantiene alistada para imponer puntos de vista sectarios, refractaria a la política de diálogo inclusivo que en todas partes se entabla con miras al consenso y a la reconciliación, capaz de preservar los más sagrados valores de una sociedad.

En esa incapacidad gubernamental de interactuar puede quizás estar la clave de nuestras zozobras y la razón central de la tendencia a uniformar las ideas. De esa manera se ha llegado al caso antológico, por lo aberrante, de que el jefe de Gabinete, en lugar de actuar como un garante de la legalidad, se haya convertido en la encarnación misma del paradigma destituyente del Estado de Derecho al disponer que no se cumpliera con una orden judicial.

El poder nunca se ejerce de modo legítimo en el aislamiento y menos de forma entumecida por la cerrazón en el capricho de quienes lo ejercen con carácter circunstancial.

Por eso la visión pluralista está en la esencia misma de la condición social humana y es el fundamento de una política democrática y republicana. Al olvidarlo, los gobiernos autoritarios o populistas apelan a la exacerbación de las emociones, con lo cual caen en la retórica jacobina que resuena en nuestros espacios.

La última de estas manifestaciones ha sido la invitación cursada por la Presidencia de la Nación para el encuentro por realizarse hoy entre la señora de Kirchner y unos cuarenta empresarios. Se han hecho en la lista de invitados exclusiones deliberadas, fundadas en criterios maniqueos -éstos son buenos, éstos son malos-, tan vulgares como para poner de inmediato en evidencia la voluntad de introducir cuñas divisorias en el empresariado a pesar del fracaso de ese tipo de política, según se ha podido verificar antes de ahora.

No se advierte en el Gobierno que la igualdad, la tolerancia, el respeto por la jerarquía del gobierno de las leyes y la división y el equilibrio de los poderes corran por vías paralelas a las de la dignidad que supone la pluralidad de pareceres y el rechazo del estilo totalitario que procura imponer la uniformidad de opiniones.

No se comprende ni en la Casa Rosada ni en la quinta de Olivos que el cometido republicano está lejos de la promoción del dominio desenfrenado y cerca de la procuración de acuerdos básicos de Estado.

La paz que el país requiere se gesta de otra manera y con estilos y modos diferentes. Después de seis años en vano es hora de aprenderlo.

la inseguridad jurídica se ha convertido en una cruz para los argentinos. qué cosa tendríamos que decir de similar fenómeno en Bolivia. (La Nación.BA)

Pasó otras veces: un emisario de un gobierno extranjero ha transmitido una impresión negativa de los empresarios de su país radicados en la Argentina. En este caso, las firmas norteamericanas tienen escasa disposición para invertir por la falta de seguridad jurídica. En el hipersensible gobierno de los Kirchner, varios ministros formaron fila para rebatirla y, en lo posible, matar al mensajero antes de preguntarse el motivo de esa decisión y, de ser cierto que no hay seguridad jurídica, cómo se puede modificar esta incontrastable realidad que perjudica al país.

Como no se pueden esperar milagros, ni Aníbal Fernández ni Jorge Taiana ni Florencio Randazzo ni Julio Alak, entre otros hombres de la Presidenta, reaccionaron de ese modo. Prefirieron ser obedientes y reprocharle al nuevo secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Arturo Valenzuela, su virtual complicidad con el Consenso de Washington, en los noventa, por haber ocupado su actual cargo y otros durante el gobierno de Bill Clinton, admirado por el matrimonio Kirchner.

También le reprocharon a Valenzuela sus reuniones con la presunta derecha encarnada en el vicepresidente Julio Cobos; el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y el diputado Francisco de Narváez. En los noventa, ahora satanizados, la Presidenta y su marido, así como muchos de sus ministros, abrazaban con optimismo las reformas económicas y solían elogiar al ahora denostado Carlos Menem. Llegó a ser para el entonces gobernador de Santa Cruz "el mejor presidente de la historia".

En su primera visita al país como responsable de la región en el gobierno de Barack Obama, Valenzuela, ex profesor de la Universidad de Georgetown de origen chileno, señaló que, en comparación con 1996, era notable la falta de disposición de los empresarios norteamericanos para invertir en la Argentina "a menos que haya algunos cambios". No formuló una crítica. Transmitió una observación que, en circunstancias normales, debería ser analizada a fondo para confirmar su veracidad y, en ese caso, hacer los ajustes correspondientes. Sin negarla, todos cargaron contra el mensajero.

Lo curioso es que la crítica, de serlo, no es nueva ni es patrimonio de los empresarios norteamericanos, cuyas 500 compañías brindan empleo a 150.000 argentinos. En las previsiones de las principales empresas españolas para el año próximo, la Argentina no figura entre los destinos más atractivos para invertir. Estos son Brasil, México, Chile y Perú, según el informe 2010: Panorama de Inversión Española en Latinoamérica, de IE Business School y Kreab & Gavin Anderson. ¿La razón? En principio, esas empresas ven superada la crisis económica y, a su vez, observan en esos países atributos que no transmite el nuestro.

¿Son Luiz Inacio Lula da Silva y Michelle Bachelet, entre los presidentes de los países preferidos, "noventistas" empecinados que renunciaron a las banderas de izquierda con las cuales ganaron las elecciones a cambio de los índices de adhesión popular más altos de la historia de Brasil y Chile? ¿Por qué la Argentina, entre los países en los cuales las empresas españolas prevén aumentar su presencia comercial y sus exportaciones, ocupa el módico antepenúltimo lugar de la lista?

El riesgo más serio para las inversiones en la Argentina, según el estudio, es la inseguridad jurídica. Está por encima de otros factores negativos, como la inestabilidad política, el tipo de cambio y los vaivenes económicos. Esto significa que la preocupación de los empresarios norteamericanos, transmitida por Valenzuela, no es otra de las "operaciones basura" que la Presidenta atribuyó a los Estados Unidos cuando estalló el escándalo de la maleta proveniente de los dominios de Hugo Chávez. Es una preocupación real que debería ser interpretada como tal por las autoridades en lugar de convertirla en un problema ideológico con reminiscencias del pasado.

Es llamativo que los mismos ministros que cargaron contra Valenzuela por exponer esa situación no hayan rebatido el informe anual Latinobarómetro 2009 . En él, la Argentina está por encima de Honduras, en los últimos lugares de la lista de 18 países de la región auscultados, al ser evaluada la imagen de progreso que transmite como país a sus propios habitantes. Es, a su vez, el menos satisfecho con la economía: apenas un 8 por ciento en una lista que encabeza Uruguay, con un 56 por ciento. Y es, también, el más crítico con su gobierno por la forma en que encaró la crisis económica: un 17 por ciento frente a Chile, el primero, con un 78 por ciento.

Tantos signos negativos en medio de un clima de creciente convulsión social con piquetes cotidianos deberían ser llamados de atención para aquellos que sólo ven en el pasado las causas de la debacle, sin pensar que ningún país ha prosperado de ese modo. Es de necios insistir en negarlo sólo para contentar a los jefes de turno.

"insuficiente" es el adjetivo para la cumbre que es "el primer paso" en la lucha contra el cambio climático.

La cumbre de Copenhague se cierra con un acuerdo in extremis entre EE.UU., China, India y Sudáfrica, que se antoja "insuficiente" y "significativo" para Estados Unidos, que lo califica como un "primer paso importante" en la lucha contra el cambio climático. La ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, ha confirmado en TVE que este acuerdo también está suscrito por la Unión Europea.

El primero en referirse al acuerdo ha sido Barack Obama, que ha asegurado en rueda de prensa quehan logrado un "avance sin precedentes y significativo".

Elena Espinosa ha reconocido en TVE que se trata de un acuerdo "menos ambicioso" que la propuesta de la UE, pero "bienvenido sea".

El pacto aporta un mecanismo para supervisar y verificar los recortes de emisiones en los países en desarrollo pero fija unos objetivos menos ambiciosos de lo que esperaban inicialmente EEUU y los países europeos, según un alto funcionario estadounidense. Sin embargo, los objetivos de reducción de emisiones de C02 para 2020 no se decidirán hasta enero.

Sí mantiene el objetivo de limitar el aumento de la temperatura terrestre a dos grados, como buscaban europeos y estadounidenses.

También incluye un acuerdo sobre la financiaciónque aportarán los países más ricos a las economías en vías de desarrollo para su adaptación al uso de tecnologías limpias.

"Un paso histórico que servirá de base"

Ninguno de los países está completamente satisfecho con lo logrado pero el acuerdo representa, según ha insistido el alto funcionario, un "paso histórico" que servirá de base para pactos más sustanciales en el futuro.

Obama ha llevado a cabo una intensa serie de reuniones a lo largo de su estancia en Copenhague de 12 horas, que comenzaron con un encuentro multilateral con más de veinte países e incluyeron dos encuentros con el primer ministro chino, Wen Jiabao, cuyo país mantenía las principales diferencias con Washington en la cumbre.

• Obama resalta el avance "sin precedentes y significativo" logrado en Copenhague

En su discurso de esta mañana ante los líderes reunidos en Copenhague, Obama había instado a los participantes a lograr un acuerdo, al recordar que "se nos agota el tiempo" y "debe haber movimiento por parte de todos".

está nevando en Gotemburgo mientras en Bolivia tres familias entierran a sus muertos linchados por una turba enceguecida de odio en El Chapare.Qué es!

Mientras caen los copos de nieve…

Mauricio Aira

Hace ya rato que empezó a nevar y mientras lentamente todo se cubre de un manto blanco, nuestro espíritu se traslada a la tierra añorada sumida en nuevos/viejos problemas y preocupaciones. Uno de ellos es la repetida frecuencia de los linchamientos como un fenómeno de criminalidad colectiva que aflora aquí y allá por diversas causas, muchas veces por simples sospechas de robos y otros delitos menores que terminan por costarles la vida a los desgraciados seres víctimas de la ira colectiva que se ceba en ellos les proporciona crueles palizas, les provoca heridas, la sangre mana abundante y duelo de dolorosa y cruel agonía la muerte les llega casi como una bendición, sin embargo la multitud ciega de furos y sedienta de sangre prende fuego a sus cuerpos como queriendo hacer desaparecer con la llamas que se elevan a lo alto todo vestigio del acto monstruoso que acaban de cometer.

De nada sirve que un vice ministro y algunos juristas quieran aclarar que justicia comunitaria no es linchamiento, que es ilegal, que la prensa debe marcar las diferencias entre uno y otro mientras desde La Habana el presidente repite por enésima vez: “no somos de la cultura de la muerte, somos de la cultura de la vida”, es que no piensa en los 74 muertos de su gestión de 4 años, sin tomar en cuenta los cientos de casos de intento de linchamiento y varias decenas de linchados?

Que la ley faculta a las autoridades para aplicar sus propias normas (nos referimos a las autoridades comunarias) cuando se trata de dirimir conflictos, sin olvidar que la pena de muerte no está vigente en nuestra Constitución cuyo artículo 171 autoriza a las comunidades indígenas y campesinas administrar normas en la solución alternativa de conflictos, en conformidad con usos y costumbres puntualizando “siempre que no sean contrarios a la CPE y sus leyes.

Me asomo por el gran ventanal de nuestra diminuta cocina y aunque no son aún las cuatro de la tarde empieza a cubrirse el cielo gris de un manto negro, en el jardín desierto los juegos infantiles esperan por los pocos niños del barrio escandinavo. Todo está pensado para preservar la vida, que los niños puedan jugar hasta el cansancio a pesar de la nieve y del frío, y los adultos tomarse su merecido descanso en las casas calentadas artificialmente hasta 21 grados de temperatura. ¡Por Dios, cuanto se hace para preservar la vida, mientras allá lejos cuánto para terminarla!

Los recientes linchamientos en Ivirgarzama comienzan cuando los cuatro sospechosos son acusados de robo a un vecino del pueblo, la acusación cambiará más tarde por acción violenta contra el mismo vecino, termina con la dudosa afirmación de tratarse de “volteadores” o sea extorsionadores que actuaron bajo amenaza de delación por tráfico de cocaína. O sea, como en Epizana, los violentamente ajusticiados sería “mafiosos actuando contra pichicateros” y como hay una culpabilidad colectiva, entonces “se les debe aplicar un castigo ejemplar”. El cronista tiembla de sólo pensar que tal cosa fuera cierta. En los cientos de seres humanos, como el caso de otros tres linchados hace poco en El Alto, porque eran albañiles y se habían presentado en la obra, que bajo falsa sospecha se convierten en víctimas inocentes, o de chantajistas que en ningún caso deben pagar con la vida su nefasto comportamiento.

El mundo entero condena el crimen del linchamiento inadmisible en nuestra civilización humanista y cristiana. Que los hubo en el pasado, es cierto. Que los hay en otros sitios de la tierra, es cierto pero recordando que “mal de muchos consuelo de tontos” no sirve de justificación alguna.

Produce repudio colectivo, indignación y rabia ante la impotencia de no poder evitarlo. No basta la declaración vice presidencial. Ni la intención del viceministro de Justicia de “aplicaremos 30 años de condena a los linchadores” que suena risible si pensamos en todos los casos anteriores como el de Achacachi con 9 víctimas mortales, cuando hasta el día de hoy, ni siquiera existe un solo detenido.

El testimonio del único superviviente al linchamiento de Ivirgarzama será importante para ratificarnos en la presunción de tratarse todo de una mortal emergencia del tráfico de drogas. No habrá mucho más, porque de ser así todo el poder del narcotráfico se volcará a desmentirle si acaso no a silenciarle. De todos modos existe ya la duda, la población sospecha de una contraofensiva de los mafiosos que, por desgracia, pululan en todo El Chapare Tropical. En éste caso tendrá que actuar sin demora la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.

Ya son las cuatro post meridium, se ha hecho la noche y enciendo las luces del adviento en cada ventanal, continúa nevando mientras en Cochabamba varios hogares humildes lloran a sus muertos torturados y asesinados por una turba anónima en el pueblo de Ivirgarzama.

en Argentina como en Bolivia se atenta contra el Poder Judicial. nos lo cuenta La Nación de Baires

En estos días hemos asistido a tres episodios que vienen a demostrar hasta qué extremos impensados llega la ofensiva de la fracción gobernante sobre la independencia del Poder Judicial.

El primero de ellos sucedió cuando la Corte Suprema resolvió en dos casos distintos el principio de la libertad sindical como una garantía básica de los trabajadores, en consonancia con los criterios imperantes en la mayoría de los países del mundo y los tratados internacionales que rigen la cuestión.

Ya hemos saludado desde estas páginas en otras ocasiones la actitud que viene manteniendo nuestro más alto tribunal, cuya independencia de criterio respecto del Poder Ejecutivo debe ser valorada y apoyada. En este caso, los fallos comentados han impactado fuertemente los intereses del poder sindical, cuya cabeza visible es el titular de la CGT oficial, Hugo Moyano, principal aliado del Gobierno en una relación de mutuos favores y concesiones.

A partir de entonces, el titular del gremio judicial, Julio Piumato, alineado férreamente con Moyano, se ha dedicado, con el apoyo tácito del Gobierno, a promover una campaña de hostigamiento contra la Corte Suprema con diversos reclamos de dudoso fundamento, que suenan más a pretextos o escarmiento ante el disgusto por la decisión tomada.

El segundo episodio que comentamos llena de vergüenza a las instituciones republicanas. Nos referimos a cuanto viene sucediendo con el concurso para ocupar vacantes en la justicia federal, cuya validez no se explica ante las groseras irregularidades con que viene viciado.

Nada más basta mencionar que uno de los candidatos había solicitado un fallo similar al caso que se le iba a tomar en el examen, lo cual crea una gravísima sospecha sobre una anterior filtración de los temas y sobre el beneficio que ello le reportó. El otro candidato, haciendo gala de una memoria tan perfecta que se aleja de la realidad, aparentemente había retenido 43 citas jurisprudenciales. Párrafo aparte merece lo poco que ello nos dice sobre su idoneidad técnica, ya que estas supuestas virtudes de los aspirantes en el mejor de los casos demuestran que uno tendría buena suerte y el otro, una fenomenal memoria.

Los representantes del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, contando con la inexplicable pasividad del magistrado Bunge Campos y del representante del Colegio Público de Abogados, Santiago Montaña, no sólo no les dieron importancia alguna a tamañas irregularidades y omitieron toda investigación al respecto, sino que además están presionando fuertemente para que el concurso se resuelva en favor de los magistrados bajo sospecha.

Por último, aparece el bochornoso episodio en el que un comisario, invocando órdenes del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, desconoció la autoridad del juez laboral José Sudera al impedirle el acceso al magistrado a la sede gremial de la Asociación Argentina de Aeronavegantes. Sudera intentaba cumplir un fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional del Trabajo que ordenaba poner en funciones a la comisión directiva del gremio, de la lista opositora.

Los policías a cargo de hacer cumplir la orden judicial no apoyaron al juez y le sugirieron que llamara al jefe de Gabinete. Finalmente, el magistrado tuvo que partir sin lograr su objetivo.

Causa estupor que el jefe de Gabinete haya admitido tranquilamente que él había dado esa orden e invocado pretextos que no vale la pena considerar si es que se tienen presentes los mecanismos del sistema republicano de gobierno.

Los jueces imparten justicia y sus fallos están para ser acatados, máxime por quien está investido de tan alta autoridad pública. Su desafío a la independencia del Poder Judicial resulta inaceptable y agudiza aún más el grado de deterioro institucional que día tras día va experimentando nuestro país.

editorialmente destaca La Nación que el triunfo de Morales le permitirá avsallar a las minorías y se impondrá el totalitarismo autoritario del gobirno

El Movimiento al Socialismo conducido por Evo Morales logró un triunfo aplastante en las recientes elecciones nacionales bolivianas. Por primera vez en la historia tendrá ahora los dos tercios de ambas Cámaras del Poder Legislativo.

Podrá entonces sancionar a voluntad el centenar de leyes de distinto tipo que requiere la peculiar Constitución Política del Estado promulgada el pasado 7 de febrero. Esto no había ocurrido ni en 2005, cuando Morales llegó a la presidencia de Bolivia, ni en oportunidad de elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente que redactó la nueva Constitución boliviana.

Morales triunfó en todos los departamentos del país, con excepción de Beni, Pando y Santa Cruz, tradicionalmente opositores. En La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba la victoria fue arrasadora. Cabe destacar que también la clase media lo acompañó, una vez más, apostando al futuro que Morales propone.

Pero, además, Morales podrá designar, sin consultas o consensos con terceros de ninguna naturaleza, a los candidatos a integrar los nuevos Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental.

Todos ellos deberán luego triunfar en las respectivas elecciones para ser consagrados en las urnas, como dispone la nueva Carta Magna. Ante la realidad de hoy, éste será apenas un trámite. Particularmente porque Morales designará directamente a quienes integren el nuevo Organo Electoral Plurinacional.

Esto supone el riesgo, grave por cierto, de que Bolivia tenga, de ahora en más, una justicia de corte sectario y no independiente, ni imparcial. Ello sería un lamentable paso atrás, que sólo puede evitarse designando para esos altos tribunales a hombres o mujeres de excelente nivel profesional, por todos respetados y más allá de toda sospecha.

Pero hay muchos que sólo ven en las estructuras democráticas clásicas una superestructura que, dicen, apunta a preservar las cosas y los privilegios de algunos, por lo que creen deben demolerse. Si prevaleciera esta particular visión, en un país en el que existe ya un deterioro institucional muy serio, el peligro es que los jueces bolivianos se transformen en meros agentes del Estado, como en Cuba. Esto supone ciertamente el riesgo de que las libertades personales de todos queden a total merced del partido de gobierno.

Por esto, algunos temores de totalitarismo flotan sobre Bolivia alimentados por las conductas recientes, frecuentemente autoritarias, del gobierno de Evo Morales todo a lo largo de los últimos cuatro años.

Morales, que hizo una campaña electoral en la que los recursos económicos parecieron inagotables y evitó de plano los debates de ideas, tiene ahora una opción de peso: la de conducir a Bolivia a su gusto y paladar (como si hubiera obtenido una carta blanca para edificar lo que le parezca) o procurar avanzar con responsabilidad, intentando obtener en la marcha hacia un futuro que luce diferente el consenso más amplio posible.

En otras palabras, la de avanzar avasallando e ignorando a las minorías o la de hacerlo respetándolas. Este es quizás el desafío más grande para Bolivia después de unas elecciones que indudablemente consolidaron al socialismo en el país.

caímos en la trampa de Evo. Ahora está hablando que podría ir a la reelección en 2015 atenido a la NCPE. "me robaron un año" aseguró (LT)

CHAPARE, Cochabamba |

El presidente Evo Morales Aima, acudió al recinto electoral de Villa 14 de septiembre a las 8:45 de la mañana donde emitió su voto en la mesa 13 m-o y anticipó la posibilidad de buscar ser reelegido en 2015, en caso de vencer en la jornada electoral 2009.

"Ahora se vota en base a la nueva Constitución, y es la primera elección de Evo Morales, porque mi gestión era de cinco años. Me quitaron un año. Es mi primera elección con la nueva Constitución que aprobó el pueblo boliviano", dijo.

Las declaraciones las emitió después de desayunar una sopa de pescado en la central campesina de Villa 14 de Septiembre, acompañado por su hija Evaliz Morales Álvarez, el vocero presidencial, Iván Canelas y los dirigentes de la Federación Tropico.

El presidente visitó la casa donde vivía y el río en el que se bañaba. No quiso hablar de su triunfo, dijo que esperará los resultados hasta las once de la noche.

Ahora se va a Chimoré de donde partirá a La Paz para esperar los resultados.

Por otro lado, el MAS analiza la posibilidad de festejar el triunfo en Santa Cruz dependiendo los resultados en ese departamento. En caso de no ser como ellos esperan, el festejo se realizará en la sede de gobierno.

fue en Santa Cruz que recibí autografiado por el autor su libro QUÉ Pasò? de 112 páginas incluyendo el anexo Plan Secreto Marcha al Oriente. (Sigue)

Tengo 52 añoa, 5 libros escritos, antes de este. Dos de ellos con más de 3 ediciones. Fuí actor de una obra de teatro, Justo en lo mejor de mi vida; según El Deber, la mejor obra de los últimos 10 años, estuvo casi tres en cartelera. Estamos preparando otra puesta en escena con la gente de Casateatro. Todavía trabajo en Radio y Televisión y estoy preparando el documental de éste libro (que fue estrenado hace pocos días y a cuyo premier asistimos en el Center de Santa Cruz, ante un lleno completo. El público aplaudió de pie la obra del autor) Trabajo no me falta, estoy agradecido por ello.

Este libro se escribió porque entiendo que era necesario hacerlo, para que la gente que presencia la construcción del mito Evo Morales, sea a través del Canal 7 o de los libros, folletos, películas y documentales que se hacen para él, conozca el otro lado.

Simplemente eso, nada de lo que escribí en el libro, es desconocido por la opinión pública, nacional e internacional; este último razonamiento terminó haciendo el título del documental: qué paso?

Para mí, que recibí con esperanza a Evo Morales, su gobierno debería se diferente eb relación a la defensa de la vida y, no lo es.

Antes de que salga el libro el gobierno ya se quejó, me acusó de guerra sucia. No importa, igual, tampoco le daremos gusto a los opositores; lo que se ve, es lo que pasó, la narrativa corre por mi cuenta; lo demás, lo puso el gobierno.

Finalmente, algo teníamos que hacer nosotros. O no?

Carlos Federico Valverde Bravo

imperdible artículo de Carlos Mesa publicado en FP y que estudia la elección de un indígena que nada hizo para parecerse al Gran Mandela

La elección de un indígena aymara como presidente de Bolivia fue una cuestión de justicia histórica. La visión de un porvenir diferente se antojó posible, pero el proyecto constitucional de Evo Morales hace tambalearse los fundamentos democráticos de la República.

En enero de 2006, a pocos días de su toma de posesión, Evo Morales encandiló a Europa con su jersey a rayas. El presidente electo de Bolivia se paseó por varias capitales rompiendo protocolos con una imagen que sedujo a todos. Después de tres años y medio de Gobierno y en los umbrales de un nuevo proceso electoral, viste sofisticadas chaquetas con motivos indígenas y camisas con bordados de reminiscencia prehispánica. El primer presidente indí gena de Bolivia es, qué duda cabe, una figura continental y, con jersey o con chaqueta, todavía fascina a una parte significativa de la comunidad internacional.

Estandartes del indigenismo: el presidente boliviano, Evo Morales, y el ecuatoriano, Rafael Correa, en una fiesta popular.

Todas las encuestas de preferencia de voto para las próximas elecciones presidenciales, de diciembre de 2009, le otorgan entre el 42% y el 48%, frente a un esmirriado 11%-15% de su primer oponente. Aunque la campaña no ha comenzado aún y es evidente que las cifras cambiarán, acortándose las distancias, es difícil encontrar a un solo boliviano que no crea que Morales será reelegido para un segundo mandato consecutivo. El último presidente que logró la reelección consecutiva, hace ya 45 años, Víctor Paz Estenssoro, fue derrocado a los tres meses de su posesión. No parece que éste vaya a ser el caso, pero no es un dato desdeñable en un Estado políticamente volátil.

¿Pero qué hay detrás de la imagen del boliviano más mediático de la historia?

Morales marca un antes y un después en el destino del país, pues su figura cierra la página del largo y doloroso camino a la inclusión de algo más de la mitad de los habitantes, que tienen origen indígena, quienes sufrieron hasta 1952 condiciones de semiesclavitud simplemente inenarrables. Pero contra lo que se cree con frecuencia, su presidencia marcó la culminación de un camino histórico, no su comienzo. Baste recordar que el presidente Andrés Santa Cruz Calahumana (1829-1839), uno de los padres de la nación, era hijo de una cacique aymara.

La Revolución de 1952, protagonizada precisamente por Paz Estenssoro en el primero de su cuatro gobiernos, llevó adelante tres medidas cruciales para los indígenas quechuas y aymaras: el voto universal, la reforma agraria que les devolvió la tierra que les había sido expoliada sobre todo entre 1880 y 1920, y un código educativo que universalizó la educación primaria y extendió la educación al área rural del país. En 1993, el primer Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (quizá la figura más execrada de la política boliviana de hoy) realizó la segunda generación de medidas a favor de la inclusión. Reconoció mediante una reforma parcial de la Constitución que Bolivia es un país pluricultu­ral y multilingüe. Creó más de trescientos municipios con jurisdicción territorial, que cubrieron la totalidad del país, con autonomía, elección directa de alcaldes y presupuesto propio, otorgado por el presupuesto nacional de manera automática de acuerdo a su densidad demográfica, lo que permitió la existencia de municipios indígenas (más de cien) y mancomunidades de municipios indígenas. Aprobó la ley de educación intercultural y bilingüe que está en plena vigencia y modificó la reforma agraria de 1953, reconociendo las tierras de comunidad en el altiplano, imponiendo impuestos a los latifundios de las tierras bajas, estableciendo la función económica y social de la tierra y otorgando a los pueblos del Amazonas y del Chaco tierras comunitarias de origen en extensiones que varían entre 5.000 y 500.000 hectáreas, según el caso. En las elecciones de 2002, en las que Morales obtuvo el segundo lugar, el Parlamento integraba ya a más de un 30% de representación indígena.

Cuando en 2003, tras la grave crisis política y el trágico saldo de casi setenta muertos que obligó a la renuncia de Sánchez de Lozada tras un año y algo más de su segunda y dramática Administración, logramos desde el Gobierno una nueva reforma parcial de la Constitución que incluyó la Asamblea Constituyente, el Referendo y la apertura para participar en elecciones a agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, propusimos un Estado de autonomías y la elección directa de prefectos (gobernadores) en los nueve departamentos que tiene el país.

¿POR QUÉ MORALES?

Nacido en un humilde y remoto pueblo aymara cercano a la frontera con Chile, Morales logró casi el 54% de los votos en las elecciones de 2005 porque, reciclado de dirigente sindical de las regiones de producción de coca ilegal a campeón de las reivindicaciones indígenas, devino en símbolo de una parte esencial del país. Pero, además, llegó en el momento justo, con el discurso adecuado. Desde 2003, Bolivia estaba ávida de cambios y cansada de lo que hasta ese momento había sido una democracia (reconquistada en 1982) controlada por tres partidos tradicionales. Sus votantes se identificaron casi carnalmente con él, por razón de piel, frustrados por un proceso agotado y miope para comprender las demandas sociales y, sobre todo, porque, a pesar de los importantes esfuerzos de varios gobiernos por resolver brechas profundas, los niveles de pobreza y los indicadores sociales básicos seguían siendo los peores de Suramérica. Es inútil decir que, en un cuarto de siglo, Bolivia redujo más de veinte puntos su porcentaje
de pobreza y mejoró temas de saneamiento básico y salud. Las demandas y la realidad no pueden cubrirse con cifras macroeconómicas positivas o con modestos avances sociales. La desigualdad entre ricos y pobres sigue siendo una de las más altas del hemisferio.

			La nueva Constitución establece categorías ciudadanas, lo que contradice la Declaración universal de los Derechos Humanos, que dice que todos nacemos iguales

Morales fue por eso coronado, un día antes de su investidura oficial, en Tiahuanacu, el centro prehispánico y preincaico más importante de Bolivia, arropado por la esperanza de millones de indígenas que por fin se miraban en el espejo del poder conquistado por uno de ellos. El nuevo presidente llegó con todos los astros alineados, la más alta votación de los últimos cuarenta años, el apoyo pleno y embelesado de la comunidad internacional, la mayor bonanza económica del país en un siglo (si no más) gracias a precios internacionales de materias primas que rompie ron todos los récords imaginables y, por encima de todo, una legitimidad que le permitía saldar una deuda histórica no sólo de modo simbólico, sino realmente. No lo hizo. En el momento crucial de definir la ruta de su Gobierno optó por un “nosotros” equivocado. Desde el primer día su “nosotros” era el del presidente de los indígenas, no el del presidente de los bolivianos. Una posición comprensible al principio se volvió recurrente a lo largo de su gestión. El mandatario, en vez de tender manos y proponer la construcción común de la nación entre indígenas, mestizos y blancos, prefirió cavar trincheras.

SU GOBIERNO, SU PROYECTO

Pero si algo está claro hoy es que, más allá de sus discursos interminables, la repetición de dos o tres ideas recurrentes y su estilo agresivo y adjetivado que lo llevó a la expulsión del embajador de Estados Unidos, a tensiones con Brasil, a una casi ruptura de relaciones con Perú y a un alineamiento militante con Hugo Chávez, Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS) tienen un proyecto muy profundo de transformación y de cambio en el que se mezclan demasiados ingredientes que pueden estallar en las manos del gobernante, en las de sus partidarios y en las de todos los bolivianos.

Largo sería contar los tristes avatares de la Asamblea Constituyente elegida e instalada en 2006, que en un año y tres meses de trabajo ¡no discutió ni aprobó un solo artículo del proyecto constitucional! Baste decir que terminó en medio de las balas, con un saldo de tres muertos y 150 heridos, con los oficialistas reunidos en un cuartel en las afueras de Sucre, la capital de Bolivia. Aprobada en detalle en Oruro, corregida y “adaptada” en un curioso e ilegal acuerdo del Congreso, fue aprobada en referéndum en 2009 por el 62% de los bolivianos.

Descontentos: protestas contra las políticas de Evo Morales frente a la sede de la organización de Estados americanos en Washington.

El proyecto-país, expresado inequívocamente en la nueva Carta Magna de Morales (la decimosexta desde 1826), es la destrucción de la República como forma de gobierno y como propuesta histórico-conceptual traducida en la tradición republicana, que se basa no sólo en la sepa ración de poderes y el equilibrio y contrapeso de éstos, sino en la idea central de igualdad apoyada en la ciudadanía. Tradición que después de Estados Unidos y Francia tuvo su mayor apogeo en la concepción independentista de las naciones hispanoamericanas a principios del siglo XIX. A cambio, Bolivia se ha convertido en un Estado plurinacional, cuyo eje son 36 naciones indígenas. La mayor, en un país de 10 millones de habitantes, la quechua, con dos millones y medio de personas, y la menor, la pakawara, con un total de 25 habitantes. La nueva Constitución consagra todos los derechos alcanzados por los indígenas antes de 2006, al hacerlos explícitos (pues ya estaban reconocidos en la Constitución derogada) con un capítulo dedicado a las naciones indígenas (el 4°) y la mención de éstas en sus 411 artículos más de un centenar de veces.

La Carta Magna establece una categorización ciudadana que rompe la esencia del artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según el cual todos los seres humanos nacemos iguales. El texto establece categorías ciudadanas diferenciadas por origen, lengua y color de piel. Sólo reconoce como naciones con el denominativo de “indígena originario campesino” (art. 3) a aquellas establecidas antes de “la invasión colonial española” (art. 30). El 47,7% de la población, no indígena, recibe el calificativo de “comunidades interculturales” (art. 3), estableciendo que, fuera del ámbito estrictamente urbano, los no indígenas están limitados en el ejercicio de algunos de los derechos que la propia Constitución reconoce, particularmente en lo referido al tema de recursos naturales. Es clave en este contexto la idea de que las naciones precoloniales, además de su dominio ancestral sobre sus territorios, tienen derecho a la “libre determinación, autonomía y autogobierno” (art. 2) y, lo más importante, tienen derecho a la “gestión territorial indígena autónoma y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos renovables existentes en su territorio” (art. 30, 17). Para ocupar cualquier cargo público es obligatorio hablar castellano y una lengua nativa (el 67% de los bolivianos es monolingüe). Paradójicamente, el presidente Morales sólo habla castellano (de ahí una disposición transitoria por la que no se aplicará tal obligación hasta la siguiente elección, después de diciembre).

El texto incluye una innovación sin precedentes al reconocer en igualdad la justicia indígena, basada en usos y costumbres (no escrita y referida a 36 culturas diferentes), con el mismo rango que la justicia republicana (art. 179), con la diferencia de que la indígena es inapelable y de única instancia. No está claro aún cuál será el ámbito de jurisdicción de ambos sistemas. Establece también que las máximas autoridades del poder judicial (Tribunal Constitucional y Corte Suprema) se eligen por voto directo y deben tener obligatoriamente un porcentaje de representación indígena. Destruye la idea de irretroactividad de la ley, marcando la posibilidad, por ejemplo en delitos de corrupción, de juzgar un hecho de hoy con una ley aprobada dentro de un año.

La construcción de un Estado de autonomías, que dio lugar al equívoco internacional de que cuatro de los nueve departamentos buscaban separarse de Bolivia, enfrentó al país, dado que Morales se opuso a las autonomías cuando fueron votadas. Hoy las apoya tras la evidencia de que la tendencia mayoritaria es seguir el camino de las cuatro que la aprobaron en referéndum. Pero para curarse en salud debilita el poder de los gobiernos departamentales. La Constitución reconoce cinco niveles autonómicos: departamental, regional, provincial, municipal e indígena. Este último, aplicable en municipios, mancomunidades municipales o en tierras comunitarias de origen. Esta superposición geográfica, jurídica y política puede llevar a una colisión muy arriesgada y compleja en el momento de su aplicación. En esa misma línea, reconoce como “símbolos del Estado”, por tanto en iguales condiciones, dos banderas (art. 6): la tricolor –rojo, amarillo y verde–, creada el 17 de agosto de 1825, 11 días después de la declaración de independencia, y la wiphala, bandera multicolor que representa exclusivamente a quechuas y aymaras. De ese modo, el símbolo de una parcialidad (dos de las 36 naciones indígenas) cobra rango de símbolo de todos, lo que vendría a ser comparable, por ejemplo, a que la bandera del País Vasco fuera reconocida como símbolo del Reino de España en igualdad de condiciones que la bandera nacional española, lo que –como ocurre ahora en Bolivia– haría obligatorio en Andalucía que se izaran los dos pabellones, el español y el del País Vasco, por no mencionar el caso único de un Estado con dos banderas.

			La respuesta al proyecto de hegemonía ‘masista’ debe ser el republicanismo democrático, la inclusión, el Estado moderno, descentralizado y de autonomías

Dada la preeminencia de la cultura aymara y la influencia histórica de este pueblo que fue conquistado –antes de la llegada de los españoles– de manera violenta por el imperio incaico, está claro que el Gobierno de Morales busca una hegemonía aymara en la totalidad del territorio boliviano, absorbiendo al quechua que, en realidad, es parte de una mayoría aymara quechuizada por el sistema de aculturación impuesto por los incas y reafirmado por la Corona española. Aymaras y quechuas representan el 90,6% de la población indígena, las otras 34 naciones son apenas el 9,4%. Ambos pueblos, aymara y quechua, son el 48,3% de los bolivianos. La política del Gobierno es la de migraciones de comunidades andinas planificadas a corto plazo hacia el Norte, Este y Sur (regiones amazónica y chaqueña, que ocupan el 67% del total del territorio de Bolivia), continuando un proceso que comenzó con la Revolución de 1952 pero que Morales acelera de manera consciente. Éste es el elemento verdaderamente nuclear de lo que representa este proyecto histórico. A él se suma una política económica estatista, de economía planificada y de grandes restricciones a la inversión privada, sobre la idea endógena de desarrollo en un país con mínimo ahorro interno y bajísima presión tributaria.

La desastrosa política de hidrocarburos (Bolivia tiene importantes reservas de gas natural) de los últimos tres años casi ha sacado al país del juego energético regional. Ya no es un centro estratégico de distribución de gas. La congelación de las inversiones, la alta corrupción en la empresa estatal de petróleo (su anterior presidente y número dos del MAS está preso, acusado de haber recibido un soborno de casi medio millón de dólares por un contrato), la pseudonacionalización –que no tocó a una sola de las empresas transnacionales instaladas en Bolivia, pero que generó serias dudas sobre la seguridad jurídica del país– hicieron inviable hasta hoy un gigantesco contrato de exportación a Argentina. Perú está en plena construcción de una planta de transformación para exportar su gas al Pacífico, Brasil ha encontrado gigantescas reservas de este producto, Chile importa su gas de otras fuentes y, por si fuera poco, el principal aliado de Morales, Venezuela, desarrolla un megaproyecto de abastecimiento al Cono Sur. El referéndum sobre hidrocarburos (2004) y la nueva ley (2005), realizados antes de la llegada de Morales al Gobierno, el decreto de incremento de impuestos en 2006 y los espectaculares precios internacionales triplicaron las exportaciones de Bolivia y multiplicaron por cinco las reservas internacionales, garantizando un crecimiento medio del 4,5% del PIB y un superávit en los últimos tres años. A pesar de la caída de precios, el Ejecutivo aún tiene un margen de juego de crecimiento moderado en 2009 y 2010, pero su mayor problema es la negligencia, la falta de capacidad de gestión y de ejecución presupuestaria.

En suma, la combinación ideológica es la de un Estado con preeminencia indígena en su concepción y estructura, estatista a ultranza y fuertemente centralista en medio de la paradoja de un ensayo de construcción autonómica. No es otra cosa que la búsqueda de una utopía que quiere construirse mirando al futuro con el espejo retrovisor.

Pero la fuerza simbólica de Morales es todavía muy grande, más que suficiente para apuntalar una muy probable victoria en diciembre.

¿Y LA OPOSICIÓN?

Expropiación: la nacionalización de los hidrocarburos ha sido uno de los caballos de batalla de Evo Morales desde que asumió el poder.

La oposición jugó casi siempre a favor de este proyecto en una sociedad sometida a tensiones extremadamente grandes. A pesar de que Morales tardó tres años en imponer su proyecto de Constitución, por la acción de entrabamiento permanente de los opositores, el mayor problema de quienes se enfrentaron al Gobierno fue la incomprensión de lo que éste representaba. Más allá de cualquier consideración, Bolivia vive un momento de cambios profundos; el pasado no volverá y quienes se anclaron en la idea de recuperarlo para seguir con sus privilegios, como parte de élites que medraron sistemáticamente del Estado y de núcleos de poder con rasgos inequívocos de corrupción, tomaron un camino suicida. La respuesta al proyecto de hegemonía masista debiera ser la de preservar el republicanismo democrático, pero sobre la premisa inexcusable del cambio que contempla la inclusión y el respeto a la otredad, junto a un Estado moderno, descentralizado y de autonomías. Santa Cruz, la región más poderosa del país y con fuerte gravitación de contrapeso a La Paz (donde se encuentra la sede del Gobierno boliviano) y al escenario andino, tuvo un liderazgo que careció de visión nacional, que buscó exclusivamente salvar su propio proyecto y el de la región. La demanda autonómica, que obtuvo gran legitimidad en varias regiones, pecaba de un ideario conservador y fragmentario. Como si en Brasil las élites paulistas apostaran por resolver y liderar los temas de São Paulo y no a jugar el rol que por peso natural le toca a escala nacional.

Las acciones e iniciativas de Morales han dejado a la oposición anonadada. La derecha es incapaz de entender de qué va la cosa, y los sectores progresistas y adscritos a la necesidad de grandes transformaciones hasta ahora no ofrecen la posibilidad de arrebatarle al presidente, desde la democracia, la bandera del cambio. Porque no se puede olvidar que Morales avasalló a la Asamblea Constituyente y al Poder Judicial, y controló por las buenas o las malas el Legislativo, vulnerando elementos esenciales del funcionamiento democrático. Pero la oposición desde las regiones y desde el principal partido contrario al MAS, Podemos, del ex presidente Jorge Quiroga, intentó desestabilizar con modos no democráticos al Ejecutivo. Fue una acción inaceptable desde los puntos de vista ético y práctico. Pretendieron derrotar en su terreno al campeón de los bloqueos de carreteras, paros nacionales y cercos de ciudades. Una oposición desquiciada, que entre septiembre y octubre de 2008 tomó violentamente instituciones del Estado, impidió al presidente aterrizar en varios aeropuertos del país e incendió pequeños conductos de gas. El resultado fue una derrota en toda regla, aunque el saldo para el país fue una cincuentena de muertos, producto de la acción opositora y de la represión gubernamental.

El gran objetivo de la oposición para el próximo diciembre es lograr un candidato de unidad capaz de enfrentarse al presidente. Morales está apoyado por un voto emocional y de consigna en gran parte del área rural, y con un respaldo superior al 65% en el área urbana de la zona andina. Difícil desafío, que en un primer momento abre una baraja con más de una docena de precandidatos, cuyo único elemento en común es oponerse a Morales. Con un discurso como ese no parece que se apunte alto, aunque el Gobierno ha polarizado al país de tal manera que al menos un 30% votaría por cualquier candidato que sacara cabeza con alguna opción frente al oficialismo. Pero parece muy difícil combinar los elementos indispensables para salvar al país de un camino hacia el autoritarismo. Debería ser una candidatura para la coyuntura, basada en la hipótesis de lograr un segundo lugar que bloquee los dos tercios de Morales en la nueva Asamblea Legislativa; pero lo más importante es reconstruir un sistema de partidos devastado, sin el que es imposible hablar de democracia. Una democracia que celebre la inclusión y destierre el racismo increíblemente exacerbado en los últimos cuatro años, pero que a la vez devuelva el sentido de unidad que hoy está en cuestión, no por el riesgo de división, sino por las profundas heridas, resentimientos y prejuicios entre campo y ciudad, entre indígenas y no indígenas y entre Occidente y Oriente.

MORALES NO ES MANDELA

El error histórico de Morales es que no quiso ser Mandela, porque no entendió la tarea que le tocaba o porque, fiel a su lógica de dirigente sindical cocalero (el incremento exponencial de cultivos de coca y de producción de cocaína se ha convertido en un serio problema y puede erosionar las relaciones exteriores del Gobierno), creyó que la única manera de lograr el cambio era con la derrota total y definitiva del enemigo. Uno de los muchos peligros de ese razonamiento es meter en la bolsa de los adversarios a quienes son parte de una comunidad que en 2006 creyó que el presidente los representaba y que hoy sienten que los excluye.

Afirmarse negando y suponer que por negar lo negado desaparece es, simplemente, una ilusión. La historia, le guste o no a Evo Morales, tuvo un periodo prehispánico, colonial y republicano, y es de ella en su totalidad, de su brazo indígena y de su brazo occidental, de la que son hijos los 10 millones de bolivianos, no de sus retazos.