Los accionistas privados de Papel Prensa venimos denunciando desde hace casi un año un plan del gobierno nacional para apoderarse de la compañía y controlar el papel para diarios, insumo esencial de la prensa libre. Controlar el papel es controlar la información, y esto es lo que el Gobierno viene buscando a través de varias herramientas: la propaganda oficial, la ley de medios, el control del acceso a la información, el manejo militante de los medios públicos y la multiplicación de los medios paraoficiales. En los últimos días, esta intención de avasallar el derecho de la sociedad a la libre elección y expresión se reveló de manera muy clara con la cancelación de la licencia de un proveedor de Internet.
Esta misma matriz autoritaria y de control mediático es la que se viene revelando en Papel Prensa. El Gobierno ha elegido varios mecanismos para cumplir su cometido, y también ha elegido un personero para todos esos frentes, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que ha sido denunciado penalmente por LA NACION y Clarínpor llevar adelante un plan ilegal para hacerse de la compañía.
Después de su incursión con guantes de boxeo en una asamblea, y de amedrentar al personal con alocuciones bélicas, el último capítulo de Moreno al frente de su cruzada ha sido pretender arrogarse facultades judiciales y liderar una falaz investigación sobre la historia de la compañía, buscando convertirla en un caso de derechos humanos y de delitos de lesa humanidad, algo que le fue ordenado desde lo alto del poder y que resulta inconcebible hasta en las especulaciones más maquiavélicas. Para esto viene distorsionando con alevosía hechos históricos, manipulando dolosamente personas y situaciones, reclutando aliados de sugestiva plasticidad y reescribiendo la historia, bastardeando así la bandera de los derechos humanos, en lo que constituye una de las prácticas más deleznables del kirchnerismo.
Nunca, en 27 años de democracia, Papel Prensa recibió ningún cuestionamiento administrativo o judicial por su origen. La empresa nació en 1972 de la mano de la Editorial Abril, de César Civita, luego fue adquirida por el grupo Graiver y en 1976, cuando este último atravesaba graves problemas financieros con la quiebra de dos de sus bancos en el exterior, fue ofrecida por sus dueños a Fapel, sociedad constituida por los diarios LA NACION, Clarín y La Razón . Fapel había nacido dos años antes para construir otra fábrica de papel, pero decidió abandonar su proyecto para asegurar la continuidad del de Papel Prensa, empresa que en ese momento se encontraba endeudada y paralizada.
La compraventa se llevó a cabo el 2 de noviembre de 1976. Fue una operación absolutamente legal y pública, anunciada en todos los diarios de la época. La Opinión , de Jacobo Timerman, padre del actual canciller, afirmó que se trataba de una "ventajosa operación" para los Graiver. En ese momento no había salido a la luz la conexión del grupo Graiver con la organización armada Montoneros, vínculo que en marzo y abril de 1977 desencadenó el repudiable secuestro de varios miembros de ese grupo por la dictadura militar.
Los integrantes del grupo Graiver, vendedores de la empresa, fueron ilegalmente detenidos 5 meses después de la venta de Papel Prensa y por imputaciones ajenas a este tema. Al momento de esa operación, los Graiver estaban libres: no habían sido secuestrados ni torturados ni amenazados por la dictadura gobernante. Así surge de las causas en las que declararon en democracia, tanto ante el juez federal Miguel Pons como ante la Cámara Federal, en este caso luego de la condena a las Juntas Militares. La Justicia no encontró vínculo alguno entre la detención de los Graiver y Papel Prensa. La compra también fue investigada, ya en democracia, por el entonces fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas, que no encontró irregularidades.
En todos esos procesos declararon los hermanos Lidia y Osvaldo Papaleo y nunca mencionaron presión alguna de los diarios. Lidia Papaleo también declaró en sede judicial que no participó de las negociaciones, que fueron llevadas a cabo por Juan e Isidoro Graiver, padre y hermano, respectivamente, de David Graiver. Ella sólo firmó en representación de su hija menor y por una parte minoritaria de las acciones que pertenecían a la sucesión de David Graiver. Pero la venta de esas acciones no se concretó porque el juez que debía aprobarla nunca se expidió. Así, pasaron al Estado Nacional junto con otros bienes de los Graiver.
Desde que se reveló el plan del Gobierno para apropiarse de la compañía, los voceros oficiales y sus aliados circunstanciales vienen cambiando su discurso cuantas veces fuera necesario para intentar instalar una mentira que resulte incomprobable o al menos deje sembrada una duda. Siguiendo la máxima de Joseph Goebbels, el padre de la propaganda nazi, "miente, miente, que algo quedará", primero dijeron que la empresa se vendió con los Graiver secuestrados; después, que se hizo en un intervalo de su secuestro, y finalmente, que fue bajo presión de los diarios.
Lidia y Osvaldo Papaleo y Rafael Ianover declararon en democracia respecto de los vejámenes que sufrieron durante su secuestro. Jamás denunciaron estos hechos que hoy, sugestivamente, aparecen de la mano de Guillermo Moreno y tras reunirse con el matrimonio Kirchner. El objetivo para la cúpula del poder es obvio: una nueva manera de ir contra la prensa independiente, en este caso a través del control de su insumo básico y del intento de criminalizar a los principales diarios del país.
Papel Prensa fue una empresa perseguida por el entonces almirante Emilio Massera -quien logró intervenirla- y ahora lo es por los Kirchner y por Moreno. La frase de este último "aquí no se vota", proferida a los gritos en la última asamblea, es una buena metáfora para comprender las semejanzas de quienes buscan o han buscado controlar la información en la Argentina.
Es de esperar que la manipulación de los derechos humanos, la mentira lisa y llana y la persecución de raigambre autoritaria encuentren rápidamente un freno decidido en las instituciones de la democracia.
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