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lunes, 24 de enero de 2011

que acaben las broncas. si Evo es el primer bronquero. tediosa y desprolija actuación. los culpables son otros es la muletilla reiterada


Nada nuevo bajo el sol dejó la prolongada, tediosa y desprolija alocución del presidente Evo Morales Aima con motivo del primer año del ‘Estado Plurinacional’ que se festejó por todo lo alto en la ciudad sede de Gobierno, mientras que en el resto del país la celebración pasó casi inadvertida. Como que para el grueso de la población boliviana no había motivo de qué regocijarse en una fecha, la del 22 de enero, declarada inclusive como ‘feriado nacional’.
En tres horas y media de discurso, el jefe de Estado -sin poder disimular su incomodidad frente a los papeles que tenía sobre el atril- habló con largueza de cifras y de forzosas comparaciones con otras gestiones gubernamentales a las que cargó poco menos que todas las culpas del desbarajuste actual. Cuando se esperaba un mensaje de rectificación y con al menos una pizca de autocrítica tras la reciente ‘embarrada’ del gasolinazo, el mandatario se ocupó de describir, citando números y más números, el país del ‘Power Point’ como certeramente lo apuntara un analista atento a la intervención presidencial que dejó sabor a poco porque soslayó el día a día de los bolivianos que, entre el hartazgo y la desesperación, soportan desde hace tiempo la escasez y/o carestía de artículos de primera necesidad.
No obstante, el Presidente convocó a los sectores productivos a establecer una alianza para garantizar la seguridad alimentaria en Bolivia. En tal sentido, hay cierto avance después de un encuentro de Evo Morales con las cabezas de aquellos sectores y que los empecinados en las soluciones por la vía del desastre, se han apresurado en descalificar tildando de ‘traidores’ -vaya saberse a qué causa- a los que hace poco acudieron a Palacio Quemado para reunirse con el Presidente.
Volviendo al discurso presidencial, Morales puso sobre el tapete el ‘cáncer’ que afecta a la economía nacional por la subvención de los hidrocarburos y convocó al debate a los ‘movimientos sociales’ porque ya se sabe que Evo gobierna obedeciendo al pueblo. Para muestra evidente está el ‘reculazo’ de hace algunos días cuando por la creciente protesta social, el primer mandatario tuvo que dar marcha atrás rápidamente dejando sin efecto la osada medida de elevar, como nunca antes, el precio de los combustibles.
El presidente Evo admitió, por otra parte, las debilidades en la lucha contra el narcotráfico por la falta de equipos y apoyo tecnológico que le hicieron demandar una mayor cooperación a la comunidad internacional. Después de la expulsión de la DEA para que del ‘imperio’ no quede huella en el país, la ilícita actividad registra un más que inquietante crecimiento en territorio boliviano.
Como para matizar sus referencias con relación al litio cuya futura explotación dizque representa el largamente anhelado salto cualitativo al bienestar y a la modernidad que le hace falta dar a Bolivia, a S.E. no se le ocurrió nada mejor (o peor) que hablar de la ‘pronta recuperación de Atacama’, lo que poca o ninguna gracia debe haber causado a los chilenos tan suelta y alegre referencia a sus dominios territoriales y que, en todo caso, podría tensar la relación bilateral. Aunque como quiera que más allá de nuestras fronteras ya es conocido el talante de Morales Aima, probablemente se tomen con agua sus recientes expresiones.
Acaso el aspecto más saliente del discurso del presidente del Estado Plurinacional fue una exhortación, formulada casi al final de su extenuante mensaje: que acaben las broncas entre los bolivianos por el bien del país y para trabajar por su desarrollo.
Tras cinco años de confrontación estimulada desde las propias esferas gubernamentales, hay que tomarle una vez más la palabra al jefe de Estado. No más broncas y más gestión. ¡Falta que viene haciendo en Bolivia!
Que pasando de las palabras a los hechos que sea don Evo Morales el primero en cumplir con su pública y necesaria exhortación.


jueves, 20 de enero de 2011

La Prensa ofrece un listado de ciudadanos que salieron exiliados bajo el régimen de Evo, lo que una verguenza para la Democracia que dice representar

Desde 2003, 150 ciudadanos bolivianos abandonaron el país en busca de refugio. De ellos, al menos 132 obtuvieron el estatus de refugiados y 18 huyeron, por lo que son requeridos por la justicia. Algunos salieron de Bolivia junto con sus familiares. Con 117 personas, Brasil es el destino principal de quienes dejaron el territorio nacional para precautelar su seguridad, siete están en Perú, seis residen en Estados Unidos, uno se encuentra en Chile y otro, en Paraguay. En opinión del diplomático Gustavo Aliaga, quien prestó sus servicios profesionales en la Cancillería a lo largo de 27 años, “la violación sistemática a los derechos humanos e individuales le hace daño a la democracia y a la imagen de un Gobierno que se impuso en las urnas con un amplio margen”. Sin embargo, afirmó que “da la impresión de que es el mismo Gobierno que permite la salida de sus adversarios enjuiciados. ¿Dónde estaban los servicios de Inteligencia del Estado cuando huían Mario Cossío o, antes, Manfred Reyes Villa? Es difícil creer que no se hubiera ordenado hacerles seguimiento”. Y cuando se produce la huida de una persona, el presidente Evo Morales sale ante los medios para decir que quien huye es un delincuente confeso. “Es casi como una condena papal. Debe existir, en el exterior, una percepción de que en el país se censura las ideas contrarias a las del oficialismo”. De acuerdo con lo que establece la Constitución, una persona es culpable de un delito sólo cuando al cabo de un debido proceso es enjuiciada y condenada. Debe presumirse su inocencia incluso después de ser imputada. De esa forma, dice Aliaga, el Ejecutivo se ahorra un juicio largo y desgastante, mientras puede afirmar que el fugitivo es culpable porque al escapar dejó en claro su responsabilidad sobre los hechos que le son atribuidos. “De todas maneras, y no sólo bajo este Gobierno, sino durante los del MNR, el MIR, la ADN, con medias verdades se ha destruido a mucha gente”. La matanza de Porvenir es la principal causa de la huida de bolivianos. El Estado brasileño del Acre acogió a 114 pandinos, a quienes se sumaron en otros estados otras tres personas vinculadas al caso Rózsa. Las actividades de la milicia liderada por el boliviano-croata-húngaro causaron la precipitada salida de 18 compatriotas, mientras que la llamada guerra del gas, de octubre de 2003, causó el autoexilio de 10 bolivianos. Hay cuatro casos especiales. Javier Alcoreza Valle, primo hermano del ex prefecto paceño Luis Alberto Chito Valle, goza de refugio en Chile, país que denegó su extradición a pesar de que fue condenado en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia; el de Mario Cossío, que fugó a Paraguay ante un juicio penal por presunta corrupción pública, y los de Hércules de Souza y Jorge Eduardo Ortiz Banzer, ejecutivos de la empresa AeroSur, que son investigados por la comisión del supuesto delito de enriquecimiento ilícito. Humberto Roca Leigue, principal ejecutivo de esa aerolínea privada, se somete a un tratamiento para combatir un cáncer renal en España, pero aseguró que regresará a Bolivia para enfrentar los cargos de los que se le acusa. Aliaga concluyó: “Hay un factor de miedo que hace que estas personas escapen, porque estar en la cárcel no ha de resultar agradable para nadie”. La diferencia entre Asilo y Refugio El diplomático Gustavo Aliaga explicó que el refugio es una antigua práctica y se concedía desde la época medieval a los ladrones y delincuentes, quienes podían ser ajusticiados en sus países o en las regiones en las que habían transgredido la ley. Con el correr de los años, el refugio se aplicó a los perseguidos políticos. Esta figura legal es aplicada por la Comisión Nacional del Refugiado, que en cada país tiene directa relación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Comisión Intergubernamental de Migraciones o el Parlamento de cada país, que deciden acoger a una persona para ponerla bajo protección del correspondiente Estado nacional. Para hacerse acreedores a este beneficio, los interesados deben presentarse, en cuanto cruzan la frontera o llegan a un aeropuerto, ante las autoridades de Migración del país de acogida para hacer la solicitud de inmediato. Estas personas tendrán un tiempo prudencial para presentar los alegatos y pruebas de que su integridad personal corre peligro en su país de origen. No se puede solicitar una visa de turista y, posteriormente, plantear el pedido de refugio. Los convenios internacionales no admiten este procedimiento. El refugio es indefinido e independiente de la fuerza política que gobierne un país. Entretanto, el asilo político es concedido por un Gobierno. Es una decisión política que se concede a una persona por razones también políticas y puede quedar sin efecto cuando cambia la administración gubernamental. Para destacar En Sudamérica, Brasil, Paraguay y Uruguay son los países que tienen la mayor tradición de acoger refugiados en su seno. Brasil acoge a más de 4.700 refugiados e incluso Lula da Silva rechazó el pedido de extradición de un fugitivo italiano. Paraguay recibe a 150 exiliados provenientes de otros países. De éstos, al menos 120 son de nacionalidad cubana. Uruguay respeta los convenios internacionales en materia de refugio. Es muy difícil lograr la extradición de estas personas. Algunos autoexiliados Gonzalo Sánchez de Lozada EEUU Carlos Sánchez Berzaín EEUU Jorge Joaquín Berindoague EEUU Manfred Reyes Villa EEUU Guido Áñez Moscoso EEUU Branko Marinkovic EEUU Alejandro Melgar Pereira EEUU Hugo Achá Melgar EEUU Hugo Carvajal Donoso España José Luis Paredes Muñoz España Pablo Humberto Costas Aguilera España Jorge Torres Obleas Perú Javier Torres-Goitia Perú Mirtha Quevedo Acalinovic Perú Javier Alcoreza Valle Chile Lorgio Balcázar Arroyo Brasil David Sejas López Brasil Luis Hernando Tapia Pachi Brasil Ana Melena de Suzuki Brasil Ricardo Shimokawa Brasil Mario Adel Cossío Cortés Paraguay Guido Nayar Parada Desconocido Marco A. Paniagua A. Desconocido Gelafio Santistevan H. Desconocido Alejandro Brown I. Desconocido Rony Hurtado Vaca Desconocido Luis Alberto Hurtado Vaca Desconocido Enrique Vaca Pedraza Desconocido Héctor Renato Laguna P. Desconocido Mario Adolfo Bruno L. Desconocido Luis Orlando Justiniano A. Desconocido Ignacio Villa Vargas Desconocido Hércules de Souza Desconocido Jorge Eduardo Ortiz B. Desconocido Otras 112 personas sindicadas de participar en la matanza de Porvenir hallaron refugio en el Estado brasileño del Acre. Dos viceministros y dos directores generales del Gobierno de Sánchez de Lozada obtuvieron la condición de refugiados en Perú. Según el Capítulo Boliviano por los Derechos Humanos, entre 1970 y 1982, periodo correspondiente a las dictaduras, hubo 1.303 exiliados y 185 desterrados. Es decir, 1.488 personas salieron de Bolivia por razones políticas.

sábado, 15 de enero de 2011

trascendental texto de Guillermo Capobianco que compara el acortamiento del mandato de Siles y lo sucedido en diciembre 2010


Fuentes cercanas a los círculos del poder confirman que fue a las 5:30 de la madrugada del 31 de diciembre cuando el presidente Evo Morales recibió en su residencia la inesperada visita del Alto Mando de las Fuerzas Armadas de la Nación.
Le trasmitieron al Presidente su decisión institucional: no saldrían a reprimir las protestas populares de repudio al Decreto Supremo 748 de alza de los carburantes.
El presidente Morales, luego de la inusual entrevista, se embarcó en su avión y se desplazó a Chapare, donde la dirigencia cocalera oficialista le informó de que las bases habían rebasado el mando sindical y que la protesta movilizada y el bloqueo de la carretera troncal eran un hecho irremediable. Las relaciones de poder y de fuerzas oscilaron peligrosamente.
Sin el apoyo de las FFAA y de las Seis Federaciones de Chapare, el destino del ‘proceso de cambio’ y del mismo régimen socialista comunitario del Presidente hubiera sido incierto.
Se hubiese producido una situación inesperadamente dramática: los movimientos sociales habrían tomado las calles exigiendo la renuncia del Presidente y desencadenado otra crisis de gobernabilidad de las tantas que se han producido en este país.
Una de ellas, emblemática por cierto, fue el ‘acortamiento del mandato’ del presidente Hernán Siles Zuazo.
El país vivía los efectos de la hiperinflación. El Congreso se debatía en el caos de las presidencias interinas y el militarismo narcodelincuente asaltó el poder instaurando una dictadura feroz. Esta historia se puede encontrar en cualquier hemeroteca.
Lo que no se conoce ni se estudia en las universidades y las facultades de Ciencias Políticas es que en esa etapa de la vida del país se produjo un hecho político histórico: la alianza estratégica entre el Dr. Siles, caudillo paceño y de la Revolución Nacional, expresión de la corriente de ‘izquierda’ del Movimiento Nacionalista Revolucionario, y la nueva generación política emergente e insurgente encabezada por el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria.
El pacto se firmó en Caracas y desencadenó la acción de las fuerzas políticas tradicionales que presintieron, con razón, que el nuevo instrumento, la Unidad Democrática y Popular, podría desplazarlos del poder político y gubernamental.
Sobrevino la crisis, se convocó al Congreso de 1980; el ciclo militar concluyó con la entrega oficial del poder político al Congreso, que tuvo que organizar a las carreras su directiva para dar continuidad al proceso de rescate y reconquista de la democracia.
El cerco al Gobierno de Siles fue implacable. Las fuerzas conservadoras, en alianza implícita con las izquierdas que actuaron desde la COB, decretaron la inviabilidad del Gobierno, acortaron el mandato del Dr. Siles y convocaron nuevas elecciones.
Si el presidente Evo Morales no logra modificar la orientación política de su régimen y no concreta una alianza estratégica entre las fuerzas sociales y productivas de oriente y occidente, la historia puede repetirse. Podría sobrevenir una coyuntura de ingobernabilidad.
En Bolivia, políticamente hablando, cualquier cosa puede suceder.

* memocapobianco@gmail.com

jueves, 13 de enero de 2011

coinciden todos en una bajada catastrófica de popularidad de Evo, como resultado del gasolinazo, menos Evo claro está. incontestable el análisis LP,LP


Tres medios extranjeros, un dirigente social y un analista coinciden en que el gasolinazo y su posterior abrogación comprometieron severamente la imagen de Evo Morales, daño que difícilmente será revertido. Sólo un analista cree que el Gobierno no se verá afectado por esta razón. El politólogo Carlos Cordero calificó la situación como “uno de los fracasos políticos más estrepitosos que ha tenido el Gobierno. Este momento ha afectado a la imagen y la credibilidad del Gobierno. La confianza se ha roto. Y está teniendo, hoy día, efectos en su gobernabilidad. La gente y los movimientos sociales se sienten influyentes. Sienten que le han doblado el brazo al Gobierno”. Cordero sostuvo que la imagen de Evo Morales “no se va a recuperar fácilmente, pese a que el Gobierno va a hacer todo lo posible por recuperar la confianza y la credibilidad con anuncios de mayor inversión, de mejorar los bonos. Pero recuperar esa confianza rota va a ser difícil para el Gobierno”. La revista ecuatoriana Vistazo también se ocupó del tema en un editorial, en el que señala que “lo que ha ocurrido en Bolivia encierra dos lecciones para el resto de América Latina. En primer lugar, el modelo populista es insostenible. Segundo: la lógica del populismo autoritario apunta a una radicalización cada vez mayor precisamente porque es insostenible”. El editorial agrega que “las empresas que solían invertir en petróleo dejaron de hacerlo debido a los bajos precios internos fijados por el Gobierno. Algunas apostaron su dinero al gas natural en condiciones draconianas; otras se dieron por vencidas”y así se debió importar ingentes cantidades de combustibles a precios internacionales. El Mercurio, de Chile, sigue la misma línea al indicar que “para Evo y su entorno queda claro, ahora, que necesitan más inversiones en ese rubro, pero también se han dado cuenta de que no hay incentivos para que las empresas arriesguen su capital en Bolivia en prospecciones que no saben cómo les redituarán”. Señala que en ese escenario, la Administración Morales “levanta, como tantos gobiernos que lo precedieron, el tema de su aspiración marítima y de la posibilidad de acudir a La Haya, provocando la oportuna reacción de la Cancillería chilena que, con mesura y ponderación, pidió explicaciones”, que bajaron la tensión. El dirigente social Óscar Olivera, quien lideró en 2000 protestas ante la privatización del agua potable en Cochabamba, anota que “la gente, de manera muy organizada pero autónoma, salió a las calles a protestar, a oponerse al gasolinazo. Pero no se salió solamente en los lugares tradicionales de rebelión popular, sino que se salió en todo el país. Incluso en el Chapare, el bastión de Evo, los pobladores bloquearon las carreteras. Yo creo que iba a haber una respuesta popular muy seria, que pondría en riesgo la estabilidad del Gobierno”. Olivera alertó de que “nadie quiere la vuelta de la derecha fascista, pero el Gobierno está creando las condiciones para que esto suceda. En este proceso se han generado espacios de articulación de la derecha como son los comités cívicos. Lo más grave de la arrogancia, de la descalificación del Gobierno, es que no hay referentes políticos aparte de Evo Morales, no hay ni cuadros, ni referentes organizacionales, ni personales, creíbles. Ni en lo alto, ni en lo bajo, ni en lo medio de sus estructuras políticas y sociales, no los hay. Todos son vasallos del caudillo”. El rotativo La Hora de Ecuador señala, por su parte, que “el ‘gasolinazo’ fue del 57 al 82 por ciento, con efectos inmediatos en el abastecimiento cotidiano. El Gobierno alegó que estaba terminando con una herencia del ‘neoliberalismo’, pero no atinó a explicar por qué tardó tanto. No lo hizo antes porque estuvo atado a una ideología antineoliberal primaria, de la que fue víctima. Por razones ideológicas el Gobierno empezó denunciando que los que protestaban eran unos pocos desestabilizadores de oposición, y no la población pobre”. “El Gobierno no se ha debilitado” El analista político Hugo Moldiz, afín al MAS, sostuvo que el alza de los precios de los combustibles “no tuvo, políticamente, el efecto de afectar a la imagen del Presidente y del Gobierno. Fue un buen jalón de orejas para el Gobierno, en términos de la medida que estaba llevando adelante, pero no al conjunto del proyecto político, estrategia, legitimidad y fortaleza que tiene el Gobierno y particularmente el Presidente”. Moldiz dijo que la reacción popular se dirigió contra una decisión concreta que “se la ha considerado como una continuación de las viejas recetas que durante dos décadas nos aplicó el modelo neoliberal. Por lo tanto, el rechazo fue a una medida, no fue contra el comportamiento de la actual administración”. El analista atribuyó, además, la reacción popular a que “parece que los movimientos sociales han sido llamados a una tregua. Parece que lo que los unía en el pasado era la necesidad de enfrentar a los neoliberales. Después de cuatro años y medio de la primera gestión del presidente Evo Morales, al momento de desaparecer esa causa común afloran las reivindicaciones propias y naturales de los movimientos sociales”, que causaron las protestas de diciembre. Para destacar Una encuesta levantada entre el 4 y el 6 de enero mostró que la popularidad de Evo Morales cayó al 30% por el gasolinazo. El rechazo al Primer Mandatario alcanzó al 67 por ciento, pero el Gobierno intentó minimizar esa consulta. En otros hechos anteriores, los responsables fueron ministros o parlamentarios, nunca el Jefe del Estado. La credibilidad del Presidente del Estado quedó en entredicho, según el analista político Carlos Cordero. Textuales “El aura de Evo se vio afectada. Se convirtió en una suerte de rehén de los movimientos sociales. Su autoridad se debilitó; el Presidente flaqueó ante el temor de que se reeditaran las protestas de 2003 y 2005, que botaron varios gobiernos. Evo, probablemente, nunca pensó que enfrentaría la furia de los sectores que lo encumbraron a la Presidencia, y por eso decidió negociar. Lo han dicho él y otros de su gabinete: es prioritario eliminar los subsidios, pero ahora están dispuestos a hacerlo en forma gradual. El tema de fondo en este problema es que la nacionalización de los hidrocarburos no le ha traído a Bolivia la bonanza económica esperada. Tampoco se ha logrado un aumento en la producción de gas y petróleo. De los 10.200 barriles diarios de hidrocarburos que se extraían hace dos años, en 2010 la producción cayó a 4.900 barriles por día. Los bolivianos consumen 60.000, por lo que deben importar la diferencia”. El Mercurio / Santiago de Chile “Las imágenes muy impactantes de la televisión recordaban el alzamiento de los años 2000 contra los ‘neoliberales’. Para evitar lo peor, el Gobierno apresuró un viraje de 180 grados, anunciando, sin decreto, la ‘abrogación’ del decreto. Dos decisiones contradictorias sin antecedentes en el pasado del país. El Gobierno, extraviado en el camino por la fuerza de la presión social que lo detuvo, abdicó de su responsabilidad de gobernar, pidiendo que los ‘movimientos sociales’ le digan cuándo debe hacerse el reajuste diferido. La situación crítica le hizo perder su cotidiana arrogancia. Es la mayor derrota política de Evo Morales en cinco años. Se entrampó solo en su propia encrucijada. Cualquier decisión que tome en adelante tendrá sus costos políticos y sociales. Víctima de sí mismo, salió muy debilitado, vencido no por la oposición sino por su propia gente, que ahora pide cabezas”. La Hora de Ecuador / Quito

martes, 11 de enero de 2011

En Bolivia no se cumple “adecuada e imparcialmente” con el debido proceso, la presunción de inocencia, “mucho menos” con el derecho constitucional del acceso a un justo juicio, de modo que satisfaga la sed de justicia de todo boliviano y boliviana, concluye el informe del Defensor del Pueblo.

El informe de la gestión 2010 presentado ayer por el Defensor del Pueblo incluye además en la lista de derechos vulnerados el de la integridad, la obligación de custodia y el derecho a la búsqueda de la verdad.

“Estos derechos a lo largo del año 2010 han sido desconocidos por organismos policiales responsables de garantizar la seguridad ciudadana”, señala el documento, al agregar que aún existen prácticas policiales y militares que derivan en tortura.

Asimismo, menciona que el Estado no ha cumplido con su obligación de proteger y garantizar el derecho a la vida e integridad de las personas privadas de libertad.

Como “casos emblemáticos” de estas vulneraciones menciona, entre algunos, lo sucedido en Caranavi en mayo de 2010, donde murieron dos jóvenes; el caso Uncía, donde fallecieron cuatro policías; la muerte de David Olorio en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto; y la muerte por no recibir atención médica oportuna del peruano Carlos Alberto Junco Cáceres, recluido en Chonchocoro.

“Es en virtud a un debido proceso que se consagra un conjunto de derechos y garantías mínimas a objeto de que se pueda acceder a la justicia y, en su caso, defenderse adecuadamente y en igualdad de condiciones”, señala el documento en las conclusiones.

Agrega que “no siempre” se asegura el derecho a la defensa, reconocido tanto en la Constitución Política del Estado como en la normativa internacional, que implica diversos aspectos como, por ejemplo, acceder a documentos, pruebas y resoluciones que provengan del tribunal, con una antelación suficiente para preparar la defensa, ser informado con anticipación de las actuaciones judiciales, poder participar en ellas y poder impugnar determinaciones contrarias a sus intereses.

En relación al derecho a la integridad, el Defensor observó la vulneración del artículo 15 de la Constitución Política del Estado, que establece que “toda persona tiene derecho a la integridad física, psicológica y sexual y en virtud de ella nadie puede ser torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes y humillantes, con hechos que al ser violentados se constituyen en delitos de lesa humanidad.

Acusa a funcionarios policiales de incurrir “recurrentemente” en la vulneración del derecho a la integridad física y psicológica durante el desarrollo de sus actividades, sin tomar en cuenta que es un derecho humano fundamental y absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida y el resguardo de la persona.

Igualmente, se ha verificado que aún persisten prácticas en los cuarteles que vulneran el derecho a la integridad y que derivan en tortura, por tanto caen en el ámbito de la comisión de un delito que debe ser sancionado en el marco de la justicia ordinaria y no bajo tuición de tribunales militares especiales.

Respecto a la obligación de custodia, se observa que en varios casos la Policía no ha garantizado debidamente la dignidad de las personas privadas de libertad en las mismas condiciones aplicables a las personas libres, por cuanto gozan de todos los derechos reconocidos en la Constitución y la normativa internacional de los derechos humanos.

“En varios casos, el Estado ha incumplido su obligación ineludible de proteger y garantizar el derecho a la vida y a la integridad de las personas privadas de libertad, al no procurarles condiciones mínimas compatibles con su dignidad mientras permanecen en los centros de detención”, expresa el documento presentado ayer en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.

Archivos militares

Con relación al derecho a la búsqueda de la verdad, el informe del Defensor del Pueblo señala que el Estado está incumpliendo con su obligación de garantizar el derecho a la búsqueda de la verdad, en directa relación con más de 150 desapariciones forzosas en Gobiernos dictatoriales, cuyos casos aún se encuentran sin una investigación adecuada.


La desclasificación de archivos del período dictatorial de Bolivia figura entre los casos emblemáticos en el informe, debido a que una vez más las Fuerzas Armadas han eludido el cumplimiento de un auto supremo por el que la Corte Suprema de Justicia ordena desclasificar esos archovos.

LOS MÁS DENUNCIADOS

• El informe del Defensor Pueblo identificó los 15 derechos humanos más vulnerados y las 15 entidades a nivel nacional más denunciadas por la población en 2010.


• El derecho ciudadano a exigir responsabilidad sobre los actos de la administración pública fue el más vulnerado, con 847 quejas, seguido por el derecho en el trabajo con 875.


• Las denuncias contra la Policía suman 458, la mayoría contra el Comando General de la Policía, seguida del comando policial de La Paz, Cochabamba y Beni.


• El Servicio Departamental de Educación de La Paz es la entidad más denunciada, con 299 casos, seguido de las alcaldías de El Alto con 189 y de La Paz con 169.