Los miembros de las Fuerzas Armadas –desde el general hasta al subteniente– son personas que tienen las mismas necesidades que el resto de sus compatriotas, que solidariamente deben correr su misma suerte, y que seguramente deben adoptar similares providencias para sobrevivir. Si en Bolivia se ha producido un cambio traumático en la política como sucede actualmente, si el gobierno ha sido ganado masivamente por quienes promueven una revolución en el país, a las FFAA no les queda otra salida que acatar al nuevo régimen en su calidad de ciudadanos respetuosos de la ley y de lo que exige su ordenamiento disciplinario. Eso es digno de encomio.
Pero alguna diferencia existe entre el ciudadano común –es decir el civil o el político– y el militar. Es que todas las constituciones –esta misma Constitución sacada de los pelos– dicen que las FFAA están para defender el honor y la soberanía de la Patria, garantizando la estabilidad del gobierno legalmente constituido. Y la Carta Magna –ésta, la de La Calancha– dice además que los militares no deliberan y no realizan “acción política”. Es ahí donde se desploma todo el andamiaje de lo que deberían ser unas FFAA actuando constitucionalmente.
Las FFAA se están desempeñando políticamente desde que asumió el poder el Movimiento al Socialismo (MAS). Tal vez se pueda objetar alegando que todas las instituciones nacionales tienen “su” política. Eso es verdad. Pero la Constitución dice que las FFAA no deben realizar “acción política”, es decir, a nuestro entender, que no deben realizar labores partidistas. Y no cabe la menor duda de que algunos militares la están haciendo desde el primer día de esta administración.
En plena democracia están actuando políticamente como lo hicieron en Pando, ocupando el departamento y deponiendo a su Gobernador. Esa labor, si había que hacerla siendo ilegal de todos modos, no le correspondía a las FFAA sino a otras instancias gubernamentales. Ni les correspondía ocupar dicha Gobernación, aunque se alegue que eso recayó en un jefe militar a título personal. Porque a título personal hemos visto también generales con cargos de favor en los consulados, embajadas, aduanas, y hasta en la llamada Asamblea Legislativa Plurinacional.
Desde los lamentables acontecimientos de octubre del 2003, los militares quedaron en una situación tan desastrosa como los partidos políticos. A los partidos políticos – y a sus jefes – se los estigmatizó y luego se los acosó judicialmente hasta hacerlos huir del país. Eso también sucedió con algunos jefes militares de aquel fatídico año, cuando tuvieron que cumplir las órdenes que les impartieron. Fueron procesados y sentenciados. A raíz de aquello se produjo un complejo de culpa dentro de los cuarteles como no había sucedido nunca, ni después de las dictaduras.
Es por estas circunstancias que las FFAA dan una apariencia de subordinación al Poder Ejecutivo. No de la obediente disciplina, que corresponde, sino de subordinación pura y simple. Además existe temor ante cualquier acusación que se le pueda hacer a un soldado sobre un comportamiento indebido. Los militares prefieren mantenerse dentro de su ámbito y obedecer. Al extremo de que se les impone aquello de “¡Patria o Muerte!” o uniformes con nuevos distintivos o estandartes como la wiphala o paradas militares populares. Pero en fin, eso se puede modificar después.
Lo grave está en la politización. En la “acción política” que prohíbe la Carta Magna. Que algunos generales digan que su Ejército es socialista, comunitario y antiimperialista, debe causar intenso placer a S.E., le debe gustar mucho, pero es incorrecto. Eso es hacer política. Además, está muy mal que en una entrevista pública el nuevo Comandante en Jefe de las FFAA afirme que “tenemos que ser anticolonialistas, antiimperialistas, anticapitalistas…” y además que se adhiera a la filosofía masista de “vivir bien” y la interprete tal como lo hacen los yatiris del oficialismo.
¿Cuál es la consecuencia? Pues nada menos que las FFAA, por tratar de abanderar el “cambio”, por mejorar su imagen, pierdan el respeto de todo el mundo, su confianza, y que suceda, como ejemplo, lo que a la Fuerza de Tarea Conjunta, en la región cocalera de La Asunta, donde sus efectivos que erradicaban plantaciones de coca fueron cercados, maltratados y expulsados de la zona, abandonando hasta su material. Eso no se debe repetir.
Mucho peor la respuesta del Comandante en Jefe, expresando que: “Por ahora, La Asunta queda en “stand by”, queda paralizada hasta que se solucione el (problema) y hayan garantías”. ¿En “stand by” las operaciones de erradicación? ¿Por falta de garantías? ¿Garantías de quienes? ¿De la Policía? ¿De los propios cocaleros? ¿Pero cómo las FFAA pueden estar pidiendo garantías en pleno territorio nacional?
Si es así, amables lectores, ¿a quién o a quienes pediremos garantías los ciudadanos en nuestro país?
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