El presidente Morales sigue gobernando a trompicones. El Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo Electoral se burlan del país y lo hacen desafiantes. Posesionarán al nuevo Poder Judicial ¿Y qué? “Gobernar desobedeciendo al pueblo” es la frase que mejor le cuadra a esta autocracia
El Gobierno reconoce no sólo en la Constitución –que como referencia basta y sobra-- sino en sus discursos de casi todos los días, que Bolivia es una sociedad democrática. La democracia, lo sabemos todos, tiene uno de sus pilares fundamentales en el voto popular. El voto es la expresión máxima de la soberanía del pueblo, el instrumento que ratifica que es éste el que decide, el que escoge su destino, eligiendo o rechazando a sus mandantes.
El próximo 3 de enero se posesionará el nuevo Poder Judicial. Será una de las acciones más antidemocráticas de las muchas que este Gobierno ha llevado a cabo en casi seis años de mandato.
Será una bofetada a la voluntad de los bolivianos, una demostración de que el ejercicio democrático más importante del ciudadano se mete en un saco y se tira a la basura.
Nunca en la historia del voto en Bolivia y quizás nunca en la historia del voto en América Latina, se había producido un resultado tan sorpresivo y contundente para expresar una opinión y tomar una decisión al mismo tiempo. ¿Qué dijimos? Que la elección directa por cuatro instancias del Poder Judicial era en sí misma un error, quizás un error de fondo que obliga a revisar las disposiciones constitucionales sobre el particular. Que el Gobierno a través de la Asamblea Legislativa envileció la elección, al hacer una preselección de candidatos totalmente sesgada en favor de postulantes que en su gran mayoría son militantes o simpatizantes del MAS. Que además, esa preselección fue en detrimento de la calidad profesional e idoneidad de quienes aspiraban a los cargos más importantes de la justicia boliviana.
Esto generó dos tipos de voto. El abrumadoramente mayoritario, el voto nulo, que llegó al 42 por ciento; un rechazo aplastante al proceso electoral en sí mismo. El significativo voto blanco que llegó al 18 por ciento, que dijo que, más allá de la elección, no creía que ninguno del más de medio centenar de candidatos mereciera confianza alguna. Al frente estuvo el esmirriado 40 por ciento de votos válidos y el aún más esmirriado porcentaje obtenido por los candidatos, con un promedio penoso que fluctuó en rangos de entre el 2 por ciento y el 7 por ciento, con media docena de excepciones que apenas superaban esas cifras marginales.
Un Tribunal Supremo Electoral (TSE) –cuarto Poder del Estado con todo lo que ello implica– con una genuina vocación democrática, debió, más allá de la letra muerta de la ley, plantear al país y al Poder Ejecutivo la necesidad de anular la elección. Es que la ley no contempla un caso así, dijo. Es que no había precedentes históricos, y cuando no los hay los precedentes se sientan y se convierten en jurisprudencia. Pero este TSE ni es genuinamente independiente ni tiene la capacidad de tomar la iniciativa que el mandato del pueblo exige.
El Gobierno, por supuesto, ni siquiera pestañeó ¿Por qué iba a hacerlo?
Después del desastre del fallido gasolinazo, el invento más neoliberal que los responsables del área económica, el Vicepresidente y el Presidente pretendieron imponerle al pueblo, el equipo de comunicación gubernamental ensayó una respuesta de emergencia; un nuevo slogan salió de la galera: “Gobernar obedeciendo al pueblo”. Pero era muy difícil que el mandatario más autoritario de la democracia hiciese tal cosa. Dar órdenes es lo suyo y así fue durante todo el 2012. Gobernar obedeciendo, sirviendo al pueblo, era mucho pedir.
El Tipnis fue un mandato desde las calles, desde los movimientos indígenas, sociales y de la clase media. La respuesta está en pleno desarrollo. Tras firmar de mal talante la ley que protege al Parque, movilizó a sus huestes para revertir ese mandato de su propio puño.
Las elecciones judiciales fueron a su vez un mandato sagrado e inapelable en democracia. La respuesta: la próxima semana posesionarán a las autoridades judiciales ilegítimas y conceptualmente ilegales, dado que la ley específica no podía contemplar un giro copernicano de tal magnitud en la decisión de los votantes.
Nada que no supiéramos. ¿Alguien tenía la esperanza de que el 60 por ciento de votos nulos y blancos modificara la voluntad de poder de quienes nos gobiernan? No. Son tantas las muestras desde que en 2006, burlando la ley y su compromiso, el Gobierno forzó la aprobación de los artículos de la nueva Constitución por mayoría absoluta en vez de hacerlo por dos tercios, que había muy poco margen para esperar otra cosa esta vez.
El presidente Morales sigue gobernando a trompicones. El Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo Electoral se burlan del país y lo hacen desafiantes. Posesionarán al nuevo Poder Judicial ¿Y qué?
“Gobernar desobedeciendo al pueblo” es la frase que mejor le cuadra a esta autocracia, que no se da cuenta de que teje la tela de araña que acabará por atraparla irremisiblemente.
El autor fue Presidente de la República
http://carlosdmesa.com/
El autor fue Presidente de la República
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