Juan León Cornejo hace ver que alguno con diábolico esfuerzo busca llegar a SEEM a "un callejón sin salida" o tratarse sólo de ineptitud e incapacidad

Cuesta creer que el Gobierno encuentre tantas piedras en su camino sólo por su propia incapacidad. Y sin embargo, no hay más opción que atribuir esos problemas a un nivel poco común de ineptitud, a menos que exista interés premeditado o sabotaje interno de no se sabe quién ni para qué. Parece descabellado, pese a nuestra historia de intrigas palaciegas y traiciones. Suponer también, con buena voluntad, que el desbarajuste se debe a un plan perfecto de ingeniería política de alto vuelo con final feliz sería ingenuidad perruna y cuncunija. El asunto es que el desbarajuste adquirió dimensión de grosería en los últimos meses. Del impacto negativo para los planes de gobernabilidad y reelección tendrían que preocuparse el Gobierno y el Presidente. A ellos compete el tema. Lo que importa al resto es más importante y trascedente que los proyectos coyunturales. Es el costo para todos de tanto desatino, y no sólo económico. ¿Cuánto le costará al país, por ejemplo, salir del callejón en que lo metió el “gasolinazo”? Se decretó un aumento sin análisis previo de consecuencias y se derogó por el susto que provocó una reacción natural. Se pudo hacer todo en forma gradual pero se hizo todo de manera radical y la medicina para “el cáncer económico” tardará pues debe transitar un camino cuesta arriba. El tema TIPNIS es lapidario. Por imponer un proyecto incomprensible se ignoró leyes (la consulta previa), y se atropelló derechos en casa ajena. Se insulta la inteligencia al calificar “inconstitucional” una ley que promulgó el Presidente. Pero organizar otra marcha para anular todo es ya estupidez política total por el apoyo que recibió la protesta indígena. ¿Habrá plan alternativo para el papelón político en camino? Se supone que se evaluó el costo de cambiar esa ley, si se puede. O el de fracasar, porque por angas o mangas, tendrá costo político. Lo que interesa a todos, además de preservar valores y principios, es cuánto le cuestan al país marchas y contramarchas. Es el perjuicio para esa gente y el proceso de cambio que provocó suponer que se le podía meter nomás. Eso ocurre con la protesta de los discapacitados. El Gobierno perdió ya, atienda o no su demanda. Pero pierden también el país y el proceso porque pese al sacrificio de esa gente, no se mide a todos con el mismo rasero. Se les da a unos con preferencia sin que importen costo político o económico. Las preferencias son odiosas y crean precedente. Se entiende así lo que pasa en La Asunta, en los Yungas, tan lejos del Chapare. Como los costos políticos perjudican sólo a los gobiernos, allá ellos con su problema. El nuestro es que nadie asume el costo de los daños que provocan la ineptitud e ineficiencia de gestión porque los fracasos son siempre huérfanos y todos miran al costado con cara de “yo no fui”, como en Yucumo o Yapacaní.