Crecer a tasas chinas ?no importa cuánto se vanaglorien de ello los especialistas gubernamentales? no ha resultado ser la prometida panacea que remediaría de manera rápida y eficiente los males de la Argentina. A esa conclusión se llega inmediatamente, cuando cobran amplia difusión en el país las muertes de niños en la provincia de Misiones por causa de la desnutrición.
Desdichadamente, no es la primera vez que este tipo de noticias ocupa a los medios. Basta remontarse a 2002: en esa oportunidad, las muertes de varios niños y recién nacidos desnutridos ocurridas en las provincias de Tucumán y Misiones (también esa vez) tuvieron una amplia cobertura, tanto nacional como internacional.
Esta última noticia de las muertes por desnutrición revela, además, que todas las políticas públicas que se fueron implementando a lo largo de estos últimos años para resolver este grave, doloroso y vergonzoso problema social han demostrado ser insuficientes o estar mal implementadas.
La sociedad argentina debe hacer, por lo tanto, una profunda autocrítica, empezando por su dirigencia política, por no haberle prestado a esta situación la atención y el control permanentes que se merece. El mal ya no está más latente, y no hay justificativos válidos para tanta ceguera y desaprensión.
Decíamos que había que comenzar por aquellos que tienen las máximas responsabilidades en el tema y es lo justo, porque ellos responden ante sus representados por lo que no se ha hecho. No es posible que un gobernador, en este caso el misionero Maurice Closs, haya admitido: "Obviamente, algunos de estos chicos [los 1300 niños desnutridos de su provincia] se nos van a morir porque la mortalidad infantil es un problema; es una realidad". En rigor, en todo 2010, sólo se ha reconocido la muerte de dos niños que padecían graves problemas nutricionales. Pero, como más de una vez ha advertido el doctor Abel Albino, fundador de la ONG Cooperadora para la Nutrición Infantil (Conin) y el gran luchador argentino contra la desnutrición en el país, muchas veces los niños mueren aparentemente por otras causas ?por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio o una neumonía? cuando la verdadera raíz del problema está, lisa y llanamente, en la desnutrición que sufren.
Ninguna de las leyes sancionadas sobre el tema alcanzan a los que más necesitan de su aplicación. Todos los recursos que desde la sociedad civil se han elevado a las máximas autoridades de la Nación han sido minimizados o desechados, y hasta neutralizados, como el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria El Hambre más Urgente, o la ley Donal (llamada también del buen samaritano) que fue vetada en su artículo 9, por lo cual se la invalidó totalmente.
Además, a las localidades más alejadas de los centros medianamente poblados en las provincias no llegan ni la asistencia social ni las nociones básicas sobre la existencia de planes como, por ejemplo, el denominado Hambre Cero, programa contra la desnutrición infantil que el gobierno de Misiones lanzó en mayo pasado. No hay que engañarse: si muchos argentinos desconocen sus más elementales derechos como ciudadanos, ¿en qué condiciones pueden reclamar, entonces, el acceso a la comida digna que merecen?
Comedores escolares se cierran o dejan de recibir los aportes necesarios para subsistir, y millones de niños y adolescentes se encuentran en tal situación de pobreza económica que quedan al borde de la mortalidad infantil, de la desnutrición o de la deserción escolar y el rezago educativo.
La desidia y la inoperancia generales han llegado demasiado lejos. Mientras tanto, varias generaciones de argentinos jóvenes están perdiendo prácticamente su oportunidad de vivir dignamente en el país que los vio nacer.
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