Cristina Kirchner anunció anoche que el Club de París aceptó negociar la deuda de 7700 millones de dólares de la Argentina sin la intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI). Expuesta así, con solemnidad, por la cadena nacional de radio y televisión, la información tiene la apariencia de una novedad.
Sin embargo, ese impacto es engañoso. El Gobierno ya dio esta misma noticia hace más de dos años. En septiembre del año 2008, la Presidenta comunicó que se usarían 6706 millones de dólares de las reservas del Banco Central para salir del default con el Club, suma a la que habría que agregar unos 1100 millones de dólares de punitorios. Ese foro de acreedores aceptaría la propuesta por la sencilla razón de que se pagaría en efectivo, sin negociación de plazos e intereses. Aquel propósito no se concretó: pocos días después de esa decisión se derrumbó Lehman Brothers y en el mundo de las finanzas cambiaron todos los significados.
La pregunta es, entonces, qué hay de nuevo. Para saberlo hay que esperar un pronunciamiento del Club de París. Es decir, las potencias que lo integran tendrán que precisar si están dispuestas a conceder períodos de gracia, cuotas y tasas similares a los que asignan cuando el Fondo garantiza la negociación, es decir, en la mayoría de los casos. Los países del Club son los que lideran el Fondo.
Sobre esta posibilidad existen indicios extraoficiales. Quienes intervienen en la política financiera de algunos estados miembros de esa liga han sostenido siempre que, si no quiere abrirse a la participación del FMI, el deudor no tendrá más ventajas que liquidar la cuenta en un plazo máximo de 6 años. Es, para los usos y costumbres que rigen estas negociaciones, algo parecido a pagar al contado. En caso de cumplirse este criterio, ¿qué costos paga la Argentina por la negativa a negociar con el Fondo? Es una pregunta que ya se formuló cuando Néstor Kirchner, envuelto en la engañosa bandera del desendeudamiento, saldó por adelantado la deuda con el FMI -por la que se pagaban intereses ínfimos-, al tiempo que le convalidaba a Hugo Chávez una tasa del 15% en la colocación de un bono. Ahora la cuestión reaparece con esta otra forma: ¿quién se beneficiará más con un acuerdo sin el Fondo? ¿La Argentina o sus acreedores?
Hasta que no se despejen estas incógnitas, el de anoche fue sólo un anuncio destinado a demostrar que el Gobierno está activo en la gestión económica. Es una señal interesante, sobre todo para una Presidenta que tenía en su esposo fallecido al verdadero ministro de Economía. Ahora bien: ¿qué cambios deben esperarse en la economía si se alcanzara un acuerdo con el Club de París? No demasiados. Para mejorar el clima de negocios y atraer inversiones directas, seguirán haciendo falta iniciativas más relevantes. Por ejemplo: la normalización de las estadísticas o la reducción de la inflación.
Cristina Kirchner aprovechó su discurso para enviar un mensaje al Congreso. Asumió el papel de víctima frente a una oposición que amenaza, según ella, con dejarla sin presupuesto. Siempre propensa a las inauguraciones, dijo que sería la primera Presidenta en gobernar sin ese instrumento. Omitió a Isabel Perón, que tampoco consiguió esa ley, igual que Arturo Illia, Raúl Alfonsín y Fernando De la Rúa en el último año de sus débiles administraciones.
La señora de Kirchner advirtió que si la oposición le niega esa norma, se servirá de otros instrumentos para gobernar. A pesar de ser algo críptica, la frase tiene un significado previsible. La Presidenta sugirió que, si no le aprueban el presupuesto y, con él, los US$ 7500 millones de reservas monetarias para el pago de deuda, ella apelará a los decretos de necesidad y urgencia para ordenar al Banco Central el giro de esos recursos. Según esta línea de razonamiento, la defección del Congreso le daría un motivo más legítimo para utilizar esos decretos que los que tuvo a fines del año pasado, cuando se desató la crisis que provocó la renuncia de Martín Redrado. Excusas para presentar ante los jueces.
Estos argumentos tendrían algún sentido si la discusión presupuestaria quedara empantanada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Puede suceder, en cambio, que la oposición decida votar en general el proyecto del diputado Claudio Lozano (Proyecto Sur), para después corregirlo en la discusión de cada artículo. Una jugada gemela a la que realizó el oficialismo para la regulación del papel para diarios. En tal caso, la señora de Kirchner se vería obligada a vetar la ley. Pero ya no podría alegar que la dejaron sin ella.
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