poniendo los puntos sobre las íes La Nación enseña la figura del desaparecido Kirchner

La inesperada noticia del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner en El Calafate sorprendió a una ciudadanía que, por entonces, se aprestaba a las obligaciones derivadas del censo y conmovió a la dirigencia toda.

Frente a la muerte de quien indiscutiblemente encarnó un fuerte liderazgo político, que presidió los destinos del país entre 2003 y 2007 y que desde el fin de su mandato hasta el momento de su deceso influyó notablemente en la vida política nacional, no cabe mucho más que el recogimiento, el respeto y las debidas condolencias a la presidenta de la Nación y a sus familiares.

Así lo han entendido prácticamente la totalidad de los dirigentes de la oposición, quienes de distintas formas han expresado su dolor por la desaparición de un colega y comprometido su colaboración con la titular del Poder Ejecutivo Nacional.

Toda muerte impone compasión, congoja y un período de duelo, que bien podría ser aprovechado para una tregua política duradera. Pero también reclama un sincero acto de reflexión sobre el porvenir.

Es probable que a Néstor Kirchner se le deba buena parte del proceso de reconstrucción de la autoridad presidencial, socavada por la gravedad de la crisis política y socioeconómica que signó los últimos días de Fernando de la Rúa en la Casa Rosada, hacia fines de 2001. También podría destacarse su afán inicial por poner en orden una economía desquiciada y por arribar a un acuerdo con los tenedores de bonos impagos del Estado argentino.

Lamentablemente, la acentuación del presidencialismo y la confusión entre autoridad y autoritarismo fueron características que signaron la gestión gubernamental de Kirchner, que se hicieron extensivas al gobierno de su esposa y sucesora. Esa confusión terminó desgastando al propio Poder Ejecutivo en sus conflictos con los otros dos poderes del Estado y a sus responsables, inmersos en luchas con fundamentos artificiales, muchas veces tendientes a poner de rodillas a quienes manifestaran una posición reñida con los deseos de lo que hasta ayer funcionó como un matrimonio gobernante.

La gestión kirchnerista, como lo hemos señalado tantas veces desde esta columna editorial, estuvo mucho más asociada a la consolidación de un proyecto de poder que a la edificación de un proyecto de nación para todos los argentinos.

Toda la energía volcada en una suerte de política de sometimiento del adversario, puesta al servicio de la conservación de todos los resortes del poder, terminó consumiendo en elevada medida al gobierno nacional y, sin duda, acentuó el estrés de su principal artífice. La creciente lucha de Kirchner por controlarlo todo y por extender sus porciones de poder tal vez le haya costado la vida.

Los disgustos son y serán siempre parte del ejercicio de la política. Pero ellos son notoriamente más intensos cuando la intención de sojuzgar al ocasional adversario, al que se convierte en virtual enemigo, en aras de una concepción hegemónica del poder, es puesta por encima de la exploración de los consensos.

El tránsito de la Argentina sin Kirchner no debería ser dramático, aun cuando el Gobierno haya perdido a su más reconocido estratego y a quien probablemente conocía como nadie las fibras más íntimas del aparato gubernamental.

Se inicia una nueva etapa política, en la cual será vital que la presidenta de la Nación se rodee no sólo de quienes exhiban la lealtad esperable de todo colaborador, sino también una inteligencia abierta al sentimiento que subyace en una ciudadanía que reclama seguridad y paz social.

Del mismo modo, será clave que los dirigentes del justicialismo, incluidos quienes están en el Gobierno y quienes están fuera de él, reflexionen profundamente sobre las lecciones que nos han dejado a los argentinos los cruentos enfrentamientos que, en otras épocas, signaron los procesos de sucesión en ese movimiento político.

La sociedad requiere sosiego. Se impone, a partir de ahora, una mayor moderación en todos los actos, tanto del oficialismo como de la oposición.

Urge abandonar las peleas que, como la propia ciudadanía lo advierte mayoritariamente, se libran en un terreno que resulta completamente ajeno al de las verdaderas preocupaciones de la población.

El nuevo camino, vale insistir, no debería ser dramático. Aunque tampoco será sencillo. Es necesario que la Argentina supere la vieja cultura del caudillismo y de la personalización del poder, poniendo por delante la auténtica búsqueda de la institucionalización del país y el apego irrestricto a la ley y a las reglas de juego de la República.

Cuando esto sea una realidad, la desaparición de cualquier líder será vivida sin excesivas tensiones y con la indispensable serenidad que debe esperarse en un país con instituciones sólidas, que funcionen plenamente y sin condicionamientos que vayan más allá de los impuestos por la Constitución nacional.

el "nihil obstat" de la Iglesia para entregar documentos escritos a la libre circulación equivalía al "okey" de hoy. no hay impedimento para imprimir

Mucho apreciaría conocer el punto de vista de los intelectuales próximos al MAS o masistas sobre el comienzo de la noche de los libros quemados que sigue el ejemplo de la hoguera alimentada por ideas y reflexiones libres, con la que el nazismo reveló su verdadera naturaleza

“Nihil Obstat”. Dos palabras que eran imprescindibles en cualquier libro que saliera a la luz en el mundo católico del pasado. Era una aprobación oficial de la Iglesia que, una vez leído un libro por los representantes de la defensa de la fe, tenía la aprobación moral y de doctrina que permitía su publicación. Era, seamos breves, la censura más descarnada. Sin el “Nihil Obstat” (no hay impedimento para la publicación), ninguna obra podía ser impresa.

No tuvimos que esperar demasiado para que se les vieran los dientes a los autores de la Ley en contra del racismo y la discriminación. No contentos con la aberración de dos artículos que no son otra cosa que un atentado contra la libre expresión, se lanzan a censurar parte del patrimonio más significativo de cualquier sociedad, su creación intelectual y literaria.

El 10 de mayo de 1933, el régimen nazi llevó a cabo una gran quema de libros en una plaza de Berlín, libros que contradecían el “espíritu regenerador” del ideario nacional socialista. La pretensión de las autoridades del gobierno de Morales de sacar del currículo educativo libros que consideran “promotores del racismo” no está muy lejos de tal acción. En este contexto de intolerancia, que es una expresión lamentable de discriminación, se mencionan –era previsible-- dos obras de Alcides Arguedas y una de Antonio Díaz Villamil, lo que adelanta que la inquisición indígena comienza a parecerse mucho (siempre los extremos se tocan) a la inquisición religiosa de antaño. Prohibido pensar, prohibido decir, prohibido escribir.

En Bolivia se vende, tanto en ediciones piratas como en ediciones legales, el libro “Mi Lucha” de Adolf Hitler, como se vende en cualquier país democrático en el que reina la libertad. La obra me parece un execrable compendio de ideas delirantes, racistas y de sofismas inaceptables que, demás está decirlo, permiten comprender la locura desatada por su autor entre 1933 y 1945. A nadie se le ocurre por ello prohibir la edición del libro de marras. Ese es el secreto de una democracia, la superioridad moral que da la libertad plena. La libre circulación de ideas, por muy descabelladas que éstas sean, sólo se combate de un modo, con ideas. Eso es lo deleznable de una ley que rápidamente se convierte en el instrumento más nefasto de aquello que pretende combatir. Es la misma lógica de combatir el terrorismo con el terrorismo de Estado.

Aún suponiendo que las obras nacionales mencionadas tuvieran un contenido directa o indirectamente racista, no debieran eliminarse del currículo educativo, porque en esa hipótesis serían un extraordinario material para debatir con los alumnos a propósito del racismo y la discriminación. Pero se da el caso que, a guisa de ejemplo, “Raza de Bronce” es precisamente una de las obras que mejor expresa la literatura indigenista en América Latina y si bien expresa una visión ambigua y paradójica del mundo indígena desde la óptica de un criollo, el mensaje es inequívoco, es una reivindicación contra los abusos sin cuento que los terratenientes de principios del siglo XX ejercían sobre los indígenas en el sistema de hacendados, colonos y la mecánica del pongueaje. Hay que ser demasiado ciego para no verlo. El alegato final expresado por el anciano de la comunidad cuyo apellido –nada parece casual en los guiños de la historia-- es Choquehuanca, sería firmado, no tengo la menor duda, por el ministro de Relaciones Exteriores del actual gobierno, a pesar de su afirmación en torno a los libros que –creo-- en los días que corren no volvería a hacer.

No sólo es inadmisible la actitud dictatorial de la autoridad que dijo que comenzará la censura de nuestra literatura, sino muy evidente el absoluto desconocimiento de los libros que pretende censurar, que contradicen las razones que lo “justifican”. Con ese desconocimiento vergonzoso podría censurar también “Creación de la Pedagogía Nacional” de Tamayo, alguno de cuyos capítulos en torno a los indígenas es aún más duro que partes completas de “Pueblo Enfermo”, sobre todo en sus referencias a la supuesta carencia de capacidades intelectuales de los aymaras, destacando en cambio su fuerza física y su intenso vitalismo. En esa línea, la lista de la inquisición aymara podría fácilmente superar un centenar de títulos.

Es tiempo de que el ministro de Educación Roberto Aguilar se pronuncie de manera categórica sobre este asunto. No puedo creer que un hombre de formación académica, catedrático y ex Rector de la UMSA tolere estos desmanes que afrentan al ejercicio de la reflexión y la libertad intelectual en Bolivia.

Muchas barbaridades hemos visto y escuchados en estos años, pero esta es una de las más graves y peligrosas de todas. El juez inquisitorial se cierne sobre todos nosotros. Mucho apreciaría conocer el punto de vista de los intelectuales próximos al MAS o masistas sobre el comienzo de la noche de los libros quemados que sigue el ejemplo de la hoguera alimentada por ideas y reflexiones libres, con la que el nazismo reveló su verdadera naturaleza.

Mientras tanto, espero la traducción al aymara del término “Nihil Obstat”.

El autor es ex Presidente de la República (Autor: Carlos Mesa. Medio: Los Tiempos de CB, Bolivia)

si no es amigo es enemigo por tanto combatirlo, encarcelarlo, expulsarlo la lógica de Evo que Mesa critica sin pausa. ahora en España

El ex presidente de Bolivia Carlos Mesa criticó hoy la "actitud excluyente e intolerante" del actual jefe del Estado de su país, Evo Morales, del que dijo que su "lógica amigo-enemigo" contribuye a la polarización de la sociedad entre indígena y no-indígena.

En una entrevista con la Agencia Efe en Barcelona, Mesa valoró la "transformación" que ha representado para la sociedad boliviana la llegada de un presidente indígena, pero puntualizó que el país no se puede pensar "en la lógica blanca o en la lógica mestiza".

Para el ex jefe de estado, en la actualidad, su país "está muy polarizado y el responsable de esta polarización es el presidente".

Mesa se vio obligado en 2005 a renunciar al cargo de presidente de Bolivia por falta de apoyo en el Congreso tras recibir fuertes presiones políticas y de sindicatos.

El ex presidente boliviano, que ha participado en Barcelona en el primer encuentro Urbsocial, un espacio de diálogo euro-latinoamericano, lamentó que Morales nunca se haya reunido con el líder de la oposición porque "la democracia se debe basar en el diálogo, en la cesión, en escuchar al otro y en la tolerancia y la pluralidad de ideas".

En un contexto económico muy positivo -Bolivia ha tenido superávit fiscal durante tres años-, Mesa lamentó que el ejecutivo de Morales "siga atado a la producción de materias primas, y no haya diversificado la inversión que permita la generación de empleo productivo ni el interés de inversión externa".

Para Mesa, una de las grandes prioridades del gobierno debería ser mejorar las condiciones de trabajo de los mineros bolivianos, algo "infinitamente más necesario" en Bolivia que en Chile, porque "el trabajo de la minería está en peores condiciones que en la época de la colonia" y, por lo tanto, "la respuesta que el presidente Morales debiera dar es de fondo".

También expresó su preocupación por medidas como la ley del Órgano Judicial, que consagra la "justicia indígena", que en los últimos meses ha dado lugar a casos como el linchamiento de cuatro policías presuntamente corruptos por parte de miembros de los clanes indígenas del norte de Potosí.

"Se produce un linchamiento y el gobierno tiene un doble discurso", señaló Mesa, que explicó que Morales niega la relación entre los linchamientos y la llamada "justicia comunitaria" pero no ha encarcelado a ningún responsable de estos actos.

El ex presidente criticó una ley que en la práctica "va a generar una justicia para los indígenas y otra para los no indígenas", y propuso como solución incluir "elementos de la justicia comunitaria dentro de la justicia republicana".

El también periodista, escritor e historiador tuvo asimismo duras palabras para la Ley Antirracista, que la prensa boliviana ha denominado "ley mordaza" y que reserva al gobierno el derecho a censurar publicaciones "racistas o discriminatorias".

"En esa ley se disfrazan un par de artículos que claramente violan la libertad de expresión y generan discrecionalidad para que el gobierno defina lo que es racista o discriminador en las expresiones que los medios de comunicación puedan tener, y esto es simplemente inaceptable", afirmó Mesa.

Autor de más de un centenar de documentales televisivos, tachó de "delirante" que Morales "plantee una lista de libros que entiende racistas", sobretodo cuando uno de ellos, el clásico de la literatura boliviana "Raza de bronce", de Alcides Arguedas, es "un alegato en favor del mundo indígena" y en donde aparece un personaje con una trayectoria muy parecida a la del propio Morales.

de ser obispo con todo lo que significa en España el sacerdote Castellanos pidió ser misionero. cuando encontró al cardenal que lo aceptó en Bolivia .

El sacerdote Nicolás Castellanos no para de sumar distinciones.

Ayer fue declarado Huésped Distinguido en el Municipio de La Guardia, distinción que recibió por las obras de bien social que realiza mediante la Fundación Hombres Nuevos.El reconocimiento también fue entregado a una comitiva de españoles que acompañó a Monseñor Castellanos, en la sesión de honor que realizó el Concejo Municipal. Después del acto los visitantes llegaron a los lugares donde se encuentra la obra de Hombres Nuevos.

María José Martín y María Luisa subrayaron que todo el trabajo que hacen es ayudar y tratar de combatir la pobreza de la gente, pero lo más importante es que las autoridades locales puedan ayudar a triplicar ese trabajo.
Por su parte el alcalde Jorge “Chichino” Morales, resaltó la importancia de las obras que hace la fundación para la gente más necesitada, no sólo para ese municipio sino también para el resto del país.

Destacó entre ellas la Casa de la Cultura, el colegio ubicado en el kilómetro 14, en el distrito de San José, Quebrada Seca, Montegrande, con colegios, campos deportivos, centros infantiles, iglesias y otras obras de ayuda social.

otros proyectos. Según Castellanos, hay en carpeta muchos proyectos en camino pero resaltó que van con ayuda donde lo llaman y lo necesitan. El financiamiento viene principalmente de Valladolid y León y otras instituciones españolas, Alemania, Italia y personas particulares que se sienten comprometidos con la ayuda social.

Proyectos como iglesias, colegios, campos deportivos, casas de cultura son sólo algunas de las obras que tienen proyectadas, entre ellas son, San Antonio de Lomerío, Cuatro Cañadas, San Julián, Montero, Montegrande, Pedro Lorenzo, El Puente, Pailón, Yacuiba y otros municipios. Informó que en los próximos días iniciarán con la construcción de un centro para las personas no videntes, ubicado en la avenida Busch. El centro tendrá espacios para realizar sus actividades, implementarán micro empresas para que estos puedan desarrollarse productivamente y aumentar sus ingresos, también contará con espacios de esparcimiento de sus hijos.

con firmeza Los Tiempos invoca una vez más a los poderosos que se unan al pueblo en la defensa de la libertad de expresión y pidan su anulación.

Quienes desde el exterior de nuestro país, o viviendo aquí, no están del todo compenetrados con los muchos entretelones de nuestras pugnas políticas cotidianas y tratan de comprender cuanto está ocurriendo con motivo de la “ley contra la discriminación y el racismo” deben tener muy serias dificultades para hacerlo. Es que nadie niega la necesidad de una ley contra el racismo y toda forma de discriminación, por una parte, y las autoridades gubernamentales aseguran que de ningún modo tienen la intención de vulnerar la libertad de expresión.

Si así fuera, no habría lugar para tanta controversia. Pero es evidente que ése no es el caso, por lo que sólo cabe buscar otra explicación. Y ésta sólo puede ser que alguien está actuando de muy mala fe. ¿Son quienes se oponen sólo a dos de sus 26 artículos, ratificando una y otra vez su respaldo al resto de la letra y al espíritu de la ley? ¿O son quienes se declaran respetuosos de la libertad de prensa pero se empecinan en imponer normas que no tienen más objetivo que conculcarla?

Para absolver tal duda, no hay mejor recurso que evaluar los actos más que las palabras de las partes interesadas. Se podrá ver así que fueron muchos los esfuerzos hechos por una de ellas para limar asperezas y atenuar los motivos de la controversia, para lo que propusieron diversas alternativas para que la ley cumpla de la mejor manera posible el que supuestamente es su objetivo principal: luchar contra el racismo y la discriminación.

Para ello, las organizaciones que aglutinan a periodistas y representantes de los medios de comunicación, de la Iglesia católica, de muchos movimientos sociales e incluso algunos asambleístas de la bancada oficialista hicieron todos los esfuerzos a su alcance para llegar mediante el diálogo al necesario consenso. Se celebraron decenas de reuniones y se presentaron propuestas alternativas al proyecto de ley gubernamental, pero todo fue en vano.

Como contrapartida, lo único que se halló fue la tozudez con que tanto las autoridades gubernamentales como quienes reciben y ejecutan sus órdenes en la Asamblea Legislativa Plurinacional insisten en imponer al país los dos “artículos mordaza”, aun siendo por demás evidente que éstos en nada contribuirán a luchar contra la discriminación pero serán un formidable instrumento para coartar la libertad de pensamiento, opinión y expresión.

Para alcanzar tal objetivo, no dudaron en pasar por encima de la opinión de muchos de los sectores que más sinceramente apoyaron el original proyecto de ley contra la discriminación. Destituyeron arbitrariamente al presidente de la comisión senatorial encargada de buscar consensos, desoyeron las sugerencias hechas por importantes instituciones de la sociedad y, recurriendo a todo tipo de amenazas –como el ya conocido método de cercar al Órgano Legislativo–, lograron que se imponga la autoridad vertical.

Ahora, cuando la ley ha sido promulgada pero la viabilidad de su aplicación está en riesgo por la firme resistencia que le ofrece gran parte de la sociedad, sólo cabe esperar que quienes desde las filas del oficialismo todavía creen en las libertades básicas, en los valores de la democracia y rechazan toda forma de autoritarismo se sumen al esfuerzo para poner fin a tanta mala fe.

las consignas sectarias pretenden imponer la censura de prensa eliminando la libertad de expresión. valiente voz de La Prensa de LP

No es posible que la búsqueda del derecho a la igualdad tenga como doloroso precio la eliminación del derecho a la libertad de expresión...

La libertad de expresión está en serio riesgo de ser conculcada en el país y, con ello, desaparecer la democracia. Y no se trata de una afirmación antojadiza del periodismo boliviano. Es un concepto invariable de la humanidad, defendido por normas sobre derechos humanos que se han instaurado en el mundo entero.

Está en manos de la Cámara de Senadores aprobar la Ley de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación con los artículos que liquidan la libertad de expresión y de prensa o dar una muestra de verdadera vocación democrática, eliminándolos del proyecto y hacerle así un gran favor al país, al mismo Gobierno y, sobre todo, a la democracia.

Aprobar el proyecto como está es implantar en el país la censura de prensa previa y la autocensura, vulnerando además la Constitución Política del Estado y todas las leyes superiores internacionales que representan los convenios suscritos por todos los Estados, entre los que está Bolivia, sobre derechos humanos.

Si se aprueba esa ley sin eliminar el artículo 16 que establece la suspensión de licencia de los medios de comunicación por los que se emitan juicios con contenidos racistas o discriminadores, no sólo se habrá eliminado una fuente de trabajo para decenas o centenas de personas, sino que se habrá implantado la censura previa. Desaparecerán las entrevistas “en vivo y en directo” y los responsables de programas informativos radiales y televisados, y los de las noticias de los medios impresos estarán obligados a incurrir en la más degradante de las prácticas periodísticas, la de censurar el material de sus colegas periodistas, columnistas, colaboradores, para que de esa manera el medio no pierda su licencia y de esa manera dejar a todos sin trabajo y evitar que alguno vaya a la cárcel a cumplir pena de uno a cinco años, como lo establece el artículo 23, que ilegalmente elimina la Ley de Imprenta que establece penas pecuniarias y no de cárcel, camuflada con la frase “pena privativa de libertad”.

El artículo 23 de la mencionada ley instaura la autocensura, la más ruin de las censuras, a la que deberán recurrir los periodistas para que no se les escape una frase o transmita un juicio racista o discriminatorio y de esa manera eludir las penas de cárcel.

Este peligro ha llevado a los periodistas a las calles. No es posible que se nos condene a incurrir en prácticas viles utilizando para ello una ley noble, necesaria y aceptada por todo el mundo. No es posible que un derecho como es el de la búsqueda de la igualdad tenga como doloroso precio la eliminación de otro derecho fundamental como es el sagrado derecho a la libertad de expresión, considerado por el mundo entero como el principal soporte de un Estado verdaderamente democrático.

Por eso es necesario que quienes integran la Cámara de Senadores se apeguen a la legalidad, a la Constitución Política del Estado, a las convenciones internacionales y antepongan los intereses del país y la democracia a las consignas políticas sectarias, y de esa manera se abstengan de imponer la censura de prensa de modo indirecto, eliminando de esa manera la libertad de expresión, uno de los pilares fundamentales de un régimen democrático.