No es posible que la búsqueda del derecho a la igualdad tenga como doloroso precio la eliminación del derecho a la libertad de expresión...
La libertad de expresión está en serio riesgo de ser conculcada en el país y, con ello, desaparecer la democracia. Y no se trata de una afirmación antojadiza del periodismo boliviano. Es un concepto invariable de la humanidad, defendido por normas sobre derechos humanos que se han instaurado en el mundo entero.
Está en manos de la Cámara de Senadores aprobar la Ley de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación con los artículos que liquidan la libertad de expresión y de prensa o dar una muestra de verdadera vocación democrática, eliminándolos del proyecto y hacerle así un gran favor al país, al mismo Gobierno y, sobre todo, a la democracia.
Aprobar el proyecto como está es implantar en el país la censura de prensa previa y la autocensura, vulnerando además la Constitución Política del Estado y todas las leyes superiores internacionales que representan los convenios suscritos por todos los Estados, entre los que está Bolivia, sobre derechos humanos.
Si se aprueba esa ley sin eliminar el artículo 16 que establece la suspensión de licencia de los medios de comunicación por los que se emitan juicios con contenidos racistas o discriminadores, no sólo se habrá eliminado una fuente de trabajo para decenas o centenas de personas, sino que se habrá implantado la censura previa. Desaparecerán las entrevistas “en vivo y en directo” y los responsables de programas informativos radiales y televisados, y los de las noticias de los medios impresos estarán obligados a incurrir en la más degradante de las prácticas periodísticas, la de censurar el material de sus colegas periodistas, columnistas, colaboradores, para que de esa manera el medio no pierda su licencia y de esa manera dejar a todos sin trabajo y evitar que alguno vaya a la cárcel a cumplir pena de uno a cinco años, como lo establece el artículo 23, que ilegalmente elimina la Ley de Imprenta que establece penas pecuniarias y no de cárcel, camuflada con la frase “pena privativa de libertad”.
El artículo 23 de la mencionada ley instaura la autocensura, la más ruin de las censuras, a la que deberán recurrir los periodistas para que no se les escape una frase o transmita un juicio racista o discriminatorio y de esa manera eludir las penas de cárcel.
Este peligro ha llevado a los periodistas a las calles. No es posible que se nos condene a incurrir en prácticas viles utilizando para ello una ley noble, necesaria y aceptada por todo el mundo. No es posible que un derecho como es el de la búsqueda de la igualdad tenga como doloroso precio la eliminación de otro derecho fundamental como es el sagrado derecho a la libertad de expresión, considerado por el mundo entero como el principal soporte de un Estado verdaderamente democrático.
Por eso es necesario que quienes integran la Cámara de Senadores se apeguen a la legalidad, a la Constitución Política del Estado, a las convenciones internacionales y antepongan los intereses del país y la democracia a las consignas políticas sectarias, y de esa manera se abstengan de imponer la censura de prensa de modo indirecto, eliminando de esa manera la libertad de expresión, uno de los pilares fundamentales de un régimen democrático.
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