La Fundación de Derechos Humanos (HRF siglas en Inglés), refutó duramente la carta de respuesta del gobierno en la que pretende desconocer las ilegalidades que se han cometido en la aprobación de la nueva CPE y otras irregularidades.
La Human Rights Foundation (HRF), le recuerda al viceministro de coordinación de movimientos sociales y sociedad civil, Sacha Llorenti Solis que durante 2007 le fueron remitidas varias misivas nuestras al presidente Morales, exhortándolo a velar por la paz social, por el respeto a las instituciones, al principio de separación e independencia de los poderes públicos y sobre todo, por la garantía al ejercicio de los derechos humanos de todos los bolivianos -a quienes debe su mandato- con ocasión de las violaciones a los derechos humanos que arrojaban nuestras investigaciones, cartas que nunca fueron respondidas.
"A tal virtud, Señor Viceministro, resulta de imperiosa necesidad enfatizar sobre algunos aspectos que deberían ser objeto de revisión por el gobierno boliviano del cual usted forma parte y que con el más amplio respeto pasamos a exponer".
1. Cómo es que expresamente sostiene en su escrito de respuesta que "El proceso de elaboración de la Nueva Constitución Política del Estado ha sido amplio, plural y participativo", cuando un significativo número de delegados a la Asamblea Constituyente fue excluido de las sesiones, dando origen a un fracasado proceso de diálogo y negociación que impidió la aprobación del texto constitucional por una mayoría de las 2/3 partes y que fuese producto de un profundo debate como es de garantizarse en todo estado democrático, lo cual se configura en violación al derecho a la participación política, al tiempo que crea serias dudas sobre la legalidad y legitimidad del texto que usted denomina "Nueva Constitución" y que preferimos llamar "Proyecto Oficial de Constitución" por las razones antes expuestas.
2. Cómo es que su carta señala en relación con la justicia comunitaria: "…considero que confundir, sin ningún fundamento, la aplicación de este sistema de resolución de controversias con los linchamientos es una manera reduccionista y discriminatoria de ver nuestra realidad", cuando una de las causas de alarma para la HRF ha sido la distorsión de las prácticas de "justicia comunitaria" en varias localidades de Bolivia, más allá de sus claros enunciados como un medio de resolución alternativo de conflictos (artículo 171 de la Constitución vigente).
Justamente porque la HRF considera que los linchamientos no deben ser parte de las prácticas de "justicia comunitaria" es que el texto que será sometido a referéndum debería establecer claramente la sujeción de la "justicia comunitaria" a los derechos humanos y la existencia de instancias de apelación de esta ante el sistema de justicia ordinaria, lo cual no está así concebido en el Proyecto Oficial de Constitución.
En adición a esto, el "Proyecto de Ley de Justicia Comunitaria de los Pueblos Indígenas-Originarios y Comunidades Campesinas" establece que los fallos de la "justicia comunitaria" deberán ser acatados "por toda persona", de lo cual sólo puede entenderse la obligatoriedad para cualquier persona que se encuentre en un territorio considerado indígena de someterse a dicha justicia, planteándose entonces no como un medio alternativo de resolución de conflictos sino como un medio de sujeción obligatoria.
Los hechos demuestran de la manera más contundente cómo las instituciones pueden ser desnaturalizadas en la práctica, incluso las de origen ancestral como lo es la "justicia comunitaria", por lo que se requiere de un Estado que haga cumplir la ley en garantía siempre de la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos. Por citar sólo un caso en lo que esto puede patentizarse, tenemos que en junio de 2004 un grupo de indígenas secuestró en
La Paz al alcalde de Ayo Ayo Benjamín Altamirano. Luego de ser secuestrado, Altamirano fue trasladado por la turba a Ayo Ayo siendo linchado, apedreado, colgado y finalmente quemado vivo. La muerte de Altamirano causó conmoción en la prensa local e internacional debido a la manera cruenta y brutal en la que fue tratado.
Miembros de la comunidad de Ayo Ayo habían presentado acusaciones de malversación en contra del alcalde por ante el sistema de justicia ordinario de Bolivia, en el cual nunca se demostró su culpabilidad. No obstante, las prácticas en las que la distorsión de la justicia comunitaria ha degenerado, cobró la vida de Altamirano. En este sentido lo invitamos a revisar los documentos relacionados en nuestra página web en español: www.laHRF.com.
3. Lamentamos que no obstante la majestad del cargo que detenta y la responsabilidad que ello comporta ante el pueblo boliviano, usted haya hecho pública a través de una conferencia de prensa transmitida por el canal estatal (canal 7) y reproducida por algunos medios de comunicación, afirmaciones absolutamente erradas sobre la HRF y para lo cual requerimos de su pública e inmediata corrección, señalando: "Esta onG tiene una clara filiación derechista y entre sus miembros aparece el hijo de Vargas Llosa". Con el mayor de los respetos le sugerimos Señor Viceministro, revisar sin prejuicios la calidad y pluralidad del Consejo Internacional de HRF en el que encontrará a personalidades como el ganador del premio Nobel, Elie Wiesel, por citar sólo alguno, quien estuvo preso en un campo de concentración nazi.
Para la Human Rights Foundation los derechos humanos no son de izquierda ni de derecha, son enteramente derechos humanos y como tales deben ser respetados, protegidos y garantizados por todos los estados democráticos, independientemente de la ideología política de sus gobernantes. A mayor abundamiento es preciso destacar que los integrantes de la HRF no ocupan altos cargos en ningún gobierno, aspecto que no cabría en una organización de derechos humanos que se precie de ser independiente.
4. Finalmente Viceministro Llorenti Solis, la HRF agradecería el envío de la última versión publicada del texto de Proyecto Oficial de Constitución, pues parece que ante diversas versiones que existen de él pudimos haber cometido algún error numérico o de aspecto formal en la carta enviada al Señor Presidente Evo Morales el 24 de enero del corriente año 2008.
En su escrito de respuesta ampliamente mencionado con anterioridad, señala: "Adjunto a la presente me permito hacerles llegar la versión publicada oficialmente", permítanos informarle que para el día de hoy, esto aún no ha ocurrido, lo que nos ha hecho llamar a su digno despacho en diversas oportunidades. Para no molestar de nuevo a la Señorita Mildred Pozadas, quien amablemente nos ha atendido vía telefónica, preferimos confiar en sus palabras y quedamos entonces a la espera de su envío.
Sin embargo; más allá de cualquier aspecto formal y cumpliendo con nuestro deber de promover y defender los derechos humanos en el continente americano, es por lo que resulta de obligada referencia reseñarle el registro de casos que la HRF ha documentado sobre violaciones a los derechos humanos en Bolivia y para lo cual requerimos de su atención inmediata:
9 de junio de 2006
Santiago Orocondo, policía integrante del Movimiento Sin Techo, cae abatido por una bala de uso militar en Papelpampa, departamento de Oruro. Además del deceso de Orocondo, hubo 15 personas heridas. De acuerdo con las declaraciones del Prefecto de Oruro (perteneciente al partido oficialista) la represión fue ordenada por el Ministerio de Gobierno. El calibre de la bala asesina (5.56 milímetros) es similar al de las utilizadas en Sucre en noviembre de 2007.
5 y 6 de octubre de 2006
En el cerro Posokoni en Huanuni, departamento de Potosí, doce personas pierden la vida: Julián Condori, Javier Escóbar Choque, Javier Salvatierra Acerico, Juan Carlos Condori Crispín, Juan Carlos Flores Ururi, Braulio Díaz Balcázar, José Luis Zárate, Johnny Tejada Poma, Pedro Mamani Plaza, Edwin Choque Antonio, Luis Alberto Choque y Maribel Arroyo Encinas. Además, por lo menos 65 resultan heridas.
La causa de los decesos y los heridos es el choque violento entre mineros asalariados y cooperativistas, estos últimos alineados con el entonces Ministro de Minería, Walter Villarroel. Dirigentes de la Central Obrera advirtieron con varias semanas de antelación de esta situación al Poder Ejecutivo, solicitando una intervención preventiva de la fuerza pública. Sin embargo, la Ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, y el inistro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, desoyeron los pedidos.
11 de enero de 2007
El joven Christian Urresti Ferrel y el productor de coca Juan Ticacolque Machaca mueren durante los enfrentamientos suscitados en la ciudad de Cochabamba, tras el asalto a la Prefectura Departamental por organizaciones impulsadas por senadores y dirigentes del partido de gobierno. El homicidio del segundo fue rápidamente esclarecido por la justicia, pero el de Urresti aún permanece impune.
17 de abril de 2007
Herman Ruiz Torres muere a causa de un impacto de bala, tras la intervención militar en Villamontes, departamento de Tarija. El ministro de gobierno, Alfredo Rada, dirigía personalmente los operativos en el lugar de los hechos.
28 de septiembre de 2007
La represión policial y militar contra estudiantes de la Normal Ismael Montes, ubicada en el municipio de Vacas, departamento de Cochabamba, causa la muerte de Osmar Flores Torres por un impacto de bala que le destrozó el cerebro y que salió por la nuca.
24 de noviembre de 2007
Durante las protestas organizadas por los universitarios de Sucre, contra la sesión ilegal de la Asamblea Constituyente en el recinto militar de "La Glorieta", muere en la zona de La Calancha el abogado Gonzalo Durán, a causa de un disparo de arma de fuego que le perforó el pulmón derecho. El peritaje del Instituto de Investigaciones Forenses demostró que el calibre de la bala es de 5.56 milímetros, compatible con los fusiles Galil que utiliza la unidad antiterrorista de la Policía Nacional, anteriormente denominada Grupo de Acción Inmediata (GAI) y hoy llamada Fuerza Delta. Testigos presenciales afirman haber visto efectivos de esa unidad de élite operando en la zona de La Calancha.
25 de noviembre de 2007
En la tercera jornada de protestas en Sucre, muere a causa de un disparo de arma de fuego el universitario Juan Carlos Serrudo. La bala, también de calibre 5.56 milímetros, le perforó el tórax.
26 de noviembre de 2007
Fallece en el Hospital de Santa Bárbara, en la ciudad de Sucre, José Luis Cardozo, quien había sido internado dos días antes con una bala en la cabeza. Cardozo recibió el disparo cuando participaba de las protestas contra la sesión de "La Glorieta".
29 de enero de 2008
Ante la carta enviada por el Comité pro Santa Cruz y diversa documentación proveniente de otras fuentes bolivianas, nos informan sobre una presunta campaña de espionaje y persecución por los servicios de inteligencia policiales y en el que las víctimas están siendo sacerdotes católicos, periodistas, prefectos, dirigentes cívicos y opositores.
Cabe destacar al respecto que la HRF comenzará de inmediato sus investigaciones al respecto por las flagrantes violaciones a los derechos humanos que esto pudiera significar.
La carta está firmada por Thor Halvorssen, presidente de la organización y Armando Valladares Secretario General.
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