"pedir a don Evo que viaje menos, que amarre su avión y que asuma y gobierne" Carlos Valverde firma la nota

Desde que, con un pie en el avión, con destino a Venezuela, asumió la responsabilidad de que se actúe en el Hotel Las Américas, hecho que terminó con la vida de Rozsa y sus compañeros y que además se llevó de paso el coraje de la dirigencia cruceña, ninguna otra acción o medida importante en este país ha contado con la presencia del presidente Morales en el suelo patrio.

Ya pasaron Caranavi y otras (con muertos incluidos) en ausencia del responsable de todo (el Presidente); ahora llegó el gasolinazo que tiene argumentos absurdos, como aquellos de que era momento de castigar a los “ricos que tienen hasta 5 movilidades” como si a los ricos con ese número de vehículos les afectara el precio del combustible más de lo que le afecta al ciudadano de a pie, o aquellas otras excusas de que no podemos subvencionar a los vecinos a los que beneficia el contrabando, cuando no se sabe que se haya cambiado a las cúpulas militar y aduanera que son los que fracasaron en el control de las fronteras; en fin, argumentos va a haber por montones, excusas y coca, no faltan en el país.

La realidad es que el gasolinazo es simplemente la consecuencia de mantener políticas públicas equivocadas, como el subsidio político y electoralizado que le significó al país más de 1500 millones de dólares que pudieron ser bajados a un tercio si se asumía la responsabilidad administrativa de ir nivelando el precio del carburante importado en función de las exigencias de una realidad económica.

Esto no tiene que ver con el gonismo ni con el fondomenetarismo u otros “ismos” sino con algo de lo que carece por completo el presidente viajero; esto tiene que ver con responsabilidad y coherencia, atributos que desconoce por completo el Presidente quien cree que puede manejar las cuentas fiscales como si fueran suyas y que piensa seguir repartiendo el “ahorro” a su cuenta y nombre, como lo hizo tras de su retorno de Venezuela, cuando repartió cheques en Palacio de Gobierno.

Nivelar el precio de los carburantes es una medida que se tenía que dar; si se la hacía como correspondía no hubiera sido “criminal”, sino parte de una acción de gobernancia; lamentablemente las cosas tuvieron que llegar a ese extremo y ahora todo se dispara para arriba y el fantasma de la UDP vuelve a aparecer sobre todo en las calles de La Paz que es en el único lugar que asusta al gobierno y la gente duerme en las calles para conseguir una “librita” de azúcar que no llega hasta ahora porque seguramente no hay plata para su importación.

Mal el Presidente; creyó que estar afuera le iba a permitir capear la consecuencia de su irresponsabilidad acumulada; no lo logró. De aquí en adelante, hay que pedirle a don Evo que viaje menos, que amarre su avión, que consume muchísima gasolina y que asuma en persona las medidas que se vienen y que se dedique a gobernar, que es lo menos que ha hecho en estos 5 años.

el portal BOLPRESS ha ofrecido desde su redacción una larga explicación del gasolinazo comparándolo con medidas de Goni, dijo que Evo lo superó mucho

El gobierno de Morales decretó por sorpresa y en plena fiesta de fin de año el peor gasolinazo de las últimas tres décadas, un garrotazo cruel contra el pueblo boliviano que parece calcado de los paquetazos neoliberales del pasado. El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia Daniel Sánchez considera que el gobierno ejecuta lo que siempre recomendó el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“En Bolivia existió un Goni y un Gonicito que pretendió imitarlo, pero ahora estamos ante actitudes ideológicas, políticas y económicas que se pueden denominar ‘gonizasos’… El gobierno del MAS se arrodilló ante el FMI y el BM, aplicando sus ‘recomendaciones’”, describe el representante de la agrupación ciudadana cruceña Fuerza y Esperanza Alejandro Colanzi.

El gasolinazo –que los gobiernos neoliberales llamaban “reajuste” y “sinceramiento” y hoy denominado “nivelación para proteger la economía” por el gobierno del MAS– muestra de cuerpo entero a Evo Morales y a su “revolución cultural” al servicio de la gran burguesía, del capital financiero, de los terratenientes, de las transnacionales y del imperialismo, afirma el Centro de Estudios Populares (CEP).

“Este gobierno no se diferencia en nada de los gobiernos derechistas y neoliberales”, recalca el profesor Miguel Lora del POR. Como en el pasado, el gobierno masista prioriza la estabilidad y el equilibrio macroeconómico a las necesidades de la gente, y deja al descubierto su política burguesa pro imperialista, protectora de la gran propiedad privada, y por tanto antiobrera y antipopular.

El “golpe artero y brutal” del “gobierno del cambio” provocará una escandalosa escalada de los precios, acentuando las condiciones de miseria de la mayoría explotada del país. El gasolinazo acabará hundiendo en la miseria a los campesinos minifundiarios, y los obligará a migrar a las ciudades para engrosar las filas de desocupados. “Para el ejército de desocupados que se ganan la vida como pueden cada día en las calles, no hay compensación posible”, evalúa el Partido Obrero Revolucionario (POR).

“Se le cayó la careta ante aquellos sectores que aún guardaban confianza y esperanza con el gobierno masista”, sentencia el CEP. “Evo Morales se desenmascaró como sirviente de las empresas transnacionales y el gasolinazo puede ser el fin de su gobierno”, opina el dirigente campesino Rufo Calle.

Sospechoso gasolinazo

El gobierno decretó el aumento del precio de la gasolina y del diesel entre un 70 y 82% con el supuesto objetivo de frenar el contrabando. Muchos sindicalistas y analistas económicos creen el contrabando es solo un pretexto.

“Bolivia le vende casi todo su gas a Petrobras (Brasil) y Repsol (Argentina) y como no hicieron nunca la planta separadora de líquidos, el gas que se vende incluye sus líquidos, es decir su gas licuado y gasolina, que se extraen en Brasil y Argentina. Esto Bolivia lo entrega gratis a Petrobras y Repsol, causando un perjuicio al país de 400 millones de dólares (superior al subsidio total a la gasolina, que era de 350 millones de dólares). Esta es la verdadera hemorragia de Bolivia: el gobierno protege el saqueo de las transnacionales”, afirma la organización social de izquierda La Protesta.

La Protesta recuerda que “una sola empresa minera, la Sumitomo- San Cristóbal, se lleva en minerales 1000 millones de dólares y según el ministro de minería sólo aporta 35 millones al Estado, sin pagar por el agua que consume. Sólo con un impuesto adicional del 35% a esa empresa ya se cubriría todo el subsidio a la gasolina del país. Pero el gobierno prefiere castigar al pueblo y defender a las transnacionales”.

El gobierno siempre obró pensando más en términos políticos que económicos, y es extraño que en esta oportunidad decrete un durísimo gasolinazo que afectará a las grandes mayorías sin medir los costos políticos, advierte el analista Alberto Bonadona. Sus dudas son: “¿se trata solamente de un asunto relacionado con contrabando?... (El precio de) la gasolina todavía no está a la altura del Brasil, Perú o Chile; ¿eso quiere decir que se nos viene otro gasolinazo...?”.

Según el presidente del gremio del Transporte Pesado Internacional Erlan Melgar, no hay justificativo para semejante incremento de precios de los carburantes: “82% es demasiado y el contrabando no es justificativo… creo no se dice toda verdad sobre este tema”.

“Nos llama la atención y no entendemos una medida de esta magnitud, que se lanza en un país que está en quiebra. El gobierno se ha llenado la boca durante estos últimos meses hablando del equilibrio macroeconómico y de que vivimos tiempos de bonanza, y de pronto sube la gasolina en 76% y diesel en 83%; estas son las incongruencias que no terminamos de entender”, cuestiona el diputado de Unidad Nacional Jaime Navarro.

A Navarro le extraña que en 23 años de gobiernos neoliberales se haya podido mantener la subvención para justamente precautelar la economía de los más necesitados, y ahora “el gobierno de la nacionalización nos lanza una gasolinazo como éste. Llego a la conclusión de que la única razón que justifica esta medida es la incapacidad del gobierno, no es el contrabando”.

“Nunca en la vida hemos visto una medida tan dura como este incremento de precios, creo que es el fracaso de la política económica y financiera de este gobierno y es una ratificación de que las respuestas y los resultados tienen nomás corte neoliberal; la derecha está instalada en el gobierno”, opina la presidenta del Concejo Municipal de La Paz Gabriela Niño de Guzmán.

“El modelo neoliberal goza de buena salud en este momento, y las bolivianas y los bolivianos estamos efectivamente pagando la factura y el costo de esta mala gestión; tanto hemos hablado combatir el contrabando y de que hemos hecho una reingeniería de la Aduana, pero los resultados son exactamente lo contrario”, observa la concejal paceña.

El empresario Carlos Chalup cree que el gasolinazo decretado por el gobierno “es la demostración del rotundo fracaso de la política económica actual y es el síntoma de una grave crisis fiscal que desmiente la versión oficial sobre una supuesta solidez financiera”.

“En realidad, lo que hay es una oligarquía burocrática que está abusando de los recursos del Estado para sus propios fines, que se está enriqueciendo en base al crecimiento descontrolado del gasto público, empobreciendo al pueblo. Ahora, la burocracia quiere que todos los bolivianos paguemos de nuestro bolsillo por sus lujos y privilegios”, critica Chalup.

Para enfrentar la crisis fiscal, el empresario propone un plan de austeridad reduciendo drásticamente los lujos y gastos superfluos de la burocracia. “Para empezar, que se devuelva o venda el avión presidencial, lo que representa 38 millones de dólares. También hay que reducir de manera tajante el tamaño de la burocracia del gabinete a la mitad, despidiendo de paso a los ineptos que llevaron a esta bancarrota”.

Según Chalup, lo primero que hay que hacer es destituir a los ministros de Hacienda Luis Arce Catacora y de Hidrocarburos Fernando Vincenti y al presidente de YPFB Carlos Villegas, los “principales responsables de esta catástrofe económica”.

Preparan una movilización nacional

El Presidente Evo Morales llamó a reunión al Comité Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) para explicar los alcances del decreto supremo 748, pero los dirigentes no asistieron. El gobierno invitó también a los dirigentes del Pacto de la Unidad y del Consejo Nacional del Cambio (CONALCAM).

“Esta medida que tomamos no es para hacer daño a nadie; el Presidente y el gobierno jamás van a abandonar a los sectores trabajadores, tenemos propuestas concretas para seguir avanzando, pero no podemos permitir que la plata siga chorreándose hacia afuera por contrabando y corrupción. Es nuestra obligación cuidar la economía nacional”, justificó Evo Morales.

“Las y los bolivianos no somos una cuestión de números para cuadrar en un PGN, sino seres que sentimos, comemos y queremos; el gobierno debe divorciarse de la oligarquía minero-financiera, a quien sí debe nacionalizar para que no sigan profundizando la brecha económica y social”, opina Colanzi.

“La COB se declara en estado de emergencia (…) el gobierno tiene que abrogar ese maldito decreto criminal que va directo a matar de hambre a los que no tienen fuente de trabajo, a aquella gente pobre del campo que necesita de un trabajo”, declaró el secretario ejecutivo de la COB Pedro Montes a radio Pio XII de la Red Erbol.

El Comité Ejecutivo de de la COB se reúne desde las seis de la mañana de este lunes para determinar medidas de presión que serán comunicadas en un ampliado nacional de emergencia convocado para el 28 de diciembre. Pero los gremios de base dudan que los dirigentes cobistas controlados por el gobierno planifiquen una lucha tenaz hasta lograr la derogación del gasolinazo.

Poco puede esperarse de los dirigentes de la COB, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, de la Confederación nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, de los Colonizadores y del llamado Pacto de Unidad, un “aparato creado, apoyado y subvencionado corporativamente por el gobierno de Evo para que repitan cual coro de ángeles lo que diga el gobierno, aún así sean medidas en contra de los intereses populares”, dice La Protesta.

El docente Miguel Loca no espera nada de esos “traidores” que legitimaron las leyes antipopulares del gobierno, como por ejemplo la Ley de Pensiones recientemente promulgada, mucho menos de los “vendidos” como el secretario ejecutivo de la Confederación de Maestros Urbanos Federico Pinaya, que ha declarado que el gasolinazo es una “medida drástica, pero inevitable”.

Varias organizaciones sociales de base coinciden en que al pueblo no le queda otro camino que ir barriendo a las dirigencias traidoras y organizarse de forma independiente para ir creando nuevas formas de lucha. La propuesta es potenciar la Intersindical de fabriles, maestros y trabajadores de la Caja de Salud de La Paz y de otros sectores ya organizados.

La Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia convocó a los Comités Sindicales, a los Sindicatos de fábrica, a las Federaciones Regionales y a las Federaciones Departamentales a preparar una lucha política nacional contra el gasolinazo y por el incremento salarial acorde a la canasta familiar. “La clase obrera ha derrotado este tipo de medidas neoliberales con la movilización y la acción política organizada”, recordaron los fabriles.

El secretario Ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Educación Urbana de La Paz José Luis Álvarez convocó a la unidad de todos los sectores laborales y sindicales del país para lograr un incremento salarial con escala móvil que compense el incremento de los precios de la canasta familiar.

Los trabajadores deben luchar por un aumento salarial hasta nivelarlo con el costo de la canasta familiar, y no aceptar “aumentos superiores al índice de inflación”, como anuncia el gobierno, porque todos saben que ese índice es totalmente falso; “corresponde organizar la lucha conjunta para echar al MAS y su gobierno al tacho de los vendepatrias, hambreadores y lacayos de los opresores”, plantean los sindicatos y agrupaciones trotskistas.

Los transportistas sindicalizados cumplieron hoy el primer día de paro indefinido en todo el país y un grupo de maestros protagonizó la primera movilización contra el gasolinazo de Evo. Este lunes, casi cien maestros urbanos pudieron eludir el control policial y se manifestaron en plena Plaza Murillo contra la medida antipopular, pero fueron violentamente desalojados por efectivos de la Unidad de Táctica de Operaciones Policiales (UTOP).

Hoy se registró una masiva movilización de trabajadores en la ciudad de Oruro; los mineros de Huanuni no descartaron iniciar un bloqueo en la carretera Huanuni-Oruro, y el alcalde de La Paz Luis Revilla convocó a los representantes de los gremiales, mercados, empresarios privados, choferes, universidades, juntas vecinales y de organizaciones cívicas para determinar medidas de presión contra el alza de precios.

Los fabriles se movilizan llaman a sus Comités Sindicales, Sindicatos y Federaciones contra "Gasolinazo" que golpea fuerte al trabajador

1.- La clase obrera fabril, los trabajadores bolivianos están sorprendidos, muchos indignados y casi todos perplejos por el peor gasolinazo de los últimos años, decretado como regalo navideño. Los Precios de los hidrocarburos líquidos han subido: el precio de la gasolina subió de 3.74 bolivianos a 6.47 bolivianos, un 73%, el diesel de 3.72 bolivianos a 6.80 bolivianos, un 83% y la gasolina especial de 4.79 a 7.51 bolivianos, un 57%. La clase obrera en su conjunto, esta plenamente conscientes de que el incremento del precio de los combustibles elevará automáticamente los precios de otros productos básicos. La nueva tarifa de facto de minibuses oscila entre 2 y 3 bolivianos (100% de subida), y se esta generalizando el cobro por tramos; los productos de primera necesidad han subido entre el 30 y el 40%. El Autotransporte ha iniciado la Huelga General Indefinida de los 175 mil afiliados de este sindicato.
2.- El gasolinazo golpea fuertemente a los trabajadores que ya sufrimos una escalada inflacionaria en los últimos meses, la cual disminuyó dramáticamente el poder adquisitivo de nuestros sueldos y salarios. Teniendo en cuenta que el 60% de los salarios de los trabajadores se destinaba a la compra de alimentos eso en el 2005. Entre 2007 y noviembre de 2010 los precios de los alimentos aumentaron 40%. En los últimos meses de 2010 los precios de la carne, azúcar, pollo y papa subieron hasta 30%, y en diciembre el costo de la comida aumentó 10% respecto a noviembre. Frente a esta situación el gobierno ratifica su política de reajuste salarial ligado solo a la inflación.
3.- La Central Obrera Boliviana, ha convocado a un ampliado nacional de emergencia, para este 28 de diciembre, los trabajadores fabriles, coincidimos con el Comité Ejecutivo de la COB, que ha establecido como objetivo la inmediata abrogación del D.S. 748, pero le exigimos a la dirigencia de nuestro ente matriz, una lucha tenaz y hasta lograr la derogación del gasolinazo. La clase obrera ha derrotado este tipo de medidas neoliberales con la movilización y la acción política organizada.
4.- El gobierno se ha visto obligado a lanzar esta medida, por la crisis presupuestaria que viene arrastrando el 2010. La disminución de ingresos por el IDH ha sido significativo, y la sangría permanente de recurso del Tesoro General de la Nación que subvenciona la compra de hidrocarburos que tenemos que importar de Venezuela, dado la caída de la producción interna (en 30% disminuyo la producción de petróleo, condensado y gasolina natural de 50.756 barriles por día en el año 2005 a 35.644 el año 2010) nos ha llevado a esta situación. Los trabajadores somos conscientes de esta situación pero le exigimos al gobierno no seguir las políticas neoliberales que solo cargan los costos (sociales y económicos) sobre los bolsillo de los trabajadores. ¿Dónde ha quedado el discurso de la bonanza económica?.

5.- Bajo estas perspectivas, la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, llama a los Comités Sindicales, los Sindicatos de fábrica, a las Federaciones Regionales, las Federaciones Departamentales, a preparar una lucha nacional, rechazando el gasolinazo y ha preparar una lucha nacional por el incremento salarial de acorde a la canasta familiar. Es en esta medida que llamamos a los trabajadores del país a preparar una lucha política unificada y organizada.
La Paz, Diciembre 28 de 2010


CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES FABRILES DE BOLIVIA

sería un grave error bajar la guardia. el enemigo asecha contra Santa Cruz principalmente. la quiere tener de rodillas. sometida. castigada. alerta!!!

El fin de año se festeja. A veces sin ajustar bien el balance, si positivo o negativo. Aunque no es una norma, es recomendable abrir los ojos antes de cerrar el año. El 2010 se recordará especialmente por el tono agitado de la vida cotidiana a consecuencia de la propuesta de leyes que una tras otra ha lanzado el Gobierno proponiendo reformas que buscan implementar los mandatos de la nueva CPE. Como consecuencia se reforzó el proceso antiautonomista. Los Estatutos aprobados por inmensa mayoría de votos en los departamentos orientales terminaron siendo silenciados, desde dentro y desde fuera. La autonomía no se nota. El centralismo ha recobrado posiciones y terminó consolidando poder. El discurso oficial ha machacado con la autonomía diseñada por los que votaron “no” a la autonomía.

Aumentó la acción represora contra la oposición de parte del ala dura del Gobierno. Se ha utilizando una bien cuidada red de influencias sobre el aparato judicial para en la práctica arrasar con los avances, las instituciones y las principales figuras impulsoras de la propuesta autonómica y los disidentes políticos. Nada se ha podido conseguir para un juicio justo, imparcial, que respete el debido proceso y la presunción de inocencia del encarcelado ya por dos años Gobernador de Pando. Sin misericordia y a paso de caballería han sido acusados, imputados formalmente, destituidos y correteados buscando su autoexilio o la muerte civil casi todas las principales cabezas de la oposición o de los que, hay que subrayarlo, simplemente no comulgaron con los discursos oficiales. Todo ha sido diseñado para tal fin. Se acusa igual por haber gastado que por haber ahorrado fondos públicos; por hacer o por dejar hacer. La retroactividad de la ley es arma eficaz. Se lo juzga por sus actos, o por los de subordinados o, por último, de algún pariente cercano.

El tono de los personeros del Gobierno, hasta de simples funcionarios, ha sido cada vez más hiriente. La agresividad ha sido la característica, con la ofensa, aunque sea fuera de contexto. Los discursos han sonado a sentencia, adelantando conclusiones, lo que debería ser investigación, acumulación de pruebas y valoración por jueces competentes en cada caso. La guillotina para los presuntos sospechosos de un delito ha sido marca registrada. La defensa a ultranza de este modo de operar aprovechando la labia de varios funcionarios de alto rango ha tratado de transmitir, y en parte lo han conseguido, que este proceder saltándose normas y reglamentos es adecuado para los momentos revolucionarios que transita el país. Se termina el año con la sensación casi insoportable de que se han perdido las garantías constitucionales.

¿Se pasó de la raya el Gobierno? Cuando el río suena, piedras trae. Buena parte de la ciudadanía ha protestado, casi siempre pacíficamente. En lo más remoto del altiplano y en los llanos. Organismos internacionales en relación con los Derechos Humanos, promoción y conservación de la democracia, connotados comentaristas a través de importantes medios de comunicación, independiente de partidos o de ser políticos de derechas y de izquierdas, han hecho reiteradas llamadas de atención sobre el proceso en marcha en el Estado Plurinacional. Si muchas voces y disimiles han denunciado esto y lo otro, la respuesta correcta no puede ser siempre la negación. Estas actitudes terminan convirtiendo la intolerancia en algo habitual, porque no se puede negar todo indefinidamente. Los entredichos con la gente de prensa y la Iglesia católica han sido lo más demostrativo.

Este año el Gobierno se ha visto empujado a reconocer el grave aumento de la actividad ilegal del narcotráfico. Los cocales han aumentado nuevamente, a pesar de los esfuerzos de erradicación; el avasallamiento de reservas forestales y parques nacionales para el sembradío ilícito de plantas de coca ha sido un detonante a la conciencia nacional; la interdicción marca cifras récords incautando toneladas de droga, aunque todo el mundo acepta que esas cifras no sean más que la punta del iceberg. La violencia delata la presencia de actividades ilegales además del factor pobreza y desempleo. Fuera de nuestras fronteras han sido aprehendidos ciudadanos bolivianos y bolivianas con cientos de kilos de droga, en una red cada vez más extensa que alcanza a Latinoamérica, África y Europa. Hay una corresponsabilidad de la comunidad internacional en el complejo problema del tráfico de drogas ilícitas, pero su reclamo no es suficiente para liberarnos de la parte que nos corresponde. Cuando el mismo presidente Morales ha hecho mención pública a la gravedad del problema es que se ha salido o se está por salir de control. En este tema, sin duda, la mayoría del país apoya al Gobierno en una lucha frontal y eficaz contra la lacra del narcotráfico.

Se mantiene alta la circulación monetaria. Hay plata y se gasta. Pero no hay inversiones importantes, y ya el gobierno las reclama a las empresas públicas y a las privadas, especialmente las extranjeras en los rubros sensibles. Son cinco años de la actual gestión y se mantiene la tendencia a los altos ingresos por buenos precios externos, pero la producción disminuye tanto en hidrocarburos como minería, agroindustria y manufacturas. Son demasiados rubros y dispares como para no buscar una razón unificadora. El intervencionismo del Estado en áreas ya competitivas ha desincentivado mantener inversiones. Importar para controlar precios o jactarse de “precios justos” está llevando por el camino conocido: desaparición del aparato productivo con las gravísimas consecuencias de desempleo, desincentivo empresarial, alimentar una mentalidad rentista y finalmente el descalabro. El ejemplo reciente de Cuba es para tenerlo muy en cuenta, ahora y en los años venideros: “O rectificamos o, nos hundimos” (Raúl Castro, después de 50 años de sacrificio del pueblo cubano al estatismo marxista). Lo peor sería no abrir los ojos. (De la página de editoriales de El Deber. SC, Bolivia)

totalmente risible en el MAS no hay corruptos, ni pícaros, ni ladrones. el juicio y castigo son para los otros que no son del MAS. Marcelo Ostria

Las recurrentes tensiones políticas que resultan de una complicada situación en un país, siempre preocupan a toda la ciudadanía y, de la manera cómo se las maneja, un gobierno muestra su naturaleza, es decir si tiene apego a las leyes y respeta los derechos ciudadanos o, por el contrario, arremete sin freno, sólo para imponer lo que considera soluciones a los problemas y, muchas veces, para conjurar peligros –reales o imaginarios– para su estabilidad.

Este puede ser el origen de lo está sucediendo en el país. Sería tan grande la preocupación del régimen, que el llamado “proceso de cambio” luce como desbocado, con sus dirigentes acelerados ante “fantasmas” que estarían acechando en su contra.

Se conocía la intención de arremeter contra las autoridades electas opositoras: gobernadores y alcaldes municipales. Éstas eran vistas como el último obstáculo para el predominio total en el país. Sin embargo, parecía también que, en algunos sectores de la ciudadanía, hubo idea de que del régimen no llegaría al extremo de desconocer a esas autoridades opositoras, ya que, con este atropello, desnudaría más aún una política de negación de los derechos individuales y de conculcación de las libertades democráticas, comprometiendo la estabilidad institucional.

Para intentar una dudosa justificación a esa política sectaria orientada a prevalecer y ocupar todo el poder –como lo reclaman sectores del oficialismo–, se multiplicaron los juicios contra esas autoridades porque todos –cosa curiosa; los oficialistas son los únicos intachables, como si no fueran todos de la misma extracción de una sociedad con tantos ejemplos de corrupción– supuestamente son culpables de delitos terribles durante sus funciones.

Pero se va más allá: todo candidato opositor, por el delito de haberse presentado en elecciones enfrentando al oficialismo, también es considerado enemigo y, por supuesto, un caso para ser enjuiciado.

La búsqueda de errores o delitos en los que ejercieron la función pública, ya no tiene límites. Son palos a diestra y siniestra, caiga quien caiga, si no se es partidario del partido de gobierno.

En esto de la proliferación de juicios, hay un caso que no tiene ninguna explicación. No se trata de un personaje que esté buscando el poder; que no tiene una base partidaria, lo que lo hace más vulnerable, pero le da mayor fuerza moral, la que a veces sólo es un consuelo cuando prevalece la injusticia. Eduardo Rodríguez Veltzé es, como él mismo dijo, es un juez que cumplió con un deber constitucional: asumir la presidencia de la República en circunstancias muy peligrosas para la paz ciudadana. Apagó incendios y convocó a elecciones transparentes, sin candidato oficial. Mostró su esencia democrática y su apego a la ley. Entregó el poder a quien triunfó en los comicios: el candidato del Movimiento al Socialismo, MAS. Pero esto que enaltece a Rodríguez Veltzé se vio como un peligro, pues él podía erigirse como un líder político, lo que no sucedió por su propia decisión. Por eso, se le armaron procesos, los que se multiplican para dar más circo a los sectarios.

¿A donde se quiere llegar? Por supuesto que a los objetivos de una agenda que no es puramente nacional. Un venezolano, acaba de afirmar, en respuesta a una pregunta, que el gobierno de Bolivia está en la página veinte de la agenda que lleva Hugo Chávez, mientras éste ya ha llegado a la página cien.

Y cuando las medidas son por consigna –en este caso consigna “bolivariana”– la agenda es inalterable. Ahora, se está apretando el acelerador para el llamado “cambio”.