Este viernes el Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU) presentó su informe sobre Prácticas de Derechos Humanos en el 2011, donde identifica los principales “problemas” que atraviesa Bolivia en esta materia.
“Los principales problemas de derechos humanos reportados fueron la privación arbitraria o ilegal de la vida, arresto o detención arbitrarios y la denegación de un juicio público justo”, señala el informe estadounidense compuesto por siete secciones que detallan caso por caso los problemas en Derechos Humanos que se tuvieron en el país.
El documento, además, identifica otros problemas en esta temática donde están incluidas “las duras condiciones penitenciarias, la corrupción oficial, la falta de transparencia en el gobierno, la violencia y la discriminación contra la mujer y la trata de personas”.
El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe difundido este viernes hace mención a los casos de Leopoldo Fernández, la muerte de David Olorio y el subteniente Poma, las prácticas de corrupción que se ejercen en diferentes niveles de Estado, la discriminación, los derechos laborales y otros.
1ra. Sección - La privación arbitraria o ilegal de la vida
Entre los casos que son detallados por el gobierno estadounidense se encuentran el fallecimiento del subteniente Grover Poma Guanto, en febrero de 2011; las muertes de los dos jóvenes en los enfrentamientos entre pobladores de Caranavi y el Policía, en mayo de 2010; la muerte de David Olorio Apaza, supuestamente por torturas que habría recibido por parte de la Policía y la muerte de los cuatro policías en Uncía, Potosí.
“El caso que involucra a Mayo de 2010 miembros de la comunidad que capturaron y torturaron y ejecutaron a cuatro policías en la localidad de Uncía, departamento de Potosí, fue trasladado a la ciudad de Potosí para el juicio. Cinco sospechosos fueron acusados de la matanza, aunque al final del año sólo tres habían sido detenidos. La fase de investigación del caso se terminó”, señala el informe del Departamento de Estado.
Dentro de este capítulo, además, se menciona los actos de tortura y otros tratos crueles que se habrían registrado en el país. El documento hace mención al caso de José Cantoral y otros tres peruanos que fueron arrestados por cargos de terrorismo.
Informa además sobre detenciones arbitrarias, haciendo referencia al caso del ex presidente del Banco Central de Bolivia Juan Antonio Morales; Jorge Melgar, líder del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y del ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.
Hace mención también a procesos judiciales en contra de figuras políticas, como ser el caso del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, procesado por desacato por el fiscal Marcelo Soza; el ex gobernador de Beni, Ernesto Suárez y de los ex alcaldes cruceños de Pailón y Cotoca, Marlene Jaldín y Estanislao Arauz respectivamente.
“En noviembre de 2010 el ex alcalde de Sucre, Jaime Barrón del Pacto de Integración Social (PAIS), partido fue encarcelado por acosar a los agricultores y posteriormente puesto bajo arresto domiciliario”, señala el informe.
2da sección - Respeto por las Libertades Civiles
Esta sección del informe se aboca a la relación del gobierno con los medios de comunicación, en la que sostiene que si bien el “gobierno generalmente respeta este derecho, mantuvo una relación antagónica con la prensa”.
Además, en este capítulo hace referencia a la “libertad de reunión pacífica y de la ley”, en la que cita la intervención policial que sufrió la VIII marcha del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en septiembre del año pasado. De acuerdo al informe, el gobierno “generalmente respetaron este derecho en la práctica”, pero observa algunas particularidades.
“El 25 de septiembre, las fuerzas policiales en Yucumo, Beni, utilizó gas lacrimógeno y otros métodos para disolver una marcha por los líderes indígenas que protestaban por la construcción de una carretera a través de su tierra. La Policía detuvo temporalmente a decenas de manifestantes, y algunos resultaron heridos en el incidente”, sostiene.
Sección 3 - Respeto a los Derechos Políticos
El informe observa la “carencia” de documentos de identidad necesarios para sufragar en particular en las áreas rurales. En esa línea, EEUU se refirió a las elecciones judiciales llevadas a cabo el 16 de octubre pasado, donde destaca los informes presentados por la Organización de Estados Americanos y la Unión de Naciones Suramericanas que calificaron de “libres y justas” estos comicios.
“Sin embargo, las leyes electorales prohíbe el acceso a los medios de comunicación a los candidatos antes de las elecciones y líderes de la oposición reclamaron la preselección de los candidatos por el Congreso. Dictó el voto ‘legal, pero no legítima’”, precisa el documento.
Sección 4 - La corrupción oficial y la ley
En esta sección, el Departamento de Estado incide en los casos de corrupción registrados en el país, donde observa que “el gobierno no implementó la ley efectivamente y funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del gobierno a menudo involucrados en prácticas corruptas con impunidad”.
“Un estudio de Transparencia Internacional 2010 reveló que el 23 por ciento de los ciudadanos afirmaron haber pagado al menos un soborno en los últimos 12 meses”, señala el informe.
Sección 5 - Actitud del Gobierno respecto a la investigación internacional y no gubernamental de presuntas violaciones a los derechos humanos
El informe valora la cooperación del gobierno en lo que respecta a la investigación de violaciones a los derechos humanos en el país, “sin embargo, las ONG y el Defensor del Pueblo se quejaron de que el gobierno, las fuerzas de seguridad y los Ministerios de vez en cuando se negaron a cooperar con sus investigaciones”.
Sección 6. Discriminación, abusos sociales y trata de Personas
El capítulo se aboca a los diferentes casos sobre violación, violencia hacia las mujeres y trata de personas que se registraron en diferentes departamentos del país. Sostiene que la “violencia contra las mujeres también es un problema persistente y no denunciado”.
“La violación es un problema serio pero no denunciado. La violación forzada de una persona adulta es sancionada con penas que van desde cuatro a penas de prisión de 10 años de prisión. La violación conyugal no es un delito. La oficina del fiscal de Santa Cruz informó de 700 casos de violación y la trata de personas durante el año, aunque ninguno de ellos fue a juicio. Las estadísticas nacionales no estaban disponibles”, señala el informe en lo que respecta a este capítulo.
El capítulo desglosa además los problemas que se atraviesan en el trato a personas con discapacidad; los casos acaecidos por racismo, sobre “todo en la prestación de servicios de salud y educación”; los problemas por la falta de consulta previa a las comunidades indígenas y sobre los derechos de las personas con SIDA y la discriminación basada en la orientación sexual. Sección 7 - Derechos de los Trabajadores
Habla sobre los derechos de los trabajadores. En lo que respecta a trabajo forzoso el “gobierno aplica parcialmente las leyes”, señala el informe. “Hubo casos aislados de personas indígenas en su mayoría que incurrieron en deudas a sus empleadores y fueron obligados a trabajar hasta que la deuda fue cancelada”, relata.
Sobre el trabajo infantil, el informe indica que si bien existe una ley que prohíbe el trabajo para menores de 14 años, existen vulneraciones a la misma.
“El trabajo infantil sigue siendo un problema grave. Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo), en 2008 se estima que 848.000 niños entre las edades de cinco a 17 años trabajó al menos una hora a la semana. Aproximadamente 800.000 niños eran menores de 14 años y trabajan en condiciones laborales riesgosas, 354, 000 en las zonas urbanas y 446.000 en las zonas rurales”.
1ra. Sección - La privación arbitraria o ilegal de la vida
Entre los casos que son detallados por el gobierno estadounidense se encuentran el fallecimiento del subteniente Grover Poma Guanto, en febrero de 2011; las muertes de los dos jóvenes en los enfrentamientos entre pobladores de Caranavi y el Policía, en mayo de 2010; la muerte de David Olorio Apaza, supuestamente por torturas que habría recibido por parte de la Policía y la muerte de los cuatro policías en Uncía, Potosí.
“El caso que involucra a Mayo de 2010 miembros de la comunidad que capturaron y torturaron y ejecutaron a cuatro policías en la localidad de Uncía, departamento de Potosí, fue trasladado a la ciudad de Potosí para el juicio. Cinco sospechosos fueron acusados de la matanza, aunque al final del año sólo tres habían sido detenidos. La fase de investigación del caso se terminó”, señala el informe del Departamento de Estado.
Dentro de este capítulo, además, se menciona los actos de tortura y otros tratos crueles que se habrían registrado en el país. El documento hace mención al caso de José Cantoral y otros tres peruanos que fueron arrestados por cargos de terrorismo.
Informa además sobre detenciones arbitrarias, haciendo referencia al caso del ex presidente del Banco Central de Bolivia Juan Antonio Morales; Jorge Melgar, líder del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y del ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.
Hace mención también a procesos judiciales en contra de figuras políticas, como ser el caso del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, procesado por desacato por el fiscal Marcelo Soza; el ex gobernador de Beni, Ernesto Suárez y de los ex alcaldes cruceños de Pailón y Cotoca, Marlene Jaldín y Estanislao Arauz respectivamente.
“En noviembre de 2010 el ex alcalde de Sucre, Jaime Barrón del Pacto de Integración Social (PAIS), partido fue encarcelado por acosar a los agricultores y posteriormente puesto bajo arresto domiciliario”, señala el informe.
2da sección - Respeto por las Libertades Civiles
Esta sección del informe se aboca a la relación del gobierno con los medios de comunicación, en la que sostiene que si bien el “gobierno generalmente respeta este derecho, mantuvo una relación antagónica con la prensa”.
Además, en este capítulo hace referencia a la “libertad de reunión pacífica y de la ley”, en la que cita la intervención policial que sufrió la VIII marcha del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en septiembre del año pasado. De acuerdo al informe, el gobierno “generalmente respetaron este derecho en la práctica”, pero observa algunas particularidades.
“El 25 de septiembre, las fuerzas policiales en Yucumo, Beni, utilizó gas lacrimógeno y otros métodos para disolver una marcha por los líderes indígenas que protestaban por la construcción de una carretera a través de su tierra. La Policía detuvo temporalmente a decenas de manifestantes, y algunos resultaron heridos en el incidente”, sostiene.
Sección 3 - Respeto a los Derechos Políticos
El informe observa la “carencia” de documentos de identidad necesarios para sufragar en particular en las áreas rurales. En esa línea, EEUU se refirió a las elecciones judiciales llevadas a cabo el 16 de octubre pasado, donde destaca los informes presentados por la Organización de Estados Americanos y la Unión de Naciones Suramericanas que calificaron de “libres y justas” estos comicios.
“Sin embargo, las leyes electorales prohíbe el acceso a los medios de comunicación a los candidatos antes de las elecciones y líderes de la oposición reclamaron la preselección de los candidatos por el Congreso. Dictó el voto ‘legal, pero no legítima’”, precisa el documento.
Sección 4 - La corrupción oficial y la ley
En esta sección, el Departamento de Estado incide en los casos de corrupción registrados en el país, donde observa que “el gobierno no implementó la ley efectivamente y funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del gobierno a menudo involucrados en prácticas corruptas con impunidad”.
“Un estudio de Transparencia Internacional 2010 reveló que el 23 por ciento de los ciudadanos afirmaron haber pagado al menos un soborno en los últimos 12 meses”, señala el informe.
Sección 5 - Actitud del Gobierno respecto a la investigación internacional y no gubernamental de presuntas violaciones a los derechos humanos
El informe valora la cooperación del gobierno en lo que respecta a la investigación de violaciones a los derechos humanos en el país, “sin embargo, las ONG y el Defensor del Pueblo se quejaron de que el gobierno, las fuerzas de seguridad y los Ministerios de vez en cuando se negaron a cooperar con sus investigaciones”.
Sección 6. Discriminación, abusos sociales y trata de Personas
El capítulo se aboca a los diferentes casos sobre violación, violencia hacia las mujeres y trata de personas que se registraron en diferentes departamentos del país. Sostiene que la “violencia contra las mujeres también es un problema persistente y no denunciado”.
“La violación es un problema serio pero no denunciado. La violación forzada de una persona adulta es sancionada con penas que van desde cuatro a penas de prisión de 10 años de prisión. La violación conyugal no es un delito. La oficina del fiscal de Santa Cruz informó de 700 casos de violación y la trata de personas durante el año, aunque ninguno de ellos fue a juicio. Las estadísticas nacionales no estaban disponibles”, señala el informe en lo que respecta a este capítulo.
El capítulo desglosa además los problemas que se atraviesan en el trato a personas con discapacidad; los casos acaecidos por racismo, sobre “todo en la prestación de servicios de salud y educación”; los problemas por la falta de consulta previa a las comunidades indígenas y sobre los derechos de las personas con SIDA y la discriminación basada en la orientación sexual. Sección 7 - Derechos de los Trabajadores
Habla sobre los derechos de los trabajadores. En lo que respecta a trabajo forzoso el “gobierno aplica parcialmente las leyes”, señala el informe. “Hubo casos aislados de personas indígenas en su mayoría que incurrieron en deudas a sus empleadores y fueron obligados a trabajar hasta que la deuda fue cancelada”, relata.
Sobre el trabajo infantil, el informe indica que si bien existe una ley que prohíbe el trabajo para menores de 14 años, existen vulneraciones a la misma.
“El trabajo infantil sigue siendo un problema grave. Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo), en 2008 se estima que 848.000 niños entre las edades de cinco a 17 años trabajó al menos una hora a la semana. Aproximadamente 800.000 niños eran menores de 14 años y trabajan en condiciones laborales riesgosas, 354, 000 en las zonas urbanas y 446.000 en las zonas rurales”.
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