A juzgar por lo que está pasando ahora en el país, las autoridades nacionales parecen estar alentando el surgimiento de conflictos sociales y entre regiones, en lugar de tratar de eliminarlos.
La sede de Gobierno fue semiparalizada el lunes, pero sobre todo la zona sur, por miles de manifestantes que exigen la reducción de la jurisdicción de la autoridad de la alcaldía de La Paz.
La policía no intervino en este atropello a la libertad de tránsito por una vía clave para las comunicaciones de la sede de gobierno.
El conflicto, dice el alcalde Luis Revilla, es azuzado por el Gobierno, al que le interesa derrocarlo, o por lo menos reducir el alcance de la jurisdicción de la alcaldía. Una situación similar sufrió la ciudad de Caracas, donde el alcalde fue sometido a presiones hasta que aceptó la existencia de una entidad mayor que incluía zonas rurales, para que el voto de los citadinos no sea determinante en las elecciones.
Los marchistas del Tipnis, y los pocos periodistas de medios independientes, denuncian que en San Borja se ha excavado una profunda zanja para impedir el paso de los caminantes.
El Gobierno envía ministros a dialogar, aunque les dice que no pueden aceptar, de modo alguno, que la carretera sea desviada y evite pasar por el parque. Así, el diálogo no tiene ningún valor, como lo han entendido los dirigentes indígenas.
Pero al mismo tiempo el Gobierno moviliza a cocaleros de zonas por donde debe pasar la marcha, para que amenacen con actos de violencia para frenarla.
Si se produjeran enfrentamientos, ¿quién sería el responsable? ¿No es el Gobierno el que debe ocuparse de conservar la paz en el territorio y aplicar la ley contra los que la amenazan? Una zanja similar fue la que llevó a una tragedia en Pando hace tres años. Y ahora se construye otra.
Cuando haya pasado el caso del Tipnis, los ejércitos de cocaleros volverán a avanzar sobre los parques nacionales, sin que nadie los frene, como ha ocurrido en los últimos años. Si los indígenas llegaran a organizarse para frenar ese avance, estaríamos ante otro conflicto peligroso.
Los departamentos de Potosí y Oruro están enfrentados respecto de una región fronteriza. Tendría que haber una autoridad nacional, cuya jurisdicción sea sobre el territorio entero, capaz de resolver estos entuertos. Pero el conflicto sigue creciendo sin ninguna esperanza de llegar a un acuerdo.
Tarija y Chuquisaca se están mostrando los dientes sobre las ragalías del gas natural. Sus dirigentes se han reunido varias veces para llegar a acuerdos. Lo único que ha dicho el Gobierno es que el yacimiento Margarita-Huacaya es uno solo y por lo tanto hay una división de regalías. No ha propuesto lo que se debe hacer con las regalías del pasado ni sobre los detalles de la explotación futura.
Los cocaleros de La Paz exigen que todos los demás cocales del país sean declarados ilegales y erradicados. Pero el Gobierno observa todos los conflictos como quien mira, impasible, un incendio. Es muy preocupante lo que está ocurriendo en Bolivia, sobre todo para quienes quieren a este país.
No hay comentarios:
Publicar un comentario