El 15 de agosto partieron de la ciudad de Trinidad, capital de Beni, al menos 500 marchistas con rumbo a la ciudad de La Paz para conminar al Presidente Evo Morales a que cumpla las leyes y respete los derechos indígenas reconocidos por la Constitución Política del Estado Plurinacional y los tratados internacionales.
Los pueblos originarios denuncian que el “primer presidente indígena” de Bolivia ha decidido construir la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos a través del corazón del TIPNIS, poniendo en serio riesgo ese valioso Parque natural, y sin pedir permiso a sus dueños legítimos.
Los indígenas del TIPNIS y decenas de especialistas e investigadores independientes advirtieron que la carretera alentará la explotación indiscriminada de recursos naturales. El propio ministro de Hidrocarburos José Luis Gutiérrez reconoció que se proyecta realizar trabajos de exploración petrolera en el TIPNIS.
Lo que más preocupa es el grave impacto social de la vía. Las 64 comunidades indígenas que habitan el TIPNIS ya sufren invasiones y agresiones permanentes de parte de colonizadores cocaleros, y todo indica que el nuevo camino facilitará la expansión colonizadora y la “relocalización” forzosa de miles de originarios que se verán obligados a mendigar en las ciudades.
El Estado Plurinacional difama a los indígenas
En la primera semana de movilización, los marchistas sufrieron principalmente por la falta de provisiones y por las inclemencias del “surazo” que cala sus huesos. Además, tuvieron que soportar una descomunal campaña de desprestigio orquestada por el gobierno y sus acólitos.
El Presidente Evo Morales timonea el matonaje mediático pródigo en calumnias, difamaciones e insultos. Hasta ahora, el “jefe indio” en persona denostó a sus “hermanos” que supuestamente venden tierras, trafican con madera, “chantajean” a las petroleras y hasta conspiran “contra el proceso de cambio” en contubernio con la Embajada de Estados Unidos.
El Poder Ejecutivo nuevamente movilizó a sus huestes para que intimiden y amedrenten a los indígenas rebeldes. La semana pasada los campesinos y otros gremios fieles al MAS aprobaron varios pronunciamientos en apoyo a la carretera del TIPNIS, y no descartaron asumir acciones de hecho para frenar la movilización indígena.
“Estamos en estado de emergencia y vigilia permanente y vamos a convocar a nivel nacional para que organizaciones apoyen con medidas similares… Hemos determinado invocar a los pueblos indígenas que protagonizan una marcha a solidarizarse con esta demanda histórica (la construcción de la vía) y exhortarles a deponer actitudes de enfrentamiento”, instó la presidenta del bloque de organizaciones sociales oficialistas de Cochabamba Leonilda Zurita.
“El gobierno se está rogando por el diálogo, los Ministros han ido a San Ignacio de Moxos y los marchistas no aceptan el diálogo. ¿Qué quieren? ¿Qué pretenden?, no entendemos”, arengó la dirigente cocalera.
Algunas organizaciones políticas pro masistas también intervinieron en el conflicto del TIPNIS. Por ejemplo, el Partido Humanista Internacional de Bolivia condenó la “asquerosa manipulación mediática” y la “asquerosa postura del ecologismo fanático de algunos ‘activistas’ que ponen por encima de las necesidades de todos los seres humanos que habitamos este país y esta región, las necesidades de tucanes, monos y algún hongo alucinógeno…”.
Según el Partido Humanista, “es asquerosamente manipuladora y de lo peor la actitud de algunas ONGs que dicen trabajar ‘abnegadamente’ por los pueblos originarios, e imponen su punto de vista nacido de teorías fuera de contexto de realidad… (sic)”.
Como parte de esta campaña intimidatoria, el pasado viernes alrededor de 150 personas armadas con palos bloquearon la VIII Marcha Indígena en la localidad de San Ignacio de Moxos, y rompieron el parabrisas de la camioneta de la Subcentral indígena del TIPNIS. Los bloqueadores, en su mayoría campesinos oficialistas, defendieron el proyecto carretero del gobierno y advirtieron que no permitirían que los indígenas reanuden la marcha mientras no dialoguen con los ministros enviados por el Presidente.
Los marchistas tuvieron que quedarse en San Ignacio todo el fin de semana, hostigados por los activistas del MAS y sin poder proveerse de alimentos. Todos los centros de expendio de comida de la localidad cerraron sus puertas, supuestamente por “órdenes superiores”.
El domingo, el Presidente Morales arremetió nuevamente contra los marchistas y sus dirigentes, sin referirse al daño que ocasionará la construcción de la vía por medio del TIPNIS. Los medios del Estado transmitieron en cadena el nuevo ataque a los indígenas “irracionales” que obstaculizan el “desarrollo” nacional y “conspiran” con el imperialismo norteamericano.
Al mostrar un listado de llamadas telefónicas como supuesta prueba de la vinculación de algunos dirigentes de la VIII marcha con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, el Primer Mandatario “indígena” confesó que su gobierno espía a sus propios “hermanos” originarios, insinuando que son un peligro para la “seguridad” del Estado.
“Es el típico modus operandi de los gobiernos tradicionales y de las dictaduras; lamentablemente han comenzado a hacer una persecución política de todos quienes realmente le pueden hacer sombra en este proceso de cambio. Nunca imaginamos que el Presidente perseguiría a sus propios compañeros, a sus propios hermanos, por el sólo hecho de defender los derechos de los pueblos indígenas”, dijo consternado el diputado indígena del MAS Pedro Nuni.
“Cuando el señor Evo Morales asumió el mando de nuestro país, los indígenas que vivimos en las tierras bajas teníamos una gran expectativa, creíamos que efectivamente se podría dar el deseado proceso del cambio, pensábamos que iba a mejorar la situación económico, social y, principalmente, que se iban a respetar los derechos de los pueblos, pero nada de eso hay; estamos decepcionados”, lamentó el dirigente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) Celso Padilla (AINI).
El martes, el ministro de la Presidencia Carlos Romero acusó a los indígenas de traficar con tierras al interior de Territorios Comunitarios de Origen (TCO) por sumas que oscilan entre 5 mil y 200 mil dólares, y reveló que algunos dirigentes mantienen negocios turbios con empresas madereras, ganaderas y otros concesionarios privados que no cumplen una función económica y social. “Los propios dirigentes indígenas han avalado a las empresas para que sus tierras no sean revertidas al Estado”, dijo.
Según Romero, una de las 16 demandas de la CIDOB es que el Estado le ceda el control de bosques y tierras del TIPNIS, pero “no se puede permitir que el control de estas tareas esté en poder de grupos que negocian con los madereros”. Aseveró que la marcha indígena “es un paraguas para justificar actividades ilegales como la extracción y tráfico ilegal de madera” (ABI).
Si el gobierno está tan seguro de sus denuncias, tiene que dar nombres de quienes venden tierras y madera, o reciben supuestos financiamientos de Estados Unidos, planteó el secretario de Cambio Climático de la CIDOB Aniceto Ayala. Los guaraníes de Chuquisaca no chantajeamos a las petroleras; lo único que hacemos es exigir que se cumpla con la consulta previa, un derecho reconocido por la Constitución aprobada por el propio gobierno de Evo, exclamó Celestino Rojas del Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca (CCCH).
“Todo lo que ha pasado en nuestro país en los últimos años es fruto de nuestro movimiento que abrió las puertas al actual proceso de cambio; eso lo sabe muy bien el Presidente, por eso no entendemos esa actitud que tiene en contra de nosotros, acusándonos de todo”, se quejó Padilla.
Con todas sus calumnias, lo único que demuestra el Presidente es que su gobierno discrimina a todos los pueblos indígenas y sus respectivas organizaciones, retrucaron indignados los marchistas el fin de semana en San Ignacio de Moxos. Algunos niños que marchan con sus padres confesaron que antes querían ser como el Presidente, pero ahora ya no porque Evo los está haciendo sufrir, relató una periodista de Radio Deseo de La Paz.
Y es que el Presidente Morales, con sus acusaciones, “ha atemorizado al país y a la gente solidaria que estaba pronunciándose (a favor de) esta manifestación”, y por su culpa se ha bloqueado toda la ayuda humanitaria a la marcha, denunció el dirigente del Comité Político de la CIDOB Lázaro Taco en una entrevista con la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
La comida comenzó a escasear y las enfermedades atacan a cada vez más niños, al punto que cerca de 50 personas decidieron abandonar la marcha el fin de semana, y este martes desertaron otros cien ayoreos de las provincias Germán Busch y Chiquitos del departamento de Santa Cruz. “La marcha estaba carente de logística, alimentación, medicamentos, atención a los niños y mujeres que no tenían abrigo, además de que algunas estaban embarazadas”, justificó el dirigente ayoreo Paul Nuñez (ABI).
Sin embargo, “si el presidente cree que con sus provocaciones verbales va a desmoralizar o parar la marcha de los pueblos indígenas, está totalmente equivocado; nosotros vamos a seguir adelante con nuestra lucha”, advirtió Celso Padilla. En realidad, las agresiones del oficialismo enardecieron aún más a las comunidades indígenas y despertaron la solidaridad de un creciente movimiento ciudadano que ya se moviliza en las principales ciudades del país en apoyo a sus "hermanos" indígenas.
Iniciaron la VIII Marcha Indígena algo más de 500 indígenas, pero cientos de manifestantes se sumaron en el trayecto, y el lunes arribaron a Puerto San Borja más de 1.300 marchistas de tierras altas y bajas. Después de seis días de caminata, los marchistas descansan desde el lunes en el Territorio Indígena Multiétnico (TIM), uno de los primeros territorios de pueblos originarios reconocidos luego de la histórica marcha indígena por la Dignidad y el Territorio de 1990.
El gobierno tiene miedo
En principio, el Poder Ejecutivo fusiló a las ONGs con sus misiles verbales, culpándolas del levantamiento indígena “conspirador”, y luego arremetió contra algunos dirigentes “títeres” del imperialismo norteamericano. Pero la guerra sucia ha sido inútil, por lo que el oficialismo decidió frenar la movilización con el uso de la fuerza bruta. Lo que pasa es que “el gobierno está desesperado porque hay más gente en la marcha”, explicó el presidente de la Subcentral TIPNIS Fernando Vargas (Fundación Tierra).
El propio Evo Morales ha confesado que ya no gobierna “obedeciendo al pueblo”, sino espiando y reprimiendo protestas sociales pacíficas, como si se trataran de acciones criminales que ponen en riesgo la seguridad del Estado. “Estamos ante la legalización del espionaje o pinchaje telefónico de dirigentes sociales y políticos que no comulgan con las políticas gubernamentales, y no sé sobre qué procedimientos se basa (el gobierno) para hacer esto”, opinó el diputado del Movimiento sin Miedo (MSM) Fabian Yacsik.
El ministro de Gobierno Sacha Llorenti aclaró que el Ejecutivo no intervino los teléfonos de los líderes indígenas sino que obtuvo un registro de llamadas telefónicas mediante una orden fiscal. “Eso no tiene nada que ver con pinchazos telefónicos, ni con la morbosa y paranoica intención de algunos opositores de complicar al país con un supuesto escándalo de escuchas telefónicas”, recalcó el ministro de Obras Públicas y Vivienda Walter Delgadillo.
El gobierno habría solicitado el registro de llamadas al fiscal Félix Peralta, pero éste no recuerda en qué fecha emitió los requerimientos. “No tengo en mente en qué fecha hago específicamente un requerimiento, pero está ahí en el documento presentado, existen cargos”, explicó Peralta el lunes, y el martes solicitó su baja de la Fiscalía paceña de forma sorpresiva, alegando problemas personales.
Los artículos 21 y 25 de la Constitución precautelan el derecho ciudadano a la intimidad, a la privacidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones en todas sus formas, pero ese derecho no es absoluto, precisó el defensor del Pueblo Rolando Villena (Erbol).
La nueva Ley de Telecomunicaciones dispone que los operadores y proveedores de telecomunicaciones y tecnologías de información están obligados a cooperar y poner a disposición de las autoridades –no necesariamente un juez y sin necesidad de orden judicial– la información que les sea requerida, incluidos registros de llamadas telefónicas o comunicaciones electrónicas “en casos de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastres” (Artículo 111).
Es razonable que el Estado haga un seguimiento a las llamadas telefónicas de un ciudadano o ciudadana cuando sus acciones pongan en riesgo la seguridad del Estado o provoquen una conmoción nacional, pero ese no es el caso de la VIII Marcha indígena. “Nosotros hemos hecho una lectura de la marcha, la calificamos de pacífica y no (vemos) elementos como para sustentar que atenta a la seguridad del Estado”, aseveró el Defensor del Pueblo.
Pero el gobierno insiste en que el “imperialismo” urde una nueva “conspiración” contra el “proceso de cambio”, y por ello ha decidido criminalizar la protesta indígena y perseguir a sus “cómplices”. Su próximo paso será investigar a 22 organizaciones ONGs para “conocer cuál es su misión, cuál es su visión y qué hacen”, anunció el diputado y jefe de bancada del MAS Edwin Tupa.
Simultáneamente, el Ejecutivo convoca a reuniones de emergencia a campesinos y cocaleros para planificar el contraataque. El oficialismo acostumbra movilizar a sus bases para saldar cuentas con sus circunstanciales enemigos: en el pasado los cooperativistas del MAS lucharon a muerte con los mineros de Comibol por un yacimiento en Huanuni; luego la federación de padres de familia oficialistas reprimieron a maestros en huelga; y en 2010 campesinos y cocaleros masistas desafiaron a los indígenas que protagonizaron la VII Marcha por la autonomía.
Ahora los “revolucionarios” del MAS reclutan nuevamente a sus huestes para que se enfrenten a la VIII Marcha Indígena. Las Juventudes del MAS convocaron a una movilización en La Paz para este jueves, y la próxima semana el propio Evo dirigirá una asamblea de las seis federaciones cocaleras del trópico de Cochabamba, en la cual se organizaría una contramarcha.
El “primer presidente indígena” de Bolivia decía que los pueblos originarios eran la “reserva moral del proceso de cambio” y el germen del futuro “socialismo comunitario” alternativo al “capitalismo depredador”. Pero ahora el “hermano” Evo desprecia a las “minorías” indígenas porque “chantajean” a sus nuevos socios (petroleras, mineras y burguesía nativa), “trafican” con tierras y madera, “conspiran” con el imperialismo y “obstaculizan” el desarrollo nacional.
El Presidente “defensor mundial de la Madre Tierra” solía predicar que los “derechos de la Pachamama son más importantes que los derechos humanos”; pero ahora, en nombre del “desarrollo” y la “prosperidad” capitalista, legaliza los transgénicos, quiere cercenar las TCO y privatizar la tierra, y construye una carretera que destruirá un santuario ecológico que ni los gobiernos neoliberales se atrevieron a profanar.
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