La mayor prueba de consistencia del proceso político vigente se está viviendo en este momento. Una vez más, la tercera en los últimos 20 años, los indígenas de los llanos confrontan al Estado. Las primeras dos veces lo hicieron ante gobiernos de la democracia (Jaime Paz y Jorge Quiroga) cuyo pilar fundamental era la Constitución de 1967. Ahora lo hacen ante un Gobierno presidido por un indígena cuyo pilar fundamental es la Constitución de 2009.
En 1990 abrieron el debate sobre la ciudadanía de quienes habían sido “bárbaros” hasta 1952, y lograron que en 1996 (Gonzalo Sánchez de L.) se aprobara la Ley INRA, uno de los mecanismos más avanzados en la concepción de reconocimiento de los derechos ancestrales de quienes tenían una presencia milenaria en nuestra nación, se crearan las Tierras Comunitarias de Origen, se reconocieran las Comunidades en los Andes, la función económica y social de la tierra y los impuestos a las tierras de gran extensión.
En 2002, fueron los primeros en proponer, en su segunda gran caminata, la realización de una Asamblea Constituyente para renovar un pacto social que se había quebrado, pero sobre todo para visibilizar la importancia del reconocimiento de los derechos indígenas todavía implícitos en la CPE. Como resultado de esa demanda, en 2005 nuestro Gobierno convocó a la elección de una Asamblea Constituyente que fue elegida en 2006.
La tercera marcha es una paradoja y una ironía. Los marchistas le exigen al primer Gobierno indígena de la historia ¡qué cumpla la ley que promulgó! Su cumplimiento determina automáticamente la imposibilidad de construir la carretera cortando o pasando dentro del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure.
El Gobierno ya ha perdido la batalla como se ha dicho más de una vez en los últimos días. Si impone su arbitrario designio demostrará palpablemente que su Constitución es papel mojado y que el discurso “pachamamista” es simplemente una carga de retórica demagógica. Si acaba –forzado-- por entrar en razón y construye la carretera bordeando el parque con estudios adecuados de impacto ambiental y su mitigación, habrá demostrado que carecía de una verdadera convicción de armonía hombre-naturaleza que de acuerdo al portavoz conceptual de esa idea David Choquehuanca, es lo que diferencia esa visión de la occidental. Pero además se habrá comprobado que igual que los movimientos sociales que agobian al Estado cada vez que quieren imponen un interés particular por sobre la ley, es el propio Gobierno el primero en vulnerar las disposiciones explícitamente favorables a los indígenas empezando por la más radical de la Constitución cuyo Art. 2 dice: “Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, su derecho a la autonomía, al autogobierno, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales”.
Nótese el penoso equilibrio de los apologistas del Gobierno y, lo que es más lamentable, de funcionario de mediano y alto rango que son parte del Órgano Ejecutivo, que cuando estaban en las ONG que promovieron el ascenso de Morales eran opositores radicales a los gobiernos del periodo democrático anterior por antiindígenas, apoyaron y/o redactaron el texto de una Constitución a todas luces maximalista tanto en el tema indígena como en otros muchos. Hoy, sin rubor, esos funcionarios cambian de lado y se convierten en entusiastas defensores del desarrollismo más trasnochado, disfrazan la presión gigantesca sobre el Gobierno de los verdaderos agentes del poder que lo sustenta, las organizaciones de colonizadores (llamémoslos por su verdadero nombre) del área andina, ávidos de tierras y molestos por las “inmensas extensiones” de las TCO indígenas y, por supuesto, las seis poderosas federaciones de productores de coca, verdaderos árbitros del poder indígena actual.
Si quienes miran o juzgan lo que está ocurriendo son intelectualmente honestos, podrán dar fe de que este Gobierno no ha pasado esta prueba de consistencia. No olvidemos además que la propuesta vino de quienes administran el Estado. No es que alguien de fuera propusiera una carretera que de construirse destruiría una de nuestras reservas naturales más valiosas. Los argumentos para proponerla e intentar imponerla tienen el tufillo más “neoliberal” del mundo. Digan lo que digan quienes tratan desde las columnas oficialistas de defender lo indefendible y explicar lo inexplicable, esa carretera tiene un objetivo básico, la habilitación de tierras para su otorgación a los colonizadores andinos. Propiciará además la depredación del parque, generará asentamientos humanos que desbalancearán un área intangible y, finalmente, abrirá la frontera de la coca a un nuevo escenario ya bastante asediado desde hace varios años por los cocaleros.
Ningún proceso de cambio puede funcionar prisionero de un secuestro, el de quienes se sienten con derechos espurios para preservar y ampliar sus intereses en desmedro de la filosofía propugnada en el papel. El Gobierno ya ha perdido esta batalla.
El autor fue Presidente de la República
El autor fue Presidente de la República
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