Era previsible, la OEA está dirigida por un chileno y tiene un lobby internacional más fuerte. Es, además, la consecuencia de la improvisación y de las arremetidas hormonales en política exterior.
En lugar de acusar a Chile ante la OEA por su ambigüedad y actitud dilatoria durante 132 años y pedir el cumplimiento de la Resolución de 1979 que multilaterizaba el asunto, nuestro Canciller pidió a Chile bilaterizarlo otra vez ¿En qué quedamos? Ésta era la ocasión de pedir que el tema se someta a la mediación de la propia OEA, de UNASUR o de algún país idóneo, precisamente en cumplimiento de la Resolución de 1979. La mediación internacional tiene bases realistas y factibles, la Cancillería debió convertir la solidaridad internacional, con la que contamos, pero intrascendente hasta hoy, en trascendente, logrando una resolución novedosa e imaginativa que destrabe el conflicto.
Si en otra arremetida insensata se intenta denunciar el Tratado de 1904 unilateralmente, generaría un escenario de hostilidad y ruptura jurídica grave, que no dejará indiferente a Chile y tendría resultados impredecibles. Denunciar un tratado internacional es un acto agresivo dentro del Derecho Internacional Público, significa “desconocerlo” y el solo anuncio imprudente, ya ocasionó la desproporcionada, pero comprensible reacción de Chile.
Si se intenta pedir la revisión de este Tratado, no existe ningún precedente de tipo jurídico que permita una revisión de tratados limítrofes. Tampoco se cambian unilateralmente ante Tribunal alguno, y si así fuera sería el caos mundial. Acudir al Tribunal de Justicia de La Haya pretendiendo revisar los límites y territorios cedidos a perpetuidad, es perder el tiempo y las energías porque este Tribunal se declaró incompetente, lo consideró “inadmisible”, en base al mismo criterio del pacto de Bogotá que impide a la Corte de La Haya conocer de asuntos ya resueltos por tratados celebrados antes de 1948.
Tampoco podemos recurrir a ningún país o al Tribunal de Arbitraje de La Haya, porque está condicionado a que los países involucrados admitan la existencia de una controversia, que el arbitraje sea a pedido por ambos países y que se haya agotado la negociación diplomática.
En este contexto, la diplomacia nacional tiene dos vías para proceder:
1. Al haberse capitulado sobre el carácter multilateral, el nuevo fiasco internacional para el país continuará con la “rogativa” a Chile para volver a negociar bilateralmente, en un diálogo de sordos, sin plazos ni resultados vinculantes.
2. El incumplimiento por parte de los gobiernos del artículo No. 2 de la Carta de la OEA y de la Resolución de 1979, que multilateraliza el asunto, debería provocar la “denuncia de la carta de la OEA”, por parte de Bolivia, es decir, el retiro de este organismo, como precedente de la indolencia internacional.
En todo caso, el problema subsiste, pero las reivindicaciones históricas no se imponen jurídicamente, se provocan o se negocian.
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