El plazo que le otorgó el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, al comandante de la Policía Nacional, Ciro Farfán, para erradicar la corrupción de la institución fenece en 30 días más. Como se puede comprender el plazo que se inició el viernes 11 de marzo pasado abarcaba no más de tres meses.
El tiempo parece muy corto en relación a una tarea que por su magnitud se supone que debe obedecer a planes y programas, a estudios y decisiones del más alto nivel de suyo delicadas y que comprometerían el futuro de la Policía Nacional.
Es comprensible también que el Presidente hubiese otorgado un plazo en relación a un trabajo que ha quedado pendiente desde hace muchos años, y que en realidad se ha convertido en un asunto que importa la estructura de la institución policial, pues cuando se trata de la corrupción se está hablando de uno de los males que la aqueja y que poco se ha hecho para superarlo.
Los casos de corrupción en la Policía no han cesado durante estos meses y por el contrario se han conocido actuaciones ilícitas de extorsión de parte de algunos policías, el caso de otro que conducía una camioneta clonada de Diprove y que según hace presumir a las más altas autoridades del Ministerio de Gobierno, podría estar relacionado con una red de traficantes de vehículos ilegales que ingresan al país y que transitan por calles de las principales ciudades del país. En realidad los casos de corrupción no han sido frenados, pese a las buenas intenciones de las autoridades y más allá de las instrucciones para empezar a luchar contra este flagelo que socava a una institución que tiene el mandato constitucional de preservar el orden público y de proteger la seguridad física de las personas y de sus bienes.
Los reiterados casos de corrupción han mellado uno de los pilares más importantes en el que se basa el trabajo policial y que es la confianza de los ciudadanos. Sin embargo, no se trata de echar sombras a toda la institución porque en la misma, quizá una mayoría de sus miembros, se rigen bajo principios institucionales. De lo que se trata es que la Policía tenga el suficiente valor y la entereza a través de sus más altas autoridades para depurar los cuadros que se encuentran copados por la corrupción y al mismo tiempo descubrir grupos que han logrado poder interno en niveles de mando y que no hacen nada para cambiar la situación o son parte misma del problema.
Hay que esperar en este intento de desterrar la corrupción policial, qué resultado tiene la Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía que está en plena vigencia y que ha creado la figura del agente encubierto para investigar presuntos hechos de corrupción entre el mismo personal policial. Como se ha dicho en diferentes oportunidades, cuando se analizan problemas de fondo en el orden de la institucionalidad del país, las leyes pueden tener la mejor intención en la consecución de sus objetivos y en la buena voluntad de los legisladores que las propugnan, pero en el plano de su aplicación hay que observar que guarden relación con realidades concretas, es decir, que si no se las ejercita pueden perecer en su propia caducidad.
Hay que esperar cuáles son las acciones concretas que está llevando adelante la máxima autoridad policial.
El Comandante policial ha señalado que no está contando los días ni las horas ni los segundos y que se ha trazado metas que las está cumpliendo, ojalá que sea así, pero no se puede ocultar la anticipada incredulidad, frente a la magnitud del problema.
El tiempo parece muy corto en relación a una tarea que por su magnitud se supone que debe obedecer a planes y programas, a estudios y decisiones del más alto nivel de suyo delicadas y que comprometerían el futuro de la Policía Nacional.
Es comprensible también que el Presidente hubiese otorgado un plazo en relación a un trabajo que ha quedado pendiente desde hace muchos años, y que en realidad se ha convertido en un asunto que importa la estructura de la institución policial, pues cuando se trata de la corrupción se está hablando de uno de los males que la aqueja y que poco se ha hecho para superarlo.
Los casos de corrupción en la Policía no han cesado durante estos meses y por el contrario se han conocido actuaciones ilícitas de extorsión de parte de algunos policías, el caso de otro que conducía una camioneta clonada de Diprove y que según hace presumir a las más altas autoridades del Ministerio de Gobierno, podría estar relacionado con una red de traficantes de vehículos ilegales que ingresan al país y que transitan por calles de las principales ciudades del país. En realidad los casos de corrupción no han sido frenados, pese a las buenas intenciones de las autoridades y más allá de las instrucciones para empezar a luchar contra este flagelo que socava a una institución que tiene el mandato constitucional de preservar el orden público y de proteger la seguridad física de las personas y de sus bienes.
Los reiterados casos de corrupción han mellado uno de los pilares más importantes en el que se basa el trabajo policial y que es la confianza de los ciudadanos. Sin embargo, no se trata de echar sombras a toda la institución porque en la misma, quizá una mayoría de sus miembros, se rigen bajo principios institucionales. De lo que se trata es que la Policía tenga el suficiente valor y la entereza a través de sus más altas autoridades para depurar los cuadros que se encuentran copados por la corrupción y al mismo tiempo descubrir grupos que han logrado poder interno en niveles de mando y que no hacen nada para cambiar la situación o son parte misma del problema.
Hay que esperar en este intento de desterrar la corrupción policial, qué resultado tiene la Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía que está en plena vigencia y que ha creado la figura del agente encubierto para investigar presuntos hechos de corrupción entre el mismo personal policial. Como se ha dicho en diferentes oportunidades, cuando se analizan problemas de fondo en el orden de la institucionalidad del país, las leyes pueden tener la mejor intención en la consecución de sus objetivos y en la buena voluntad de los legisladores que las propugnan, pero en el plano de su aplicación hay que observar que guarden relación con realidades concretas, es decir, que si no se las ejercita pueden perecer en su propia caducidad.
Hay que esperar cuáles son las acciones concretas que está llevando adelante la máxima autoridad policial.
El Comandante policial ha señalado que no está contando los días ni las horas ni los segundos y que se ha trazado metas que las está cumpliendo, ojalá que sea así, pero no se puede ocultar la anticipada incredulidad, frente a la magnitud del problema.
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