El traspaso de la administración del servicio de identificación a la sociedad civil después de haber permanecido largamente bajo la tutela de la Policía ha resultado de la más reciente crisis de la institución verdeolivo carcomida por la corrupción, un crónico mal que hizo rodar la cabeza de su comandante sorprendido en un caso de clonación de placas para motorizados. Fue el propio presidente del Estado Plurinacional que determinó el cambio del jefe policial y, casi al mismo tiempo, el Ministerio de Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa los proyectos para la implementación del Servicio General de Registro Ciudadano y del Servicio General de Licencias de Conducir; el primero como una unidad descentralizada a cargo de aquel despacho y el segundo dependiente del Ministerio de Obras Públicas por ser un servicio de su competencia.
Personal civil operará en ambas unidades que serán totalmente desvinculadas de la Policía para garantizar una prestación “idónea y transparente”, según el anuncio del ministro de Gobierno.
El expresidente de la ex Corte Nacional Electoral (CNE) Antonio Costas fue invitado para dirigir e implementar el proyecto una vez que el presidente Evo Morales promulgue la nueva ley en el transcurso de esta semana. También está pendiente la asignación presupuestaria para que las nuevas reparticiones de identificación entren en funcionamiento, lo que se anticipa de un muy elevado costo mientras que para el ciudadano común tendrá sus bemoles el cambio de número de su carné de identidad que tomará el nombre de Documento Único de Identificación (DUI).
En manos de la Policía, la extensión de cédulas de identidad y de licencias de conducir se había convertido en un filón de la corrupción al constituir –además de asegurarle generosos ingresos económicos- motivo de exacción permanente al ciudadano necesitado de esos documentos cuyo trámite, por si fuera poco, se cumplía en condiciones insufribles: largas colas, trámites interminables, sistemas obsoletos, hacinamiento en estrechas dependencias y hasta malos tratos, entre otras cosas.
Y aunque la medida gubernamental ha sido respaldada por oficialistas y opositores que sugirieron que el Tribunal Supremo Electoral tenga a su cargo las identificaciones y los municipios las licencias de conducir como sucede en otros países, hay margen para las susceptibilidades teniendo de por medio las elecciones de las autoridades judiciales en octubre próximo y los conos de sombra que se extendieron sobre anteriores procesos electorales en el país.
Es de esperar que los civiles que sean convocados no terminen también ensuciándose las manos y llenándose los bolsillos en el control y la administración de tan importantes servicios que cotidianamente demanda el ciudadano. Que en tal caso, el remedio no vaya a resultar peor que la enfermedad. (Editorial de El Deber, SC.)
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