La postulación de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo al Premio Nobel de la Paz motiva algunas reflexiones sobre el apoyo explícito del Estado argentino y sus funcionarios a determinadas entidades que continúan manteniendo una visión sesgada respecto de la dolorosa década del 70.
El galardón para el que se propone a la organización liderada por Estela de Carlotto debería ser otorgado a quien lograra cerrar con justicia, para todos los actores, las heridas del conflicto que desde hace décadas produce enfrentamientos, en algunos casos muy graves, entre los argentinos.
Buscar la identidad de los hijos de personas desaparecidas es indudablemente meritorio por su intención reparadora, por la sensibilidad del acto y, en definitiva, por el pleno ejercicio de justicia que ello lleva implícito.
No obstante, algunas de las acciones que apuntan a aquel objetivo pueden colisionar con las libertades individuales de las personas cuando las supuestas víctimas son adultas y no desean conocer su origen. El caso de Marcela y Felipe Noble es una clara muestra del avasallamiento de los derechos humanos en nombre de los derechos humanos. Otro caso controvertido, denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es el de Roberto Julián Gutiérrez, un joven sindicado erróneamente como nieto de Estela de Carlotto, que se enteró de que era adoptado cuando se tramitaba en un juzgado la obtención de su patrón genético; el joven sufrió un grave daño moral al enterarse de circunstancias personales que hubiera preferido conversar con sus padres.
Es verdad que para motorizar cambios es necesaria la voluntad política, pero si ésta se ejerce sin límites morales, como en los casos citados, se transforma en expresión cabal del autoritarismo.
Un defensor de los derechos humanos no puede olvidar que su lucha siempre debe ser en favor de la libertad para todos y velar por el control de gobiernos que suelen verse tentados a avasallar los derechos individuales.
En tal sentido, la lucha por los derechos humanos puede quedar deslegitimada cuando pasa a ser un instrumento funcional a intereses de una fracción política, especialmente cuando se trata de un gobierno que no respeta los derechos de las víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos desde organizaciones terroristas y que bastardea la bandera de los derechos humanos para someter a quienes considera sus acérrimos enemigos.
La funcionalidad a un gobierno que, por ejemplo, emplea casi permanentemente el pretexto de la defensa de los derechos humanos para intimidar a algunos medios de prensa puede terminar desacreditando el valor de muchas acciones de organizaciones civiles que, en su momento, se habían hecho merecedoras de un bien ganado prestigio.
Estela de Carlotto está transitando activamente el mundo de la política y reclamando protagonismo. La participación política siempre debe ser bienvenida, pero los intereses partidarios no deben nunca condicionar la indispensable independencia que debe mantener quien milita en una organización no gubernamental cuyos fines están íntimamente vinculados al contralor de los actos y eventuales abusos de poder de las autoridades públicas.
Sería altamente positivo, para su propia organización y para la necesaria pacificación del país, que las integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo no abrazaran una versión distorsionada de la verdad histórica, en la cual voluntariamente desaparecen muchas víctimas inocentes del terrorismo de los años 70, como Rosita Caro, una niña de siete años muerta por el estallido de una bomba, por citar sólo un ejemplo.
Si Estela de Carlotto aspira realmente a obtener el Premio Nobel de la Paz para su organización, debería emplear un discurso mucho más inclusivo y superador, que comprenda una visión integral de nuestro pasado trágico. Cualquier otro discurso que fomente la inequidad o la discriminación de seres humanos que sufrieron directa o indirectamente las consecuencias de episodios aberrantes resulta consagratorio de la impunidad por omisión.
La simpatía de Estela de Carlotto hacia los gobiernos más totalitarios y antidemocráticos de nuestra región, como los de Cuba y Venezuela, sobre cuyos gravísimos y aberrantes crímenes contra opositores y disidentes nada ha dicho, tampoco puede contribuir a crear una amplia corriente de apoyo nacional y mundial al otorgamiento del Nobel de la Paz.
En conclusión, todo argentino que aspire a un galardón internacional tan trascendente debería bregar por el reencuentro y la reconciliación de sus compatriotas, algo que difícilmente se logre si se apoya un tratamiento desigual por parte de la Justicia respecto de quienes estuvieron enfrentados en los años 70 y se consiente una manipulación de los derechos humanos al servicio de mezquindades políticas.
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