Bolivia: Se debe condenar de manera inequívoca la violencia por parte de turbas
Los ataques por motivaciones políticas amenazan el estado de derecho
(Washington, DC, 12 de marzo de 2009) – El gobierno boliviano debe repudiar de manera clara e inequívoca los ataques sufridos por la familia del ex Vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas a manos de una turba, y abstenerse de efectuar cualquier tipo de declaración que pudiera interpretarse como tolerancia frente a tales actos de violencia, señaló hoy Human Rights Watch. La organización también instó al gobierno boliviano a asegurar que se investiguen de manera inmediata e imparcial estos y otros ataques recientes dirigidos tanto a partidarios del gobierno como a miembros de la oposición.
El 7 de marzo de 2009, cientos de campesinos indígenas habrían ocupado y saqueado la vivienda de Cárdenas en Sankajahuira, aproximadamente a 90 kilómetros al oeste de La Paz. La multitud golpeó a la esposa, a los hijos y al sobrino de Cárdenas con palos y chicotes, y los obligaron a salir de la vivienda. El ex Vicepresidente, que ha sido un abierto opositor al gobierno del Presidente Evo Morales, no se encontraba en el lugar durante los sucesos. Su esposa, Lidia Catari, su hija, Sami, de 15, y su hijo Irumaki, de 24, ingresaron ese mismo día a un hospital de La Paz debido a las lesiones que sufrieron durante el ataque.
Estos ataques se producen en Bolivia en un momento en que se viven crecientes agresiones entre las fuerzas afines al gobierno y de oposición. En mayo de 2008, en Sucre, una turba habría obligado a partidarios del gobierno a desvestirse y a quemar banderas tradicionalmente indígenas y banderas del partido oficialista. Además, según señalan varios artículos de prensa, en diciembre del año pasado, en Santa Cruz, un grupo de opositores al gobierno arrojó una bomba molotov contra la vivienda de un asambleísta oficialista, provocando un incendio en la vivienda.
“Los responsables de esos brutales actos deben rendir cuentas por ellos, y los más altos funcionarios deben transmitir un mensaje claro de que, bajo ninguna circunstancia, tales actos están justificados”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
En una conferencia de prensa, el Presidente Morales lamentó los ataques y manifestó que el gobierno no había tenido ninguna participación. Sin embargo, de acuerdo con varias fuentes periodísticas, el Presidente Morales expresó luego que “el pueblo no aguanta ni perdona a los traidores". Agregó que Cárdenas “ha estado mintiendo sobre su persona, el Gobierno y la nueva Carta Magna” y “estas mentiras causan reacción”. Del mismo modo, después de solicitar una investigación del incidente en una entrevista de prensa, el Vicepresidente Alvaro García Linera dijo “lo que Víctor Hugo Cárdenas debe preguntarse es qué daño habrá hecho a sus vecinos, a los pobladores, a las personas de su comunidad y de la provincia, para que esos pobladores lo repudien”.
Cárdenas, un líder político indígena que se desempeñó como Vicepresidente de Bolivia entre 1993 y 1997, hizo campaña abiertamente contra la nueva constitución que el gobierno de Morales sometió a referéndum. La nueva constitución fue aprobada en enero de 2009.
“Al mismo tiempo que los líderes bolivianos toman distancia de la turba y critican la violencia, sus declaraciones públicas sugieren que los ataques pueden haber sido justificados”, señaló Vivanco. “Esa ambigüedad atenta contra el estado de derecho en Bolivia”.
Los cabecillas del ataque contra la familia de Cárdenas dijeron a la prensa que habían tomado esa medida contra Cárdenas “por financiar la campaña del ‘no’” contra la nueva constitución y por haber traicionado a su pueblo.
“El gobierno tiene la responsabilidad de asegurar el derecho a la libertad de expresión y asamblea, incluyendo a través de manifestaciones políticas”, señaló Vivanco. “Sin embargo, también debe garantizar que estas no degeneren en violencia colectiva o pongan en peligro a los ciudadanos”, señaló Vivanco.
Para mayor información sobre el trabajo de Human Rights Watch sobre Bolivia diríjase a:
http://www.hrw.org/es/americas/bolivia
Para obtener más información, por favor contactar:
En Washington, DC, José Miguel Vivanco (español, inglés): +1-917-379-1180 (celular)
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