Copamiento de Poderes
El Gobierno desesperado por lograr estabilidad está cometiendo gruesos errores, como pretender copar los Poderes del Estado a como dé lugar, no existe otra explicación para su intento por descabezar las principales instituciones del país, como es la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República, la Cámara de Senadores y otras, que le impiden imponer sus criterios, sin ajustarse a la Constitución Política del Estado que dispone la independencia de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Esto no es respetado por la administración gubernamental del presidente Evo Morales Aima, que recurre a la confrontación para distraer la atención de la ciudadanía y mostrarse ante la población como un adalid que lucha contra la corrupción que se comete en instituciones y organizaciones ajenas al Ejecutivo. La ciudadanía sabe que el gobierno del MAS recurre a una serie de argucias para desprestigiar a toda persona, real o jurídica, que no sea de su agrado o que considere peligrosa para sus planes, como ocurrió desde que el partido fundado con base en el movimiento social de los cocaleros se instaló en Palacio de Gobierno, con la misión de hacerse de todas las instituciones u organizaciones que tienen un relativo poder, con la finalidad de imponer sus criterios sin que haya oposición.
Lo claro es que el MAS no sabe cómo puede ejecutar un programa de gobierno, porque a más de tres años de haber asumido el mando de la Nación, nada bueno ha realizado a favor de los bolivianos, sino que recurre a una estrategia distraccionista con la finalidad de evitar que los ciudadanos perciban la grave crisis económica en la que se encuentra Bolivia. Además el Jefe de Estado nos tiene acostumbrados a los enfrentamientos con diferentes sectores de la sociedad civil, como los comités cívicos, medios de comunicación, trabajadores de la prensa, Iglesia Católica, Poder Judicial y otros sectores que eran considerados enemigos del proceso de cambio que propone el MAS, aunque en la práctica nada se ha hecho para que sea realidad.
Queda demostrado que el gobierno del MAS está empeñado en controlar y copar las principales instituciones del Estado, para evitar que se descubra los actos de corrupción que son cometidos en la administración pública por dirigentes, militantes o gente afín al partido de gobierno, y que sean sancionados de acuerdo con lo que dispone la ley. Para ello qué mejor que tener el control de la justicia ordinaria, del Ministerio Público y de la Policía Nacional, los primeros para que emitan fallos favorables a los gobernantes, los segundos para ponerse a órdenes de los gobernantes y los terceros para dirigir las investigaciones para favorecerlos y en contra de los opositores. Un ejemplo de ello es el caso de Leopoldo Fernández, quien guarda detención sin que se lo someta a un juicio claro, justo y transparente, en tanto se los libera de culpa y se quiere absolver a dirigentes y militantes del partido de gobierno involucrados con el narcotráfico y cuyas relaciones y actividades fueron descubiertas en posesión de kilogramos de cocaína, como sucedió con las hermanas de la dirigente masista Margarita Terán.
Precisamente para tener una justicia sumida y que responda a los intereses y designios de los gobernantes, en las últimas horas diputados masistas que controlan la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobaron una imputación formal en contra del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, por un supuesto delito de retardación de justicia, concretamente en el juicio de responsabilidades al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y varios de sus colaboradores, como también en contra del ex prefecto de La Paz Luis Alberto Valle y contra el exministro de salid Tonchi Marinkovich. Esto demuestra que existe un móvil político para descabezar el máximo tribunal de justicia de Bolivia para controlar el Poder Judicial y manejar los procesos a su antojo, por medio de los jueces que designará políticamente sin tomar en cuenta méritos y capacidad profesional.
Resulta incomprensible la forma de actuar de los diputados masistas que firman resoluciones sin conocer el fondo del problema. Es el caso de un diputado que en las reuniones de la comisión es quien más cuestiona la retardación de justicia de la Corte Suprema y sindica al presidente de la misma. Cuando los periodistas le preguntan por su forma de actuar, cae en el ridículo al no sostener valientemente lo que propuso como miembro de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, y se escuda en el hecho de que no se trata de una condena, sino que es una imputación y nada más. Esta es una demostración de falta de valor civil de aquel que comete una irregularidad y cuando es cuestionado por la sociedad quiere lavarse las manos a costa de sus compañeros de partido, responsabilizándolos de ese error.
Lo que busca el oficialismo es devaluar la justicia boliviana, recurriendo a artimañas, para controlar al Poder Judicial y manipular a su antojo los procesos que le son convenientes y archivarlos o rechazar aquellos que le perjudican, sobre todo ahora que se descubrió la corrupción de gente del MAS y que se la quiere tapar o minimizar. Esta realidad nadie la puede negar, por el interés que está demostrando el Ejecutivo para copar los otros poderes del Estado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario