el diario de las américas ha enviado a un corresponsal para informarse de fuentes directas y comunicar lo visto en Bolivia, donde la corrupción de los masistas, les está haciendo olvidar el ama sua, y el ama llulla (no robar, no mentir) de sus ancestros, dizque "su" religión cósmica (?)
Santos Ramírez, presidente de la petrolera estatal YPFB, era el brazo derecho de Evo Morales
El Movimiento al Socialismo (MAS) se presentó ante los bolivianos como símbolo de la ética y la honradez. Al asumir Evo Morales la presidencia, anunció el inicio de un cambio de conducta y moralidad. Los dirigentes del partido gubernamental MAS levantaron el dedo acusador contra todo y contra todos; a diestra y siniestra denunciaron un pasado de corrupción y prebendas. Todos estarían manchados por la rapiña menos ellos.
Tres años después, el asesinato del empresario Jorge O’Connor, director de la compañía Catler Uniservice, cuando se disponía a pagar un elevado soborno de 450.000 dólares a familiares de Santos Ramírez, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la petrolera estatal, destapó una cloaca de podredumbre que mancha al ejecutivo y cuestiona gravemente la gestión del presidente Evo Morales.
El asesinato de Jorge O’Connor sacó a la superficie una millonaria red de corrupción que involucra a altos funcionarios de YPFB, familiares de la esposa de Santos Ramírez, empresas fantasmas, fundaciones y gente del hampa con amplio prontuario delictivo. El caso Santos Ramírez muestra la punta de un gran iceberg de corrupción que nadie quería reconocer y que, incluso, se negaba su existencia.
El diario "Los Tiempos" de Cochabamba señala que "en el Gobierno actual la corrupción ya no es una nota singular o particular de algunos alcaldes o líderes de segundo rango, sino alcanza a los altos niveles del Estado, tal como lo denunció no sólo Alex Contreras, ex portavoz oficial de Evo Morales y otrora ferviente militante del MAS, sino también Rafael Puente, ex prefecto de Cochabamba, sólo por citar unos casos, por cuanto la lista podría tornarse interminable, manchando incluso a la fiscalía, tal como un medio de comunicación ha denunciado".
Gracias a un soborno millonario, el contratista muerto ganó el concurso para instalar una gran planta de procesamiento de gas en el sur del país. YPFB adjudicó en forma directa a Catler Uniservice, una desconocida empresa boliviano-argentina que fue creada a toda prisa, un contrato de 86 millones de dólares. Según el diario "La Razón", Santos Ramírez "habría recibido dinero de diezmo [soborno] en dos ocasiones previas", antes de que un empresario fuera asesinado para arrebatarle 450.000 dólares de la mordida que iban a recoger familiares políticos del presidente de la empresa. El caso ha reflotado la vieja práctica de cobrar coimas del 10% a los empresarios por obras que ejecutan para el Estado. El contralor general Gabriel Herbas dijo que el contrato entre YPFB y la compañía del asesinado no fueron registrados en ese organismo, tal como ordena la norma.
La oposición al presidente Morales, quien hizo de la honestidad y transparencia la "bandera" de su Gobierno, se apresuró a denunciar que el dinero que le robaron a O’Connor estaba destinado a pagar una "coima" (comisión ilegal). Los adversarios políticos del Gobierno aseguran que Ramírez pudo cometer múltiples actos de corrupción gracias a que rige un decreto que permite contratar bienes y servicios sin licitaciones y porque los fondos pasan a fideicomisos que salen del control del Ministerio de Hacienda.
Trama de corrupción y podredumbre
Poco a poco salió a la luz toda una trama de corrupción y podredumbre que obligó al Gobierno a intervenir YPFB y a poner al frente de la empresa a Carlos Villegas, una especie de "comodín" de Morales que ha ocupado los cargos de ministro de Planificación y de Hidrocarburos.
Contratos lesivos al Estado (que no podrá recuperar 35 millones de dólares destinados a la carta de crédito y parte del fideicomiso para la instalación de la planta separadora de líquidos), cohecho pasivo, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, asociación delictuosa, obstaculización de justicia y uso indebido de influencias durante el ejercicio de su cargo, son las acusaciones formuladas contra Santos Ramírez y varios de sus colaboradores.
Por si las denuncias existentes fueran insuficientes, a la fecha se continúan descubriendo actos de corrupción en la petrolera estatal: se ha sabido que Santos Ramírez creó una empresa irregularmente (Servicios a la Industria Petrolera S.A.) con 140 funcionarios bajo el mando del dirigente del MAS en Santa Cruz, Rogelio Ashimine.
El senador Ernesto Justiniano, del partido opositor Podemos, declara a "La Vanguardia" que aunque Santos Ramírez ya está en la cárcel capitalina de San Pedro, "el enmarañado de corrupción existente no solo en YPFB está lejos de ser desentrañado". Según el parlamentario, resulta difícil creer que Santos, a pesar de todo el poder que tenia en sus manos, "tejió él solo esa telaraña de negocios ilícitos ligados a empresas y bancos extranjeros". Y añade: "Es claro que existieron disposiciones, decretos supremos firmados por Evo Morales y su gabinete, que posibilitaron que Santos se moviera con soltura y pudiera perpetrar sus negociados sin interferencia alguna. No se trata por tanto de una simple actitud personal de alguien que aprovechó una oportunidad para enriquecerse ilícitamente".
Justiniano subraya que la corrupción en YPFB era tan evidente que "es imposible creer que nadie se haya percatado de lo que ocurría en esa empresa que, de acuerdo a la propaganda gubernamental, estaba llamada a ser la locomotora que conduciría el desarrollo nacional".
La analista Mariella Pereyra Ortiz señala en el diario "La Razón" que sería ejemplar que "se investigue y se descubra lo que es un secreto a voces: las prácticas ilegales y antiéticas de la administración pública boliviana no son patente sólo de gobiernos neoliberales y de burócratas oligarcas".
La imagen de Evo Morales está golpeada por este escándalo, el segundo que se descubre en unas semanas. El ministro de Gobierno, Juan Ramón Quintana, hombre fuerte del ejecutivo, está implicado en un sonado caso de contrabando de mercancías en 33 camiones que habría facilitado su tránsito desde Chile a Brasil; el ministro, a quien por su influencia y poder se le llama el Vladimiro Montesinos de Evo Morales, también es acusado de planificar el enfrentamiento entre campesinos de la provincia de Pando que ocasionó 13 muertos.
El economista y analista político Carlos Toranzo señala que el MAS cometió el error de la soberbia: "Escupió tan alto y con tanta fuerza, que todo lo que lanzó al aire, hoy le cae violentamente sobre sus espaldas. Nadie podrá creer en sus discursos éticos".
La oposición desconfía de la imparcialidad de policías y fiscales
El Gobierno movilizó a la policía, fiscales y a su equipo anticorrupción para investigar el asesinato del empresario Jorge O"Connor, pero la oposición desconfía de la imparcialidad de policías y fiscales. "Los investigadores del Gobierno no ofrecen garantías de imparcialidad y objetividad", señaló el diputado opositor Fernando Messmer.
Los comentaristas destacan que la corrupción en YPFB abre interrogantes sobre la capacidad del Estado para llevar a cabo la nacionalización efectiva de los recursos naturales.
El crimen del empresario tuvo gran repercusión al involucrar al hombre de mayor confianza de Morales, que es uno de los fundadores del MAS. Santos Ramírez asumió el cargo con la misión de convertir a YPFB en una empresa "honesta, eficaz y pujante". La oposición denuncia que ha ocurrido todo lo contrario: YPFB se ha convertido en botín político del oficialismo.
Morales se vio forzado a destituir a Santos Ramírez ante los serios indicios de que iba a recibir un cuantioso soborno de Catler Uniservice que, según las investigaciones, podría ser una compañía de pantalla. Santos Ramírez está preso en una cárcel de la capital.
Un incidente criminal de la peor especie
Santos Ramírez era un peso fuerte del Gobierno, muy cercano a Evo Morales desde hace años. No se trataba de un oscuro funcionario de segunda que sacaba su tajadita con contratos de papelería o computadoras. "Estamos hablando –señala el periodista Ilya Fortín- de un incidente criminal de la peor especie, una inmensa caja negra de coimas y diezmos en la empresa bandera de la nacionalización y eje central del cambio; de las andanzas de un poderoso, rumoreado muchas veces como posible sucesor del presidente Morales; de sumas millonarias, clanes, proxenetas, sicarios, gerentes tragándose documentos con información incriminatoria; de vinculaciones transversales al arco de los partidos (prueba de que la podredumbre no tiene bandera). Mierda en todas sus gamas, pero mierda al final".
El 1 de Mayo de 2006, Evo Morales decretó con gran parafernalia la nacionalización de los recursos energéticos de Bolivia. Discursos retóricos, ocupación por el Ejército de las instalaciones petrolíferas, lucimiento de cascos -civiles y militares-, proclamas de que se recuperaba la dignidad nacional y de que se ponía fin a la explotación y al sometimiento. Se anunciaron grandes inversiones y se ensalzó a YPFB, una empresa modelo que sería la envidia de América.
YPFB estaba predestinada a ser la empresa estrella después de la nacionalización de los hidrocarburos. Sin embargo, en vez de una compañía ejemplo de competitividad y eficiencia, se convirtió en un botín para beneficio personal de altos cargos que han podido operar sin control ni fiscalización. En tres años, YPFB ha tenido seis presidentes. Varios tuvieron que dejar el cargo por corrupción. Los casos de corrupción descubiertos cuestionan la eficacia del Gobierno en la administración de las empresas nacionalizadas de hidrocarburos.
La situación llegó al extremo de que la gente se pregunta si el Estado es un buen administrador. "La gestión de YPFB nos genera serias dudas sobre la forma en que se realizarán contratos y si éstos no serán lesivos para el país", dijo Eduardo Paz, principal directivo de Cainco, que agrupa a empresarios e industriales de Santa Cruz. En un discurso que pronunció en el pasado mes de diciembre, el propio Evo Morales dijo que YPFB estaba invadida por la "corrupción y la burocracia". La admonición del presidente hizo que el ahora preso Santos Ramírez, organizara una unidad anticorrupción "para garantizar el desarrollo transparente" en la petrolera estatal. Santos Ramírez fomentó la impostura de la honradez a carta cabal, vilipendiaba a diestra e insultaba a siniestra sobre los corruptos y saqueadores de anteriores gobiernos.
Morales llegó al gobierno con una aureola de anticorrupción. Ha alardeado de que alcanzó la presidencia gracias a su honestidad. Y se ha jactado de que durante sus tres años de gobierno logró sacar a Bolivia del "subcampeonato mundial" de la corrupción. El escándalo de YPFB le estalló en las manos en el peor momento, en vísperas de la promulgación de una polémica Constitución centralista, de corte indigenista, con mayor control de la economía por parte del Estado.
La prensa local revela a diario capítulos del escándalo como si se tratara de una trama de telenovela en medio del hermetismo de las autoridades que eluden revelar detalles de las investigaciones. La agencia EFE subraya que el escándalo de corrupción más grave de la "era Morales" estalló con un asesinato y aires de novela negra, pero comenzó a adquirir tintes de "realismo mágico" con la irrupción de rupturas sentimentales y hasta adivinos.
El abogado José Luis Orihuela Aquin comenta en "La Razón", diario de La Paz, que cuando el Gobierno nacionalizó YPFB le dijo al país que sería la empresa estrella y el motor de la economía y del desarrollo nacional, porque generaría los recursos para luchar contra la pobreza. No han pasado aún tres años cuando YPFB atraviesa por la peor crisis de corrupción que se haya vivido antes y después de la privatización. El letrado recalca que el escándalo tiene su origen en que el presidente Morales designa autoridades "a dedo", con un perfil político y no profesional especializado en el área petrolera. "El resultado obvio es la ineficiencia de la empresa y los actos de corrupción", afirma Orihuela Aquin.
Evo Morales: "A ningún corrupto se perdona"
En el acto de promulgación de la nueva Carta Magna, el presidente Evo Morales tuvo que referirse a este caso. "A ningún corrupto se perdona, sea masista o no masista (refiriéndose a los militantes del partido de gobierno). Corruptos a la cárcel, sean familiares o no familiares", dijo.
Por su parte, el vicepresidente Álvaro García Linera, dijo que "la persona que tenga indicios de corrupción serios tendrá que vérselas con la Justicia y el gobierno no protegerá, no encubrirá, no apañará absolutamente a nadie". "Si hemos hecho esto con el compañero Santos, no apañamos ni protegemos corrupción alguna. Y somos capaces de cortarnos una mano, de cortarnos dos manos", con tal de impedir la corrupción, dijo García Linera en alusión a la importancia que tenía Ramírez en el gobierno y en el partido de Evo Morales.
En cambio, el presidente del Senado, el opositor Oscar Ortiz, opinó que este caso muestra "la pésima administración que hay en el gobierno con las empresas públicas".
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