Carlos Sánchez Berzaín
La Constitución de Evo es nula
Luego de tres años en la Presidencia de la Republica, Evo Morales presenta la aprobación de una carta fundamental, que es la constitución de Evo; no la Constitución del Estado y menos del pueblo de Bolivia, y que es nula por las violaciones constitucionales y de derechos fundamentales que se han cometido.
Este texto constitucional durará solamente el período de intervención venezolano-cubana que hoy existe en Bolivia, que busca reelegir indefinidamente al presidente cocalero y terminar con la libertad y la democracia, llevando al país a un sistema totalitario de partido único. Podrá tener vigencia solo por imposición, sin legitimidad y con legalidad viciada de nulidad. Su aplicación estará limitada al tiempo de ejercicio del poder del gobierno actual que necesita de esta constitución para disfrazar de democrático su régimen autoritario
En tres años, Evo ha buscado el poder total y las instancias que han resistido han sido y son objeto de agresiones, persecución, acusaciones y denuncias falsas, encarcelamiento, exilio y muerte. Engaño, coacción, corrupción, calumnia, propaganda masiva con dinero de la intervención extranjera y de la coca, estatismo, neo-comunismo, sobornos, masacres y fraude electoral, son –entre otros- los instrumentos que el dirigente cocalero en ejercicio de la presidencia está operando con éxito personal y eventual.
Hoy en Bolivia no existe una sola institución independiente del poder presidencial: Evo Morales ha destrozado el Tribunal Constitucional, ha sometido a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía General y al Banco Central; ha controlado y luego acusado y anulado a la Corte Suprema de Justicia; se ha apoderado de la Corte Nacional Electoral haciendo desaparecer cualquier posibilidad de transparencia electoral; tiene el control político de los mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, a los que ha intervenido con personal cubano y venezolano; ha perseguido, encarcelado, desterrado y/o sacado de sus funciones a prefectos y autoridades elegidos por voto popular.
Es en ese marco de fuerza y atropellando toda la institucionalidad democrática que Evo ha llevado adelante la aprobación de su constitución, que marca la desaparición de la Nación Boliviana y la más seria amenaza para la confrontación permanente entre bolivianos.
Desde su convocatoria, la asamblea constituyente violó el mecanismo de reforma constitucional que establece la Constitución Política del Estado de 1995 que no permitía reformas constitucionales por el procedimiento populista de asamblea, que es el históricamente preferido para instaurar y legalizar regimenes totalitarios.
La ley de convocatoria a la asamblea constituyente estableció que la duración de ésta era de un año, determinó como lugar fijo de sesiones la capital de la República Sucre y dispuso que las decisiones se debían tomar por dos tercios de votos. Estas disposiciones fueron violadas, pues al año de funcionamiento no existía ningún proyecto aprobado por los constituyentes y la asamblea cesó funciones sin ningún resultado. Así extinguida la Asamblea Constituyente, el Congreso Nacional prorrogó el plazo de labores de la extinta constituyente y redujo el porcentaje de votación necesario para aprobar el texto, de dos tercios a mayoría, a posteriori y por acuerdo entre Evo y Jorge (Tuto) Quiroga del partido Podemos (a quien Evo presionaba con un juicio de responsabilidades por presunta corrupción).
De esta manera, reconstruyeron la Asamblea Constituyente que después de casi otro año, aprobó solo por mayoría la primera versión de su constitución en un cuartel militar en la afueras de Sucre y en medio de una masacre perpetrada por el gobierno contra los ciudadanos de esa ciudad. Luego en Oruro y en medio de la protección cocalera-sindical, terminaron la aprobación de su texto constitucional. El documento así viciosamente aprobado por la Asamblea Constituyente, fue enviado al Congreso Nacional que sin atribución constitucional alguna y por otro acuerdo Evo-Tuto, modificó el texto de la denominada “Nueva Constitución Política del Estado”.
Con estos hechos constatamos que el texto de la Constitución de Evo que fue sometido al referéndum del pasado domingo 25 de enero, no es el texto elaborado por la reconstruida Asamblea Constituyente, sino el “acordado” por Evo y Tuto Quiroga, bajo presión de los denominados “movimientos sociales” de Evo que cercaron el Congreso Nacional.
Una Asamblea Constituyente extinguida y por lo tanto ya inexistente, reconstruida cuando ya había cesado su mandato y su vigencia, que votó con menos de dos tercios, que sesionó fuera de su sede, y un Congreso que modificó el texto constitucional aprobado por esa asamblea, emitiendo sin atribución alguna el proyecto de la Nueva Constitución Política del Estado, son los hitos que marcan la creación de la constitución de Evo y los que señalan su nulidad.
Nada de lo actuado ha respetado la voluntad popular ni la democracia de donde es inevitable la aplicación del Art. 31 de la Constitución Política del Estado que manda: “son nulos los actos de quienes usurpan funciones que nos le competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley”.
Además de la nulidad por violación de los derechos fundamentales de los bolivianos y de los fundamentos del sistema democrático, resta agregar que la constitución de Evo ha sido aprobada en un referéndum caracterizado por el “fraude electoral”, sobre todo rural, que el gobierno de Bolivia está encubriendo ante el mundo haciendo uso de la Corte Nacional Electoral que es de su amaño y –nuevamente- de su bien montado aparato de propaganda. El fraude ha consistido en el denominado “voto comunitario” que es voto inducido y bajo presión que viola el principio del voto individual y secreto.
La reelección inmediata por una sola vez, recuerda el referéndum de Chávez en Venezuela el año 2001, dejando fácilmente accesibles nuevas reformas para avanzar luego a la reelección indefinida. Estatismo y centralismo, reconocimiento de más de treinta nacionalidades con el propósito de acabar con la unidad nacional, reconocimiento expreso de la confrontación étnica, destrozo de la soberanía nacional por reconocimiento de territorio a comunidades privilegiadas, desconocimiento del mandato de autonomías departamentales establecidas por voto en referendos.
Destrucción de la Corte Suprema de Justicia y de la unidad de juzgamiento, establecimiento de un grupo ciudadanos con más derechos y menos obligaciones que otros, intervención estatal en el derecho de propiedad, control estatal de la libertad de prensa, de la inversión privada y de la banca, colectivismo, control populista, desconocimiento de derechos laborales, posibilidad de reforma total de la constitución y el camino a un sistema totalitario de partido único, son -entre otros- los elementos de la Constitución de Evo que analistas, columnistas y especialistas bolivianos y extranjeros han comentado con alarma, y que nadie de los que acuden en apoyo de Evo aceptarían que rijan en sus propios países, o donde quisieran que sus hijos se eduquen y desarrollen.
Quienes apliquen o participen de la vigencia de la constitución de Evo, por acción u omisión, serán responsables política y jurídicamente de sus efectos y serán autores de la imposición de una constitución nula, que ha nacido muerta, que no es subsanable, por ser el resultado de un proceso que ha devastado la democracia en nuestro país.
Al cesar el régimen de fuerza que hoy controla Bolivia, cesará la constitución de Evo y Bolivia podrá retornar a la democracia.
El autor ex Ministro de Defensa de Bolivia. Publicado en el Diario Las Américas en su edición del 6 de febrero.
La Constitución de Evo es nula
Luego de tres años en la Presidencia de la Republica, Evo Morales presenta la aprobación de una carta fundamental, que es la constitución de Evo; no la Constitución del Estado y menos del pueblo de Bolivia, y que es nula por las violaciones constitucionales y de derechos fundamentales que se han cometido.
Este texto constitucional durará solamente el período de intervención venezolano-cubana que hoy existe en Bolivia, que busca reelegir indefinidamente al presidente cocalero y terminar con la libertad y la democracia, llevando al país a un sistema totalitario de partido único. Podrá tener vigencia solo por imposición, sin legitimidad y con legalidad viciada de nulidad. Su aplicación estará limitada al tiempo de ejercicio del poder del gobierno actual que necesita de esta constitución para disfrazar de democrático su régimen autoritario
En tres años, Evo ha buscado el poder total y las instancias que han resistido han sido y son objeto de agresiones, persecución, acusaciones y denuncias falsas, encarcelamiento, exilio y muerte. Engaño, coacción, corrupción, calumnia, propaganda masiva con dinero de la intervención extranjera y de la coca, estatismo, neo-comunismo, sobornos, masacres y fraude electoral, son –entre otros- los instrumentos que el dirigente cocalero en ejercicio de la presidencia está operando con éxito personal y eventual.
Hoy en Bolivia no existe una sola institución independiente del poder presidencial: Evo Morales ha destrozado el Tribunal Constitucional, ha sometido a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía General y al Banco Central; ha controlado y luego acusado y anulado a la Corte Suprema de Justicia; se ha apoderado de la Corte Nacional Electoral haciendo desaparecer cualquier posibilidad de transparencia electoral; tiene el control político de los mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, a los que ha intervenido con personal cubano y venezolano; ha perseguido, encarcelado, desterrado y/o sacado de sus funciones a prefectos y autoridades elegidos por voto popular.
Es en ese marco de fuerza y atropellando toda la institucionalidad democrática que Evo ha llevado adelante la aprobación de su constitución, que marca la desaparición de la Nación Boliviana y la más seria amenaza para la confrontación permanente entre bolivianos.
Desde su convocatoria, la asamblea constituyente violó el mecanismo de reforma constitucional que establece la Constitución Política del Estado de 1995 que no permitía reformas constitucionales por el procedimiento populista de asamblea, que es el históricamente preferido para instaurar y legalizar regimenes totalitarios.
La ley de convocatoria a la asamblea constituyente estableció que la duración de ésta era de un año, determinó como lugar fijo de sesiones la capital de la República Sucre y dispuso que las decisiones se debían tomar por dos tercios de votos. Estas disposiciones fueron violadas, pues al año de funcionamiento no existía ningún proyecto aprobado por los constituyentes y la asamblea cesó funciones sin ningún resultado. Así extinguida la Asamblea Constituyente, el Congreso Nacional prorrogó el plazo de labores de la extinta constituyente y redujo el porcentaje de votación necesario para aprobar el texto, de dos tercios a mayoría, a posteriori y por acuerdo entre Evo y Jorge (Tuto) Quiroga del partido Podemos (a quien Evo presionaba con un juicio de responsabilidades por presunta corrupción).
De esta manera, reconstruyeron la Asamblea Constituyente que después de casi otro año, aprobó solo por mayoría la primera versión de su constitución en un cuartel militar en la afueras de Sucre y en medio de una masacre perpetrada por el gobierno contra los ciudadanos de esa ciudad. Luego en Oruro y en medio de la protección cocalera-sindical, terminaron la aprobación de su texto constitucional. El documento así viciosamente aprobado por la Asamblea Constituyente, fue enviado al Congreso Nacional que sin atribución constitucional alguna y por otro acuerdo Evo-Tuto, modificó el texto de la denominada “Nueva Constitución Política del Estado”.
Con estos hechos constatamos que el texto de la Constitución de Evo que fue sometido al referéndum del pasado domingo 25 de enero, no es el texto elaborado por la reconstruida Asamblea Constituyente, sino el “acordado” por Evo y Tuto Quiroga, bajo presión de los denominados “movimientos sociales” de Evo que cercaron el Congreso Nacional.
Una Asamblea Constituyente extinguida y por lo tanto ya inexistente, reconstruida cuando ya había cesado su mandato y su vigencia, que votó con menos de dos tercios, que sesionó fuera de su sede, y un Congreso que modificó el texto constitucional aprobado por esa asamblea, emitiendo sin atribución alguna el proyecto de la Nueva Constitución Política del Estado, son los hitos que marcan la creación de la constitución de Evo y los que señalan su nulidad.
Nada de lo actuado ha respetado la voluntad popular ni la democracia de donde es inevitable la aplicación del Art. 31 de la Constitución Política del Estado que manda: “son nulos los actos de quienes usurpan funciones que nos le competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley”.
Además de la nulidad por violación de los derechos fundamentales de los bolivianos y de los fundamentos del sistema democrático, resta agregar que la constitución de Evo ha sido aprobada en un referéndum caracterizado por el “fraude electoral”, sobre todo rural, que el gobierno de Bolivia está encubriendo ante el mundo haciendo uso de la Corte Nacional Electoral que es de su amaño y –nuevamente- de su bien montado aparato de propaganda. El fraude ha consistido en el denominado “voto comunitario” que es voto inducido y bajo presión que viola el principio del voto individual y secreto.
La reelección inmediata por una sola vez, recuerda el referéndum de Chávez en Venezuela el año 2001, dejando fácilmente accesibles nuevas reformas para avanzar luego a la reelección indefinida. Estatismo y centralismo, reconocimiento de más de treinta nacionalidades con el propósito de acabar con la unidad nacional, reconocimiento expreso de la confrontación étnica, destrozo de la soberanía nacional por reconocimiento de territorio a comunidades privilegiadas, desconocimiento del mandato de autonomías departamentales establecidas por voto en referendos.
Destrucción de la Corte Suprema de Justicia y de la unidad de juzgamiento, establecimiento de un grupo ciudadanos con más derechos y menos obligaciones que otros, intervención estatal en el derecho de propiedad, control estatal de la libertad de prensa, de la inversión privada y de la banca, colectivismo, control populista, desconocimiento de derechos laborales, posibilidad de reforma total de la constitución y el camino a un sistema totalitario de partido único, son -entre otros- los elementos de la Constitución de Evo que analistas, columnistas y especialistas bolivianos y extranjeros han comentado con alarma, y que nadie de los que acuden en apoyo de Evo aceptarían que rijan en sus propios países, o donde quisieran que sus hijos se eduquen y desarrollen.
Quienes apliquen o participen de la vigencia de la constitución de Evo, por acción u omisión, serán responsables política y jurídicamente de sus efectos y serán autores de la imposición de una constitución nula, que ha nacido muerta, que no es subsanable, por ser el resultado de un proceso que ha devastado la democracia en nuestro país.
Al cesar el régimen de fuerza que hoy controla Bolivia, cesará la constitución de Evo y Bolivia podrá retornar a la democracia.
El autor ex Ministro de Defensa de Bolivia. Publicado en el Diario Las Américas en su edición del 6 de febrero.
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