Las operaciones efectuadas por Ramírez están autorizadas por decretos firmados por Evo Morales
Caso “petrocoima” compromete a Morales, a su hermano y a Villegas
Las consecuencias financieras y políticas de la firma del contrato entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Catler Uniservice para la instalación de una planta de separación de líquidos por 86,3 millones de dólares, conocido como el caso “petrocoima”, alcanza al jefe cocalero y presidente del Estado, Evo Morales Ayma, su hermano Hugo Morales Ayma y el ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas.
Según la información acopiada por el Ministerio Público a partir de declaraciones de los implicados y la comisión especial del Senado que investiga el hecho, el presidente ejecutivo interino de YPFB Santos Ramírez actuó amparado en dos decretos emitidos por el presidente Morales, mientras que el hermano de éste, tenía una relación muy cercana con los hermanos Luis y Ernesto Córdova, principales sospechosos del asunto conocido a raíz del homicidio del representante de la Catler, Jorge O´Connor para arrebatarle 450.000 dólares en efectivo que fueron retirados minutos antes del Banco de la Unión.
Por su parte, el entonces ministro del área, Carlos Villegas, debió haber conocido los términos del contrato, la adjudicación de la obra y la firma del acuerdo, así como las irregularidades cometidas en el proceso. “Pese a que YPFB es autárquica el Ministerio tiene representación en el directorio (por tanto) debía saber y debe responder por ello”, sostuvo el presidente de la comisión, el senador por el Beni, Walter Guiteras.
LOS MORALES
De acuerdo al resultado de los análisis realizados en la comisión, así como la documentación que cursa del Ministerio Público y en manos de la ahora ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, las operaciones efectuadas por Ramírez Valverde están autorizadas por los decretos firmados por el presidente Evo Morales que ahora son la base de la defensa del ex presidente ejecutivo a.i. de YPFB lo que deviene en responsabilidad presidencial.
Entretanto, se anunció que todos los ciudadanos que sean mencionados serán convocados a declarar. Ese es el caso de Hugo Morales quien habría intervenido directamente en el caso aunque su participación no fue aclarada con exactitud aún. Asimismo, se especula que éste fue parte de otros desembolsos similares por un millón y 800.000 dólares, al parecer dinero de los 35 millones de dólares desembolsados para el proyecto cuyo destino, sin embargo, se desconoce con precisión.
El senador Guiteras hizo pública la participación de Hugo Morales en el caso. Éste admitió que conoce a los hermanos Córdova con quienes tiene una relación no especificada ya que hasta viajó a Rurrenabaque donde conoció a “Chito” Valle, el ex prefecto de La Paz que fue imputado por la comisión de varios delitos conocidos como “chito chatarra”.
VILLEGAS DEBE RESPONDER
Carlos Villegas, ex ministro de Hidrocarburos y Planificación para el Desarrollo, también debe rendir cuentas a la justicia por la firma del contrato entre YPFB y Catler Service, sin embargo, fue designado presidente ejecutivo e interventor de YPFB lo que es “poner al gato a cuidar a las sardinas”, según declaró el senador Luis Vásquez.
Cuestionó, a la vez, la participación de la ministra Suxo pese a que ésta reconoció ya la comisión de por lo menos cuatro delitos de parte de Santos Ramírez. Indico que, sin embargo, este caso tiene componentes financiero que deriva en la corrupción denunciada y componente político que se origina en el Palacio de Gobierno tal y como ocurrió con el contrabando en 33 camiones cuyos términos fueron negociados en el despacho del Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por encargo del presidente Morales.
En este caso, según la explicación, los decretos supremos firmados “por puño y letra” por (el presidente) Evo Morales derivan en responsabilidades no sólo por comisión, sino también por acción de acuerdo con la normativa vigente y que alcanza a los ministros, concretamente a Carlos Villegas y aquellos, como Luis Héctor Arce Catacora, quien autorizó el desembolso y los funcionarios jerárquicos como el Contralor, “servidores” medios y subalternos quienes no están al margen de lo ocurrido.
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