documento de trascendental importancia ofrece el Senado a los gobiernos amigos, a las instituciones internacionales, a los ciudadanos para que sepan..

El presidente y sus ministros van a tener que asumir su responsabilidad por los decretos que firmaron
Existen más de una decena de decretos que permiten contrataciones directas
Nota: Ver al final del artículo los decretos
Santa Cruz 26 de febrero.- El titular del Senado Nacional, Oscar Ortiz, indicó este jueves ante los medios de prensa, que a través de un estudio desarrollado por su autoridad se demostró que una gran parte de la conducción que esta generando el actual gobierno, esta propiciada por una serie de decretos que autorizan a todas las empresas publicas realizar compras y bienes haciendo a un lado las licitaciones.
A su vez, sostuvo que el trabajo intenta mostrar que la corrupción detectada en YPFB no es un suceso aislado, sino que responde a una serie de situaciones irregulares creadas desde las mas altas esferas del Poder Ejecutivo.
En ese sentido manifestó “hemos verificado que todos los fondos constituidos en fideicomiso, no forman parte de los sistemas de administración publica, no están inscritos al PGN, no han ido al sistema integrado de gestión gubernamental, por lo cual tenemos con esto una situación en la cual ni el Ministerio de Hacienda, ni la Contraloría General de la Republica están controlando la administración de estos fondos”.
Ante tal situación, el honorable senador, planteó al presidente de la república, que no exista decreto que permita violar la ley SAFCO, que establece normas de administración para todo el sector público, además que se deben eliminar todos los decretos que permiten contrataciones directas sin licitación en las empresas públicas y finalmente incluir todos los gastos y egresos de los fondos de fideicomisos en el PGN, en el sistema integrado de gestión gubernamental para que estén sujetos a control .
Posteriormente, Ortiz resaltó “estamos haciendo notar al presidente de la republica que aquí hay una responsabilidad muy seria y muy grave de parte suya y de parte de su gabinete de ministros, quienes han preparado estos decretos y han firmado con su autoridad, además que han generado estas condiciones absolutamente propicias para que haya un descontrol en la administración de recursos públicos en todas las empresas publicas y por lo tanto se generen hechos de corrupción”. (los anexos están en pdf y ocupan varias páginas: senado@gov.bo)

garcía mérida en su sitio datos&análisis ha publicado una entrevista con Victor Hugo Saínz experto en hidrocarburos. nota a su respuesta final (?)

Wilson García Mérida Datos & Análisis
Hidrocarburos es la zona más sensible para detener el proceso de cambio o hacerlo caer
Luego de cumplir un contrato de consultoría ambiental con una importante compañía en el Estado norteamericano de Florida, el ingeniero Víctor Hugo Sainz, ex superintendente de Hidrocarburos, vuelve a radicar en Cochabamba. Su retorno coincidió con el “mega-escándalo” protagonizado por el segundo hombre fuerte del MAS, Santos Ramírez, tras el “volteo” y asesinato que sufrió el empresario Jorge O’Connor D’Arlach cuando retiraba un dinero oficialmente destinado a financiar la construcción de una planta separadora de líquidos en el Departamento de Santa Cruz. El ingeniero Sainz fue destituido por Evo Morales tras investigar y denunciar malos manejos en la administración petrolera nacionalizada, en un caso muy similar.
- Lo que está sucediendo en YPFB no es nuevo para usted, sin duda. ¿Son similares los casos de Santos Ramírez y Catler-Uniservice con el de Jorge Alvarado e Iberoamericana que Ud. denunció y le deparó su ruptura con el Gobierno?
- Santos Ramírez y Jorge Alvarado firmaron dolosamente esos contratos abusando de la confianza que les dio el presidente Evo Morales, incurriendo en extremos delictivos para convertir YPFB en su hacienda personal y familiar, al mejor estilo de la política neoliberal. Aquí la primera inmoralidad es que esos delitos se cometieron en nombre de la nacionalización y del proceso de cambio. La única diferencia es que Santos Ramírez está en la cárcel por el peso abrumador de las evidencias y en cambio Jorge Alvarado campea su “inocencia” como embajador en Venezuela, gracias a que no se hizo efectivo el contrato que él firmara.
- ¿En qué se parecen ambos casos?
- Igual que en el contrato de Alvarado con Iberoamericana, el contrato que firmó Ramírez con Catler-Uniservice incurre por lo menos en cuatro delitos penales, tal como lo ha comprobado la Ministra de Transparencia, y en este caso hay una infinidad de infracciones administrativas. Me llama la atención que en el contrato con Catler no haya un informe legal sustentado con la firma de un abogado competente, o por lo menos la firma del asesor legal de YPFB; sólo se registra el nombre de una notaria de Fe Pública, ajena a la empresa estatal. No existe ningún informe jurídico que debió anteceder al contrato. Es como si Yacimientos no tuviera un Departamento Jurídico ni abogado alguno. Sólo este detalle ya es muy grave, muy similar al contrato con Iberoamericana.
- Sabido es que el entonces director jurídico de YPFB, Mauricio Ochoa Urioste, fue encarcelado en diciembre del año pasado al habérsele sorprendido cobrando un soborno para agilizar un contrato de venta de combustible. ¿Correspondía a él emitir criterio jurídico para viabilizar el contrato con Catler?
- Sin duda, si es que Ochoa era el director jurídico de Yacimientos en julio del año pasado cuando se produjo la firma dolosa. No entiendo por qué ese abogado omitió sus deberes en este caso; seguramente lo aclarará desde la cárcel. Sin embargo, el informe de la ministra Suxo identifica a la abogada Esther Carmona como la directora jurídica que intervino en la comisión calificadora para adjudicar el contrato a Catler, y se supone que es ella quien asesoró a Santos Ramírez en dicho trámite; aunque no se qué tipo de asesoramiento habrá brindado la doctora Carmona, siendo ella sobrina de Ramírez.
- ¿Qué observaciones técnicas halla Ud. en el contrato?
- Más de las que están investigando la Fiscalía y la Contraloría, faltaría espacio para detallarlas. Pero le digo que todas estas anomalías no son aisladas, responden a una estrategia que tiene su punto de partida en el más cínico nepotismo que campea en el sector Hidrocarburos. Por ejemplo, el director administrativo de YPFB, Marco Antonio Vega, fue quien emitió un análisis técnico financiero recomendando la contratación de Catler, mostrando una sospechosa parcialidad en favor de esa empresa fantasma al igual que los 12 miembros de la comisión calificadora que avaló ese contrato. Resulta que este señor Vega es familiar muy cercano de un alto funcionario del Ministerio de Hidrocarburos que forma parte del grupo de Carlos Villegas, quien hoy reemplaza a Santos Ramírez en la presidencia de YPFB.
- A propósito, Villegas dijo que cuando fue Ministro de Hidrocarburos desconocía el proceso de contratación entre YPFB y Catler-Uniservice. También se dice que el Directorio de Yacimientos, que cuenta con un representante de este Ministerio, no conocía de las negociaciones de Santos Ramírez y por tanto no aprobó la firma del contrato. Todo parece indicar que Ramírez tenía un poder absoluto como para sobrepasar los mecanismos de control institucional…
- Creo que Villegas y sus hombres en el Directorio de YPFB están tergiversando la verdad. Primero, Villegas como ministro de Hidrocarburos era cabeza de sector y tenía la ineludible obligación de conocer todo tipo de contrato petrolero, más aún tratándose de un proyecto de tan estratégica trascendencia como este que puso en juego 86 millones de dólares. Por otra parte, sabemos que el 5 de junio de 2008 se produjo una reunión aclaratoria entre directivos de YPFB y representantes de Catler Uniservice, avanzando en el contrato que se firmaría un mes después. En esa reunión participó el jefe de la Unidad de Industrialización del Ministerio de Hidrocarburos y representante oficial del ministro Carlos Villegas en el Directorio de YPFB. Pero ahora dicen que no sabían nada. Es más, la derecha opositora ya había echado el grito al cielo en toda la prensa nacional sobre aquel desastroso contrato a los pocos días de su firma, y entonces ni el ministro Villegas ni el Directorio de YPFB movieron un dedo para desvirtuar semejantes denuncias en su sector, dejando que Santos Ramírez y su gente se salgan con la suya hasta que se les fue la mano con la muerte del empresario Jorge O’Connor.
- ¿Por qué cree que el gobierno de Evo Morales está fallando en el manejo de los recursos petroleros del país?
- El Presidente está abrumado con sus funciones y obviamente confía en sus colaboradores, algunos de los cuales, como el ex Ministro de Hidrocarburos Villegas, utiliza la excusa de que en el MAS no hay personal capacitado en el sector Hidrocarburos y contrata “técnicos” y/o “expertos” que fueron formados en la escuela de la corrupción neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada, y que ahora están boicoteando el proceso. Y es el sector hidrocarburos la zona más sensible para detener el proceso de cambio o hacerlo caer. Al respecto, hace un año hice pública una propuesta para formar y capacitar personal en YPFB con asistencia técnica y financiera de la cooperación noruega; pero para ejecutar ese plan de eficiencia institucional, Evo tendría que cambiar su entorno.
FIDEICOMISO
- Sobre el dinero en fideicomiso que O’Connor retiró del Banco Unión el día en que fue asesinado, existe un manejo demasiado desprolijo, por lo visto, en el banco mismo y en el Ministerio de Hacienda que era el encargado de controlar esos recursos. La carta de crédito por 45 millones de dólares estaba destinada a pagar el costo de fabricación de equipos a cargo de una empresa norteamericana, pero es inexplicable cómo el contratista O’Connor retiró el 10% de ese monto, ni se sabe aún con qué destino…
- Este es otro punto muy delicado y que pone en tela de juicio la profesionalidad y honestidad del ministro Arce Catacora, que cuando trata de explicar ese enredo financiero parece un estudiante de primer año de Economía. Yo no entiendo por qué se involucró inicialmente en esta operación al Banco de Crédito Productivo, que es del Estado y dispone recursos de la CAF para micro créditos, y luego no logro explicarme por qué el Banco Unión, que maneja una cartera enorme del BCP, autorizó el desembolso a Catler, siendo que ese dinero estaba destinado a pagar al fabricante de equipos para la planta de separación, Gulsby, que tiene su sede en Estados Unidos y no en la casa donde mataron a O’Connor. Me preocupa el silencio de la Superintendencia de Bancos ante esta falta de transparencia en la ejecución a todas luces ilegal de una millonaria carta de crédito. Además, según las condiciones de pago por adquisición de equipo, que se hace con cartas de crédito, debe siempre constar las especificaciones técnicas de cada ítem, si no sería muy fácil que las empresas extranjeras nos vendan basura, como ha sucedido alguna vez.
- ¿Cree usted que la Superintendencia de Bancos debería intervenir las entidades financieras involucradas en esta operación?
- Claro que sí. Y además el Ministro de Hacienda, Luis Arce, tendría que dar una explicación coherente y clara por la forma en que esa cartera está administrando los recursos del Estado.
- Santos Ramírez se defiende afirmando que obró cumpliendo tres decretos que firmó Evo Morales…
- Ninguno de esos decretos dice que Ramírez podía firmar contratos sin la previa autorización del Directorio de YPFB. Ramírez intenta involucrar en su estrategia delictiva al propio Presidente indicando que él actuó utilizando los decretos que firmó. Estoy seguro que Evo firmó esos decretos, de buena fe, para dar flexibilidad y acelerar algunos procesos de contratación y construcción que de verdad son urgentes.

se presentaron con piel de cordero, humildes y mansos, sufridos y resignados resulta que habían sido lobos, hambrientos de poder, dinero y violencia.

el diario de las américas ha enviado a un corresponsal para informarse de fuentes directas y comunicar lo visto en Bolivia, donde la corrupción de los masistas, les está haciendo olvidar el ama sua, y el ama llulla (no robar, no mentir) de sus ancestros, dizque "su" religión cósmica (?)

Santos Ramírez, presidente de la petrolera estatal YPFB, era el brazo derecho de Evo Morales
El Movimiento al Socialismo (MAS) se presentó ante los bolivianos como símbolo de la ética y la honradez. Al asumir Evo Morales la presidencia, anunció el inicio de un cambio de conducta y moralidad. Los dirigentes del partido gubernamental MAS levantaron el dedo acusador contra todo y contra todos; a diestra y siniestra denunciaron un pasado de corrupción y prebendas. Todos estarían manchados por la rapiña menos ellos.
Tres años después, el asesinato del empresario Jorge O’Connor, director de la compañía Catler Uniservice, cuando se disponía a pagar un elevado soborno de 450.000 dólares a familiares de Santos Ramírez, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la petrolera estatal, destapó una cloaca de podredumbre que mancha al ejecutivo y cuestiona gravemente la gestión del presidente Evo Morales.
El asesinato de Jorge O’Connor sacó a la superficie una millonaria red de corrupción que involucra a altos funcionarios de YPFB, familiares de la esposa de Santos Ramírez, empresas fantasmas, fundaciones y gente del hampa con amplio prontuario delictivo. El caso Santos Ramírez muestra la punta de un gran iceberg de corrupción que nadie quería reconocer y que, incluso, se negaba su existencia.
El diario "Los Tiempos" de Cochabamba señala que "en el Gobierno actual la corrupción ya no es una nota singular o particular de algunos alcaldes o líderes de segundo rango, sino alcanza a los altos niveles del Estado, tal como lo denunció no sólo Alex Contreras, ex portavoz oficial de Evo Morales y otrora ferviente militante del MAS, sino también Rafael Puente, ex prefecto de Cochabamba, sólo por citar unos casos, por cuanto la lista podría tornarse interminable, manchando incluso a la fiscalía, tal como un medio de comunicación ha denunciado".
Gracias a un soborno millonario, el contratista muerto ganó el concurso para instalar una gran planta de procesamiento de gas en el sur del país. YPFB adjudicó en forma directa a Catler Uniservice, una desconocida empresa boliviano-argentina que fue creada a toda prisa, un contrato de 86 millones de dólares. Según el diario "La Razón", Santos Ramírez "habría recibido dinero de diezmo [soborno] en dos ocasiones previas", antes de que un empresario fuera asesinado para arrebatarle 450.000 dólares de la mordida que iban a recoger familiares políticos del presidente de la empresa. El caso ha reflotado la vieja práctica de cobrar coimas del 10% a los empresarios por obras que ejecutan para el Estado. El contralor general Gabriel Herbas dijo que el contrato entre YPFB y la compañía del asesinado no fueron registrados en ese organismo, tal como ordena la norma.
La oposición al presidente Morales, quien hizo de la honestidad y transparencia la "bandera" de su Gobierno, se apresuró a denunciar que el dinero que le robaron a O’Connor estaba destinado a pagar una "coima" (comisión ilegal). Los adversarios políticos del Gobierno aseguran que Ramírez pudo cometer múltiples actos de corrupción gracias a que rige un decreto que permite contratar bienes y servicios sin licitaciones y porque los fondos pasan a fideicomisos que salen del control del Ministerio de Hacienda.
Trama de corrupción y podredumbre
Poco a poco salió a la luz toda una trama de corrupción y podredumbre que obligó al Gobierno a intervenir YPFB y a poner al frente de la empresa a Carlos Villegas, una especie de "comodín" de Morales que ha ocupado los cargos de ministro de Planificación y de Hidrocarburos.
Contratos lesivos al Estado (que no podrá recuperar 35 millones de dólares destinados a la carta de crédito y parte del fideicomiso para la instalación de la planta separadora de líquidos), cohecho pasivo, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, asociación delictuosa, obstaculización de justicia y uso indebido de influencias durante el ejercicio de su cargo, son las acusaciones formuladas contra Santos Ramírez y varios de sus colaboradores.
Por si las denuncias existentes fueran insuficientes, a la fecha se continúan descubriendo actos de corrupción en la petrolera estatal: se ha sabido que Santos Ramírez creó una empresa irregularmente (Servicios a la Industria Petrolera S.A.) con 140 funcionarios bajo el mando del dirigente del MAS en Santa Cruz, Rogelio Ashimine.
El senador Ernesto Justiniano, del partido opositor Podemos, declara a "La Vanguardia" que aunque Santos Ramírez ya está en la cárcel capitalina de San Pedro, "el enmarañado de corrupción existente no solo en YPFB está lejos de ser desentrañado". Según el parlamentario, resulta difícil creer que Santos, a pesar de todo el poder que tenia en sus manos, "tejió él solo esa telaraña de negocios ilícitos ligados a empresas y bancos extranjeros". Y añade: "Es claro que existieron disposiciones, decretos supremos firmados por Evo Morales y su gabinete, que posibilitaron que Santos se moviera con soltura y pudiera perpetrar sus negociados sin interferencia alguna. No se trata por tanto de una simple actitud personal de alguien que aprovechó una oportunidad para enriquecerse ilícitamente".
Justiniano subraya que la corrupción en YPFB era tan evidente que "es imposible creer que nadie se haya percatado de lo que ocurría en esa empresa que, de acuerdo a la propaganda gubernamental, estaba llamada a ser la locomotora que conduciría el desarrollo nacional".
La analista Mariella Pereyra Ortiz señala en el diario "La Razón" que sería ejemplar que "se investigue y se descubra lo que es un secreto a voces: las prácticas ilegales y antiéticas de la administración pública boliviana no son patente sólo de gobiernos neoliberales y de burócratas oligarcas".
La imagen de Evo Morales está golpeada por este escándalo, el segundo que se descubre en unas semanas. El ministro de Gobierno, Juan Ramón Quintana, hombre fuerte del ejecutivo, está implicado en un sonado caso de contrabando de mercancías en 33 camiones que habría facilitado su tránsito desde Chile a Brasil; el ministro, a quien por su influencia y poder se le llama el Vladimiro Montesinos de Evo Morales, también es acusado de planificar el enfrentamiento entre campesinos de la provincia de Pando que ocasionó 13 muertos.
El economista y analista político Carlos Toranzo señala que el MAS cometió el error de la soberbia: "Escupió tan alto y con tanta fuerza, que todo lo que lanzó al aire, hoy le cae violentamente sobre sus espaldas. Nadie podrá creer en sus discursos éticos".
La oposición desconfía de la imparcialidad de policías y fiscales
El Gobierno movilizó a la policía, fiscales y a su equipo anticorrupción para investigar el asesinato del empresario Jorge O"Connor, pero la oposición desconfía de la imparcialidad de policías y fiscales. "Los investigadores del Gobierno no ofrecen garantías de imparcialidad y objetividad", señaló el diputado opositor Fernando Messmer.
Los comentaristas destacan que la corrupción en YPFB abre interrogantes sobre la capacidad del Estado para llevar a cabo la nacionalización efectiva de los recursos naturales.
El crimen del empresario tuvo gran repercusión al involucrar al hombre de mayor confianza de Morales, que es uno de los fundadores del MAS. Santos Ramírez asumió el cargo con la misión de convertir a YPFB en una empresa "honesta, eficaz y pujante". La oposición denuncia que ha ocurrido todo lo contrario: YPFB se ha convertido en botín político del oficialismo.
Morales se vio forzado a destituir a Santos Ramírez ante los serios indicios de que iba a recibir un cuantioso soborno de Catler Uniservice que, según las investigaciones, podría ser una compañía de pantalla. Santos Ramírez está preso en una cárcel de la capital.
Un incidente criminal de la peor especie
Santos Ramírez era un peso fuerte del Gobierno, muy cercano a Evo Morales desde hace años. No se trataba de un oscuro funcionario de segunda que sacaba su tajadita con contratos de papelería o computadoras. "Estamos hablando –señala el periodista Ilya Fortín- de un incidente criminal de la peor especie, una inmensa caja negra de coimas y diezmos en la empresa bandera de la nacionalización y eje central del cambio; de las andanzas de un poderoso, rumoreado muchas veces como posible sucesor del presidente Morales; de sumas millonarias, clanes, proxenetas, sicarios, gerentes tragándose documentos con información incriminatoria; de vinculaciones transversales al arco de los partidos (prueba de que la podredumbre no tiene bandera). Mierda en todas sus gamas, pero mierda al final".
El 1 de Mayo de 2006, Evo Morales decretó con gran parafernalia la nacionalización de los recursos energéticos de Bolivia. Discursos retóricos, ocupación por el Ejército de las instalaciones petrolíferas, lucimiento de cascos -civiles y militares-, proclamas de que se recuperaba la dignidad nacional y de que se ponía fin a la explotación y al sometimiento. Se anunciaron grandes inversiones y se ensalzó a YPFB, una empresa modelo que sería la envidia de América.
YPFB estaba predestinada a ser la empresa estrella después de la nacionalización de los hidrocarburos. Sin embargo, en vez de una compañía ejemplo de competitividad y eficiencia, se convirtió en un botín para beneficio personal de altos cargos que han podido operar sin control ni fiscalización. En tres años, YPFB ha tenido seis presidentes. Varios tuvieron que dejar el cargo por corrupción. Los casos de corrupción descubiertos cuestionan la eficacia del Gobierno en la administración de las empresas nacionalizadas de hidrocarburos.
La situación llegó al extremo de que la gente se pregunta si el Estado es un buen administrador. "La gestión de YPFB nos genera serias dudas sobre la forma en que se realizarán contratos y si éstos no serán lesivos para el país", dijo Eduardo Paz, principal directivo de Cainco, que agrupa a empresarios e industriales de Santa Cruz. En un discurso que pronunció en el pasado mes de diciembre, el propio Evo Morales dijo que YPFB estaba invadida por la "corrupción y la burocracia". La admonición del presidente hizo que el ahora preso Santos Ramírez, organizara una unidad anticorrupción "para garantizar el desarrollo transparente" en la petrolera estatal. Santos Ramírez fomentó la impostura de la honradez a carta cabal, vilipendiaba a diestra e insultaba a siniestra sobre los corruptos y saqueadores de anteriores gobiernos.
Morales llegó al gobierno con una aureola de anticorrupción. Ha alardeado de que alcanzó la presidencia gracias a su honestidad. Y se ha jactado de que durante sus tres años de gobierno logró sacar a Bolivia del "subcampeonato mundial" de la corrupción. El escándalo de YPFB le estalló en las manos en el peor momento, en vísperas de la promulgación de una polémica Constitución centralista, de corte indigenista, con mayor control de la economía por parte del Estado.
La prensa local revela a diario capítulos del escándalo como si se tratara de una trama de telenovela en medio del hermetismo de las autoridades que eluden revelar detalles de las investigaciones. La agencia EFE subraya que el escándalo de corrupción más grave de la "era Morales" estalló con un asesinato y aires de novela negra, pero comenzó a adquirir tintes de "realismo mágico" con la irrupción de rupturas sentimentales y hasta adivinos.
El abogado José Luis Orihuela Aquin comenta en "La Razón", diario de La Paz, que cuando el Gobierno nacionalizó YPFB le dijo al país que sería la empresa estrella y el motor de la economía y del desarrollo nacional, porque generaría los recursos para luchar contra la pobreza. No han pasado aún tres años cuando YPFB atraviesa por la peor crisis de corrupción que se haya vivido antes y después de la privatización. El letrado recalca que el escándalo tiene su origen en que el presidente Morales designa autoridades "a dedo", con un perfil político y no profesional especializado en el área petrolera. "El resultado obvio es la ineficiencia de la empresa y los actos de corrupción", afirma Orihuela Aquin.
Evo Morales: "A ningún corrupto se perdona"
En el acto de promulgación de la nueva Carta Magna, el presidente Evo Morales tuvo que referirse a este caso. "A ningún corrupto se perdona, sea masista o no masista (refiriéndose a los militantes del partido de gobierno). Corruptos a la cárcel, sean familiares o no familiares", dijo.
Por su parte, el vicepresidente Álvaro García Linera, dijo que "la persona que tenga indicios de corrupción serios tendrá que vérselas con la Justicia y el gobierno no protegerá, no encubrirá, no apañará absolutamente a nadie". "Si hemos hecho esto con el compañero Santos, no apañamos ni protegemos corrupción alguna. Y somos capaces de cortarnos una mano, de cortarnos dos manos", con tal de impedir la corrupción, dijo García Linera en alusión a la importancia que tenía Ramírez en el gobierno y en el partido de Evo Morales.
En cambio, el presidente del Senado, el opositor Oscar Ortiz, opinó que este caso muestra "la pésima administración que hay en el gobierno con las empresas públicas".

la megaestafa ha quedado develada. santos ramírez fue el ejecutor aunque todo el mundo sabe que no estuvo sólo. el propio EVO le dió el marco legal.

el escándalo ha sido, es de tales proporciones porque afecta en forma clara y directa al segundo hombre del MAS, partido que ayudó a fundar. ramírez cuando se desempeñó como presidente del senado ocupó interinamente la Presidencia de Bolivia. contó con la ilimitada confianza de morales al punto que cada paso que daba en el negoción develado contó con los decretos supremos del presidente. aún cuando ramírez está en la cárcel queda un tufo maloliente en palacio...estará allí la mano que alentó a ramírez y que fue parte del botín. el texto que sigue correponde a un editorial de El País de Madrid.

Evo prisionero de sí mismo

¿Alfiles y carceleros? El recambio en YPFB, provocado por las graves sospechas de corrupción en esa institución, ha desnudado la dramática soledad del presidente y el virtual cierre de un círculo político que controlaría sus decisiones. Claramente, el escándalo por el contrabando de 33 camiones (destapado por un funcionario de alta confianza del propio gobierno), que involucra a su ministro de la Presidencia, ex representante de RESDAL (Red de Seguridad y Defens de América Latina, financiada por el National Endowment for Democracy de Estados Unidos) y ex funcionario del Ministerio de Defensa en tiempo de Banzer, ha tenido un desenlace distinto del que afecta a Santos Ramírez, fundador del partido de gobierno y que pertenece a otra corriente politica interna del MAS-IPSP, pese a que en ambos casos los indicios son comprometedores.
Sin embargo, las sospechas de corrupción contra Quintana, que controla el aparato de inteligencia y seguridad del gobierno, afectan y manchan de forma diferente que las que pesan sobre la cabeza de Ramírez. Al confirmar al primero en su cargo y destituir al segundo, Morales parece entender que debe luchar de forma selectiva contra la corrupción.
Pero lo anterior - que es un síntoma claro de la influencia de un grupo cada vez más poderoso que rodea al presidente - se ve agravado cuando en el recambio el presidente desnuda su dramática orfandad, al nombrar como presidente interino de la estatal a quien desde el Ministerio de Hidrocarburos se ha empeñado en postergar y dilatar cualquier iniciativa para avanzar en la industrialización del gas y en el incremento del consumo interno de este energético, posturas que sólo benefician a las petroleras extranjeras.
La solución se torna peor que la enfermedad que intenta curar Morales. La “banda” delincuencial que actuó en la Tejada Sorzano no parece ser exactamente la misma que fue presentada por la Policía. Al menos uno de los detenidos denunció maltratos, torturas y abusos en su detención y afirma no tener nada que ver con el asunto. ¿Quienes proporcionaron información a la verdadera banda delincuencial para ejecutar el “operativo”? Los asaltantes y asesinos, según todos los síntomas, no actuaron solos, y los que andan presos no parecen ser todos los que debieran estar.
YPFB, a la deriva, en manos de Villegas, el que, de acuerdo a Morales Olivera, supo y avaló los cambios de los Anexos D de los contratos petroleros de octubre de 2006. El Ministerio de Hidrocarburos, convertido en repartición marginal, está prácticamente descabezado, lo mismo que la Superintendencia del sector, uno de cuyos funcionarios estaría involucrado en el “operativo” asalto y asesinato que derivó en la destitución de Ramírez. ¡Que felicidad para Petrobras, Repsol YPF y las demás “socias pero no patronas”!
Si a lo anterior le sumamos que el actual ministro de Defensa, Walker San Miguel, fue otrora representante de Petrobras en Bolivia y que Ashmore/Shell (Enron), estarían logrando ventajosos acuerdos con el Ministerio de Defensa Legal (Hector Arce, que trabajó con la asesoría del abogado Eric San Miguel, hermano del ministro de Defensa), como resultado de una “nacionalización respetuosa” (reducida a efectuar auditorías para ocultarlas) como el propio presidente de la República ha afirmado, podemos tener completo el cuadro que revela quien realmente controla los hidrocarburos en Bolivia. A los patrones no les gustan las sociedades que quiere nuestro iluso presidente.
La corrupción se está devorando al gobierno de Evo. No sólo la de 450 mil dólares (resulta hasta extraño que se haya descubierto esa presunta “coima” relacionada a la separadora de líquidos del gas que va al Brasil, precisamente). Es la multimillonaria corrupción, la que usa transferencias bancarias a bancos off-shore. La Unidad de Investigaciones Financieras de la Superintendencia de Bancos no tiene un lente que las alcance, además de estar controlada por el mismo entorno palaciego.

evo se caerá solito. sin que nadie lo empuje. su responsabilidad en la petrocoimas es tal, que hasta un ciego puede verla.toda la verdad!

Las operaciones efectuadas por Ramírez están autorizadas por decretos firmados por Evo Morales
Caso “petrocoima” compromete a Morales, a su hermano y a Villegas

Las consecuencias financieras y políticas de la firma del contrato entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Catler Uniservice para la instalación de una planta de separación de líquidos por 86,3 millones de dólares, conocido como el caso “petrocoima”, alcanza al jefe cocalero y presidente del Estado, Evo Morales Ayma, su hermano Hugo Morales Ayma y el ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas.
Según la información acopiada por el Ministerio Público a partir de declaraciones de los implicados y la comisión especial del Senado que investiga el hecho, el presidente ejecutivo interino de YPFB Santos Ramírez actuó amparado en dos decretos emitidos por el presidente Morales, mientras que el hermano de éste, tenía una relación muy cercana con los hermanos Luis y Ernesto Córdova, principales sospechosos del asunto conocido a raíz del homicidio del representante de la Catler, Jorge O´Connor para arrebatarle 450.000 dólares en efectivo que fueron retirados minutos antes del Banco de la Unión.
Por su parte, el entonces ministro del área, Carlos Villegas, debió haber conocido los términos del contrato, la adjudicación de la obra y la firma del acuerdo, así como las irregularidades cometidas en el proceso. “Pese a que YPFB es autárquica el Ministerio tiene representación en el directorio (por tanto) debía saber y debe responder por ello”, sostuvo el presidente de la comisión, el senador por el Beni, Walter Guiteras.
LOS MORALES
De acuerdo al resultado de los análisis realizados en la comisión, así como la documentación que cursa del Ministerio Público y en manos de la ahora ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, las operaciones efectuadas por Ramírez Valverde están autorizadas por los decretos firmados por el presidente Evo Morales que ahora son la base de la defensa del ex presidente ejecutivo a.i. de YPFB lo que deviene en responsabilidad presidencial.
Entretanto, se anunció que todos los ciudadanos que sean mencionados serán convocados a declarar. Ese es el caso de Hugo Morales quien habría intervenido directamente en el caso aunque su participación no fue aclarada con exactitud aún. Asimismo, se especula que éste fue parte de otros desembolsos similares por un millón y 800.000 dólares, al parecer dinero de los 35 millones de dólares desembolsados para el proyecto cuyo destino, sin embargo, se desconoce con precisión.
El senador Guiteras hizo pública la participación de Hugo Morales en el caso. Éste admitió que conoce a los hermanos Córdova con quienes tiene una relación no especificada ya que hasta viajó a Rurrenabaque donde conoció a “Chito” Valle, el ex prefecto de La Paz que fue imputado por la comisión de varios delitos conocidos como “chito chatarra”.
VILLEGAS DEBE RESPONDER
Carlos Villegas, ex ministro de Hidrocarburos y Planificación para el Desarrollo, también debe rendir cuentas a la justicia por la firma del contrato entre YPFB y Catler Service, sin embargo, fue designado presidente ejecutivo e interventor de YPFB lo que es “poner al gato a cuidar a las sardinas”, según declaró el senador Luis Vásquez.
Cuestionó, a la vez, la participación de la ministra Suxo pese a que ésta reconoció ya la comisión de por lo menos cuatro delitos de parte de Santos Ramírez. Indico que, sin embargo, este caso tiene componentes financiero que deriva en la corrupción denunciada y componente político que se origina en el Palacio de Gobierno tal y como ocurrió con el contrabando en 33 camiones cuyos términos fueron negociados en el despacho del Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por encargo del presidente Morales.
En este caso, según la explicación, los decretos supremos firmados “por puño y letra” por (el presidente) Evo Morales derivan en responsabilidades no sólo por comisión, sino también por acción de acuerdo con la normativa vigente y que alcanza a los ministros, concretamente a Carlos Villegas y aquellos, como Luis Héctor Arce Catacora, quien autorizó el desembolso y los funcionarios jerárquicos como el Contralor, “servidores” medios y subalternos quienes no están al margen de lo ocurrido.

lo conozco desde cuando era alumno de La Salle en Cochabamba, aunque hubiese cometido yerros, me cautivó la claridad de pensamiento al margen de todo!

Carlos Sánchez Berzaín
La Constitución de Evo es nula

Luego de tres años en la Presidencia de la Republica, Evo Morales presenta la aprobación de una carta fundamental, que es la constitución de Evo; no la Constitución del Estado y menos del pueblo de Bolivia, y que es nula por las violaciones constitucionales y de derechos fundamentales que se han cometido.
Este texto constitucional durará solamente el período de intervención venezolano-cubana que hoy existe en Bolivia, que busca reelegir indefinidamente al presidente cocalero y terminar con la libertad y la democracia, llevando al país a un sistema totalitario de partido único. Podrá tener vigencia solo por imposición, sin legitimidad y con legalidad viciada de nulidad. Su aplicación estará limitada al tiempo de ejercicio del poder del gobierno actual que necesita de esta constitución para disfrazar de democrático su régimen autoritario
En tres años, Evo ha buscado el poder total y las instancias que han resistido han sido y son objeto de agresiones, persecución, acusaciones y denuncias falsas, encarcelamiento, exilio y muerte. Engaño, coacción, corrupción, calumnia, propaganda masiva con dinero de la intervención extranjera y de la coca, estatismo, neo-comunismo, sobornos, masacres y fraude electoral, son –entre otros- los instrumentos que el dirigente cocalero en ejercicio de la presidencia está operando con éxito personal y eventual.
Hoy en Bolivia no existe una sola institución independiente del poder presidencial: Evo Morales ha destrozado el Tribunal Constitucional, ha sometido a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía General y al Banco Central; ha controlado y luego acusado y anulado a la Corte Suprema de Justicia; se ha apoderado de la Corte Nacional Electoral haciendo desaparecer cualquier posibilidad de transparencia electoral; tiene el control político de los mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, a los que ha intervenido con personal cubano y venezolano; ha perseguido, encarcelado, desterrado y/o sacado de sus funciones a prefectos y autoridades elegidos por voto popular.
Es en ese marco de fuerza y atropellando toda la institucionalidad democrática que Evo ha llevado adelante la aprobación de su constitución, que marca la desaparición de la Nación Boliviana y la más seria amenaza para la confrontación permanente entre bolivianos.
Desde su convocatoria, la asamblea constituyente violó el mecanismo de reforma constitucional que establece la Constitución Política del Estado de 1995 que no permitía reformas constitucionales por el procedimiento populista de asamblea, que es el históricamente preferido para instaurar y legalizar regimenes totalitarios.
La ley de convocatoria a la asamblea constituyente estableció que la duración de ésta era de un año, determinó como lugar fijo de sesiones la capital de la República Sucre y dispuso que las decisiones se debían tomar por dos tercios de votos. Estas disposiciones fueron violadas, pues al año de funcionamiento no existía ningún proyecto aprobado por los constituyentes y la asamblea cesó funciones sin ningún resultado. Así extinguida la Asamblea Constituyente, el Congreso Nacional prorrogó el plazo de labores de la extinta constituyente y redujo el porcentaje de votación necesario para aprobar el texto, de dos tercios a mayoría, a posteriori y por acuerdo entre Evo y Jorge (Tuto) Quiroga del partido Podemos (a quien Evo presionaba con un juicio de responsabilidades por presunta corrupción).
De esta manera, reconstruyeron la Asamblea Constituyente que después de casi otro año, aprobó solo por mayoría la primera versión de su constitución en un cuartel militar en la afueras de Sucre y en medio de una masacre perpetrada por el gobierno contra los ciudadanos de esa ciudad. Luego en Oruro y en medio de la protección cocalera-sindical, terminaron la aprobación de su texto constitucional. El documento así viciosamente aprobado por la Asamblea Constituyente, fue enviado al Congreso Nacional que sin atribución constitucional alguna y por otro acuerdo Evo-Tuto, modificó el texto de la denominada “Nueva Constitución Política del Estado”.
Con estos hechos constatamos que el texto de la Constitución de Evo que fue sometido al referéndum del pasado domingo 25 de enero, no es el texto elaborado por la reconstruida Asamblea Constituyente, sino el “acordado” por Evo y Tuto Quiroga, bajo presión de los denominados “movimientos sociales” de Evo que cercaron el Congreso Nacional.
Una Asamblea Constituyente extinguida y por lo tanto ya inexistente, reconstruida cuando ya había cesado su mandato y su vigencia, que votó con menos de dos tercios, que sesionó fuera de su sede, y un Congreso que modificó el texto constitucional aprobado por esa asamblea, emitiendo sin atribución alguna el proyecto de la Nueva Constitución Política del Estado, son los hitos que marcan la creación de la constitución de Evo y los que señalan su nulidad.
Nada de lo actuado ha respetado la voluntad popular ni la democracia de donde es inevitable la aplicación del Art. 31 de la Constitución Política del Estado que manda: “son nulos los actos de quienes usurpan funciones que nos le competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley”.
Además de la nulidad por violación de los derechos fundamentales de los bolivianos y de los fundamentos del sistema democrático, resta agregar que la constitución de Evo ha sido aprobada en un referéndum caracterizado por el “fraude electoral”, sobre todo rural, que el gobierno de Bolivia está encubriendo ante el mundo haciendo uso de la Corte Nacional Electoral que es de su amaño y –nuevamente- de su bien montado aparato de propaganda. El fraude ha consistido en el denominado “voto comunitario” que es voto inducido y bajo presión que viola el principio del voto individual y secreto.
La reelección inmediata por una sola vez, recuerda el referéndum de Chávez en Venezuela el año 2001, dejando fácilmente accesibles nuevas reformas para avanzar luego a la reelección indefinida. Estatismo y centralismo, reconocimiento de más de treinta nacionalidades con el propósito de acabar con la unidad nacional, reconocimiento expreso de la confrontación étnica, destrozo de la soberanía nacional por reconocimiento de territorio a comunidades privilegiadas, desconocimiento del mandato de autonomías departamentales establecidas por voto en referendos.
Destrucción de la Corte Suprema de Justicia y de la unidad de juzgamiento, establecimiento de un grupo ciudadanos con más derechos y menos obligaciones que otros, intervención estatal en el derecho de propiedad, control estatal de la libertad de prensa, de la inversión privada y de la banca, colectivismo, control populista, desconocimiento de derechos laborales, posibilidad de reforma total de la constitución y el camino a un sistema totalitario de partido único, son -entre otros- los elementos de la Constitución de Evo que analistas, columnistas y especialistas bolivianos y extranjeros han comentado con alarma, y que nadie de los que acuden en apoyo de Evo aceptarían que rijan en sus propios países, o donde quisieran que sus hijos se eduquen y desarrollen.
Quienes apliquen o participen de la vigencia de la constitución de Evo, por acción u omisión, serán responsables política y jurídicamente de sus efectos y serán autores de la imposición de una constitución nula, que ha nacido muerta, que no es subsanable, por ser el resultado de un proceso que ha devastado la democracia en nuestro país.
Al cesar el régimen de fuerza que hoy controla Bolivia, cesará la constitución de Evo y Bolivia podrá retornar a la democracia.
El autor ex Ministro de Defensa de Bolivia. Publicado en el Diario Las Américas en su edición del 6 de febrero.

la agencia española EFE ha realizado un buen trabajo al confirmar que sombras de fracaso exhibe la política de evo en hidrocarburos. va de mal en peor

El caso de corrupción en la estatal YPFB, que dirige la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia y aporta al Estado sus mayores ingresos, ha ensombrecido la gestión de Evo Morales y el futuro económico de un país que vive prácticamente de la venta de gas natural. Desde 2006, el presidente Morales ha intentado convertir a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el "buque insignia" de su modelo económico estatal y en el motor de la lucha contra la pobreza, pero la empresa vive hoy una gravísima crisis. YPFB está intervenida desde el lunes por autoridades del Gobierno y fiscales y sometida a una investigación del Senado, tras el relevo de su presidente Santos Ramírez que ha sido reemplazado por Carlos Villegas, el sexto responsable de la petrolera en tres años. Ramírez se encuentra en medio de una tormenta política desatada cuando el empresario boliviano Jorge O"Connor, con cuya compañía firmó en 2008 un contrato por 86 millones de dólares, fue asesinado por unos asaltantes que le robaron 450.000 dólares procedentes de las arcas de YPFB. En el momento del crimen, O"Connor entraba con ese dinero a una casa de La Paz propiedad supuestamente de la familia de Jovanna Navía, esposa de Santos Ramírez y diputada suplente del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS). Según sospecha la oposición, este empresario iba a pagar una comisión ilegal por el contrato adjudicado a su compañía. Pese a un inicial escepticismo frente a las denuncias, Morales decidió destituir a Ramírez para aclarar el destino del dinero. La relación personal y política de Morales con Ramírez ha sido estrecha, tanto, que incluso lo invitó a vivir en la residencia presidencial cuando llegó al Gobierno en 2006 y hace un mes apadrinó su matrimonio con Navía. Ramírez fue fundador del MAS y uno de sus más altos dirigentes. También presidió el Senado en 2006 y, por tanto, en ese momento era segundo en la línea de sucesión presidencial después del vicepresidente Álvaro García. Su destitución ha sido un gesto de Morales que los analistas valoran, si bien también hay escepticismo sobre si las sanciones finalmente se aplicarán en todos los niveles. A diferencia de otros casos en los que Morales se ha sentido presionado por los medios y ha reaccionado a la defensiva, esta vez no ha atacado a periodistas ni rechazado las denuncias sobre un escándalo que acapara desde hace días las portadas de la prensa. El "escándalo YPFB" ha logrado incluso eclipsar la aprobación de la nueva Constitución de Bolivia, sometida a referendo el 25 de enero. El analista Carlos Cordero señaló a Efe que este caso puede ser "un primer indicio de que la corrupción en altas esferas del Estado está cerca del Presidente", quien antes había admitido corrupción solo en niveles bajos de su administración. Además, advirtió que Morales afronta una gran preocupación porque YPFB es estratégica en sus planes: en 2008 las ventas de gas le dieron a Bolivia 3.432 millones de dólares, igual a un tercio del PIB y la mitad de las exportaciones totales. "Es donde más dinero existe hoy y la política de revitalización de YPFB es clave para el Gobierno", sostuvo Cordero al explicar que los planes de industrialización y la nacionalización del gas han demostrado ser políticamente rentables para el Ejecutivo. Otro analista, Roberto Laserna, sitúa el problema en la falta de institucionalidad y control que han dejado vulnerable a YPFB, a la que comparó con un "arca abierta" para la tentación. Según Laserna, las entidades reguladoras han sido desprestigiadas por el Gobierno de Morales, que modificó el sistema de licitaciones para facilitar la contratación directa de empresas, lo que lleva a un "momento de extrema debilidad institucional". A su juicio, esa carencia de seguridad lleva incluso a cuestionar si la empresa de O"Connor es legal y si está en condiciones de construir la planta petrolera que se adjudicó por los 86 millones. Ahora, el nuevo presidente de YPFB afronta el reto de recuperar la credibilidad del Gobierno, volver transparente y eficiente a la empresa, manejar petroleras nacionalizadas y cumplir con la venta de gas a Argentina y Brasil. La designación de Villegas, según dijo a Efe una fuente del sector petrolero, se ve con relativa "tranquilidad" porque fue ministro del área y "no comenzará de cero". Que YPFB cumpla con sus desafíos no solo es vital para la empresa sino para el país, afirmó Villegas ayer al comenzar la intervención de la petrolera. Ha ratificado que la empresa invertirá este año 1.000 millones de dólares, suma inédita en la vida de la compañía, pero a la que Morales apuesta para fomentar el crecimiento del país. Sin embargo, cuando se conoció esta cifra, el analista Carlos Miranda se preguntó qué pensaba hacer YPFB para gastar una media de tres millones diarios en 2009, si en 2008 solo invirtió el 45 por ciento de su presupuesto de 7 millones. EFE