Las instituciones abajo firmantes, entidades públicas y de la sociedad civil del Departamento de Santa Cruz, reunidas en el Salón Edmundo Salazar Terceros de la Honorable Brigada Parlamentaria Cruceña en fecha 24 de marzo de 2009, rechazamos enérgicamente el Proyecto de Ley Electoral Transitoria impulsado por el gobierno de Evo Morales Ayma, que es violatorio de su propio texto constitucional, por no ofrecer las mínimas garantías de transparencia en el ejercicio del voto y por vulnerar principios establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica y la Carta Democrática Interamericana.
Asimismo, demandamos que ningún proceso electoral pueda llevarse a cabo sin cumplir con las siguientes condiciones:
NUEVO PADRÓN ELECTORAL
Bolivia no puede enfrentar nuevos procesos electorales con un Padrón viciado de irregularidades, que facilita el fraude y viola el derecho a la identidad de las personas, al permitir la doble votación. Por esto, planteamos la necesidad de contar con un nuevo Padrón Electoral creado a partir de un reempadronamiento general, con un documento único que incluya controles biométricos, de acuerdo con las recomendaciones de la Unión Europea.
“UN CIUDADANO, UN VOTO”
Dada la antidemocrática desigualdad de derechos electorales entre los bolivianos que establece el Proyecto de Ley oficialista, al instituir una sobre representación de ciertas poblaciones en detrimento de otras, subrayamos el imperativo de respetar el principio de “un ciudadano, un voto”, como base de una representación proporcional que rija las asignaciones de escaños.
RESPETO A LOS ESTATUTOS AUTONÓMICOS
Los departamentos que optaron por el SÍ en el Referéndum Nacional Autonómico del 2 de julio de 2006, y en los Referendos Ratificatorios de los Estatutos Autonómicos de mayo y junio de 2008, tienen la plena potestad de administrar sus procesos electorales en el ámbito jurídico señalado en sus respectivos Estatutos, en lo referido a las elecciones de Gobernadores y Asambleas Departamentales. Exigimos el reconocimiento a los derechos adquiridos por voluntad popular.
INDEPENDENCIA DEL ORGANISMO ELECTORAL
Demandamos que cese la injerencia gubernamental en la Corte Nacional Electoral, como base para la necesaria imparcialidad que debería regir a este organismo. De la misma forma, exigimos que la Corte Nacional Electoral respete la independencia de las Cortes Electorales Departamentales, tanto en su accionar como en su conformación.
TRANSPARENCIA
Para evitar la discrecionalidad con que se implementaría el voto en el exterior de acuerdo al Proyecto de Ley oficial, a través de funcionarios políticos en las Embajadas y Consulados, consideramos indispensable que ese proceso sea conducido por el Organismo Electoral, con un nuevo diseño institucional que garantice la transparencia en el ejercicio del sufragio, y que los votantes del exterior sean inscritos en el nuevo y único Padrón Electoral, en igualdad de condiciones con los votantes en el territorio nacional.
LIBRE POSTULACIÓN
Condenamos la discriminación a los pueblos indígenas, por el monopolio en la representación que el Proyecto de Ley oficial instituye a favor de organizaciones controladas por el partido de gobierno, y planteamos la plena libertad de estos pueblos para postular a sus candidatos sin condiciones limitantes.
EQUIDAD
Rechazamos la desigualdad de condiciones establecida para las postulaciones a los cargos de Presidente y Vicepresidente, quienes no estarían obligados a presentar renuncia previa, a diferencia de las restantes autoridades electas. Todas las candidaturas deberán recibir el mismo tratamiento.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
Ante las reiteradas violaciones al Estado de Derecho realizadas por el gobierno en los últimos años y para evitar que se consume un nuevo atropello al sistema democrático, el Proyecto de Ley Electoral Transitoria debe ser sometido a control de constitucionalidad.
Para hacer efectivo el rechazo a este nuevo intento de imposición gubernamental y para el cumplimiento de estas condiciones, nos declaramos en ESTADO DE EMERGENCIA e iniciamos una campaña para socializar ante la opinión pública los graves peligros para la transparencia electoral que implica este Proyecto.
Llamamos a las fuerzas vivas de Santa Cruz a la unidad institucional y pedimos a la representación parlamentaria, las autoridades departamentales y el Comité Pro Santa Cruz, iniciar las acciones correspondientes para movilizar al pueblo cruceño.
Convocamos a los ciudadanos bolivianos que comparten nuestros ideales democráticos a unir fuerzas en el rechazo al Proyecto de Ley oficial, extendiendo el estado de emergencia a todo el territorio nacional.
GOBIERNO DEPARTAMENTAL AUTÓNOMO DE SANTA CRUZ
COMITÉ PRO SANTA CRUZ
BRIGADA PARLAMENTARIA CRUCEÑA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ
COMITÉ CÍVICO FEMENINO
CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
CÁMARA AGROPECUARIA DEL ORIENTE
COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS
CENTRAL OBRERA DEPARTAMENTAL
FEDERACIÓN UNIVERSITARIA LOCAL
OBSERVATORIO POLÍTICO NACIONAL (UAGRM)
martes, 24 de marzo de 2009
domingo, 22 de marzo de 2009
está poniendo en jaque al poder judicial para someterlo a su arbitrio, afirma El Diario decano de la prensa cuando analiza el:
Copamiento de Poderes
El Gobierno desesperado por lograr estabilidad está cometiendo gruesos errores, como pretender copar los Poderes del Estado a como dé lugar, no existe otra explicación para su intento por descabezar las principales instituciones del país, como es la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República, la Cámara de Senadores y otras, que le impiden imponer sus criterios, sin ajustarse a la Constitución Política del Estado que dispone la independencia de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Esto no es respetado por la administración gubernamental del presidente Evo Morales Aima, que recurre a la confrontación para distraer la atención de la ciudadanía y mostrarse ante la población como un adalid que lucha contra la corrupción que se comete en instituciones y organizaciones ajenas al Ejecutivo. La ciudadanía sabe que el gobierno del MAS recurre a una serie de argucias para desprestigiar a toda persona, real o jurídica, que no sea de su agrado o que considere peligrosa para sus planes, como ocurrió desde que el partido fundado con base en el movimiento social de los cocaleros se instaló en Palacio de Gobierno, con la misión de hacerse de todas las instituciones u organizaciones que tienen un relativo poder, con la finalidad de imponer sus criterios sin que haya oposición.
Lo claro es que el MAS no sabe cómo puede ejecutar un programa de gobierno, porque a más de tres años de haber asumido el mando de la Nación, nada bueno ha realizado a favor de los bolivianos, sino que recurre a una estrategia distraccionista con la finalidad de evitar que los ciudadanos perciban la grave crisis económica en la que se encuentra Bolivia. Además el Jefe de Estado nos tiene acostumbrados a los enfrentamientos con diferentes sectores de la sociedad civil, como los comités cívicos, medios de comunicación, trabajadores de la prensa, Iglesia Católica, Poder Judicial y otros sectores que eran considerados enemigos del proceso de cambio que propone el MAS, aunque en la práctica nada se ha hecho para que sea realidad.
Queda demostrado que el gobierno del MAS está empeñado en controlar y copar las principales instituciones del Estado, para evitar que se descubra los actos de corrupción que son cometidos en la administración pública por dirigentes, militantes o gente afín al partido de gobierno, y que sean sancionados de acuerdo con lo que dispone la ley. Para ello qué mejor que tener el control de la justicia ordinaria, del Ministerio Público y de la Policía Nacional, los primeros para que emitan fallos favorables a los gobernantes, los segundos para ponerse a órdenes de los gobernantes y los terceros para dirigir las investigaciones para favorecerlos y en contra de los opositores. Un ejemplo de ello es el caso de Leopoldo Fernández, quien guarda detención sin que se lo someta a un juicio claro, justo y transparente, en tanto se los libera de culpa y se quiere absolver a dirigentes y militantes del partido de gobierno involucrados con el narcotráfico y cuyas relaciones y actividades fueron descubiertas en posesión de kilogramos de cocaína, como sucedió con las hermanas de la dirigente masista Margarita Terán.
Precisamente para tener una justicia sumida y que responda a los intereses y designios de los gobernantes, en las últimas horas diputados masistas que controlan la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobaron una imputación formal en contra del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, por un supuesto delito de retardación de justicia, concretamente en el juicio de responsabilidades al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y varios de sus colaboradores, como también en contra del ex prefecto de La Paz Luis Alberto Valle y contra el exministro de salid Tonchi Marinkovich. Esto demuestra que existe un móvil político para descabezar el máximo tribunal de justicia de Bolivia para controlar el Poder Judicial y manejar los procesos a su antojo, por medio de los jueces que designará políticamente sin tomar en cuenta méritos y capacidad profesional.
Resulta incomprensible la forma de actuar de los diputados masistas que firman resoluciones sin conocer el fondo del problema. Es el caso de un diputado que en las reuniones de la comisión es quien más cuestiona la retardación de justicia de la Corte Suprema y sindica al presidente de la misma. Cuando los periodistas le preguntan por su forma de actuar, cae en el ridículo al no sostener valientemente lo que propuso como miembro de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, y se escuda en el hecho de que no se trata de una condena, sino que es una imputación y nada más. Esta es una demostración de falta de valor civil de aquel que comete una irregularidad y cuando es cuestionado por la sociedad quiere lavarse las manos a costa de sus compañeros de partido, responsabilizándolos de ese error.
Lo que busca el oficialismo es devaluar la justicia boliviana, recurriendo a artimañas, para controlar al Poder Judicial y manipular a su antojo los procesos que le son convenientes y archivarlos o rechazar aquellos que le perjudican, sobre todo ahora que se descubrió la corrupción de gente del MAS y que se la quiere tapar o minimizar. Esta realidad nadie la puede negar, por el interés que está demostrando el Ejecutivo para copar los otros poderes del Estado.
El Gobierno desesperado por lograr estabilidad está cometiendo gruesos errores, como pretender copar los Poderes del Estado a como dé lugar, no existe otra explicación para su intento por descabezar las principales instituciones del país, como es la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República, la Cámara de Senadores y otras, que le impiden imponer sus criterios, sin ajustarse a la Constitución Política del Estado que dispone la independencia de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Esto no es respetado por la administración gubernamental del presidente Evo Morales Aima, que recurre a la confrontación para distraer la atención de la ciudadanía y mostrarse ante la población como un adalid que lucha contra la corrupción que se comete en instituciones y organizaciones ajenas al Ejecutivo. La ciudadanía sabe que el gobierno del MAS recurre a una serie de argucias para desprestigiar a toda persona, real o jurídica, que no sea de su agrado o que considere peligrosa para sus planes, como ocurrió desde que el partido fundado con base en el movimiento social de los cocaleros se instaló en Palacio de Gobierno, con la misión de hacerse de todas las instituciones u organizaciones que tienen un relativo poder, con la finalidad de imponer sus criterios sin que haya oposición.
Lo claro es que el MAS no sabe cómo puede ejecutar un programa de gobierno, porque a más de tres años de haber asumido el mando de la Nación, nada bueno ha realizado a favor de los bolivianos, sino que recurre a una estrategia distraccionista con la finalidad de evitar que los ciudadanos perciban la grave crisis económica en la que se encuentra Bolivia. Además el Jefe de Estado nos tiene acostumbrados a los enfrentamientos con diferentes sectores de la sociedad civil, como los comités cívicos, medios de comunicación, trabajadores de la prensa, Iglesia Católica, Poder Judicial y otros sectores que eran considerados enemigos del proceso de cambio que propone el MAS, aunque en la práctica nada se ha hecho para que sea realidad.
Queda demostrado que el gobierno del MAS está empeñado en controlar y copar las principales instituciones del Estado, para evitar que se descubra los actos de corrupción que son cometidos en la administración pública por dirigentes, militantes o gente afín al partido de gobierno, y que sean sancionados de acuerdo con lo que dispone la ley. Para ello qué mejor que tener el control de la justicia ordinaria, del Ministerio Público y de la Policía Nacional, los primeros para que emitan fallos favorables a los gobernantes, los segundos para ponerse a órdenes de los gobernantes y los terceros para dirigir las investigaciones para favorecerlos y en contra de los opositores. Un ejemplo de ello es el caso de Leopoldo Fernández, quien guarda detención sin que se lo someta a un juicio claro, justo y transparente, en tanto se los libera de culpa y se quiere absolver a dirigentes y militantes del partido de gobierno involucrados con el narcotráfico y cuyas relaciones y actividades fueron descubiertas en posesión de kilogramos de cocaína, como sucedió con las hermanas de la dirigente masista Margarita Terán.
Precisamente para tener una justicia sumida y que responda a los intereses y designios de los gobernantes, en las últimas horas diputados masistas que controlan la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobaron una imputación formal en contra del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, por un supuesto delito de retardación de justicia, concretamente en el juicio de responsabilidades al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y varios de sus colaboradores, como también en contra del ex prefecto de La Paz Luis Alberto Valle y contra el exministro de salid Tonchi Marinkovich. Esto demuestra que existe un móvil político para descabezar el máximo tribunal de justicia de Bolivia para controlar el Poder Judicial y manejar los procesos a su antojo, por medio de los jueces que designará políticamente sin tomar en cuenta méritos y capacidad profesional.
Resulta incomprensible la forma de actuar de los diputados masistas que firman resoluciones sin conocer el fondo del problema. Es el caso de un diputado que en las reuniones de la comisión es quien más cuestiona la retardación de justicia de la Corte Suprema y sindica al presidente de la misma. Cuando los periodistas le preguntan por su forma de actuar, cae en el ridículo al no sostener valientemente lo que propuso como miembro de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, y se escuda en el hecho de que no se trata de una condena, sino que es una imputación y nada más. Esta es una demostración de falta de valor civil de aquel que comete una irregularidad y cuando es cuestionado por la sociedad quiere lavarse las manos a costa de sus compañeros de partido, responsabilizándolos de ese error.
Lo que busca el oficialismo es devaluar la justicia boliviana, recurriendo a artimañas, para controlar al Poder Judicial y manipular a su antojo los procesos que le son convenientes y archivarlos o rechazar aquellos que le perjudican, sobre todo ahora que se descubrió la corrupción de gente del MAS y que se la quiere tapar o minimizar. Esta realidad nadie la puede negar, por el interés que está demostrando el Ejecutivo para copar los otros poderes del Estado.
viernes, 20 de marzo de 2009
en universidades e institutos internacionales como el de Hudson, Wáshington el caso boliviano sigue siendo objeto de estudio aunque lamentan lo q`pasa
Bolivia, el país más pobre de América del Sur, necesita desesperadamente un líder nacional que repare sus muchas divisiones. Lamentablemente, Evo Morales no es de esa clase.
Cuando fue elegido presidente, en 2005, este antiguo cultivador de coca contaba con un apoyo bastante amplio entre los diferentes grupos raciales y económicos. Pero se empeñó en discriminar y excluir a los mestizos y a los blancos. Por otro lado, ha estatizado buena parte de la economía, incluido el sector de la energía, e impulsado un gran programa de confiscación y redistribución de tierras. Asimismo, ha erosionado las instituciones democráticas e intentado debilitar política y económicamente a los departamentos del este del país porque no le apoyan.Bolivia hoy está más dividida y polarizada que cuando Morales asumió el cargo. Sus iniciativas económicas estatizantes asustaron a los inversionistas extranjeros, y la corrupción sigue siendo generalizada. Ahora, el gobierno está envuelto en un enorme escándalo de corrupción de altos funcionarios.Las relaciones con los Estados Unidos se han deteriorado notablemente. Morales sigue un modelo político de conflicto, enfrentamiento e intimidación. Muy al estilo de su mentor, Hugo Chávez, utiliza el antiamericanismo como herramienta política y divulga disparatadas teorías conspiratorias. En setiembre expulsó al embajador estadounidense. Poco tiempo después, y debido a la creciente violencia política, Washington evacuó a los voluntarios del Cuerpo de Paz. En noviembre, Morales exigió que la DEA dejara de operar en Bolivia, y la referida agencia norteamericana dejó de hacerlo en enero.Por esa falta de cooperación en la lucha contra la droga, el entonces presidente de EEUU, G. W. Bush, suspendió el acceso privilegiado al mercado estadounidense que tenía Bolivia bajo la Ley de Preferencia para el Comercio Andino (ATPA, por sus siglas en inglés) y la Ley de Promoción del Comercio Andino y Erradicación de las Drogas, legislaciones ambas que exigen a los países beneficiarios que cooperen en la lucha contra las drogas. La administración Bush tenía justificación para suspender las preferencias comerciales. Esa decisión tendrá considerables repercusiones económicas en Bolivia, y Morales, previsiblemente, la ha usado como propaganda doméstica. Ahora, la administración Obama debe decidir si las restaura, y bajo qué condiciones.Bolivia representa muy poco (entre un 1 y un 2%) del intercambio comercial de los Estados Unidos con los países andinos, pero el gigante norteamericano es uno de los principales socios y una de las mayores fuentes de inversión extranjera de Bolivia. Así, las preferencias comerciales significan mucho más para La Paz que para Washington. Es de esperar que la administración Obama condicione su restauración a que el gobierno de Evo Morales brinde un mínimo de cooperación en la lucha contra las drogas. Suelo estar en desacuerdo con las sanciones comerciales, pero este es un caso especial. La Paz no puede recibir un cheque en blanco en la lucha contra las drogas. Bolivia, tercer productor mundial de coca, es un frente clave en esa batalla. Las condiciones fijadas por en la ATPA y la Ley de Promoción del Comercio Andino son muy claras y tienen lógica. Hay otras fuentes de preocupación para los Estados Unidos. Bolivia tiene enormes depósitos de gas natural, y Morales aboga por establecer vínculos estratégicos con Irán. En unos momentos en que Teherán está ampliando su esfera de influencia a través de América Latina, preocupa su emergente asociación con La Paz. El secretario de Defensa norteamericano, Robert Gates, declaró recientemente ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de su país que está "preocupado" por el nivel de actividades subversivas que están desarrollando los iraníes en América Latina. Hay evidencia de que la cordial relación de los ayatolás con Hugo Chávez, principal patrocinador de Morales, ha permitido al grupo terrorista Hezbollah establecerse en Venezuela. La conexión Bolivia-Irán requiere observación y cuidado. ¿Cómo preservar la democracia en Bolivia y reforzar sus instituciones democráticas? En sus esfuerzos diplomáticos para respaldar la democracia y apoyar a la sociedad civil, los Estados Unidos deberían colaborar estrechamente con los gobiernos democráticos de Europa y América del Sur, así como abordar la difícil situación de los más pobres en Bolivia y apoyar el trabajo de las ONG de buena fe a través del National Endowment for Democracy. También debe promover la libertad económica y la creación de un clima empresarial más favorable. A la hora de valorar los ambientes empresariales del planeta, el Banco Mundial sitúa a Bolivia en puesto 150 (de 181). Sólo Haití y Venezuela están peor en América Latina y el Caribe.Un punto final: hasta ahora, el presidente Obama ha decepcionado a quienes esperaban acciones prontas para reforzar los lazos de Estados Unidos con el resto del continente. Irán, Rusia y China están trabajando para fortalecer sus relaciones con América Latina. Si los Estados Unidos no hacen de su propio hemisferio una prioridad, se arriesgan a perder influencia en una región crítica para su seguridad y su economía.© AIPEJAIME DAREMBLUM, director del Centro de Estudios para América Latina del Hudson Institute (Washington).
Cuando fue elegido presidente, en 2005, este antiguo cultivador de coca contaba con un apoyo bastante amplio entre los diferentes grupos raciales y económicos. Pero se empeñó en discriminar y excluir a los mestizos y a los blancos. Por otro lado, ha estatizado buena parte de la economía, incluido el sector de la energía, e impulsado un gran programa de confiscación y redistribución de tierras. Asimismo, ha erosionado las instituciones democráticas e intentado debilitar política y económicamente a los departamentos del este del país porque no le apoyan.Bolivia hoy está más dividida y polarizada que cuando Morales asumió el cargo. Sus iniciativas económicas estatizantes asustaron a los inversionistas extranjeros, y la corrupción sigue siendo generalizada. Ahora, el gobierno está envuelto en un enorme escándalo de corrupción de altos funcionarios.Las relaciones con los Estados Unidos se han deteriorado notablemente. Morales sigue un modelo político de conflicto, enfrentamiento e intimidación. Muy al estilo de su mentor, Hugo Chávez, utiliza el antiamericanismo como herramienta política y divulga disparatadas teorías conspiratorias. En setiembre expulsó al embajador estadounidense. Poco tiempo después, y debido a la creciente violencia política, Washington evacuó a los voluntarios del Cuerpo de Paz. En noviembre, Morales exigió que la DEA dejara de operar en Bolivia, y la referida agencia norteamericana dejó de hacerlo en enero.Por esa falta de cooperación en la lucha contra la droga, el entonces presidente de EEUU, G. W. Bush, suspendió el acceso privilegiado al mercado estadounidense que tenía Bolivia bajo la Ley de Preferencia para el Comercio Andino (ATPA, por sus siglas en inglés) y la Ley de Promoción del Comercio Andino y Erradicación de las Drogas, legislaciones ambas que exigen a los países beneficiarios que cooperen en la lucha contra las drogas. La administración Bush tenía justificación para suspender las preferencias comerciales. Esa decisión tendrá considerables repercusiones económicas en Bolivia, y Morales, previsiblemente, la ha usado como propaganda doméstica. Ahora, la administración Obama debe decidir si las restaura, y bajo qué condiciones.Bolivia representa muy poco (entre un 1 y un 2%) del intercambio comercial de los Estados Unidos con los países andinos, pero el gigante norteamericano es uno de los principales socios y una de las mayores fuentes de inversión extranjera de Bolivia. Así, las preferencias comerciales significan mucho más para La Paz que para Washington. Es de esperar que la administración Obama condicione su restauración a que el gobierno de Evo Morales brinde un mínimo de cooperación en la lucha contra las drogas. Suelo estar en desacuerdo con las sanciones comerciales, pero este es un caso especial. La Paz no puede recibir un cheque en blanco en la lucha contra las drogas. Bolivia, tercer productor mundial de coca, es un frente clave en esa batalla. Las condiciones fijadas por en la ATPA y la Ley de Promoción del Comercio Andino son muy claras y tienen lógica. Hay otras fuentes de preocupación para los Estados Unidos. Bolivia tiene enormes depósitos de gas natural, y Morales aboga por establecer vínculos estratégicos con Irán. En unos momentos en que Teherán está ampliando su esfera de influencia a través de América Latina, preocupa su emergente asociación con La Paz. El secretario de Defensa norteamericano, Robert Gates, declaró recientemente ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de su país que está "preocupado" por el nivel de actividades subversivas que están desarrollando los iraníes en América Latina. Hay evidencia de que la cordial relación de los ayatolás con Hugo Chávez, principal patrocinador de Morales, ha permitido al grupo terrorista Hezbollah establecerse en Venezuela. La conexión Bolivia-Irán requiere observación y cuidado. ¿Cómo preservar la democracia en Bolivia y reforzar sus instituciones democráticas? En sus esfuerzos diplomáticos para respaldar la democracia y apoyar a la sociedad civil, los Estados Unidos deberían colaborar estrechamente con los gobiernos democráticos de Europa y América del Sur, así como abordar la difícil situación de los más pobres en Bolivia y apoyar el trabajo de las ONG de buena fe a través del National Endowment for Democracy. También debe promover la libertad económica y la creación de un clima empresarial más favorable. A la hora de valorar los ambientes empresariales del planeta, el Banco Mundial sitúa a Bolivia en puesto 150 (de 181). Sólo Haití y Venezuela están peor en América Latina y el Caribe.Un punto final: hasta ahora, el presidente Obama ha decepcionado a quienes esperaban acciones prontas para reforzar los lazos de Estados Unidos con el resto del continente. Irán, Rusia y China están trabajando para fortalecer sus relaciones con América Latina. Si los Estados Unidos no hacen de su propio hemisferio una prioridad, se arriesgan a perder influencia en una región crítica para su seguridad y su economía.© AIPEJAIME DAREMBLUM, director del Centro de Estudios para América Latina del Hudson Institute (Washington).
domingo, 15 de marzo de 2009
los hechos están probando que el cuento del tío inventado por garcía linera del capitalismo andino-amazónico es una patrana mas para embaucarnos...
Hora 25.- Bolivia es el gran experimento actual del poder transnacional y de la política mundial, cuyo principal objetivo es apoderarse completamente de nuestros recursos naturales. Para ello se apoya en la confrontación política interna expresada en el autonomismo, ya sea departamental o indígena, y en lo económico se reviste de capitalismo andino-amazónico, creación del vicepresidente Álvaro García Linera, cuya máxima expresión es la falsa nacionalización de los hidrocarburos.
El capitalismo andino-amazónico es parte de la ortodoxia de libre mercado, arropado de indigenismo, cuya única intención es sembrar, con el dinero de la nación, sociedades anónimas para la corrupción en diferentes actividades de la economía nacional para luego ser entregadas al poder transnacional bajo la excusa de que son ineficientes y corruptas, y que el estado no es un buen empresario, y por el contrario son una carga para la nación.
La red de "empresas nacionalizadas-anónimas" cubre diferentes rubros, desde los recursos naturales renovables y no renovables, hasta el sector financiero y de telecomunicaciones, para cuyo financiamiento, desde la compra de activos de sus "dueños externos", hasta su funcionamiento y mantenimiento, está en manos del Tesoro General de la Nación.
Al no haber cambio de políticas estructurales, desde Sánchez de Lozada, el gobierno de Evo Morales esgrime los mismos argumentos neoliberales para justificar la transnacionalización de nuestra economía.
Con plata del Estado
La nacionalización de las empresas estatales y la aplicación de este modelo gerencial S.A. se hace con dinero del Estado proveniente de los ingresos de exportación de hidrocarburos, cuyo máximo nivel de reservas estuvo a punto de llegar a los 8 mil millones de dólares, una cifra nunca antes vista en el país.
Estos recursos sirven para pagar a las empresas transnacionales por su paquete accionario, y en el caso de las petroleras, sin haber hecho las correspondientes auditorías necesarias para determinar si realmente invirtieron lo que anunciaron o causaron un daño económico al Estado que debería ser cobrado antes de cualquier cancelación.
Este gobierno ha proyectado 2000 fideicomisos, según comentario públicos no refutados oficialmente, con una cifra inicial espeluznante de 1835.5 millones de dólares. Estos fondos serían utilizados para la conformación de las empresas estratégicas como la Boliviana de Aviación (BOA), apoyo a cooperativistas minertos mediante el Banco de Desarrollo Productivo (SAM). Incluye también los mil millones de dólares para el "relanzamiento" de YPFB.
Veamos las empresas más importantes del "Estado", convertidas en Sociedades Anónimas".
EPSAS S.A.
El pedido de nacionalización de Aguas del Illimani en enero de 2007 dio lugar a la creación de La Empresa Pública Social del Agua y Saneamiento Sociedad Anónima (EPSA). Este fue el modelo que después se seguiría en otras áreas para evitar los controles del estado.En este caso, la auditoria de Pozo y Asociados demostró que los inversionistas franceses debían al Estado 20 millones de dólares, sin embargo el gobierno de Evo Morales, canceló 15 millones de dólares a la transnacional.Este proceso fue impulsado por el ex dirigente vecinal de El Alto, Abel Mamani, en su calidad de ministro de Aguas, poco después fue destituido por el Jefe de Estado por un escándalo de "fotos pornográficas". La "nacionalización" de la francesa fue un señuelo para evitar que el Alto siga luchando por una nacionalización de los hidrocarburos. Es decir, le entregaron el ratón antes que el león, en complicidad con los dirigentes de turno.
En Banco Unión S.A. continúan accionistas del MNR y MIR
En noviembre de 2003, NAFIBO SAM (Nacional Financiera Boliviana SAM) compró el 83,2% del Banco Unión por $us 14 millones para evitar su quiebra, dejando un 16,8% en manos privadas.Por esta decisión, hasta el momento el chileno Jorge Valdez Añez, Andrés Petricevic, miembros del MNR, junto al hermano del mirista Carlos Saavedra Bruno, Luis Fernando Bruno, continúan como accionistas de esta entidad financiera.En 2004, parlamentarios del MAS denunciaron que una de la causas de la quiebra del Banco Unión fue por otorgar créditos a "palos blancos" de Petricevic, Valdez y Saavedra Bruno.Lourdes Durán, esposa del actual ministro de Hacienda, Luis Arce Catacora, es la máxima ejecutiva de esta institución.
Entel S.A.
El Estado nacionalizó ENTEL el 1 de mayo de 2008 con mucha pompa. Como en las otras Sociedades Anónimas, el 3 por ciento de las acciones pertenecen a personas particulares por lo que Estado no puede realizar ninguna acción de fiscalización sobre esta empresa que tiene una controversia internacional con la empresa ETI que reclama un pago de 170 millones de dólares mientras el gobierno sólo ofrece pagar 100 millones.De acuerdo a los medios de comunicación, existen alrededor de 100 accionistas menores.
¿Quiénes son los accionistas privados de YPFB refinación S.A.?
En completo misterio se mantiene los nombres de los accionistas privados de YPFB-Refinación que fue recomprada por el estado boliviano en 112 millones de dólares, olvidando sus deudas por concepto de impuestos de alrededor de 130 millones de dólares.La compra se realizó el 10 de mayo de 2007, cuando la empresa petrolera Petrobras Bolivia Refinación (P.B.R. S.A.) transfirió legalmente al Estado las acciones del 100 por ciento de las refinerías. Sin embargo, como por arte de magia, una parte de esas acciones fueron entregadas a personas o instituciones desconocidas para YPFB Refinación convirtiéndola en Sociedad Anónima para librarse de cualquier control del Estado con estatus de empresa privada.
NAFIBO hoy BDP SAM
El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) SAM fue constituido sobre lo que fue Nacional Financiera Boliviana (NAFIBO), en el marco legal establecido por el Código de Comercio, sujetándose a las disposiciones que regulan las actividades de las sociedades anónimas mixtas y bajo la supervisión y control de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y la Superintendencia de Valores y Seguros.En la actualidad, el BDP SAM de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), se halla bajo la tuición del Ministerio de Planificación de Desarrollo y en cumplimiento a la Ley Nro. 2064 del Ministerio de Hacienda en representación de la República de Bolivia, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.Al tener el gobierno la tuición y mayoría accionaria en el BDP puede definir sus políticas como banco de segundo piso para el apoyo al sector productivo, sin embargo, muchos sectores sociales criticaron la burocracia de este mecanismo y su favoritismo con sectores afines al MAS.
* Fragmento de la edición N. 60 del periódico HORA 25.
El capitalismo andino-amazónico es parte de la ortodoxia de libre mercado, arropado de indigenismo, cuya única intención es sembrar, con el dinero de la nación, sociedades anónimas para la corrupción en diferentes actividades de la economía nacional para luego ser entregadas al poder transnacional bajo la excusa de que son ineficientes y corruptas, y que el estado no es un buen empresario, y por el contrario son una carga para la nación.
La red de "empresas nacionalizadas-anónimas" cubre diferentes rubros, desde los recursos naturales renovables y no renovables, hasta el sector financiero y de telecomunicaciones, para cuyo financiamiento, desde la compra de activos de sus "dueños externos", hasta su funcionamiento y mantenimiento, está en manos del Tesoro General de la Nación.
Al no haber cambio de políticas estructurales, desde Sánchez de Lozada, el gobierno de Evo Morales esgrime los mismos argumentos neoliberales para justificar la transnacionalización de nuestra economía.
Con plata del Estado
La nacionalización de las empresas estatales y la aplicación de este modelo gerencial S.A. se hace con dinero del Estado proveniente de los ingresos de exportación de hidrocarburos, cuyo máximo nivel de reservas estuvo a punto de llegar a los 8 mil millones de dólares, una cifra nunca antes vista en el país.
Estos recursos sirven para pagar a las empresas transnacionales por su paquete accionario, y en el caso de las petroleras, sin haber hecho las correspondientes auditorías necesarias para determinar si realmente invirtieron lo que anunciaron o causaron un daño económico al Estado que debería ser cobrado antes de cualquier cancelación.
Este gobierno ha proyectado 2000 fideicomisos, según comentario públicos no refutados oficialmente, con una cifra inicial espeluznante de 1835.5 millones de dólares. Estos fondos serían utilizados para la conformación de las empresas estratégicas como la Boliviana de Aviación (BOA), apoyo a cooperativistas minertos mediante el Banco de Desarrollo Productivo (SAM). Incluye también los mil millones de dólares para el "relanzamiento" de YPFB.
Veamos las empresas más importantes del "Estado", convertidas en Sociedades Anónimas".
EPSAS S.A.
El pedido de nacionalización de Aguas del Illimani en enero de 2007 dio lugar a la creación de La Empresa Pública Social del Agua y Saneamiento Sociedad Anónima (EPSA). Este fue el modelo que después se seguiría en otras áreas para evitar los controles del estado.En este caso, la auditoria de Pozo y Asociados demostró que los inversionistas franceses debían al Estado 20 millones de dólares, sin embargo el gobierno de Evo Morales, canceló 15 millones de dólares a la transnacional.Este proceso fue impulsado por el ex dirigente vecinal de El Alto, Abel Mamani, en su calidad de ministro de Aguas, poco después fue destituido por el Jefe de Estado por un escándalo de "fotos pornográficas". La "nacionalización" de la francesa fue un señuelo para evitar que el Alto siga luchando por una nacionalización de los hidrocarburos. Es decir, le entregaron el ratón antes que el león, en complicidad con los dirigentes de turno.
En Banco Unión S.A. continúan accionistas del MNR y MIR
En noviembre de 2003, NAFIBO SAM (Nacional Financiera Boliviana SAM) compró el 83,2% del Banco Unión por $us 14 millones para evitar su quiebra, dejando un 16,8% en manos privadas.Por esta decisión, hasta el momento el chileno Jorge Valdez Añez, Andrés Petricevic, miembros del MNR, junto al hermano del mirista Carlos Saavedra Bruno, Luis Fernando Bruno, continúan como accionistas de esta entidad financiera.En 2004, parlamentarios del MAS denunciaron que una de la causas de la quiebra del Banco Unión fue por otorgar créditos a "palos blancos" de Petricevic, Valdez y Saavedra Bruno.Lourdes Durán, esposa del actual ministro de Hacienda, Luis Arce Catacora, es la máxima ejecutiva de esta institución.
Entel S.A.
El Estado nacionalizó ENTEL el 1 de mayo de 2008 con mucha pompa. Como en las otras Sociedades Anónimas, el 3 por ciento de las acciones pertenecen a personas particulares por lo que Estado no puede realizar ninguna acción de fiscalización sobre esta empresa que tiene una controversia internacional con la empresa ETI que reclama un pago de 170 millones de dólares mientras el gobierno sólo ofrece pagar 100 millones.De acuerdo a los medios de comunicación, existen alrededor de 100 accionistas menores.
¿Quiénes son los accionistas privados de YPFB refinación S.A.?
En completo misterio se mantiene los nombres de los accionistas privados de YPFB-Refinación que fue recomprada por el estado boliviano en 112 millones de dólares, olvidando sus deudas por concepto de impuestos de alrededor de 130 millones de dólares.La compra se realizó el 10 de mayo de 2007, cuando la empresa petrolera Petrobras Bolivia Refinación (P.B.R. S.A.) transfirió legalmente al Estado las acciones del 100 por ciento de las refinerías. Sin embargo, como por arte de magia, una parte de esas acciones fueron entregadas a personas o instituciones desconocidas para YPFB Refinación convirtiéndola en Sociedad Anónima para librarse de cualquier control del Estado con estatus de empresa privada.
NAFIBO hoy BDP SAM
El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) SAM fue constituido sobre lo que fue Nacional Financiera Boliviana (NAFIBO), en el marco legal establecido por el Código de Comercio, sujetándose a las disposiciones que regulan las actividades de las sociedades anónimas mixtas y bajo la supervisión y control de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y la Superintendencia de Valores y Seguros.En la actualidad, el BDP SAM de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), se halla bajo la tuición del Ministerio de Planificación de Desarrollo y en cumplimiento a la Ley Nro. 2064 del Ministerio de Hacienda en representación de la República de Bolivia, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.Al tener el gobierno la tuición y mayoría accionaria en el BDP puede definir sus políticas como banco de segundo piso para el apoyo al sector productivo, sin embargo, muchos sectores sociales criticaron la burocracia de este mecanismo y su favoritismo con sectores afines al MAS.
* Fragmento de la edición N. 60 del periódico HORA 25.
jueves, 12 de marzo de 2009
se le acaba su tiempo. ahora evo está bajo la mirada de los DDHH que han difundido un severo documento vinculado a VH Cárdenas víctima del MAS
Bolivia: Se debe condenar de manera inequívoca la violencia por parte de turbas
Los ataques por motivaciones políticas amenazan el estado de derecho
(Washington, DC, 12 de marzo de 2009) – El gobierno boliviano debe repudiar de manera clara e inequívoca los ataques sufridos por la familia del ex Vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas a manos de una turba, y abstenerse de efectuar cualquier tipo de declaración que pudiera interpretarse como tolerancia frente a tales actos de violencia, señaló hoy Human Rights Watch. La organización también instó al gobierno boliviano a asegurar que se investiguen de manera inmediata e imparcial estos y otros ataques recientes dirigidos tanto a partidarios del gobierno como a miembros de la oposición.
El 7 de marzo de 2009, cientos de campesinos indígenas habrían ocupado y saqueado la vivienda de Cárdenas en Sankajahuira, aproximadamente a 90 kilómetros al oeste de La Paz. La multitud golpeó a la esposa, a los hijos y al sobrino de Cárdenas con palos y chicotes, y los obligaron a salir de la vivienda. El ex Vicepresidente, que ha sido un abierto opositor al gobierno del Presidente Evo Morales, no se encontraba en el lugar durante los sucesos. Su esposa, Lidia Catari, su hija, Sami, de 15, y su hijo Irumaki, de 24, ingresaron ese mismo día a un hospital de La Paz debido a las lesiones que sufrieron durante el ataque.
Estos ataques se producen en Bolivia en un momento en que se viven crecientes agresiones entre las fuerzas afines al gobierno y de oposición. En mayo de 2008, en Sucre, una turba habría obligado a partidarios del gobierno a desvestirse y a quemar banderas tradicionalmente indígenas y banderas del partido oficialista. Además, según señalan varios artículos de prensa, en diciembre del año pasado, en Santa Cruz, un grupo de opositores al gobierno arrojó una bomba molotov contra la vivienda de un asambleísta oficialista, provocando un incendio en la vivienda.
“Los responsables de esos brutales actos deben rendir cuentas por ellos, y los más altos funcionarios deben transmitir un mensaje claro de que, bajo ninguna circunstancia, tales actos están justificados”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
En una conferencia de prensa, el Presidente Morales lamentó los ataques y manifestó que el gobierno no había tenido ninguna participación. Sin embargo, de acuerdo con varias fuentes periodísticas, el Presidente Morales expresó luego que “el pueblo no aguanta ni perdona a los traidores". Agregó que Cárdenas “ha estado mintiendo sobre su persona, el Gobierno y la nueva Carta Magna” y “estas mentiras causan reacción”. Del mismo modo, después de solicitar una investigación del incidente en una entrevista de prensa, el Vicepresidente Alvaro García Linera dijo “lo que Víctor Hugo Cárdenas debe preguntarse es qué daño habrá hecho a sus vecinos, a los pobladores, a las personas de su comunidad y de la provincia, para que esos pobladores lo repudien”.
Cárdenas, un líder político indígena que se desempeñó como Vicepresidente de Bolivia entre 1993 y 1997, hizo campaña abiertamente contra la nueva constitución que el gobierno de Morales sometió a referéndum. La nueva constitución fue aprobada en enero de 2009.
“Al mismo tiempo que los líderes bolivianos toman distancia de la turba y critican la violencia, sus declaraciones públicas sugieren que los ataques pueden haber sido justificados”, señaló Vivanco. “Esa ambigüedad atenta contra el estado de derecho en Bolivia”.
Los cabecillas del ataque contra la familia de Cárdenas dijeron a la prensa que habían tomado esa medida contra Cárdenas “por financiar la campaña del ‘no’” contra la nueva constitución y por haber traicionado a su pueblo.
“El gobierno tiene la responsabilidad de asegurar el derecho a la libertad de expresión y asamblea, incluyendo a través de manifestaciones políticas”, señaló Vivanco. “Sin embargo, también debe garantizar que estas no degeneren en violencia colectiva o pongan en peligro a los ciudadanos”, señaló Vivanco.
Para mayor información sobre el trabajo de Human Rights Watch sobre Bolivia diríjase a:
http://www.hrw.org/es/americas/bolivia
Para obtener más información, por favor contactar:
En Washington, DC, José Miguel Vivanco (español, inglés): +1-917-379-1180 (celular)
Los ataques por motivaciones políticas amenazan el estado de derecho
(Washington, DC, 12 de marzo de 2009) – El gobierno boliviano debe repudiar de manera clara e inequívoca los ataques sufridos por la familia del ex Vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas a manos de una turba, y abstenerse de efectuar cualquier tipo de declaración que pudiera interpretarse como tolerancia frente a tales actos de violencia, señaló hoy Human Rights Watch. La organización también instó al gobierno boliviano a asegurar que se investiguen de manera inmediata e imparcial estos y otros ataques recientes dirigidos tanto a partidarios del gobierno como a miembros de la oposición.
El 7 de marzo de 2009, cientos de campesinos indígenas habrían ocupado y saqueado la vivienda de Cárdenas en Sankajahuira, aproximadamente a 90 kilómetros al oeste de La Paz. La multitud golpeó a la esposa, a los hijos y al sobrino de Cárdenas con palos y chicotes, y los obligaron a salir de la vivienda. El ex Vicepresidente, que ha sido un abierto opositor al gobierno del Presidente Evo Morales, no se encontraba en el lugar durante los sucesos. Su esposa, Lidia Catari, su hija, Sami, de 15, y su hijo Irumaki, de 24, ingresaron ese mismo día a un hospital de La Paz debido a las lesiones que sufrieron durante el ataque.
Estos ataques se producen en Bolivia en un momento en que se viven crecientes agresiones entre las fuerzas afines al gobierno y de oposición. En mayo de 2008, en Sucre, una turba habría obligado a partidarios del gobierno a desvestirse y a quemar banderas tradicionalmente indígenas y banderas del partido oficialista. Además, según señalan varios artículos de prensa, en diciembre del año pasado, en Santa Cruz, un grupo de opositores al gobierno arrojó una bomba molotov contra la vivienda de un asambleísta oficialista, provocando un incendio en la vivienda.
“Los responsables de esos brutales actos deben rendir cuentas por ellos, y los más altos funcionarios deben transmitir un mensaje claro de que, bajo ninguna circunstancia, tales actos están justificados”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
En una conferencia de prensa, el Presidente Morales lamentó los ataques y manifestó que el gobierno no había tenido ninguna participación. Sin embargo, de acuerdo con varias fuentes periodísticas, el Presidente Morales expresó luego que “el pueblo no aguanta ni perdona a los traidores". Agregó que Cárdenas “ha estado mintiendo sobre su persona, el Gobierno y la nueva Carta Magna” y “estas mentiras causan reacción”. Del mismo modo, después de solicitar una investigación del incidente en una entrevista de prensa, el Vicepresidente Alvaro García Linera dijo “lo que Víctor Hugo Cárdenas debe preguntarse es qué daño habrá hecho a sus vecinos, a los pobladores, a las personas de su comunidad y de la provincia, para que esos pobladores lo repudien”.
Cárdenas, un líder político indígena que se desempeñó como Vicepresidente de Bolivia entre 1993 y 1997, hizo campaña abiertamente contra la nueva constitución que el gobierno de Morales sometió a referéndum. La nueva constitución fue aprobada en enero de 2009.
“Al mismo tiempo que los líderes bolivianos toman distancia de la turba y critican la violencia, sus declaraciones públicas sugieren que los ataques pueden haber sido justificados”, señaló Vivanco. “Esa ambigüedad atenta contra el estado de derecho en Bolivia”.
Los cabecillas del ataque contra la familia de Cárdenas dijeron a la prensa que habían tomado esa medida contra Cárdenas “por financiar la campaña del ‘no’” contra la nueva constitución y por haber traicionado a su pueblo.
“El gobierno tiene la responsabilidad de asegurar el derecho a la libertad de expresión y asamblea, incluyendo a través de manifestaciones políticas”, señaló Vivanco. “Sin embargo, también debe garantizar que estas no degeneren en violencia colectiva o pongan en peligro a los ciudadanos”, señaló Vivanco.
Para mayor información sobre el trabajo de Human Rights Watch sobre Bolivia diríjase a:
http://www.hrw.org/es/americas/bolivia
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En Washington, DC, José Miguel Vivanco (español, inglés): +1-917-379-1180 (celular)
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