Preso: Leopoldo Fernández. Acosados: Rubén Costas, Ernesto Suárez, exiliados: Manfred y Mario Cossío, decenas, cientos de exiliados y perseguidos que alzan la vos de Susana Seleme

Cuando los demagogos se apoderan de un país, decía Aristóteles, pronto aparecen los tiranos. Cuando el líder populista y demagogo se alía al estamento militar y coopta a los niveles represivos del Estado, el espacio de la política es sustituido por la dictadura y los dictadores. En ese momento, la democracia ya no existe.

A eso vamos a pasos agigantados en Bolivia, como ahora que meten preso al presidente de la Asamblea Legislativa Departamental cruceña, Alcides Villagómez, por no darle gusto al totalitarismo masista que pretende copar tambien ese espacio, vía el artificio de un dudoso curul indígena -el yucararé-mojeño- en esa instancia autonómica. Ese pueblo como unidad étnica no existe: uno es yucararé y el otro es mojeño. Lo real aquí no es solo la politización de la justicia al servicio de Evo Morales, García Linera y compañía, que cita a Villagómez a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen -¿cuál crimen?- y lo mete preso. Lo real es que detrás de Villagómez, viene la toma física y del poder político de la Asamblea Departamental, desde donde irán por la cabeza del gobernador Rubén Costas.

Como el mismo dijo, “esto es un golpe de Estado”. Sí, uno más a la institucionalidad democrática, basada en el voto popular al que desprecian y por eso no lo respetan. Golpe de Estado como el que dieron en Pando hace más dos años, más tarde en Tarija, lo están dando Beni y ahora en Santa Cruz. Golpes de Estado vía guillitonas judicales, a falta de guillotina reales, como las usadas en la época de Jean-Jacques Rousseau, el jacobino que impuso su uso en la Revolución francesa (1789). Fue el tiempo conocido en la historia universal como la época del ‘terror’, y así y todo, el ‘Vice-copresidente no tiene empacho en declararse el último jacobino, y quiere que Morales sea el Jean-Jacques Rousseau de este Estado pluribochorno violador sistemático del Estado Democrático y Social de Derecho.
Todo forma parte de la toma del poder total para el destino manifiesto expresado en tantas oportunidades por el presidednte y su copresidente, el ‘Vice’: llegaron para quedarse, no dos o tres períodos de gobierno, sino 50 años, a partir de la ‘bolchevización de la sociedad’, quinta etapa del ‘proceso de cambio’. ¿Cual cambio? El cambio hacia la dictadura, hacia la negacion de la pluralidad democrática, de la libertad de opinión individual y de la libertad de prensa, del respeto a los otros que piensan diferente, incluídos los sectores populares como las Centrales Obreras. Es decir, totalitarios al mejor estílo de la ex Unión Soviética con sus prácticas estalinistas, encarcelamiento y muerte de todo indicio de disidencia.

¿Vamos a seguir manteniedo un silencio suicida y estupido frente a la permanente politización de la justica y de la dictadura ya sin tapujos? Estamos a tiempo de dar un cuarto de conversión y volver a la ‘unidad’ de la fuerzas demócratas y autonomistas de Santa Cruz y Bolivia para enfrentar al único enemigo principal: Morales y sus hombres. No hacerlo, además de suicida y estúpido, es seguir bajo la dictadura. No gritar hoy el complot contra la democracia en Bolivia, es seguir soportando más golpes -“los heraldos que nos manda la muete”, ya lo dijo el peruano universal que fue César Vallejos- como la farsa de elección directa de magistrados. La justicia estará entonces, ya sin límite democrático alguno, al servicio del poder político dictatorial, de sus abusos y de sus embustes.

Los embustes

Sin otro fundamento que ‘sentarle la mano’ a los autonomistas y emprendedores cruceños, el llamado ‘caso’ terrorismo-separatismo-Rózsa-Sosa, feroz complot político contra Santa Cruz, se va quedando sin pruebas. No hay un solo indicio de separatismo, menos de terrorismo y como no había pruebas contundentes, ni un arma más o menos potable ni nada concomitante para sustentar la acusación, ahora el servil fiscal Sosa, servidor de sus altos mandantes políticos, arguye que destruyó las armas y las ‘pruebas’ por peligrosas. Como no hubo ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, las mentiras suman y siguen, como si fuéramos subnormales para creernos las calumnias y no detectar los embustes.

Mientras el presidente Evo Morales se deja llevar por el cada vez explícito culto a su personaldad (fomentado por los aduladores y oportunistas de siempre que se aprovechan de las debilidades del líder y lo nombran guía espiritual de los pueblos indígenas de América, declaran patrimonio nacional a su natal Orinoca y abren su novísimo museo) el ‘Vice-copresidente’ es quien gobierna. El si sabe muy bien que es el terrorismo y qué es ser terrorista, pues confesó publicamente haberlo sido. Lo corrobora la historia de Bolivia, cuando derrumbaba torres de alta tensión y asaltaba bancos y empresas para sus terroristas y delictivas acciones. Por tanto, nadie como él sabe que el terrorismo y los terroristas equivalen al período de la destrucción por la destrucción, cuando no importan las muertes ni de los no propios combatientes ni de los adversarios.

“La guerra del terrorista es total, es el triunfo definitivo del principio de muerte por sobre el de vida” como apunta Fernando Mires, afirmación que jamás se la podrá endilagar a ninguno de los 39 imputados en el grotesco complot contra Santa Cruz y la mayoría de su gente, que no disparon un solo tiro y no son psicópatas políticos como los que gobieran Bolivia.

Aquí, los únicos tiros disparados fueron los que segaron la vida de los tres mercenarios, asesinados por miembros del ex comando Utarc, ya condecorados por esa criminal hazaña. Ese sí fue un terrorismo de Estado, premeditado y alevoso, como las violaciones al derecho de 39 imputados sin pruebas, hoy presos, exiliados o proscriptos a partir de testigos sobornados - como el ‘Viejo’- para inculpar a inocentes y darles el pase a la cárcel. Entre ellos los jóvenes Zvonko Matkovic hijo, Hugo Paz, Hugo Vázquez, los Gelafios Santisteban padre e hijo, Gueder Bruno y Alcides Mendoza por haber vendido un arma sin mira telescópica y cuyas familias en Santa Cruz las pasan más que negras para sobrevivir, entre otros.

En la cárcel de San Pedro, en La Paz, además de cruceños, hay benianos, pandinos y tarijeños, sin haber cometido delito alguno, hoy unidos en la desventura que provoca la presión, más allá de lo que dijeron o no dijeron algunos de ellos, esperando que la unidad de la oposición política democrática ponga freno a los abusos totalitarios del MAS. Hay un preso político emblemático, como Leopoldo Fernández al que no doblegan ni en la inhóspita cárcel de Chonchocoro. Hoy está acosado el gobernador del Beni, Ernesto Suárez; exiliado el gobernador Mario Cossío de Tarija y los actuales atropellos contra el gobernador cruceño Rubén Costas, solo por ser autonomistas adversarios políticos del centralismo autoritario y abusivo de Morales y sus hombres.

Al cabo de las tantas idas y venidas del servil fiscal Sosa, lo único que queda son las grotescas violaciones al derecho de los 39 imputados, como el derecho al juez natural, aquí en Santa Cruz, donde se habría producido un delito que nunca existió; el derecho a la presunción de inocencia, al juicio justo y a la igualdad en la administración de justicia. Derechos conculcados a otros presos y exiliados que hicieron uso de su democrático derecho al disenso, algunos con arrestos domiciliaros o medidas sustitutivas, y a políticos y empresarios por no aceptar el ‘pensamiento único’ de los totalitarios del MAS. Ahí están como testigos el empresario Humberto Roca Leigue, y ahora Samuel Doria Medina.

Los supuestos ‘financiadores’

Ni armas, ni pruebas de separatismo, ni “financiadores” tras dos largos años investigación por parte del servil fiscal Sosa, servidor de sus mandantes políticos. Dos años de zozobra, extorsión, amedrentamiento, prisión y exilio a los imputados y a sus familias. Los ‘financiadores’ no aparecerán porque aquí solo se financió las campañas para sustentar la lucha autonómica, no como dijo el ex ministro de Gobierno, Alfredo Rada: "Esta investigación debe esclarecer quién o quiénes financiaron a esta estructura separatista, quién o quiénes dieron cobertura política”. Claro que Rada está hoy en ‘plan pijama’ como señalan en Cuba a los desterrados de la función pública y que perdieron el favor del régimen, por alguna ‘mala acción’. Con incontinencia verbal propia de cínicos manipuladores, Rada mencionó, sin dar nombres, a autoridades cívicas, departamentales y algunos líderes políticos regionales. Como dijo un miembro del Estado pluribochorno: “sabemos quienes son, ahora falta poner nombres”. A alguno ya le han puesto hasta apellido: Branko Marinkovic, mientras otros se salvan.

Según un informe de investigación periodística sobre el caso de marras, publicado por el periódico Los Tiempos de Cochabamba, veinte meses después del a-justiciamiento a los tres extranjeros en Santa Cruz, Sosa abrió un nuevo cuaderno de investigación titulado Terrorismo II, a cargo de la fiscal Mery Gutiérrez para dar con los ‘financiadores’. Ella ha solicitado a su colega que le entregue información para indagar en la Unidad de Investigaciones Financieras. ¿No sabe que Sosa ‘ha peinado’ los estados financieros de toda aquella dirigencia, y no precisamente para dar con el objetivo de su búsqueda, que nunca existió, sino para violar más derechos –el de la confidencialidad- y para algunos otros menesteres nada santos?
Tengo ganas de gritar y grito ¡basta, no más abusos!

Preso: Leopoldo Fernández. Acosados: Rubén Costas, Ernesto Suárez, exiliados: Manfred y Mario Cossío, decenos cientos de exiliados y perseguidos que alzan la vos de Susana Seleme

de un modo sutil e inteligente Karem Araúz muestras las realidades de un régimen que vive entre sus contradicciones más agudas para el que cada día es más difícil gobernar

Pienso con desazón en las dificultades que debe pasar SE para encontrar orientación cierta a lo que parece ser, incomprensiblemente, lo más importante para su otrora 54%: sus ingresos y sus sueños de vivir bien.

Difícil trance éste porque hay que estar en los zapatos de cada cual para poder valorar sus reales necesidades. Difícil para SE hoy, recordar cuán difícil es la vida de los simples mortales. Peor ahora que algunos sienten que se equivocaron de ocupación. 

Duro imaginar el desconcierto del maestro cuando se da cuenta de que en vez de andar kilómetros con el viento en contra  hacia su escuelita para transmitir a los pequeños lo que ha aprendido, debió optar por un trabajo allá en YPFB. Él creyó que su labor también era esencial.

El trabajador que se cocina bajo un casco parchando baches en las carreteras, recuerda con nostalgia sus días de servicio militar. Si él hubiera sabido que esa carrera en democracia le daría un mucho mayor ingreso, se hubiera quedado en el ejército aguantando a los sargentos.

Y la mujer que por años ha asistido a los enfermos en los hospitales públicos esforzándose pese a la carencia de insumos, siente por primera vez que debió casarse y con un minero estatizado. Es que ella también creyó que su opción era fundamental. Ni hablar de los miles que no portan identificación política partidaria. Parece que en este país nadie da pie con bola.

Por la mente de los gobernantes deben pasar como en cinemascope, un sinfín de ideas que los ayude en esta dificilísima tarea. Encima, sus amigos cubanos son muy desconcertantes y andan contra ruta. Imagínense que propiciando -nada menos que en imponente congreso comunista-apertura hacia la actividad y la iniciativa privada. Es como para sentirse traicionados.  Cuando se determina imitarlos, allá deciden empezar a hacer lo que acá se estaba haciendo. Eso descoloca y duele.

Hace unos días por ejemplo,  surgió la idea de echar mano a las reservas internacionales. Además de cubrir algunos gastos de la mamut administración pública actual, no saben bien para qué. Sospechan que  su equipo económico no ha dado muchas  muestras de eficiencia.

Recuerdan el D.S. 748 que resultó ser un tsunami que en su camino arrasó con buena parte de ese 54%.  Se ignora si existen proyectos de inversión productiva entre sus opciones. Retórica aparte obviamente.

Si los emprendimientos estatales de estos largos cinco años y cuatro meses estuvieran precedidos de decisiones sensatas y se pudiese otear resultados medianamente positivos, quién sabe se podría ayudarlos, al menos otorgándoles el beneficio de la duda.

Sobre la eficiente conducción de YPFB, mejor no ahondar. Sólo para ilustrar: según la Plataforma de Estudios Energéticos  sobre la actividad financiera de YPFB el 2010, los gastos de publicidad fueron por más de dos millones de dólares, contra los miserables veinticinco mil en capacitación. Y que se nota, se nota.

Pero los salvó el gong. Importante el pozo  perforado en Aquio por la  francesa Total,  aunque aún sin certificación oficial de reservas, ha sido un golpe de suerte para el agobiado gobierno del MAS. A tal extremo que con euforia se han elevado los salarios para los trabajadores petroleros hasta en un 70%. Daba la impresión de que los hidrocarburos dentro la madre tierra eran de todos y de que sus ingresos se metían en un chanchito para ser luego repartido equitativamente entre los hermanos. Suena discriminatorio. ¿O no?

No hay duda que la muerte del 21060 es fantasmagórica. Debe causar mucha ansiedad desmantelar una estructura de sólidos cimientos que por un cuarto de siglo ha mantenido una moneda estable y un índice de inflación aceptable, considerando que cuando se lanzó la maléfica medida, la inflación pasaba el 24.000%. Sin pretender llegar a estos extremos, nada mejor para empobrecer a un pueblo que una Buena inflación. Casi genocida.  Y con control de precios, se incentivará a los productores a bailar morenada que resultará más fructífero y por supuesto mucho más entretenido.

El 21060 continuará rondando entre las sombras.  Los mediums oficialistas invocarán su espíritu cada vez que se necesite que el mercado regule lo que el Estado no podrá ni sabrá cómo. Y eso sucederá cuando la especulación de paso a la escasez y ésta al  mercado negro que renacerá de sus cenizas con renovados bríos. Y otra cosa será con guitarra el lamento boliviano.

Para darle algo de alegría artificial a los difíciles tiempos, se organizó un festivo día hábil y fue el mar una vez más el llamado a ser protagonista.  Es que no es fácil mantenerse en el poder y hay que ser imaginativos.  En medio de todo esto he llegado a la conclusión de que la insolente barrabasada urbana cometida contra la mítica  Plaza San Francisco, fue ideada a fin de que los grandes actos de masas tengan como único reducto alternativo, el estadio donde por fortuna apenas caben 38 mil almas. Más bien que no tenemos un Maracaná.  Sería mucho más peliagudo y costoso de llenar.
 

Jorge Siles Salinas quién fuera Embajador de Bolivia ante la Santa Sede ha publicado Doctrina Social de la Iglesia (II) cuya lectura recomendamos

No han escapado, ciertamente, al experimentado juicio de los Pontífices las circunstancias concretas del mundo económico de nuestros días que obligan al Estado a asumir una acción cada vez más intensa con arreglo a la creciente complejidad de la administración, de la planificación y de la racionalización técnica de los servicios públicos. Ya Pío XI en Quadragésimo Año, había expresado: “La mudanza de las condiciones sociales hace que muchas cosas que antes hacían aun las asociaciones pequeñas, hoy no las pueden ejecutar sino las grandes colectividades”. Juan XXIII, desde la perspectiva de 1961, no ha podido por lo menos reconocer que los Poderes Públicos están obligados a desenvolver en el campo económico una actividad multiforme más vasta, más profunda y más orgánica. La indiscutible necesidad de la intervención del Estado se explica sobre todo- según lo expone el texto de la encíclica- en los casos en que es forzoso reducir los desniveles económicos, contener las oscilaciones en el proceso de la producción y atender al problema de la desocupación social.

Habida cuenta de la complejidad y magnitud de estos problemas, el trascendental documento concluye, sin embargo, afirmando que “la presencia del Estado en el campo económico, por dilatada y profunda que sea, no encamina a empequeñecer cada vez más la esfera de la libertad en la iniciativa de los ciudadanos particulares, sino más bien garantizar a esa esfera la mayor amplitud posible”.

Un criterio ecuánime, de justa y prudente armonización de las funciones respectivas que en el mundo de hoy competen al Estado, a los grupos intermedios y a los individuos, inspira, en su visión de conjunto, el gran cuadro de ética social en que consiste el texto admirable de la Mater et Magistra. Aparece allí, en su formulación más rigurosa, la idea de la aportación concorde, simultánea y proporcional con que cada uno de estos factores del cuerpo social debe contribuir a su mejoramiento y a la solución de sus problemas. No menos claramente se desprende de su doctrina la imagen de los vicios a que puede ser conducida una sociedad en la que falte la iniciativa privada o en la que Estado se haya abstenido de cumplir su misión.

Interesa al magisterio pontificio dejar en claro que esta doctrina acerca de las funciones propias del Estado, lejos de empequeñecer su misión y menoscabar su autoridad, es la única merced a la cual puede fundamentarse recta y ordenadamente el poder estatal: “Por tanto, tengan bien entendido esto los que gobiernan; cuanto más vigorosamente reine el orden jerárquico entre las diversas asociaciones, quedando en pie este principio de la función supletiva del Estado, tanto más firma será la autoridad y el poder social, y tanto más próspera y feliz la
condición del Estado” (Q.A.).

Menester es -piensa la doctrina social cristiana- que quienes participan en la conducción de la cosa pública se hagan cargo de que la “necesaria intervención del Estado, como gestor del bien común, no debe llevarle a apoderarse sin límites de la vida privada, sustituyendo las fuerzas sociales por su ejército de burócratas”. (A. Perpiñá. Comentarios a la Mater et Magistra. B.A.C.). 

¿Hasta dónde puede llegar el poder del Estado? ¿Es lícito, es conveniente que el Estado imponga una reglamentación política en un uso social como es el saludo, según se vio en tiempos del nazismo, o que disponga de un rígido sistema con arreglo al cual habrá de ser educados nuestros hijos, o que establezcan inapelablemente cuántos niños puede procrear una familia o cómo habrá de emplear los ciudadanos sus ocios o bajo qué condiciones podrán las personas viajar, cambiar de ocupación, dedicarse al arte, cumplir su anhelo de servir a Dios, buscar la relación con los demás? ¿No hay límites al avance del Estado sobre la conciencia individual?

Hace algunos años, tuvimos ocasión de escuchar en el Colegio Mayor de Santa Teresa, de Madrid, al filósofo Julián Marías, quien disertaba sobre estas materias. El papel del Estado, repetía Marías siguiendo la doctrina expuesta por Juan XXIII, no debe ir más allá de orientar, estimular, suplir, integrar la actividad de los particulares. El nombre que antiguamente se daba a un Ministerio- concluía aquel pensador- podría servir, tal vez, para designar la verdadera función del Estado: Ministerio de Fomento. En efecto, cuando el Estado desconoce la existencia de una esfera privada, cuando infiere grave daño a las instituciones intermedias, cuando pretende suplantar la libre iniciativa de los ciudadanos, en todos estos casos pervierte la verdadera misión para la que fue creado. La tarea propia del poder público queda expresada de un modo admirable en aquel ya citado vocablo: fomentar. “Toda actividad social es, por naturaleza, subsidiaria; debe servir de sostén a los miembros del cuerpo social y jamás destruirlos o absorberlos” (Juan XXIII).
 

La Nación se refiere al documento emitido por la OEA que bordea la situación de la libertad de prensa en la región violada por el régimen gobernante

La Organización de Estados Americanos (OEA) acaba de producir su informe anual sobre la situación de la libertad de prensa en la región y, como cabía esperar ante la gravedad de lo que sucede en la Argentina, contiene un capítulo sumamente riguroso y detallado sobre nuestro país.

Con la firma de la relatora especial, Catalina Botero, el informe destaca los principales ataques a los medios y a los periodistas, acumulados en el transcurso de 2010. Incluye muchos casos individuales, que aparecen debidamente pormenorizados, como la aparición de carteles anónimos con mensajes insultantes y estigmatizadores contra periodistas que trabajan en el grupo Clarín.

También destaca el muy desafortunado incidente derivado de la frase pronunciada por el ministro de Economía, Amado Boudou, el 8 de octubre del año pasado, cuando audazmente afirmó en Washington, ante periodistas allí acreditados, que dos periodistas de los diarios La Nacion y Clarín "eran como los que ayudaron a las nazis a limpiar las cámaras de gas".

Al describir el "clima de confrontación extrema" que existe en la Argentina contra los medios, el texto de la OEA señala que las constantes y difamatorias menciones a los periodistas impiden la deliberación razonable y pluralista de los asuntos políticos. Puntualiza, además, que debe ser "labor del Estado contribuir a generar un clima de mayor tolerancia y respeto por las ideas de terceros, inclusive cuando esas ideas resulten ofensivas o causen disgustos". Y agrega, con total justeza, que "el Estado debe siempre abstenerse de utilizar alguna de sus competencias para recompensar a los medios que le son favorables y castigar a aquellos que disienten del gobierno o critican sus acciones". La alusión tiene obviamente que ver con los abusos constantes del poder de policía administrativo por parte del gobierno nacional para perseguir a los medios independientes y con la distribución selectiva, torcida y amañada de la publicidad oficial.

El informe señala, asimismo, que la OEA está siguiendo bien de cerca todo lo que sucede en los juicios en curso contra los directores de La Nacion y Clarín en relación con la compra del paquete accionario de Papel Prensa SA. También sigue de cerca las acciones que apuntan a Fibertel, empresa de propiedad del grupo Clarín. Al respecto, la relatora Botero destaca que, debido a la notable importancia para el ejercicio de la libertad de expresión que tienen esos asuntos, espera que sean resueltos de acuerdo con los estándares internacionales.

Para que nadie se confunda, señala Botero que en la cuestión del papel de diario es de aplicación el artículo 13 de la Convención Americana, que establece que "el derecho a la libertad de expresión no puede ser restringido mediante métodos o procedimientos indirectos, tales como el abuso de los controles gubernamentales a los privados respecto del papel de diario, las frecuencias radiales o los equipos utilizados en la diseminación de la información o por algún otro medio tendiente a impedir la comunicación y circulación de las ideas y opiniones". La cita es una bienvenida y valiente advertencia, que no puede ser ignorada.

Queda ahora en total evidencia que la constante persecución a la prensa independiente que desde hace rato lleva a cabo el Gobierno no ha pasado inadvertida para el organismo regional especializado, que toma debida nota de ella y la denuncia sin titubeos en su reciente informe. Cumple así con la delicada misión que le ha sido encomendada.

La conducta reiterada del Gobierno es, precisamente, la que ha dado lugar a estas desusadas puntualizaciones y advertencias en defensa de la libertad de opinión, la libertad de difusión de las ideas y la información y la libertad de prensa que las autoridades del Poder Ejecutivo, con inusual descaro, han venido conculcando a lo largo del año pasado, sin que esa conducta haya sido rectificada.

Por el contrario. Las presiones y ataques contra la prensa libre e independiente han continuado en lo que va del año en curso, aunque quizá con algún mayor disimulo por parte de alguno de sus protagonistas. La historia está siendo escrita sin disimular lo inaceptable.