versión castellana del informe de Estados Unidos
sobre los Derechos Humanos en Bolivia suscrito por el
Departamento de Estado de los EEUU de Norteamérica
EJECUTIVO SUMMARYS
(Advertencia. El texto contiene varios errores de traducción)
Bolivia es un ente constitucional, república multipartidista con un presidente elegido y un parlamento
bicameral. En diciembre de 2009, en un proceso considerado libres y justas por observadores
internacionales, los ciudadanos reelegidos Evo Morales Ayma, líder del Movimiento al Socialismo (MAS),
partido, como presidente. Las fuerzas de seguridad informaron a las autoridades civiles.
Los problemas más graves de derechos humanos incluyen la detención o prisión arbitrarias, la negación
de un juicio público justo y oportuno, y la violencia contra las mujeres.
Otros problemas de derechos humanos incluyen duras condiciones carcelarias, las restricciones a la
libertad de expresión y de prensa, la corrupción oficial en el poder judicial y en otros lugares, la falta de
transparencia en el gobierno, la trata de personas y la justicia vigilante. La discriminación social contra
las mujeres continuó, los miembros de las minorías raciales y étnicas, personas indígenas, personas con
discapacidad, personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT), y las personas con VIH / SIDA.
El gobierno tomó medidas en algunos casos para procesar a servicios de seguridad y otros funcionarios
del gobierno que cometieron los abusos, sin embargo, la aplicación inconsistente de las leyes y un
sistema judicial disfuncional llevó a la impunidad.
Sección 1. El respeto a la integridad de la persona, incluyendo la libertad de: Compartir
un. Privación arbitraria o ilegal de la vida
A diferencia del año anterior, no hubo informes de que el gobierno o sus agentes cometieran asesinatos
arbitrarios o ilegales.
A fin de año el Tribunal Constitucional había tomado ninguna decisión respecto a la apelación de los
tribunales militares para mantener la competencia en el caso de sublieutenants Jorge Castro Ureña,
Rudy Gerardo Flores Herrera, Franz Eduardo García y Roberto Roya Velásquez, encargada de la 02 2011
asesinato de Subteniente Grover Poma Guanto.
b. Desaparición
No hubo informes de desapariciones por motivos políticos.
c. La Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
La Constitución y las leyes prohíben esas prácticas, pero había al menos un informe de que los
funcionarios del gobierno los empleados durante el año.
Durante una huelga del sector sanitario el 10 de mayo, la policía arrestó a Leonor Boyan por
presuntamente lanzar una piedra a Vice Ministro de Gobierno Jorge Pérez. Boyan informó que los
policías abusaron física y verbalmente de ella y que ella sufrió trauma en la cabeza, así como otras
lesiones. Más tarde fue trasladado a un hospital, y los cargos en su contra fueron retirados. Pérez
declaró el 10 de mayo que las declaraciones de Boyan eran "teatro" y afirmó que no había evidencia de abuso, pero la unidad de emergencia médico Oscar Romero explicó que había recibido tratamiento en la
unidad de cuidados intensivos. La Cámara Baja de la Asamblea Nacional convocó a una audiencia sobre
el presunto maltrato, pero al final del año se había programado ninguna audiencia.
El caso de José Cantoral y otros tres peruanos, detenido en agosto de 2011 por cargos de terrorismo,
continúa en la fase de investigación. Cantoral fue detenido durante 22 días sin el debido proceso ni
acceso a un abogado, durante el cual la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y el Alto
Comisionado de la ONU para los refugiados declararon que Cantoral fue sometido a tortura psicológica y
física. El gobierno extraditó a los otros tres peruanos Perú. En diciembre de 2011 Cantoral fue puesto en
libertad bajo arresto domiciliario y mantuvo su condición de refugiado, para impedir su extradición a
Perú.
Sobre detención y encarcelamiento Condiciones Center
Las condiciones de reclusión eran muy duras debido al rápido aumento en el número de detenidos, lo
que provocó gran hacinamiento. Las autoridades reconocieron que, debido a la corrupción de los
guardias de bajo rango y mal pagados, el Estado era incapaz de regular los reclusos dentro de las
instalaciones. La falta de control interno creado un ambiente inseguro, poniendo en peligro a los
detenidos y los cientos de niños que vivían en los centros penitenciarios. Muchos prisioneros fueron
obligados a pagar sobornos para la protección y el alojamiento.
Condiciones físicas: prisiones y centros de detención están superpobladas y fondos suficientes. Durante
el año el número de reclusos aumentó en 4359 a un total de 13.489, que se celebró en las instalaciones
diseñadas para 5000. Esto fue además de un aumento de 22,4 por ciento en 2011. El 20 de diciembre, el
presidente emitió un decreto para permitir que el director del sistema penitenciario nacional para
liberar a 600 presos condenados por delitos menores y 1.000 personas en prisión preventiva, pero
ningún preso había recibido la libertad bajo el decreto a finales de año. El director del centro
penitenciario indicó que el presupuesto de funcionamiento del sistema de 2012 fue de 17 millones de
bolivianos (2.440.000 dólares), menos del 15 por ciento de la cantidad solicitada por el organismo para
el año 2013.
Hubo prisiones separadas para mujeres, excepto en la prisión de Morros Blancos en Tarija, Cárcel
Montero en Santa Cruz, la prisión de Riberalta en Beni, y la prisión en Oruro Oruro, donde los hombres y
las mujeres comparten las instalaciones. Los dormitorios estaban separados, pero la población
comingled diaria. Las condiciones de las reclusas fueron similares a las de los hombres. Los presos
preventivos se llevaron a cabo con los condenados.
De acuerdo con funcionarios del Ministerio de Gobierno, 1.000 menores condenados (de 16 a 21) no
fueron separados de los reclusos adultos en las cárceles. Reclusos adultos presuntamente abusaron de
menores presos. Cuatro convictos juveniles femeninos cumplían condena en el Centro de Consejería de
la Terapia de la Mujer, un refugio para mujeres en La Paz, parcialmente separados de las víctimas de
abuso. Los programas de rehabilitación para delincuentes juveniles u otros prisioneros fueron escasos.Aunque la ley permite que los niños hasta la edad de seis años a vivir con un padre encarcelado, los
niños de hasta 12 años vivían con sus padres, por lo general sus madres en prisión. De acuerdo con el
director nacional penitenciario, a unos 700 niños lo hicieron, mientras que el Defensor del Pueblo puso
la cifra en 1487.
Debido a la corrupción persistente, la riqueza de un recluso a menudo determinó el tamaño celular,
privilegios de visitas, la elegibilidad día de paso, y el lugar y la duración de su encierro. En la cárcel de
San Pedro, el centro principal de La Paz, los funcionarios exigieron sobornos de 686 a 6.860 bolivianos ($
100 a $ 1.000) de los reclusos antes de asignarlos a las células, dejando al menos 180 reclusos a dormir
en los pasillos y espacios al aire libre. Los medios de comunicación informaron de que en algunos
centros rurales tanto como 45 presos se celebraron en la misma celda.
Debido a la falta de vigilancia interna, la violencia y los disturbios entre los presos sigue siendo un
problema. Según el Defensor del Pueblo, en algunas cárceles los presos fueron obligados a pagar otros
reclusos un "seguro de vida" cuota de 3.500 a 10.500 bolivianos ($ 500 a $ 1,500) para evitar golpes y
torturas por otros reclusos. Las protestas también dio lugar a la violencia. Durante una protesta el 24 de
abril en la prisión de San Pedro, los reclusos lanzaron madera, botellas y otros objetos dentro de la
prisión y en la vía pública fuera.
Servicios para sostener las necesidades básicas eran inadecuadas. Los presos tenían acceso a agua
potable, pero la dieta estándar de la prisión fue insuficiente y los reclusos que podían permitírselo
complementan las raciones a la compra de alimentos. Director Nacional Penitenciario Ramiro Llanos
declaró que el Estado asignó el equivalente a 6,4 bolivianos ($ 0,92) para la dieta diaria de un prisionero
y 3,2 bolivianos ($ 0,46) para la dieta de los niños menores de edad que viven con sus padres presos. La
ley establece que los presos tienen acceso a la atención médica, pero la atención fue inadecuada, y era
difícil para los prisioneros para obtener permiso para recibir tratamiento médico fuera.
Administración: Administración de registros de prisioneros era adecuado y mantenido por la oficina
nacional del sistema penitenciario. No se utilizaron alternativas a la condena para los delincuentes no
violentos. Detenidos penitenciarias tenían un acceso razonable a los visitantes y se les permitió la
observancia religiosa. Las autoridades permitieron presos a presentar denuncias periódicamente a una
comisión de jueces de distrito para investigar, sin embargo, por temor a represalias por parte de las
autoridades penitenciarias, los reclusos con frecuencia no han presentado denuncias de abusos.
Monitoreo: El gobierno generalmente permitió visitas de observadores no gubernamentales
independientes como Comité Internacional de la Cruz Roja, los jueces y representantes de los medios, y
que se realizaron durante el año.
Mejoras: En julio, el gobierno adoptó un nuevo código regulador para normalizar las prácticas, tales
como la lista de artículos prohibidos, en los centros penitenciarios del país. El nuevo código también
establece la creación de consejos penitenciarios de todas las facilidades para supervisar las condiciones
y hacer cumplir las políticas penitenciarias.
d. Arresto o detención arbitrariosLa ley prohíbe el arresto y la detención arbitraria, pero en algunos casos las fuerzas de seguridad
incautaron y sostuvo individuos bajo circunstancias legalmente dudosas.
En junio de 2011 los ciudadanos extranjeros Jacob Ostreicher fue arrestado por sospechas de lavado de
dinero y pertenencia a una organización criminal. Fue puesto en prisión preventiva y se mantuvo hasta
el 18 de diciembre de 2012. En noviembre y diciembre, las autoridades arrestaron a más de una docena
de funcionarios del gobierno sobre las denuncias de extorsión relacionados con el caso. El gobierno
alegó que los funcionarios corruptos presionaron al juez para revocar su decisión inicial de conceder la
libertad bajo fianza Ostreicher en septiembre de 2011 y que las autoridades aplazaron audiencias más
de 20 veces, lo que retrasa seriamente la justicia. El gobierno alegó que durante el encarcelamiento de
Ostreicher, los funcionarios detenidos vendían ilegalmente activos de la empresa de Ostreicher y
robaron el producto. Aunque el gobierno hizo varios arrestos, los observadores creían que era probable
que los funcionarios corruptos arbitrariamente encarcelados otros individuos y que algunos funcionarios
corruptos involucrados en detenciones ilegítimas continuaron actuando con impunidad.
El 10 de abril, agentes del gobierno detuvieron a ciudadanos extranjeros Miriam Unger, la esposa de
Jacob Ostreicher, durante cuatro horas sin una orden de arresto después de que ella habló con la prensa
sobre el caso de su marido fuera de la prisión de Palmasola.
El 11 de junio, el ex comandante en jefe de las fuerzas armadas (2000-02) Alvin Anaya fue detenido por
enriquecimiento ilícito basado en su asignación de cinco millones de bolivianos (718.000 dólares) en
bonos a empleados militares. La práctica de la asignación de fondos de reserva para el pago de
incentivos para empleados fue legal durante el mandato de Anaya. Funcionarios militares criticaron la
detención y expresó su preocupación de que permitir que el gobierno aplica la ley con carácter
retroactivo podría someter a otros ex funcionarios de la acción legal similar en el futuro.
El caso que involucra al ex presidente del Banco Central (1995-2006) Juan Antonio Morales, detenido en
septiembre de 2011 por enriquecimiento ilícito basado en bonificaciones que recibió y se proporciona a
los empleados del banco en 1995-97, se mantuvo en la fase de investigación. La práctica era legal en ese
momento, cuando las primas se consideran parte de los salarios de los empleados. El caso fue
ampliamente criticado por motivos políticos. Bajo arresto domiciliario desde 2011, Morales sigue
teniendo un permiso especial para salir de casa a dar clases en una universidad.
Jorge Melgar Quete, líder del partido Movimiento Nacional Revolucionario, permaneció detenido por
cargos de terrorismo y sedición en espera de juicio tras su detención de 2008 para pedir públicamente la
"liquidación" del presidente Morales.
Papel de la Policía y el Aparato de Seguridad
La Policía Nacional tiene la responsabilidad principal de hacer cumplir la ley y mantener el orden en el
país, pero las fuerzas militares pueden ser llamados para ayudar en situaciones críticas. El informe de la
policía al Ministerio de Gobierno y las fuerzas militares informan al Ministerio de Defensa. Como
resultado de la huelga de la policía nacional en junio 21 a 27, el gobierno accedió a suspender
temporalmente y revisar la Ley de Disciplina Código 101, el mecanismo para investigar y castigar el abuso y la corrupción interna. Al finalizar el año no se había aprobado un nuevo código. Director de
Internos de la Policía de Investigaciones Walter Paco informó que la mayoría de los abusos de la policía
interna y expedientes de casos de corrupción fueron destruidas y los equipos de la unidad fueron
dañados durante las protestas.
Procedimientos de arresto y trato durante la detención
La ley requiere que la policía obtenga una orden de detención de un juez y que la policía informar al
fiscal sobre un arresto dentro de ocho horas. La ley también establece que un detenido comparecer
ante un juez dentro de las 24 horas (excepto bajo la declaratoria de estado de sitio, en el que un
detenido puede ser retenido durante 48 horas), momento en el cual el juez debe determinar si es
apropiado continuar la detención previa al juicio o liberación en libertad bajo fianza. El juez ordenará la
libertad del detenido si el fiscal no presenta razones suficientes para el arresto. El estado permite que
los sospechosos a elegir sus propios abogados, y el Estado también proporciona un abogado de la
Oficina del Defensor Público si las solicitudes sospechosas uno.
Prisión Preventiva: La ley permite los jueces la facultad de ordenar la detención preventiva si existe una
alta probabilidad de que un sospechoso ha cometido un delito, la evidencia de que el acusado pretende
obstaculizar el proceso de investigación, o si un sospechoso es considerado un riesgo de fuga. Si un
imputado no es detenido, un juez puede ordenar restricciones importantes sobre los movimientos del
sospechoso. Los detenidos en general tuvieron acceso inmediato a sus familiares y el acceso a los
abogados. Aproximadamente el 70 por ciento de los detenidos no podía permitirse un abogado, y los
defensores públicos asignados a los casos estuvieron sobrecargados de trabajo.
La negación de la justicia debido a la prolongada detención preventiva sigue siendo un problema.
Aunque la ley establece que ni la fase de instrucción ni la fase de pruebas de un caso excederá de 36
meses combinados, la Fundación Construir estima que aproximadamente el 75 por ciento de los
sospechosos permanecieron en prisión preventiva más de los límites legales. La ley establece que nadie
podrá ser detenido por más de 18 meses sin cargos formales. Si después de 18 meses, el fiscal no
presenta cargos formales y concluir la fase de instrucción, el detenido puede solicitar su liberación por
un juez. El juez debe ordenar la liberación del detenido, pero los cargos contra el detenido no se cayó.
Sin embargo, la corrupción judicial, la escasez de defensores públicos, los mecanismos de seguimiento
de casos inadecuados, y los complejos procedimientos penales mantuvo muchos sospechosos detenidos
durante más de 18 meses antes del juicio.
El sistema penitenciario del Estado informó que el 84 por ciento de los presos se encontraban en prisión
preventiva y que sólo el 16 por ciento había sido condenado. La Fundación Construir informó que la tasa
fue mayor en algunas jurisdicciones, como La Paz, donde el 91 por ciento de los detenidos en la prisión
de la ciudad de San Pedro se encontraban en prisión preventiva.
Los jueces pueden enfrentar acciones legales para la concesión de libertad bajo fianza a un sospechoso
que viole las condiciones o huye de la orden de libertad. El 5 de octubre, Tarija Departamento jueza
Miriam Flores fue arrestado y encarcelado en la cárcel de Morros Blancos después sospechoso Pablo
Cossio, a quien le concedió la libertad bajo fianza, huyó de la jurisdicción. Cossio es el hermano del gobernador suspendido de Tarija Mario Cossío, quien recibió asilo en Paraguay en enero de 2011 (véase
la sección 2.d.). Cossio se mantuvo en general, y Flores continuó en prisión a finales de año. El 25 de
octubre, el gobierno arrestó a Santa Cruz Departamento juez Iris Justiniano después del Departamento
de la Asamblea Legislativa miembro de Lucio Vedia, quien Justiniano en libertad bajo fianza, no se
presentó a una audiencia para resolver cargos de manejar bajo la influencia y el narcotráfico.
Niños de 11 a 16 años de edad pueden ser detenidos indefinidamente en centros infantiles para los
delitos conocidos o sospechosos, o para su protección a las órdenes de un trabajador social. No hay
revisión judicial de dichas órdenes.
e. Negación de Juicio Público Justo de las Naciones Unidas
La ley establece un poder judicial independiente, pero el poder judicial fue ampliamente considerado
corrupto, sobrecarga de trabajo, y debilitado por las vacantes en sus niveles más altos. Un informe de la
Fundación Construir, la Universidad Católica de La Paz, y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para
los Derechos Humanos (ACNUDH), declaró que en las jurisdicciones urbanas se contrató a 10 nuevos
fiscales del departamento entre 2008 y 2012 y que los jueces del crimen tenía un retraso de casi 129.000
casos. Las autoridades generalmente respetan las órdenes judiciales, pero a veces cobran cargos contra
jueces para presionar a cambiar sus veredictos.
El Instituto de Terapia e Investigación sobre las Consecuencias de la Tortura y la Violencia Estatal y de la
Sociedad de Ciencias Forenses de Bolivia afirmó en abril que el Instituto de Investigaciones Forenses
estaba proporcionando información y análisis correctos a los tribunales. Organizaciones creíbles
también alegaron que algunos analistas forenses fueron sobornados para declarar erróneamente la
información en los casos penales.
Procedimientos judiciales
La constitución y la ley prevén el derecho a ser informado de los cargos sin demora y en forma detallada
y de un juicio justo y sin dilaciones indebidas. Los acusados tienen derecho a la presunción de inocencia
y el juicio por jurado. También tienen el derecho de consultar a un abogado, el tiempo y los medios
adecuados para preparar la defensa, confrontar a los testigos en su contra, presentar testigos y pruebas,
el acceso por el gobierno celebrada pruebas y presentar una apelación. Los acusados que no pueden
pagar un abogado tienen derecho a un defensor público o abogado particular a expensas públicas.
El ex gobernador de Pando Leopoldo Fernández, del Partido del Poder (PODEMOS), Democrático y
Social, a juicio por asalto y homicidio, seguía detenido. En septiembre de 2011 el período de detención
excede el límite de tres años de detención sin condena. Por ley las autoridades deberían haber lanzado
Fernández, pero se le mantuvo en prisión por nuevos cargos separados de corrupción. Abogados
Fernández alegaron que la decisión del gobierno de trasladar el juicio a una jurisdicción diferente de
donde ocurrió el supuesto delito fue también una violación de los procedimientos judiciales. El juicio
continuaba al finalizar el año.
Presos y detenidos políticos No hubo informes de prisioneros o detenidos políticos. Sin embargo, miembros de la oposición
denunciaron que los cargos contra algunos funcionarios electos tenían una motivación política. Tres
miembros de la oposición realizaron una huelga de hambre de ocho días en la oficina del ACNUDH en La
Paz desde 19 Junio hasta 26 de junio al exigir una investigación internacional sobre lo que calificaron
como una persecución política. Al final del año 13 alcaldes de la oposición, de los cuales 11 fueron
sustituidos por MAS alcaldes provisionales, habían sido destituidos de sus cargos. Al menos seis alcaldes
del MAS también se habían suspendido (ver secciones 2.d. y 3).
Procedimientos y recursos judiciales civiles
Hay un proceso judicial en lo civil, y la ley dispone reparaciones penales por violaciónes de derechos
humanos. Al término de un juicio penal, el agraviado puede iniciar un juicio civil para reclamar daños y
perjuicios. El defensor de los derechos humanos puede emitir resoluciones administrativas sobre los
casos específicos de derechos humanos, que el gobierno puede hacer cumplir. Las personas y
organizaciones también pueden apelar las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH).
f. Interferencia arbitraria con la PRIVACIDAD, Familia, el Hogar o la Correspondencia
La ley prohíbe tales acciones y el gobierno generalmente respetó estas prohibiciones, pero había al
menos una denuncia de que el gobierno no respeta la ley.
El 8 de mayo, el ministro de Gobernación, Carlos Romero lanzó conversaciones grabadas entre el
Movimiento Sin Miedo (MSM), los líderes del partido y organizadores de la novena marcha indígena en
defensa del Territorio Indígena Isiboro-Secure y el Parque Nacional. MSM diputada Marcela Revollo dijo
que el gobierno registró ilegalmente sus comunicaciones en violación de la protección constitucional a la
privacidad. Vice Ministro de Gobierno Jorge Pérez justificó la actuación del Gobierno en virtud del
artículo 106 constitucional, que establece "el acceso público a la información gubernamental," pero no
hay leyes de aplicación de la disposición constitucional. Al finalizar el año aún no se habían adoptado
medidas de supuesto abuso del gobierno.
Sección 2. Respeto por las Libertades Civiles, Incluyendo: Compartir
un. Libertad de Expresión y de Prensa
La Constitución y la ley establecen la libertad de expresión y de prensa. Aunque el gobierno
generalmente respetó estos derechos, al menos en dos casos, el gobierno utilizó la ley antirracismo para
restringir ambos derechos. Algunos altos funcionarios del gobierno también hostigaron verbalmente
miembros de la prensa.
Libertad de expresión: El 7 de julio, el alcalde de Oruro Rossio Pimentel presentó una demanda en virtud
de la ley antirracismo 2010 contra la presentadora de televisión Milena Fernandez para la discriminación
y para la difusión e incitar el racismo. Durante un programa de televisión de 04 de julio, Fernández
describió la ciudad de Oruro como "mal olor". Fernández se disculpó públicamente por sus comentarios
el 20 de julio, pero Pimentel afirmó que no iba a abandonar el caso. El 31 de julio, debido a los errores judiciales, el caso fue transferido a un nuevo fiscal, Cesar Teran. Al final del año, el caso quedó en la fase
de investigación.
Libertad de Prensa: El 21 de agosto, el Ministerio de la Presidencia presentó una demanda contra la
Agencia de Noticias Fides y prensa diaria Pagina Siete y El Diario ante la ley antirracismo para difundir e
incitar el racismo. Los medios de comunicación publican noticias que afirman que el presidente Morales
llamó este, las personas bajas perezoso. El 29 de agosto, la Procuraduría General de la Nación inició una
investigación en contra de los puntos de venta, a fin de año el caso estaba en el período de
investigación. El relator especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo, Mutuma
Ruteere, solicitó a la Corte Constitucional considera la constitucionalidad de la ley antirracismo, pero a
finales de año el tribunal no había accedido a hacerlo.
La Asociación de Radiodifusión de Bolivia volvió a expresar su preocupación por la Ley de
Telecomunicaciones 2011 agosto que ordena la redistribución de las licencias de radiodifusión y
proporciona al gobierno una cuota del 33 por ciento de las licencias. La asociación afirma que la ley
restringiría la libertad de expresión y dijo que podría perder 400 emisoras al gobierno cuando sus
licencias expiran en 2017.
Violencia y Acoso: Hubo informes de violencia y hostigamiento contra miembros de la prensa, como los
funcionarios del gobierno. El Observatorio Nacional de Medios de Comunicación y la Fundación UNIR
informó que en los primeros seis meses del año se registraron 73 casos de violencia o acoso en contra
de periodistas y medios de comunicación. En 26 casos de periodistas fueron agredidos físicamente, y en
33 casos la presentación de informes se interrumpió con fuerza. El estudio informó que los funcionarios
policiales perpetrados el 41 por ciento de la violencia y el acoso y que los funcionarios del gobierno y las
fuerzas de seguridad estuvieron involucrados en un 8 por ciento de los casos.
En su conferencia de prensa de 01 de septiembre, Santa Cruz alcalde Percy Fernández amenazó a los
periodistas y los propietarios del diario El Deber de violencia. La Asociación Nacional de la Prensa
informó que en 2011 y 2012, la organización presentó tres demandas contra el alcalde por amenazar a
los medios de comunicación y sus empleados, pero que ninguno de los casos ha sido resuelto.
Las leyes de difamación / Seguridad Nacional: El 23 de octubre, el Tribunal Constitucional anuló la ley de
difamación que permitió la detención de un mes a cuatro años para que una persona declarada culpable
de insultar, difamar o calumniar a funcionarios públicos. La decisión del Tribunal Constitucional no
resuelve automáticamente todos los casos de la ley de difamación pendientes. Los acusados en todos
los casos pendientes deben solicitar formalmente que se desestime la acusación.
Impacto no gubernamental: El 29 de octubre, cinco hombres no identificados incendiaron el estudio de
Radio Popular en Yacuiba, Departamento de Tarija, mientras locutor Fernando Vidal informó sobre un
caso de corrupción presunta participación de agentes de aduanas locales. Vidal y el estudio técnico de
Karen Arce sufrieron quemaduras graves. Ministro de Comunicación Amanda Dávila denunció el ataque,
y el ministro de Gobernación, Carlos Romero prometió una investigación rápida y exhaustiva. Al final del
año, el caso continúa en la fase de investigación, y ningún sospechoso ha sido arrestado. Libertad en Internet
No hubo restricciones gubernamentales sobre el acceso a la Internet, pero el 21 de octubre, el
vicepresidente García Linera dijo que el Gobierno registra los nombres de las personas que insultan al
presidente Morales en las redes sociales.
Una empresa del sector privado creíble informó que el 20 por ciento de los ciudadanos tiene acceso
constante a servicios de Internet. Una encuesta de 6 Captura Consulting agosto encontró que el 53 por
ciento de los ciudadanos utiliza ocasionalmente el Internet, pero que menos del 15 por ciento lo utilizó
en una base diaria.
Libertad Académica y Eventos Culturales
No hubo restricciones gubernamentales sobre la libertad académica o eventos culturales.
b. Libertad De Reunión Ÿ Asociación pacificas
Libertad de reunión
La ley establece la libertad de reunión pacífica, y las autoridades generalmente respetaron este derecho
en la práctica. Aunque la ley exige un permiso para la mayoría de las manifestaciones, el gobierno rara
vez se aplica la ley. La mayoría de los manifestantes demostraron sin obtener permisos, bloqueando
frecuentemente las principales avenidas y carreteras.
Aunque la mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas, en ocasiones los manifestantes portaron
armas, incluyendo palos, machetes, armas de fuego y dinamita. Las fuerzas de seguridad (policía y en
ocasiones los militares) a veces dispersos grupos de manifestantes que portaban armas o la amenaza del
gobierno y baño privado.
El 23 de febrero, la policía reprimió violentamente a un grupo de personas con discapacidad que
estaban tratando de trasladar su protesta a la plaza del gobierno central. La policía utilizó gases
lacrimógenos, pistolas Taser y porras para hacer frente a los manifestantes, y varios manifestantes y
policías resultaron heridos. Director de Defensa de Derechos Humanos de Gestión de Conflictos
Gregorio Lanza, calificó la acción policial "un despliegue de violencia innecesaria y completamente
innecesaria", pero las autoridades se ordenó ninguna acción o investigación.
Al final del año, las autoridades siguen investigando el caso 2011 de septiembre, en la que las fuerzas de
policía en Yucumo, Beni, utilizó gases lacrimógenos y otros métodos para disolver una marcha pacífica
por los líderes indígenas que protestaban por la construcción de una carretera a través de sus tierras. El
4 de enero, el fiscal descartó la participación del presidente Morales, el vicepresidente García Linera, y el
ex ministro Llorenti, el ex comandante de la policía Oscar Muñoz, detenido en noviembre de 2011,
permaneció bajo arresto domiciliario.
Libertad de Asociación La Constitución establece la libertad de reunión y asociación, y el gobierno generalmente respetó estos
derechos en la práctica.
c. Libertad de Religión
Véase el informe del Departamento de Libertad Religiosa Internacional del Estado en www.state.gov / j /
el drl / irf / rpt.
d. Libertad de Circulación, Personas desplazadas internamente, Protección de los Refugiados y apátridas
La ley establece la libertad de movimiento interno, viajes al extranjero, emigración y repatriación, pero
había por lo menos un caso en el que el gobierno no respetó estos derechos. La ley prohíbe viajar 24
horas antes de las elecciones y en los días del censo, y restringe los viajes al extranjero y doméstico
hasta por tres meses como sanción para las personas que no votan.
El gobierno cooperó con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y otras
organizaciones humanitarias para brindar protección y asistencia a los refugiados, los refugiados que
regresan, los solicitantes de asilo, los apátridas y otras personas de interés.
Exilio: El 28 de mayo, Fiesta Nacional de Convergencia Senador Roger Pinto se refugió en la embajada de
Brasil en La Paz. Afirmó que 20 cargos criminales por el gobierno en su contra tenían motivaciones
políticas. El 8 de junio, el gobierno brasileño concedió asilo Pinto. El gobierno boliviano rechazó
conceder Pinto paso seguro a Brasil, argumentando que había una orden de detención pendiente. Pinto
se quedó en la embajada de Brasil a fin de año.
El 4 de julio, el gobernador suspendido de Tarija Mario Cossio anunció desde su exilio autoimpuesto en
Paraguay que no iba a renunciar formalmente, evitando así que las elecciones para gobernador en el
departamento. Cossío fue suspendido de su cargo en diciembre de 2010 por cargos de corrupción y se le
concedió asilo en Paraguay en enero de 2011.
Protección de los Refugiados
El ACNUR informó de que había 716 refugiados procedentes de más de 20 países que residen en el país.
Casi el 40 por ciento de los refugiados son mujeres. El Estado no proporcionó protección temporal o
servicios de reasentamiento a estas personas.
El acceso al asilo: La ley prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado, y el gobierno ha establecido
un sistema para proporcionar protección a los refugiados a través de la Comisión Nacional de
Refugiados. El 20 de junio, la Ley de protección de los refugiados entró en vigor. Se crea un Consejo
Nacional para los Refugiados, compuesto por representantes de los Ministerios de Gobierno, Justicia y
Relaciones Exteriores para adjudicar las solicitudes de asilo.
Devolución: El 24 de febrero, la CIDH presentó el caso de la familia Pacheco Tineo a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. La familia denunció que en 2001 el gobierno había violado su
condición de refugiados por forzarlos a regresar a Perú, donde fueron encarcelados. Ellos presentaron una petición ante la CIDH en 2002, y la Comisión declaró en 2004 que el gobierno había violado varias
disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El gobierno no respondió a la
evaluación de la CIDH, y al final del año, el tribunal no había oído hablar del caso.
El acceso a los servicios básicos: el 20 de la Ley de Protección de Refugiados junio prohíbe cualquier
forma de discriminación contra los refugiados, incluido el acceso a la atención médica y el empleo.
Sección 3. Respeto a los Derechos Políticos: El Derecho de los Ciudadanos a Cambiar su
GovernmentShare
La Constitución y la ley garantizan a los ciudadanos el derecho de cambiar su gobierno pacíficamente, y
los ciudadanos ejercieron este derecho en la práctica a través de elecciones periódicas, libres, justas y
basadas en el sufragio universal. Muchos ciudadanos en edad de votar, sobre todo en las zonas rurales,
carecían de los documentos de identidad necesarios para votar. Un amplio espectro de partidos
políticos y agrupaciones ciudadanas actividades abiertamente. Las elecciones para funcionarios de los
gobiernos municipales están programadas cada cinco años.
Elecciones y participación política
Las elecciones recientes: los grupos de supervisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA),
la Unión Europea y el Centro Carter considera las elecciones presidenciales y legislativas nacionales de
2009 pacífica, libre y justa.
Primeras elecciones judiciales de la nación, que se celebró en octubre de 2011, fueron consideradas
libres y justas por los observadores de la OEA y de la Unión de los Estados de América del Sur. Sin
embargo, las leyes electorales prohíben acceso de los medios a los candidatos antes de las elecciones, y
líderes de la oposición afirmaron que la preselección de los candidatos por el Congreso rindió el voto
"legal pero no legítima."
Partidos Políticos: No hay restricciones indebidas a los partidos políticos, pero algunos líderes políticos
de la oposición alegaron que las acusaciones del gobierno contra algunos funcionarios electos tenían
una motivación política. Por ejemplo, el 27 de abril, las voces alcalde Partido Jorge Morales de La
Guardia, en el departamento de Santa Cruz fue suspendido de su cargo debido a acusaciones de
corrupción. El 7 de junio, Delfor Burgos, el ex alcalde de Bermejo en el departamento de Tarija, fue
acusado de corrupción en la compra de tierras para los residuos sanitarios. Burgos, miembro del Partido
del Movimiento Alternativo Regional (MAR), había sido previamente suspendida de su cargo en 2010, y
renunció oficialmente en junio de 2011. El 19 de abril, el gobernador de Beni, Ernesto Suárez (PODEMOS
Parte) renunció oficialmente a permitir una elección especial el 20 de enero de 2013. En diciembre de
2011 Suárez fue suspendido de su cargo por acusaciones de corrupción. Permaneció bajo investigación a
finales de año.
Participación de las mujeres y las minorías: La ley exige la paridad de género en el proceso de selección
de candidatos a todos los niveles de gobierno. Las leyes de paridad de género han aumentado la
representación femenina. Las mujeres representan el 44 por ciento del Senado, el 23 por ciento de la cámara baja del Congreso, el 28 por ciento de las asambleas legislativas de departamento, y el 43 por
ciento de los ayuntamientos. Las mujeres ocupan siete de los 20 puestos del gabinete. Además, las
mujeres representaron el 33 por ciento de la Corte Suprema de Justicia, el 57 por ciento de la Corte
Constitucional, y el 43 por ciento del territorio nacional y el Tribunal de Disputas. Las mujeres seguían
siendo subrepresentadas en los cargos ejecutivos municipales, por ejemplo, sólo el 7 por ciento de los
alcaldes son mujeres.
ONG creíbles reportaron que las mujeres que participan en política a veces enfrentan la violencia y el
acoso. En algunos casos ganadores candidatas denunciaron que fueron amenazados con violencia a
renunciar por lo que un candidato alternativo masculina podría asumir el cargo. La Asociación de
Alcaldes femeninas y Alderwomen declaró que entre 2000 y 2009, sus miembros reportaron 249 casos
de acoso y violencia motivados políticamente.
Las organizaciones de mujeres denunciaron que al menos en dos casos hubo un móvil político en el
asesinato de alderwomen femenina durante el año. El 12 de marzo, Ancoraimes regidora Juana Quispe
Apaza fue asesinado cerca de Villa Copacabana, en el departamento de La Paz. Quispe había sido
excluido ilegalmente de su participación en las reuniones del consejo de ciudad después de que
presentó cargos de abuso verbal y física contra el alcalde y otros concejales en 2010. El caso seguía bajo
investigación. El 19 de junio, dos hombres dispararon y mataron a Guayaramerin ayuntamiento
miembro Daguimar Rivera. Rivera había presentado cuatro cargos de corrupción contra nueve
funcionarios de la ciudad, entre ellos el alcalde de la ciudad, ubicada en el departamento de Beni. Las
autoridades detuvieron a un sospechoso en el caso, y la investigación continuaba al finalizar el año. El 27
de mayo, el presidente firmó la Ley contra el Acoso y Violencia Política en razón de Género, y el 15 de
septiembre, el alcalde Felipa Bilma Tintaya Apaza de Ixiamas en el departamento de La Paz presentó el
primer caso de la agresión verbal y física en la nueva ley. Del 20 al 22 de diciembre, el alcalde Tintaya fue
detenido ilegalmente y sin acceso a comida y agua, y se presentó una segunda demanda en contra de
los miembros del consejo de la ciudad bajo la nueva ley. Ambos casos estaban pendientes al finalizar el
año.
Las organizaciones de defensa también informaron que las personas LGBT enfrentan discriminación al
participar en el proceso político. El funcionario sólo se conoce abiertamente gay elegido, Sucre concejal
Ronald Céspedes, presentó una querella por discriminación en contra de un miembro del consejo de
compañeros el 1 de junio para los actos homofóbicos y transexuales. El caso seguía pendiente al finalizar
el año.
La constitución y la ley electoral a un lado siete circunscripciones indígenas especiales para aumentar la
participación política indígena en la Cámara Baja del Congreso. La ley también requiere la preselección
de un número indefinido de candidatos indígenas para las elecciones judiciales 2011. Los indígenas
realizaron el 40 por ciento de los puestos en los cuatro tribunales más altos.
Sección 4. La corrupción y la falta de transparencia en GovernmentShare La ley establece sanciones penales por corrupción de funcionarios, sin embargo, el gobierno no
implementó la ley efectivamente y funcionarios a menudo participan en prácticas corruptas con
impunidad.
Según 2011 los indicadores mundiales de gobernabilidad del Banco Mundial, la corrupción
gubernamental y la falta de transparencia se mantuvieron serios problemas. Una encuesta de 6 Captura
Consulting agosto encontró 28 por ciento de los ciudadanos señaló la corrupción como el principal
problema del país.
Policía de la corrupción sigue siendo un problema importante, en parte debido a los bajos salarios y la
falta de formación, si bien no existen estadísticas confiables existen para cuantificar su magnitud.
El Ministerio de Lucha contra la Corrupción y Transparencia y la Fiscalía son los responsables de la lucha
contra la corrupción, pero los funcionarios más corruptos operado con impunidad. El 17 de agosto, el
ministro de Transparencia Nardy Suxo indicó que de 8000 investigaciones por corrupción, a sólo 100
personas habían sido condenadas, que atribuyó a la falta de coordinación en la Oficina del Procurador
General. Los casos que implican acusaciones de corrupción contra el presidente y el vicepresidente
requieren la aprobación del Congreso antes que los fiscales puedan iniciar procedimientos legales.
La ley obliga a los funcionarios públicos informar posibles conflictos personales y financieros de interés y
declarar sus ingresos y activos. La ley ordena que los oficiales públicos revelen su información financiera
al auditor general, pero sus declaraciones no están disponibles al público. De acuerdo con la ley, el
incumplimiento dará lugar a sanciones internas, incluido el despido. Si se detecta una actividad criminal,
el auditor general debe remitir el caso a la Procuraduría General de la Nación.
Ninguna ley prevé el acceso a la información gubernamental.
Sección 5. Actitud del gobierno respecto a la investigación internacional y no gubernamental de
presuntas Violaciónes de RightsShare Humanos
Una serie de grupos nacionales e internacionales de derechos humanos operaron generalmente sin
restricción gubernamental, investigando y publicando sus hallazgos sobre casos de derechos humanos.
Funcionarios de gobierno generalmente cooperaron y fueron receptivos a sus opiniones. Sin embargo,
las ONG y el defensor de derechos humanos denunciaron que las fuerzas de seguridad del gobierno y los
ministerios de vez en cuando se negó a cooperar con sus investigaciones.
Gobierno Órganos de Derechos Humanos: La Constitución establece un defensor de los derechos
humanos con un mandato de seis años. Confirmación de la posición de defensor del pueblo requiere
una mayoría de dos tercios de la aprobación de ambas cámaras de la Asamblea Nacional. El Defensor del
Pueblo se encarga de supervisar la defensa y promoción de los derechos humanos, la defensa
específicamente a los ciudadanos contra los abusos del gobierno. La Constitución también otorga al
Defensor del Pueblo el derecho de proponer nueva legislación y recomendar modificaciones a las leyes
vigentes y las políticas gubernamentales. También hay defensores del pueblo para supervisar cada uno
de los nueve departamentos del país. Ellos reportan directamente al ombudsman nacional. La Defensoría del Pueblo funcionar con recursos adecuados provenientes del gobierno y ONG extranjeras,
lo que permite que la institución funcione con eficacia.
La Cámara Baja del Congreso incluye una comisión permanente de derechos humanos, que propone
leyes y políticas para promover los derechos humanos. Diputados del Congreso se sientan en la comisión
por un periodo de un año.
Sección 6. Discriminación, abusos sociales y trata de PersonsShare
La Constitución prohíbe la discriminación por motivos de raza, género, discapacidad, idioma, orientación
sexual, identidad de género o estatus social, pero el gobierno no hizo cumplir la ley para proteger a
todas las poblaciones.
Mujeres
La violación y la violencia doméstica: La violación y la violencia doméstica siguió siendo un problema
serio pero no denunciado. La violación de un adulto se castiga con penas que van de cuatro a 10 años de
prisión, pero las tasas de condena eran bajos. La violación conyugal no es un delito. La ley también
tipifica como delito el maltrato físico y psicológico, pero las sanciones son mínimas. A menos que el caso
se refiere a un delito sujeto al código penal, la ley castiga la violencia doméstica con multas o hasta
cuatro días en la cárcel. Los grupos de derechos de las mujeres también informaron que las autoridades
apliquen las disposiciones de la ley de violencia doméstica irregular. Familia Brigada de Protección de la
policía es responsable de la lucha contra la violencia doméstica, pero carecía de apoyo y el personal
financiero y estructural de perseguir todos los casos reportados.
La violencia sexual y las violaciones continuaron siendo problemas graves y generalizadas. Un estudio
realizado por la organización no gubernamental Coordinadora de la Mujer encontró que de los casos de
violencia sexual reportados por el sistema legal, el 58 por ciento implicó la violación de un adulto y 10
por ciento de la violación de una menor de edad. El Centro para la Educación y la Investigación Sexual
informó que los violadores representaron el segundo número más grande de 1.700 reclusos
encuestados, aunque la mayoría de los violadores no fueron condenados. También hubo casos de
violencia sexual que resultaron en muertes. El Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM),
informó que de las 64 mujeres asesinadas en el primer semestre del año, 43 muertes fueron el resultado
de la violencia sexual. El Observatorio Manuela informó que en 2011, 86 mujeres en la ciudad de El Alto
fueron asesinados como resultado de la violencia sexual.
La violencia doméstica sigue siendo un problema grave. Según el CIDEM, el 70 por ciento de las mujeres
sufrió violencia física, sexual o psicológica durante su vida. Según un estudio del Fondo CIDEM y la
Emancipación, el número de denuncias de casos de violencia doméstica aumentaron un 37 por ciento
entre 2007 y 2011, llegando a un total anual de 109 062 en 2011. La violación y los casos de violencia
doméstica fueron subregistro, debido a la falta de confianza en los sistemas de autoridad, el miedo a
nuevos actos de violencia y venganza, y el estigma social. El estudio también encontró que sólo el 9 por
ciento de los casos durante el período de cinco años había sido legalmente resuelto y menos de la mitad del 1 por ciento de los casos resultó en una sentencia de cárcel para el acusado. Estudio Coordinadora
de Mujeres encontró que el 91 por ciento de las víctimas de violencia doméstica son mujeres y niñas.
Acoso sexual: La ley considera que el acoso sexual como delito civil. No hubo informes sobre el alcance
del acoso sexual, pero en general se reconoce siendo generalizada.
Derechos Reproductivos: El gobierno reconoce el derecho de las parejas e individuos a decidir libre y
responsablemente el número y el espaciamiento y el intervalo entre éstos. Los centros de salud y
organizaciones no gubernamentales locales de salud operados gratuitamente en la difusión de
información sobre planificación de la familia, bajo la dirección del Ministerio de Salud y Deportes. Según
la Organización Mundial de la Salud conjunta, la ONU y Tendencias del Banco Mundial en el estudio de la
mortalidad materna para el año 1990 a 2010, la tasa de mortalidad materna se estimó en 190 por
100.000 nacidos vivos. Los principales factores que influyen en la elevada tasa de mortalidad materna
incluyen el saneamiento deficiente y la falta de acceso a servicios de salud adecuados.
La pobreza, la discriminación y la falta de acceso a la educación sexual dirigidos a las bajas tasas de uso
de anticonceptivos. Ramiro Claure, director de la organización de planificación familiar, Marie Stopes
International Bolivia, informó que el 81 por ciento de las mujeres no utilizó las formas modernas de
control de la natalidad, y un estudio del Fondo de Emancipación encontró que casi el 40 por ciento de
las mujeres no utiliza ningún tipo de control de la natalidad método. El Population Reference Bureau
informó que el 34 por ciento de las mujeres casadas utiliza métodos anticonceptivos modernos. El
acceso a métodos anticonceptivos y la educación sobre los derechos reproductivos fue más limitada en
las zonas rurales, donde la tasa de fecundidad fue de casi el doble que en las zonas urbanas.
La Encuesta Demográfica y de Salud 2008 informó que el 90 por ciento de las mujeres recibieron
atención prenatal y el 85 por ciento de las madres y los niños recibieron atención postnatal, y el
Population Reference Bureau informó que el 66 por ciento de los nacimientos fueron ayudados por
personal calificado. El Ministerio de Salud proporciona transferencias monetarias condicionadas a las
mujeres que se inscribieron en un centro de salud y regresaron por 12 las visitas prenatales, parto y
posparto. El Programa de Seguro de Salud materno infantil proporcionó servicios de salud a las mujeres
en edad reproductiva y los niños menores de cinco años.
Discriminación: Las mujeres tienen derecho a los mismos derechos legales que los hombres, pero en
general no gozan de un estatus social igual a la de los hombres. Los prejuicios tradicionales y las
condiciones sociales continuaron siendo un obstáculo para el progreso. La ley del salario mínimo trata a
hombres y mujeres por igual, sin embargo, las mujeres generalmente ganan menos que los hombres por
el mismo trabajo. Los derechos de la mujer Gregoria Apaza organización informó que el ingreso
promedio de los hombres en el mercado laboral urbano fue de 60 por ciento más alto que para las
mujeres, y en las zonas rurales era del 33 por ciento más alto. En ocasiones las mujeres se quejaron de
que los empleadores fueron renuentes a contratarlas debido a los costos adicionales (principalmente el
permiso de maternidad) en el paquete de beneficios de una mujer. La brecha de género en la
contratación pareció darse en mayor para las posiciones que requieren una educación superior. La
mayoría de las mujeres de las zonas urbanas trabajan en la economía informal y los sectores de servicios y comercio, como el servicio doméstico y en microempresas, mientras que en las zonas rurales, la
mayoría de las mujeres económicamente activas trabajó en la agricultura. A menudo las jóvenes
abandonaron tempranamente la escuela para trabajar en casa o en la economía informal.
La tasa de participación femenina en el gobierno era alto, pero no hubo informes de que los políticos
femeninos enfrentan la discriminación, la violencia y el acoso. Durante el año dos miembros del
ayuntamiento mujeres fueron asesinados (ver sección 3).
La Oficina del Ministerio de Igualdad de Oportunidades de Justicia de es responsable de desarrollar e
implementar políticas públicas para eliminar la discriminación contra la mujer.
Niños
Registro de Nacimiento: Ciudadanía se deriva tanto por nacimiento en el territorio del país (a menos que
el estatus diplomático) y de uno de los padres de Bolivia (s). Los certificados de nacimiento se registran,
ya sea por la afirmación de la certificación de un notario o por el testimonio de dos adultos con respecto
a la paternidad de un niño. Actas de nacimiento registradas son necesarias para obtener la cédula de
identidad. El Tribunal Electoral Nacional, que supervisa el Registro Civil, informó que el 56 por ciento de
los bolivianos se registraron dentro del año de su nacimiento y 97 por ciento a la edad de 12. Directora
del Registro Civil José Pardo dijo que aproximadamente el 10 por ciento, o un millón de bolivianos, no
tenían certificados de nacimiento.
Maltrato infantil: la violencia doméstica contra los niños y el acoso escolar continuado a tasas elevadas.
El Defensor del Pueblo señaló que siete de cada 10 niños sufren maltrato físico o psicológico en sus
hogares, escuelas o lugares de trabajo. Ministro de Educación, Roberto Aguilar estima que el 10 por
ciento de los niños fueron víctimas de agresión sexual. Un estudio encontró que el CIDEM en 2011 hubo
7.466 denuncias de casos de maltrato psicológico y 2.733 casos denunciados de maltrato físico contra
los niños. Sólo 684 casos fueron remitidos a la justicia, incluyendo 373 casos de violación y cinco
asesinatos.
La ley criminaliza el estupro, con penas de prisión de 15 a 20 años por la violación de un niño menor de
14 años. En los casos que involucran relaciones sexuales consentidas con un adolescente de 14 a 18
años de edad, la pena será de dos a seis años de prisión.
El 1 de agosto, el presidente emitió un decreto para eliminar el acoso escolar, y en diciembre de 2011 se
aprobó una ley que declara 2012 "Año contra la violencia infantil y adolescente."
Matrimonio infantil: De acuerdo con la Oficina de Referencia de Población, 26 por ciento de las mujeres
entre 20 y 24 estaban casadas a los 18 años. La edad mínima para contraer matrimonio es de 14 para las
mujeres y 16 para los varones. Los matrimonios entre adolescentes deben ser aprobados por los padres
o tutores de los menores.
La explotación sexual de los niños: la explotación sexual comercial de los niños es un problema,
especialmente en las zonas urbanas. Según el Defensor del Pueblo, los niños sin hogar son los más
vulnerables a la explotación sexual. El 31 de julio, el presidente firmó la Ley Integral contra la Trata de Personas y Tráfico, que establece las
sanciones por la explotación sexual de los niños a los 15 y 20 años de prisión, un aumento de cinco años.
La nueva ley también establece la pena para la producción de pornografía infantil en 13,5 a 20 años de
prisión.
Niños desplazados: De acuerdo con el Defensor del Pueblo, 6.000 niños viven en las calles de las grandes
ciudades.
Los niños institucionalizados: organizaciones de defensa de los niños informaron que muchos refugios
administrados por el gobierno encuentran tanto las víctimas de abuso infantil y los delincuentes
juveniles.
Sustracción internacional de menores: el país no es parte en el Convenio de La Haya de 1980 sobre los
Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.
Antisemitismo
La población judía era de menos de 1.000. Líderes de la comunidad judía manifestaron que no hubo
informes de actos antisemitas durante el año.
La trata de personas
Consulte al Departamento de Tráfico del Estado de Personas en www.state.gov / j / tip.
Las Personas con Discapacidad
La ley prohíbe la discriminación contra personas con discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y
mentales en el empleo, la educación, el transporte aéreo y otros medios de transporte, el acceso a la
atención sanitaria, o la prestación de otros servicios públicos. La ley exige que el acceso para sillas de
ruedas en todos los edificios públicos y privados, importación libre de impuestos de los dispositivos
ortopédicos, y una reducción del 50 por ciento en las tarifas del transporte público para las personas con
discapacidad. La Constitución y las leyes también requieren medios de comunicación y las agencias
gubernamentales para ofrecer servicios y publicaciones en lengua de signos y Braille. Sin embargo, el
gobierno no hizo cumplir efectivamente estas disposiciones. Además, la discriminación social mantuvo
muchas personas con discapacidad en el país desde una edad temprana, lo que limita su integración en
la sociedad y la restricción de su derecho a participar en los asuntos públicos. Vice Ministro de
Educación Especial y Alternativa Noel Aguirre informó que sólo 7.000 niños con discapacidades
conocidas recibieron servicios educativos especializados. No hubo reportes de patrones de abuso en los
centros educativos y de salud mental.
El Comité Nacional para las Personas con Discapacidad se encarga de proteger los derechos de las
personas con discapacidad.
El 2 de marzo, el presidente aprobó la Ley General de las Personas con Discapacidad, que proporciona el
acceso a los servicios públicos. La nueva ley también establece que, a partir de 2013, las personas con enfermedades "graves y muy graves" van a recibir una pensión anual de 1.000 bolivianos (144 dólares).
El 14 de julio, el Ministerio de Salud puso en marcha el Registro Nacional de las Personas con
Discapacidad. El registro incluye 40.368 personas, de las cuales el 36 por ciento informó de
discapacidades físicas, 30 por ciento de las discapacidades mentales, y 20 por ciento de discapacidades
múltiples.
El 23 de febrero, la policía reprimió violentamente una protesta por parte de personas con
discapacidades (véase el apartado 2.b).
Minorías nacionales / raciales / étnicas
Hubo algunos casos de discriminación racial por la policía. Según el director general de la lucha contra el
racismo y toda forma de discriminación, a finales de mayo hubo 56 casos registrados de discriminación,
sobre todo en la prestación de servicios de salud y educación (otros sectores del gobierno no informó).
De estos casos, 11 por ciento fueron clasificados como actos de discriminación por motivos de raza u
origen étnico.
Pueblos Indígenas
En el último censo (2001), aproximadamente el 62 por ciento de la población mayor de 15 años se
identificaron como indígenas, principalmente de la comunidades quechuas y aymaras. La CIDH informó
que el 70 por ciento de los indígenas vive en situación de pobreza o extrema pobreza, con poco acceso a
la educación o los servicios mínimos para sustentar la salud humana, tales como los sistemas de
saneamiento del agua potable limpia y. El gobierno lleva a cabo programas para aumentar el acceso al
agua potable y saneamiento en zonas rurales, donde los indígenas predominaban. El Fondo Indígena
inició el apoyo gubernamental en 2010 para proyectos de desarrollo diseñados principalmente para
beneficiar a las comunidades indígenas. Para el año, el fondo contaba con un presupuesto de más de
184 millones de bolivianos ($ 26,400,000) pero en junio se había asignado sólo aproximadamente el 34
por ciento de su financiación.
Las tierras indígenas no fueron totalmente demarcados, y la reforma agraria sigue siendo un tema
político central. Históricamente, algunas personas indígenas compartían las tierras colectivamente bajo
el sistema de "ayllu", que no fue legalmente reconocido durante la transición a las leyes de la propiedad
privada. A pesar de las leyes que ordenaban la redistribución y titulación de tierras, el reconocimiento y
la demarcación de las tierras indígenas no se cumplieron totalmente.
La Constitución y la ley estatal que los pueblos indígenas tienen el derecho a controlar los recursos
naturales en sus territorios y ser consultados sobre los proyectos de desarrollo, pero los indígenas
protestaron frente a la explotación de sus recursos y se quejaron de que las autoridades no consultaron
adecuadamente. Del 27 de abril al 27 de junio de indígenas marcharon hacia La Paz para manifestar su
oposición a la construcción de una carretera a través de las tierras indígenas sin consulta previa. El 29 de
julio, el gobierno inició un proceso de consulta con las comunidades en el Territorio Indígena IsiboroSecure y el Parque Nacional. El 8 de diciembre, el gobierno anunció que la mayoría de las comunidades de apoyo a la construcción de la carretera propuesta, pero algunos grupos indígenas denunció el
proceso de consulta no es ni exhaustiva ni imparcial.
Las autoridades continuaron su investigación sobre la fuerza de dispersión por la policía de una marcha
pacífica en septiembre de 2011 por los líderes indígenas que protestaban por la construcción de una
carretera a través de sus tierras. A fin de año el Gobierno había adoptado medidas de investigación
limitada, y los autores operado con impunidad (véase el apartado 2.b).
Las comunidades indígenas fueron bien representados en el gobierno y la política, pero se llevaron una
parte desproporcionada de la pobreza y el desempleo. Gobierno educativa y los servicios de salud no
estuvieron disponibles para muchos grupos indígenas que viven en zonas remotas. El gobierno siguió
tratando de mejorar las situaciones individuales y familiares a través de la entrega de transferencias
condicionadas en efectivo y pagos de jubilación para las personas de bajos ingresos y los ancianos.
Abusos sociales, discriminación y actos de violencia por motivos de orientación sexual e identidad de
género
La Constitución prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y los ciudadanos
se les permite cambiar su nombre y sexo en sus documentos de identidad oficiales.
La discriminación social contra las personas LGBT era común. Organizaciones LGBT creíbles reportaron
violencia policial en contra y falta de voluntad para ayudar a las personas LGBT. Un estudio del Fondo de
Emancipación encontró que el 86 por ciento de las personas LGBT en la encuesta reportó sufrir abuso
físico o verbal por parte de agentes de policía. El estudio también señaló que de los encuestados, el 85
por ciento informó de la discriminación en las instituciones educativas, el 78 por ciento en los
establecimientos de salud, y 65 por ciento en el trabajo y, además, casi la mitad informó la
discriminación de los miembros de la familia. La comunidad transgénero siguió siendo particularmente
vulnerables al abuso y la violencia. Casi un tercio de las personas trans encuestadas informaron que
habían sufrido maltrato físico, y el 75 por ciento reportaron haber sido amenazados. Organizaciones
LGBT alegaron que el 06 de octubre asesinato de Luisa Durán, que se auto-identifican como
transgénero, fue el odio motivado.
Las organizaciones de defensa también informaron que las personas LGBT enfrentan discriminación al
participar en el proceso político (véase la sección 3).
Otros actos de violencia o discriminación
El Defensor del Pueblo informó que las personas con VIH / SIDA enfrentan la discriminación
generalizada, aunque esta discriminación es ilegal. En agosto, el Ministerio de Salud informó que de las
personas con VIH / SIDA encuestados, el 32 por ciento había sufrido insultos o agresiones verbales, el 20
por ciento había sido amenazado, y el 22 por ciento habían sido víctimas de agresiones violentas. El
estudio también señaló que el 20 por ciento de los encuestados informó la discriminación en la
prestación de servicio público en los hospitales y escuelas y que muchas personas con VIH / SIDA no se
denuncian actos de discriminación por miedo. Vigilante justicia siguió siendo un problema grave, especialmente en las comunidades rurales y en El
Alto. Los medios de comunicación informaron de que entre 2008 y junio de 2012, 54 personas murieron
en actos de violencia callejera. En muchos casos, las víctimas fueron asesinadas por presuntos delitos
menores. Por ejemplo, el 4 de marzo, miembros de la comunidad Quila Quila en Sucre enterrados dos
hombres no identificados con vida después de haber sido acusados de robar en una iglesia. El 25 de
mayo, una multitud barrio ahorcado policía Rolando Guarachi en la sección de Ventilla de El Alto. La
turba Guarachi identificado erróneamente como un criminal; cuatro líderes de la comunidad fueron
detenidos por el asesinato.
El 14 de agosto, una multitud en San Matías, Santa Cruz, golpearon y luego quemado vivo brasileña
ciudadanos Rafael Max Diez y Jefferson Castro de Lima por el presunto asesinato de tres bolivianos. El
caso seguía bajo investigación.
La violencia durante las manifestaciones del trabajo sigue siendo un problema grave. El 18 de
septiembre, durante una protesta entre dos facciones del sector minero en La Paz, Héctor Choque murió
desangrado después de un cartucho de dinamita explotó en su vecindad. Otros cuatro manifestantes
recibieron heridas graves en la explosión. El presidente respondió emitiendo una orden ejecutiva que
prohíbe el uso de dinamita durante las protestas públicas. La policía investigó el incidente, pero no había
más información disponible a fin de año.
Sección 7. Trabajador RightsShare
un. La libertad sindical y el derecho de negociación colectiva
La ley, incluidos los reglamentos relacionados e instrumentos legales, protege la libertad de asociación,
el derecho de huelga y el derecho a organizarse y negociar colectivamente, y prohíbe la discriminación
antisindical. La Constitución de 2009 permite que cualquier persona que trabaje para afiliarse a un
sindicato y prevé el derecho de huelga.
Los trabajadores pueden formar un sindicato en cualquier empresa privada con 20 trabajadores o más,
pero la ley exige que al menos el 50 por ciento de la fuerza de trabajo sea a favor. La ley exige la
autorización previa del gobierno para establecer un sindicato y confirmar a sus dirigentes elegidos,
permite sólo un sindicato por empresa y permite al gobierno disolver los sindicatos mediante una
resolución administrativa. La ley también requiere que los miembros de los comités ejecutivos sindicales
ser bolivianos de nacimiento. El Código de Trabajo prohíbe a algunos empleados públicos de los
sindicatos que forman, pero permite que los empleados del gobierno en la educación, la atención
sanitaria, y los sectores de transporte de organizar.
El 10 de diciembre, el Gobierno aprobó la Ley 316, que despenaliza las huelgas de todos los sectores. La
nueva ley legaliza la huelga para todos los sectores, no requiere la aprobación del gobierno para las
huelgas, y permite que los trabajadores ocupan las oficinas de negocios o el gobierno, siempre y cuando
no son violentos. El gobierno hace cumplir las leyes, pero tardó en hacerlo y continuó utilizando un código laboral
obsoleta en lugar de la Constitución. La Corte Nacional del Trabajo atiende las denuncias de
discriminación antisindical, pero las decisiones se tomó un año o más. El tribunal falló a favor de los
trabajadores despedidos en algunos casos y requiere su reincorporación. Sin embargo, los líderes
sindicales manifestaron que los problemas a menudo se habían resuelto o que ya no son pertinentes en
el momento en el tribunal falló. Recursos y sanciones gubernamentales eran a menudo ineficaces por
esta razón.
La libertad de asociación se vio limitada por el gobierno y los tribunales laborales carecen de recursos
suficientes. Por otra parte, el requisito mínimo de 20 empleados constituyó una restricción oneroso,
como un estimado de 72 por ciento de las empresas tienen menos de 20 empleados. Los inspectores de
trabajo pueden asistir a las reuniones sindicales y supervisar las actividades sindicales.
Algunos trabajadores del sector público (incluyendo maestros, transportistas y trabajadores de la salud)
fueron sindicados legalmente y participaron activamente como miembros de la Unión Obrera Boliviana
sin cargo. Generales y de solidaridad huelgas están protegidos por la Constitución. La negociación
colectiva y las negociaciones voluntarias directas entre empleadores y trabajadores sin la participación
del gobierno era limitado. La mayoría de los acuerdos de negociación colectiva se limitaron a hacer
frente a los salarios.
b. Prohibición del trabajo forzoso u obligatorio
La ley prohíbe toda forma de trabajo forzoso u obligatorio. El 31 de julio, el presidente firmó la Ley
Integral contra la trata de personas y tráfico ilícito. La ley aumenta las penas para la explotación laboral,
el trabajo forzado y otras formas de servidumbre a 10 - a 15 años de prisión por la explotación de los
adultos y de 15 - a 20 años de prisión por la explotación de los niños. A finales de año el Ministerio de
Justicia aún no se había emitido el reglamento definitivo de ejecución necesarias. Durante el año, sin
embargo, el Ministerio de Trabajo amplió su inspección del trabajo por cuatro para preparar la
aplicación de la ley.
En algunos casos, el gobierno no hizo cumplir efectivamente la ley anterior, la prohibición del trabajo
forzoso, que estuvo en vigor durante todo el año. Funcionarios del Ministerio de Trabajo señaló que la
falta de recursos impide la aplicación más completa de la ley.
Hubo informes de trabajo forzoso infantil (véase el apartado 7.c). Los miembros de las comunidades
indígenas siguen siendo vulnerables al trabajo forzoso, incluido el sector de la agricultura. Por ejemplo,
un informe publicado por una ONG en septiembre, basado en datos de 2010 y 2011, señaló que los
trabajadores de la producción de la castaña de la Amazonia pueden ser vulnerables al trabajo forzoso,
destacando los indicadores de trabajo forzoso, incluido el endeudamiento inducido, retención y la falta
de pago de los salarios, y la retención de documentos de identidad. Además, el informe señala que los
trabajadores de la producción de ganado, maíz y maní de la región del Chaco también pueden ser
vulnerables al trabajo forzoso, destacando los indicadores de trabajo forzoso, incluyendo confinamiento
físico en el lugar de trabajo, el endeudamiento inducido, y la retención y falta de pago de salarios. El
informe indicó que sus conclusiones eran específicos de las regiones estudiadas y no estadísticamente representativa de los sectores de maní en su conjunto o de su país de castaña, el ganado, el maíz, o.
Además, aunque toma nota de los indicadores de trabajo forzoso, el informe no pretende determinar la
existencia o magnitud del trabajo forzoso en el país. El informe destacó que el gobierno estaba activo en
la lucha contra el trabajo forzoso, pero tenía una capacidad limitada, sobre todo en zonas aisladas.
Ver también el Departamento de Tráfico del Estado de Personas en www.state.gov / j / tip.
c. Prohibición del trabajo infantil y edad mínima para trabajar
La ley prohíbe todo trabajo remunerado de menores de 14 años, así como una amplia gama de tipos
peligrosos, inmorales e insalubres de trabajo para los menores de 18 años. Las leyes laborales permiten
el trabajo de 12 - a los niños de 14 años de edad, con varias restricciones formales, pero mal aplicada
que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) criticó. Los niños menores de 14 años trabajan en
una variedad de industrias, incluyendo los sectores peligrosos como la minería y la agricultura.
El Ministerio de Trabajo es responsable de hacer cumplir las leyes de trabajo infantil, incluyendo las
leyes relativas a la edad mínima y máxima del tiempo de los niños trabajadores, los requisitos de
terminación de la educación, y la salud y las condiciones de seguridad para los niños en el lugar de
trabajo, sin embargo, las autoridades no hacen cumplir las leyes en todos los casos. Durante el año, el
Ministerio de Trabajo llevó a cabo aproximadamente 100 investigaciones sobre presuntos casos de
trabajo infantil y se dice que rescató a más de 100 niños de las malas condiciones laborales.
El Instituto Boliviano de Comercio Internacional, con el apoyo del gobierno, trabajó con la asociación de
azúcar para eliminar el trabajo infantil en la cadena de producción de azúcar. El instituto creó una triple
sello para certificar que las empresas son libres de trabajo infantil, el trabajo forzoso y la discriminación.
Hasta 500 fabricantes de azúcar siguieron participando en el programa, pero ninguno había recibido el
triple sello para fin de año.
El trabajo infantil sigue siendo un problema grave. Según la OIT, a partir de 2008 se estima que 849.000
niños, aproximadamente el 28 por ciento de los niños entre las edades de cinco y 17 años, han trabajado
al menos una hora a la semana. De los niños que trabajan, 397.000 trabajaban en las zonas urbanas y
452.000 en las comunidades rurales. Aproximadamente 491.000 de los niños trabajadores estaban entre
las edades de cinco y 13 años, de los cuales el 89 por ciento trabajaba en sectores o condiciones
peligrosas.
Los niños urbanos venden bienes, los zapatos lustrados, y operadores de transporte asistida. Los niños
rurales solían trabajar con los padres desde temprana edad, generalmente en la agricultura. Un informe
publicado por una ONG en septiembre, basado en datos de 2010 y 2011, informó de casos de trabajo
infantil en la producción de frutos de cáscara de maíz y Brasil. El informe señaló que la recolección de
castaña se realiza típicamente por las familias y que existía el trabajo infantil. Los investigadores
también encontraron que algunos niños trabajaban en Brasil fábricas de procesamiento de frutos secos,
incluso durante la noche. Los niños trabajaban en el servicio doméstico y en ocupaciones peligrosas,
como la minería. Hubo informes de que los niños son víctimas de trabajo forzoso en la minería, la
agricultura y el servicio doméstico. Ver también el Departamento de Hallazgos de Trabajo sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil en
www.dol.gov / ilab / programs / OCFT / tda.htm.
d. Condiciones aceptables de trabajo
Durante el año, el gobierno aumentó el salario mínimo mensual en un 22,6 por ciento, a 1.000
bolivianos (144 dólares) para los sectores público y privado. Estimación oficial del gobierno de los
niveles de ingresos de pobreza en 2012 fue de 495 bolivianos (71 dólares) por mes. Las leyes laborales
establecen una jornada semanal máxima de 48 horas, y limitar la jornada laboral a ocho horas durante
los hombres. Las leyes también establecen una jornada semanal de 40 horas para las mujeres, prohíben
a las mujeres trabajar por la noche, los períodos de descanso de mandatos y requerir pago adicional
para el trabajo por encima de una semana de trabajo estándar. La ley establece un mínimo de
vacaciones anuales de 15 días.
El gobierno no hizo cumplir estas leyes. El Ministerio de la Oficina de Seguridad del Trabajo tiene la
responsabilidad de la protección de la salud y seguridad de los trabajadores, pero las normas relevantes
fueron pobremente ejecutada. Durante el año, el Ministerio amplió su inspección del trabajo por cuatro
funcionarios. Hay 78 inspectores en todo el país, cuatro de los cuales fueron dedicados específicamente
al trabajo infantil. La ley prevé sanciones en caso de incumplimiento, pero su aplicación no fue efectiva y
las sanciones son insuficientes para disuadir a violaciónes.
Una comisión nacional tripartita de representantes empresariales, laborales, y el gobierno se encarga de
controlar y mejorar los niveles de seguridad y salud y la ejecución. El Ministerio de Trabajo mantuvo
oficinas para preguntas de los trabajadores, quejas e informes sobre prácticas laborales injustas y
condiciones peligrosas de trabajo, pero no estaba claro si las oficinas fueron eficaces en la regulación de
las condiciones de trabajo. Si bien el gobierno no lleva estadísticas oficiales, hubo informes de que
trabajadores murieron debido a condiciones inseguras, especialmente en los sectores de la minería y la
construcción. No hubo esfuerzos gubernamentales importantes para mejorar las condiciones de estos
sectores.
Se estima que dos tercios de los trabajadores son parte de la economía informal. No hubo esfuerzo
gubernamental significativa para formalizar o hacer cumplir las leyes laborales en esta parte de la
economía.
Las condiciones laborales en las minas operadas por cooperativas continuaron siendo malas. Los
mineros eran trabajadores por cuenta propia y trabajaron sin descanso programado durante largos
períodos en condiciones peligrosas, insalubres.
